Tras conocerse el dato de inflación de enero de 2026, el equipo económico mantuvo una reunión con la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que llegó al país la semana pasada para revisar el cumplimiento de las metas del acuerdo por 20.000 millones de dólares. Además del cumplimiento del objetivo fiscal en 2026, el foco de los enviados está puesto en la meta de acumulación de reservas internacionales netas por parte del BCRA.

Desde el Palacio de Hacienda destacaron que el encuentro con los técnicos del organismo internacional fue positivo y que se extendió durante buena parte de la jornada. Poco antes de las 18, la delegación del FMI, encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi, se retiró del Ministerio de Economía sin hacer comentarios.

La visita representa un desafío para el Gobierno argentino, que necesita obtener un nuevo “waiver” (perdón) y renegociar la meta de reservas para acceder a un desembolso de USD 1.000 millones, monto que en el mercado ya consideran prácticamente asegurado.

El jueves pasado, voceros oficiales del Fondo Monetario Internacional informaron que Cubeddu y Joshi estaban en Buenos Aires para mantener reuniones sobre la segunda revisión del programa bajo el Servicio Ampliado del Fondo, así como para abordar la consulta del Artículo IV correspondiente a Argentina.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) tenía el compromiso de cerrar el cuarto trimestre de 2025 con reservas netas positivas por 2.400 millones de dólares. Tras la primera revisión, ese objetivo pasó a ubicarse en USD 2.600 millones negativos. El equipo económico no alcanzó la nueva meta, en parte por la política cambiaria que priorizó contener el precio y por las ventas realizadas durante la inestabilidad previa a las elecciones legislativas del año pasado.

Después de afrontar el pago de USD 4.200 millones a bonistas a comienzos del año, el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, tuvo que enfrentar un nuevo desafío en los primeros días de febrero: el vencimiento de más de USD 800 millones con el Fondo. Según explicó el propio ministro, el Gobierno adquirió Derechos Especiales de Giro (DEGs) a Estados Unidos y utilizó esa moneda para cancelar los compromisos.

Caputo recurrió a sus redes sociales para explicar el mecanismo empleado por la administración libertaria en el pago de intereses al organismo multilateral. “Si se pagaran en dólares, le transferiríamos directamente los dólares al Fondo, pero como se pagan en DEGs, hay que comprarlos. Se los compramos a Estados Unidos porque son vendedores de DEGs. Una operación común, que se hace a precio de mercado”, señaló.

Los DEGs constituyen un activo internacional emitido por el Fondo Monetario Internacional bajo la dirección de Kristalina Georgieva. Funcionan como reserva de valor y unidad de cuenta entre los países miembros, su cotización se determina a partir de una canasta de monedas principales y pueden emplearse para incrementar las reservas internacionales de los Estados.

Este pago se reflejó en una caída de las reservas internacionales del BCRA. Pese a haber incumplido con la meta fijada por el fondo, la autoridad monetaria activó un plan de compra de divisas a comienzos de 2026 que le permitió adquirir, hasta el momento, 1.692 millones de dólares. No obstante, esas adquisiciones no se tradujeron en un incremento lineal de las tenencias del Central en moneda extranjera, ya que en el medio tuvo que enfrentar vencimientos con organismos internacionales.

Este martes, la entidad conducida por Santiago Bausili absorbió USD 42 millones por su participación cambiaria, el 8,3% de la oferta, que superó los 500 millones en el día. En tanto, las reservas internacionales brutas restaron USD 91 millones, a USD 45.232 millones, afectadas por la caída del precio del oro (-0,6%, a USD 5.049,60 la onza).

Las proyecciones oficiales para 2026 sitúan las compras netas de divisas entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, en función del avance de la remonetización. Bausili, señaló que la consolidación de reservas dependerá tanto de la demanda de pesos como del flujo de dólares. La autoridad monetaria ya superó el 14% del objetivo anual.

El INDEC dio a conocer este martes el dato de inflación de enero y una variación llamó la atención, más allá de la aceleración del IPC general al 2,9%. Es que el rubro «Prendas de vestir y calzado» presentó una variación negativa.

Luego de los dichos de Luis Caputo, quien se quejó de los precios locales de la ropa y dijo que compraba en el exterior, en enero los precios de la indumentaria cayeron -0.5%. Incluso, al analizar por regiones, se observa que en el GBA la caída de precios fue -1,5%.

Al desagregar el rubro, se destaca que las «prendas de vestir y materiales» cayeron 2,5% en enero, mientras que el rubro calzado subió 1,8%, igualmente por debajo del IPC.

En tanto, en la comparación interanual, la suba del rubro fue del 15,6%, la mitad del nivel general. Lo que marca que, más allá de que los precios son más elevados en el país que en el exterior, en el último tiempo subieron por debajo de la inflación.

