El Ministerio de Economía concretó hoy la colocación de un bono en dólares a 2027, adjudicando USD 150 millones a una tasa de interés efectiva anual de 5,89%. El precio de corte fue de USD 1.004,50, lo que ubicó el rendimiento por debajo del cupón fijo del 6% con el que fue ofrecido. El valor nominal ofertado alcanzó los USD 868 millones, pero el Tesoro adjudicó solo una fracción de ese monto, tal como lo había anunciado. Esta emisión, bajo ley local, apunta a reunir dólares para afrontar un vencimiento de USD 4.200 millones el 9 de julio y otros compromisos, en un contexto en el que el acceso al financiamiento internacional para el sector público permanece restringido por el nivel del riesgo país, que ronda los 543 puntos.

El nuevo instrumento se diseñó para captar parte de la liquidez que permanece ociosa en el sistema financiero argentino, y se orienta a competir directamente con alternativas como plazos fijos y fondos comunes de inversión en dólares para tentar empresas y familias que pueden financiar al Tesoro. El atractivo adicional de este bono radica en que paga intereses mensualmente, lo que apunta a un perfil de inversor conservador que busca rentabilidad en moneda dura pero está dispuesto a exponerse a los riesgos de la deuda soberana argentina.

El contexto de la colocación revela una dinámica inusual para la deuda del sector público nacional: el Tesoro nacional no logra acceder a los mercados internacionales con bonos soberanos, mientras que empresas y provincias sí lo hacen y con todo éxito. Este fenómeno para nada habitual se desarrolló en los últimos meses y se vincula directamente con la ausencia del Estado nacional como emisor relevante en el mercado externo. Con el riesgo país en niveles elevados, el Ministerio de Economía no consigue colocar deuda soberana global a tasas inferiores a los dos dígitos, lo que la vuelve antieconómica. De esa forma, las empresas y algunas provincias aprovecharon el espacio vació y salieron a buscar dólares fuera del país en condiciones más favorables.

Incluyendo la licitación de ayer de Pluspetrol, las emisiones corporativas y sub-soberanas acumulan USD 10.700 millones desde las elecciones legislativas a esta parte. Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires y Córdoba lograron montos de entre USD 600 y 800 millones cada una, mientras que otras jurisdicciones y empresas privadas como IRSA, Vista, Tecpetrol y YPF también participaron activamente en el mercado. Los datos oficiales muestran que, en el mismo período, los privados accedieron a tasas inferiores a las que pagaría el Tesoro, una situación poco habitual en el mercado de deuda internacional de países emergentes.

El propio Gobierno nacional reconoce este fenómeno y lo describe como un “crowding in”: la salida del Tesoro del mercado internacional habilitó espacio para que el sector privado y las provincias se financien con mayor facilidad. La situación contrasta con el clásico “crowding out”, donde el Estado, al financiarse en grandes volúmenes, desplaza al sector privado y encarece el costo del crédito para compañías y gobiernos subnacionales.

El ministro de Economía, Luis Caputo, optó ante esta situación anómala por recurrir al mercado local para cubrir las necesidades de financiamiento en moneda extranjera. No es la primera vez. En diciembre, el Tesoro colocó USD 1.000 millones en Bonar 2029 a una tasa de 9,26% anual, también bajo ley argentina. Parte de esos fondos se utilizó para afrontar vencimientos de deuda en enero. El resultado de esa operación marcó un antecedente para la estrategia actual, que apunta a captar dólares disponibles en bancos nacionales, evitando la exposición a tasas internacionales aún más altas.

La novedad de esta nueva emisión es que con su plazo más corto, vence dentro de este período presidencial, y la importante disponibilidad de dólares en depósitos bancarios locales, el costo financiero fue mucho menor. El mercado local hoy se caracteriza por la existencia de una gran masa prestable en dólares que no se transforma en crédito productivo. Los depósitos del sector privado en moneda extranjera superan los USD 38.000 millones, según los últimos datos del Banco Central (BCRA). Esta acumulación es reciente. Una revisión de la serie histórica muestra que, desde febrero de 2024, el stock de depósitos en dólares creció de 16.001 millones a más de 38.000 millones en febrero de 2026. El ritmo de incremento se aceleró en el segundo semestre de 2024 y en los primeros meses de 2025, reflejando un regreso todavía lento pero nada despreciable de familias y empresas a un sistema financiero que nunca terminó de superar la confiscación de depósitos de 2001.

