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ECONOMIA

Desde que asumió Milei, más de 61 mil personas dejaron de trabajar en el Estado

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Javier Milei, presidente de la Nación, impulsó un recorte de personal en el sector público que redujo la dotación del Estado en más de 58.000 empleados desde el inicio de su gestión (Reuters)

Desde que el actual Gobierno nacional comenzó su gestión, una de sus prioridades ha sido el recorte del gasto público, con el fin de lograr cuentas superavitarias. Hasta acá el objetivo se viene cumpliendo, pero a costa de grandes cambios que han tenido impacto directo en la economía y el empleo estatal.

Según informó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, durante la administración libertaria el Estado despidió a 61.729 personas. Ese número comprende al personal de administración centralizada y descentralizada, a los trabajadores de empresas estatales y al personal militar y de seguridad.

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De acuerdo al informe de “Dotación del personal” publicado por el Indec, en noviembre de 2023, justo antes de la asunción del actual presidente, había 338.392 empleados estatales activos en el país. Dos años más tarde, en diciembre de 2025, el número ya había descendido a 280.120 trabajadores. De ahí surge una diferencia negativa de 58.272 trabajadores (el Indec no incluye en el cálculo al personal militar y de seguridad).

La mayor parte del ajuste se hizo sobre la administración central, la estructura más grande que debe mantener el Estado. En noviembre de 2023 habían 227.928 empleados públicos trabajando directamente para el Gobierno. Hoy, la cantidad es de 190.936 trabajadores, es decir 36.992 menos.

El ministro de Desregulación, Federico
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, informó que el gobierno de Javier Milei despidió a 61.729 personas desde diciembre de 2023.

En lo que respecta a las empresas estatales, la cantidad de empleados bajó de 110.464 a 89.184 en el período analizado. Eso significa que el recorte en ese caso fue de 21.280 personas. En ese punto, se debe tener en cuenta que algunas empresas han cerrado sus puertas, por lo que los despidos en esos casos fueron totales.

Si bien el recorte de personal se concentra en el balance de los dos primeros años de gestión, el informe del Indec también permite observar con mayor detalle lo ocurrido durante el último año completo, es decir entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025. En ese período, la dotación total del sector público nacional pasó de 301.862 a 280.120 personas, lo que implica una reducción de 21.742 puestos de trabajo en doce meses.

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Dentro de ese total, la administración pública nacional explicó la mayor parte de la baja. Según los datos oficiales, la cantidad de trabajadores en ese segmento descendió de 196.481 en diciembre de 2024 a 190.936 en diciembre de 2025. En términos absolutos, la caída fue de 5.545 personas, lo que equivale a una variación interanual negativa del 7,1%.

El ajuste fue más marcado en algunas estructuras específicas. La administración centralizada, que comprende a los ministerios y organismos que dependen directamente del Poder Ejecutivo, pasó de 43.527 trabajadores en diciembre de 2024 a 38.940 un año más tarde. Esa diferencia representa una reducción de 4.587 puestos, con una variación interanual de -10,5 por ciento.

En la administración descentralizada, que agrupa a organismos con mayor autonomía funcional, la dotación se redujo de 124.171 a 116.222 empleados en el mismo período. La baja fue de 7.949 personas, con una variación interanual de -6,4%. En tanto, la administración desconcentrada pasó de 22.449 a 21.733 trabajadores, lo que implica una reducción de 716 puestos, equivalente a una caída del 6,0% interanual.

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Los denominados “otros entes” también mostraron una contracción, aunque de menor magnitud. En ese caso, la dotación descendió de 14.213 a 14.041 personas entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, lo que implica una baja de 172 trabajadores, con una variación interanual de -4,4 por ciento.

Además del ajuste en la administración pública nacional, el informe del Indec muestra una reducción significativa en la dotación de las empresas y sociedades del Estado. En diciembre de 2024, ese conjunto empleaba a 96.354 personas, mientras que en diciembre de 2025 el número se redujo a 89.184 trabajadores. La diferencia es de 7.170 puestos menos en un año, lo que representa una variación interanual de -7,4 por ciento.