Según informó INDEC, la división con mayor alza mensual en enero fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,7%), escoltada por Restaurantes y hoteles (4,1%). Por su parte, comunicación aumentó 3,6% y «vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles» treparon 3%, también por encima del nivel general.

Por el contrario, el rubro «Prendas de vestir y calzado» presentó variación negativa: los precios bajaron 0,5%, en medio del debate por la importación de prendas textiles.

Además, detalló que en enero de 2026, Noreste fue la región de mayor suba mensual (3,8%).

Las críticas de Luis Caputo al sector textil por los precios de la ropa

El ministro de Economía, Luis Caputo, criticó al sector textil días atrás y lo graficó con una frase que generó polémica: «Nunca compré ropa en la Argentina porque es un robo». Luego, en otro mensaje, celebró que algunos empresarios reconozcan públicamente que los precios de la indumentaria en la Argentina son elevados, en el marco del debate por la apertura de importaciones y la competitividad de la industria local.

Las declaraciones del funcionario se produjeron luego de que afirmara que nunca compró ropa en el país y mientras representantes del sector advierten por el impacto de los costos internos y la competencia con productos importados.

A través de su cuenta en la red social X, Caputo sostuvo: «Esto en privado te lo reconocen todos los empresarios textiles. Excelente que algunos ya se animen a hacerlo también públicamente». El comentario fue una respuesta a declaraciones recientes del presidente de la Confederación General Empresaria (CGERA), Marcelo Fernández.

Fernández había señalado que los precios de la indumentaria aumentaron un 11% desde 2023 y reconoció que el sector estaba caro. «Hicimos una mea culpa como empresariado nacional de que estábamos caros«, expresó en diálogo con TN.

Según explicó, los proveedores de materias primas aplicaban fuertes remarcaciones, en parte debido a las medidas de protección a las importaciones vigentes durante el gobierno anterior. Esa falta de competencia externa, afirmó, permitió que se consolidara un mercado con precios elevados.

Caputo ya había cuestionado previamente al sector textil al calificarlo como uno de los más protegidos de la economía. «Se ha protegido durante muchísimos años con el argumento de que hay 150.000 familias que trabajan en esto, pero hay 47 millones de argentinos que han tenido que pagar textiles y calzado dos, tres, cuatro o hasta diez veces lo que valen en el mundo«, afirmó.

En declaraciones radiales, el ministro calificó al proteccionismo como «una medida zonza» que perjudica a los sectores de menores ingresos y sostuvo que quienes tenían la posibilidad de viajar compraban ropa en el exterior debido a los precios locales.

Consumo, competencia y diseño

Caputo planteó que una mayor competencia permitiría liberar recursos para otros consumos. «Si pagás cinco dólares una remera en vez de 50, tenés 45 dólares para gastar en otra cosa», señaló, y agregó que esos recursos podrían destinarse a otras actividades económicas.

También consideró que la Argentina debería competir a nivel internacional a través del diseño y sostuvo que el país tiene condiciones para desarrollarse en el sector de los hilados, al contar con algodón y energía.

Las declaraciones del ministro generaron malestar entre los empresarios del rubro. Desde la Fundación Pro Tejer señalaron que los impuestos representan alrededor del 50% del precio final de una remera. A ese porcentaje se suma un 30% correspondiente a alquileres comerciales y costos financieros, un 12% destinado a logística, marketing y rentabilidad, y solo un 8% vinculado directamente a la industria.

El presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), Claudio Drescher, expresó «desilusión y tristeza» por los dichos del ministro y cuestionó el tono utilizado. Consideró inapropiado que un funcionario de alto rango afirme con sarcasmo que no compra ropa en el país.

Drescher sostuvo que el problema de los precios elevados no se limita al sector textil y enumeró otros productos que, según indicó, son más caros en la Argentina que en otros mercados, como automóviles, alimentos y neumáticos.

El empresario también criticó la comparación con países asiáticos y afirmó que no se tuvo en cuenta la carga impositiva local. «Se quiere comparar a Bangladesh con la Argentina y se omiten todos los impuestos que en dos años no han logrado desarmar», señaló, al tiempo que cuestionó la falta de reformas estructurales en materia fiscal.

En día previo a que comience el debate en el Senado, el Gobierno dio a conocer las modificaciones «consensuadas» en el proyecto de reforma laboral. Los cambios fueron anunciados por Patricia Bullrich, acompañada por legisladores dialoguistas.

Uno de los puntos fuertes dentro de los cambios es que el Gobierno aceptó sacar del texto el capítulo que establecía una rebaja del Impuesto a las Ganancias que pagan las empresas, un tema que trababa el acuerdo para asegurar la aprobación del proyecto.

Según el documento que exhibieron durante la rueda de prensa, el Gobierno sostuvo que «la reforma laboral tiene el aporte de muchos bloques y provincias» y tiene 28 «modificaciones consensuadas».