El hecho de que exista una enorme masa prestable que no se transforma en crédito en dólares se deba a normas macroprudenciales que el BCRA implementó tras la crisis financiera de ese mismo 2001. El régimen limita hoy la posibilidad de prestar dólares a empresas o clientes que no tengan ingresos genuinos en esa moneda, para evitar los riesgos de descalce entre activos y pasivos en divisas. Solo exportadores y sectores directamente relacionados pueden acceder a crédito en dólares. La mayoría de los clientes bancarios, con ingresos en pesos, queda fuera de ese mercado por las restricciones regulatorias que buscan evitar otro colapso bancario como el de principios de siglo. De esta forma, los bancos mantienen grandes sumas en dólares que no pueden colocar como préstamos y buscan alternativas de inversión para volverlos rentables

Caputo identificó en esa liquidez ociosa una oportunidad para financiar al Tesoro. El bono a 2027, con intereses mensuales, apunta a captar la atención de ahorristas y fondos que hoy tienen sus dólares inmovilizados en el sistema financiero. El diseño del instrumento emula el esquema de las Letes en dólares que el hoy Ministro de Economía utilizó en el Ministerio de Finanzas durante la gestión de Mauricio Macri, focalizado en inversores locales que buscan rendimiento en moneda dura sin exponerse a riesgos del mercado internacional.

El atractivo del nuevo bono se apoya en su estructura: paga intereses cada mes y, con un un cupón del 6% anual, y busca competir con el rendimiento de plazos fijos en dólares y fondos comunes de inversión. en moneda extranjera.

Los bancos de capital nacional observan la estrategia oficial con reservas. Desde el sector señalan que la persistencia de las normas macroprudenciales mantiene limitada la demanda de crédito en dólares, lo que restringe la rentabilidad de las entidades y reduce el potencial de canalización de ahorro hacia la economía real. Autoridades bancarias expresan que una flexibilización regulatoria parcial permitiría ampliar el universo de potenciales tomadores de crédito en dólares y dinamizar la cartera de préstamos, siempre bajo medidas de control más sofisticadas para evitar riesgos sistémicos. Por ahora, la postura oficial es mantener el esquema vigente y aprovechar la masa prestable disponible para financiar al Tesoro.

El crecimiento del stock de depósitos en dólares del sector privado se consolidó como un dato central para entender la estrategia del Ministerio de Economía. Cómodo con el crowding in en el mercado internacional, Caputo parece haber optado sin temor por el crowding out en lo que hace a la disponibilidad de divisas en el mercado local.

La evolución de los depósitos en dólares refleja un fenómeno de confianza parcial: los ahorristas eligen mantener su liquidez en bancos locales, pero no encuentran opciones atractivas de inversión fuera del sistema financiero. El bono en dólares a 2027 se diseñó como un intento de dar respuesta a este escenario, ofreciendo una alternativa que combina seguridad, liquidez y rendimiento superior al promedio del mercado local. El hecho de que se ofrecieran más de USD 800 millones para una emisión de USD 150 como máximo (se extenderá hasta los USD 2.000 millones con emisiones cada dos semanas).

El desempeño de los depósitos en dólares y la evolución de la masa prestable seguirán bajo observación en los próximos meses. El impacto de la colocación sobre la liquidez bancaria y la respuesta de los inversores al nuevo bono serán factores relevantes para evaluar la sostenibilidad de la estrategia oficial. El sector financiero, mientras tanto, mantiene su reclamo por una regulación más flexible que permita canalizar parte de esa liquidez hacia el crédito productivo, sin poner en riesgo la estabilidad del sistema. Los bancos no ven la hora de poder aprovechar esos mismos dólares de los que acaba de hacer uso Caputo.

Tal como sucede cada mes, el Gobierno nacional confirmó un nuevo pago del bono de $70.000 para jubilados y pensionados. La oficialización del plus llega luego de que el Ejecutivo anunciara una nueva suba para los beneficiarios de la ANSES.

La medida se oficializó tras la publicación del decreto109/2026 en el Boletín Oficial. Así, este bono se suma a los ya entregados desde 2024, que buscaron mitigar el impacto de la inflación sobre los ingresos de los adultos mayores.

Las resoluciones previas dispusieron actualizaciones mensuales de los haberes previsionales desde julio de 2024, vinculadas directamente a la variación del Índice de Precios al Consumidor Nacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Sin embargo, la administración reconoció que, a pesar de estos mecanismos, persistieron efectos adversos especialmente entre quienes perciben los haberes más bajos, por lo que consideraron necesario volver a otorgar el pago extraordinario del plus.