Y dio a conocer los puntos principales que se debatirán en el Congreso:

Eliminación de la «industria del juicio»:

Se redefine la «mejor remuneración» para el cálculo:

• Solo lo mensual, normal y habitual.
• Excluye conceptos no mensuales como SAC, vacaciones, etc.
• Se establece que la indemnización es la única reparación por despido sin causa.

Actualización de Créditos Laborales:

Se establece un nuevo esquema claro y preciso de actualización de créditos laborales:

Nuevo sistema: Fondo de Asistencia Laboral (FAL)

Se crean los Fondos para ayudar a cubrir costos de desvinculación y obligaciones indemnizatorias. Aporta el empleador:

• 1% mensual grandes empresas
• 2,5% mensual MiPyMEs

Es un patrimonio separado: inembargable, inajenable y de afectación específica.

Registración laboral simplificada y digital (ARCA)

El registro ante ARCA es suficiente: no pueden exigirse requisitos extra por otras autoridades.

Libros laborales: se conservan 10 años y se permite digitalización con validez legal.

Delimitación de beneficios sociales para el trabajador

Se redefine qué entra como beneficio social no remunerativo (comedor, reintegros médicos, guardería, útiles, capacitación, etc.).

Jornada moderna: banco de horas

Se habilitan regímenes voluntarios de banco de horas, de común acuerdo entre el empleador y el empleado.

Vacaciones más flexibles (sin perder derechos)

Vacaciones entre 1° de octubre y el 30 de abril, y se permite acordar fuera de temporada.

 Se habilita el fraccionamiento, con un mínimo 7 días.

Licencia por enfermedad.

Junta médica: reglas nuevas. Se refuerza el derecho del empleador a control médico y junta médica.

Régimen de Incentivo para Formación Laboral:

Se incorpora un Régimen de Incentivo a la Formación Laboral (RIFL) para promover capacitación, empleabilidad y reconversión.

El objetivo: más trabajo formal, más productividad y más oportunidades, especialmente para jóvenes y perfiles sin experiencia.

RIMI: incentivo a inversiones productivas (y más empleo)

Se crea el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI).

Apunta a que las empresas realicen inversiones en producción real, tecnología y expansión.

Reducción de Cargas Sociales para nuevos empleos

Se reducen cargas sociales para empleos actuales y se facilita la contratación de nuevos empleados.

Prelación de convenios de empresas

Un convenio de empresa de una provincia prevalece por sobre un convenio ámbito nacional.

Compromiso de Reforma Fiscal integral

Se presentará una nueva Ley que impulse los acuerdos fiscales entre la Nación y las Provincias para reducir las cargas tributarias.

Aporte a los gremios y otros detalles de la reforma laboral

Otro de los puntos que no se mencionaron en el documento, pero que quedó explícito, es que el Gobierno cedió ante el reclamo de la CGT y no tocará el aporte patronal a las obras sociales, que se mantendrá en el 6%.

Los denominados «aportes solidarios» que les cobran a los trabajadores seguirán siendo compulsivos por dos años más, aunque con un tope del 2%. Vencido ese plazo, pasarán a ser voluntarios.

Caputo fue el primero en irse de la reunión, apenas una hora después de empezada, según pudo reconstruir iProfesional. El ministro había sido quién más se resistió a quitar el capítulo fiscal frente a la insistencia de Bullrich y Santilli, quienes veían en ese tema una traba para llegar a un acuerdo que les permitiera respirar tranquilos en la sesión de este miércoles.

El artículo sobre Ganancias contemplaba la reducción de las alícuotas en las categorías más altas, del 35% al 31,5% y del 31% al 27%. Los gobernadores advertían desde diciembre pasado que esto le costaría a las provincias entre $1,5 y $3 billones en términos de recaudación vía coparticipación.

No obstante, en el cambio de postura de Milei y Caputo no solo influyó la presión de los gobernadores sino que la recaudación de enero a nivel de la Nación cayó 7 puntos, la sexta baja consecutiva. En el ministerio de Economía lo minimizan, pero en el entorno de los jefes provinciales deslizaron que «a ellos (en referencia al Gobierno) tampoco les cerraban los números».

Durante la conferencia de prensa que encabezó Bullrich junto a los bloques aliados, el oficialismo presentó esta modificación de alto voltaje político sobre el proyecto de reforma laboral como parte de un «compromiso» para debatir a partir de marzo una «reforma fiscal integral».

La reducción de Ganancias formará parte de «una nueva ley que impulse los acuderdos fiscales entre la Nación y las Provincias para reducir las cargas triibutarias», según informó La Libertad Avanza tras confirmar el retiro de ese punto, que ahora deja el camino prácticamente allanado para que el Senado le dé media sanción a la iniciativa.