Según el decreto, el bono será liquidado por titular y su alcance incluye a quienes reciban prestaciones contributivas otorgadas a través de la Ley N° 24.241, regímenes generales previos, regímenes especiales derogados y ex cajas provinciales y municipales transferidas a la Nación.

Dentro del universo de beneficiarios, también se encuentran quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), así como a titulares de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y otras pensiones graciables.

El criterio para la asignación del bono contempla la suma de los haberes de todas las prestaciones vigentes. Para quienes perciban un monto igual o inferior al haber mínimo previsional garantizado, se otorgará la suma en su totalidad.

Mientras tanto, en los casos en que el total de las prestaciones supere el haber mínimo, se abonará una suma diferencial hasta alcanzar el tope que resulta de sumar el haber mínimo más el máximo del bono. Así, se busca priorizar el refuerzo de ingresos para los sectores con mayores necesidades, sin excluir a quienes, por acumulación de beneficios, superen el piso mínimo.

Tal como sucedió los meses anteriores, aclararon que se trata de una suma de carácter de no remunerativo, por lo que no estará sujeto a descuentos ni será computable a los efectos de otros conceptos previsionales o asistenciales.

El decreto justifica la decisión en la necesidad de resguardar el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados, especialmente tras suspensión de la aplicación de la Ley N° 27.609 de movilidad jubilatoria, cuya fórmula no contemplaba la evolución de los precios, algo que desde el Gobierno consideran que generó un desfasaje entre la economía real y la actualización de los haberes. Según la fundamentación oficial, esta situación afectó en mayor medida a quienes perciben los ingresos más bajos, lo que derivó en la implementación de bonos mensuales y refuerzos previsionales desde enero de 2024 hasta febrero de 2026.

Bajo el esquema actual de incrementos, se registraron subas del 1,9% en octubre, 2,1% en noviembre, 2,3% en diciembre, 2,4% en enero. De hecho, la última actualización fue del 2,88%, llevando la mínima hasta los $369.600,88.

Al valor de la jubilación mínima, hay que sumarle ahora el bono extraordinario, por lo que los adultos mayores percibirán en su próxima fecha de cobro $439.600,88.

El haber máximo, por otro lado, escaló hasta los $2.487.063,95 desde el 1° de marzo. En el caso de la base imponible mínima para el cálculo de aportes, se fijó en $124.481,49, mientras que la máxima alcanzará los $4.045.590,45. Asimismo, el monto de la PUAM será $295.680,70 y la Prestación Básica Universal (PBU) quedará en $169.075,53.

Mejor no le podía haber salido a Luis «Toto» Caputo el debut del nuevo bono en dólares: no solamente se confirmó la disposición del sistema financiero por prestarle dólares bajo ley argentina, sino que, además, fue a una tasa muy inferior a la que se había especulado en el mercado.

Los inversores le ofrecieron casi seis veces más dólares de los que el ministro quería obtener. Y, en contra de los pronósticos escépticos, el mercado aceptó una tasa de interés inferior a la nominal.

El nuevo bono había sido anunciado hace pocos días, e iba en línea con la declarada intención de «depender menos de Wall Street» y de fondearse con el mercado local. Para eso, había anunciado que cada dos semanas, coincidiendo con las licitaciones del Tesoro, iba a ofrecer bonos en dólares por hasta u$s150 millones, que podrían ser ampliados en u$s100 millones en una segunda rueda al día siguiente.

El monto máximo previsto es de u$s2.000 millones, y el uso que se le dará a esas divisas es el pago de vencimientos de deuda, en particular el abultado monto previsto para julio, cuando se acumulan obligaciones por u$s4.500 millones.

Los analistas habían visto como un atractivo del nuevo título su sistema de pagos mensuales de intereses, lo cual lo torna equiparable a rentas dolarizadas como las de un fondo de inversión o del sector inmobiliario.

Pero claro que también había aspectos que dejaban dudas: el hecho de que fuera bajo ley argentina suponía un mayor riesgo de incumplimiento, sobre todo por los antecedentes históricos de «reperfilamientos» de deuda. Además, el capital se paga todo junto al final de la vida del bono, en octubre del 2027. Esto implica que quien compre los bonos está aceptando el riesgo político de un año electoral y apuesta a que no habrá situaciones dramáticas en el plano cambiario hasta esa fecha.

Más barato de lo esperado

De manera que el ministro se exponía a un riesgo con esta jugada: que los bancos manifestaran escaso interés, lo cual dejaría en evidencia su baja capacidad para tomar crédito. Si la demanda por el bono hubiera sido menor, el resultado habría sido que el Tesoro debería asumir una tasa mucho más altas, que algunos estimaban encima del 8% nominal anual.

Por el sistema de subasta que tenía la licitación, la tasa final depende de si los inversores piden un descuento -en la jerga le llaman «tomar bajo la par»- o si aceptan las condiciones de la emisión.

La tasa nominal que ofrece el Tesoro por este bono es de 6%, pero eso no necesariamente significa que esa vaya a ser la tasa de retorno. Puede darse el caso de que, para comprar un título que nominalmente vale u$s100, los inversores ofrecen u$s97, entonces la tasa real será de 8,3%, es decir mayor a la teórica.

Y, dada la persistencia de un riesgo país en torno de 500, que llevaría a Caputo a tener que pagar en torno de 9% si quisiera financiarse en el mercado internacional de crédito, los analistas dieron por sentado que las ofertas del mercado estarían bajo la par.

Sin embargo, la demanda fue muy alta, y Caputo recibió u$s151 millones a cambio de papeles por u$s150 millones. La tasa real a pagar, entonces, será levemente inferior a 6%, un costo financiero muy inferior al que obtendría en otras condiciones. El antecedente más cercano fue el préstamo en modalidad «repo» -que implica dar bonos en garantía- a un grupo de bancos, que en enero le cobraron una tasa de 7,4% por un crédito de u$s3.000 millones.

Mirando los dólares «del colchón»

El buen nivel de demanda por el nuevo bono deja en claro que el mercado estaba ávido de instrumentos que pagaran una buena tasa, justo en un momento en el que el peso argentino se aprecia y el costo de tener dólares inmovilizados se hace más grande. De hecho, la cotización actual sigue estando casi un 5% de la que se registraba en los primeros días de febrero.

Tras la ola de colocaciones de deuda privada, y pasado el momento de incertidumbre pre-electoral, los depósitos en dólares del sistema bancario llegaron a los u$s38.000 millones, una suma que puede parecer modesta en comparación con países vecinos, pero que es grande si se considera que, al inicio de la gestión Milei, había apenas u$s14.000 millones.

Y las expectativas mejoraron, luego de las últimas medidas dirigidas a los «ahorristas del colchón», como el nuevo régimen de presunción de inocencia fiscal –«que permite depositar hasta unos u$s9.500 sin obligación de justificar el origen de los fondos– y el permiso para que se pueda pueda invertir directamente a través de las Alycs, sin necesidad de dejar el dinero depositado en los bancos.

Los más optimistas en el mercado de capitales creen que podrían «blanquearse» hasta u$s30.000 millones, del estimado de u$s150.000 millones guardados «bajo el colchón».

La buena aceptación del nuevo bono en dólares no sólo es importante por la posibilidad de que el Tesoro tenga una fuente alternativa de financiación -que, en realidad, no es muy grande en volumen-, sino porque abre la posibilidad de que Caputo cumpla su sueño de captar dólares de manera «endógena«.

Si el sistema funciona tal como espera el gobierno, los bancos se llevarán todos los bonos dolarizados que les ofrezca el Tesoro, y para eso necesitarán que haya un mayor nivel de depósitos, lo que implica que deberán seducir a los ahorristas con un mayor nivel de tasas por los depósitos en dólares a plazo fijo.

Como el nuevo bono les deja un pago de intereses todos los meses, será más fácil mejorar la tasa a los ahorristas acostumbrados a depósitos de muy corto plazo. Es así que la remuneración por plazos en dólares, que hoy ronda el 2% nominal anual, pueda subir hasta el 5%, según estiman los analistas del mercado.

Más pesos al mercado, la otra cara de la licitación

En cuanto a la parte en pesos de la licitación, el dato a destacar es que, a diferencia de lo que venía ocurriendo en las últimas semanas, Caputo no sólo no absorbió pesos del mercado, sino que dejó un parte sin «rollear».

Hablando en plata, el vencimiento era por $7,2 billones, pero el ministro sólo tomó deuda por $6,74 billones, pese a que le ofrecieron $8 billones.

En otras palabras, inyectó al mercado $480.000 millones, una decisión que podría tener su explicación en la voluntad de promover una reducción de las tasas de interés, ante la falta de liquidez de la que se quejan los bancos.

El grueso de la licitación quedó colocado en bonos ajustables por CER, a corto plazo -$3,8 billones vencen a mediados de mayo-, que pagarán una tasa de retorno efectiva anual de 1,9%.