Dentro de ese universo se incluyen empresas de sectores estratégicos como transporte, energía, servicios públicos, medios de comunicación y banca pública. Si bien el informe no discrimina las causas específicas de cada reducción, aclara que en algunos casos la baja se vincula con procesos de cierre, disolución o liquidación de determinadas sociedades, lo que derivó en recortes totales de personal.

En términos mensuales, el ajuste continuó durante el segundo semestre de 2025. Solo entre julio y diciembre de ese año, la dotación total del sector público se redujo de 287.650 a 280.120 personas. Esa variación implica una caída de 7.530 puestos en seis meses. En diciembre de 2025, la reducción mensual respecto de noviembre fue de 1.550 personas, lo que equivale a una baja del 0,6 por ciento.

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South America / Central America,Government / Politics

ECONOMIA

Para Javier Milei, está probado que 315 puntos de riesgo país son «kuka»

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La buena demanda que recibió el nuevo bono en dólares no sólo le permitió a Javier Milei un panorama más desahogado para pagar los vencimientos de deuda, sino que, además, le dio un invaluable argumento político: que el «verdadero» índice de riesgo país argentino es de 230 puntos y no los 545 que marca el tradicional indicador del JP Morgan.

La argumentación es que, en la licitación por el nuevo bono, gracias a que los bancos ofrecieron casi seis veces el monto de u$s150 millones que ofrecía el Tesoro, la tasa real que se terminará pagando es inferior a la teórica de 6%. Más concretamente, el costo por endeudarse en dólares es de un 5,89% nominal anual.

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Javier Milei asegura que 315 puntos del riesgo país son «kuka»

Y, como la tasa de los bonos estadounidenses -los Treasury, en la jerga financiera- se ubica en torno a 360%, entonces la cuenta da que el costo de financiamiento argentino es de 2,3% -o 230 puntos básicos- por encima de lo que paga el gobierno de Estados Unidos.

Ese diferencial de 230 puntos está mucho más en línea con lo que pagan los países de la región. De hecho, Colombia y México están algo por encima de ese nivel de riesgo crediticio.Y otros países, con spread de 100 puntos, logran tomar deuda a una tasa muy baja para los estándares argentinos. Uruguay, por ejemplo, acaba de endeudarse por u$s1.850 millones y pagó por el tramo dolarizado una tasa anual de 4,7%, con plazo a 10 años.

Extrañando los viejos tiempos

A Toto Caputo, en cambio, tomar dólares prestados en el mercado le costaría no menos de 9%, una tasa que se considera demasiado alta, y que llevó a que el ministro declarara públicamente su deseo de «depender menos de Wall Street» y de fondearse con el mercado local. Fue un a frase que llevó a sus críticos a acusarlo de «hacer del defecto una virtud», porque en realidad el ministro no podría acceder al crédito de Wall Street ni aunque quisiera hacerlo.

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La mejor tasa que había conseguido hasta ahora el ministro había sido la del préstamo en modalidad «repo» otorgado por un grupo de bancos, que en enero le cobraron 7,4% por un crédito de u$s3.000 millones.

Pero ese no es el tipo de crédito que quiere Caputo. El «repo» es un préstamo, en el cual el financista toma activos en garantía, tal como ocurre con los préstamos prendarios para individuos. Eso es lo que posibilita la tasa menor que la del bono, donde el inversor asume el riesgo de las oscilaciones del valor en el mercado secundario.

Lo que quiere Caputo es emitir un bono y que se lo compren los fondos globales. No ocurre eso desde enero de 2018 cuando, siendo ministro de Finanzas de Mauricio Macri, sorprendió al colocar un título por u$s9.000 millones, dividido en tramos de cinco, 10 y 30 años, con tasas de entre 4,65% y 6,95%.

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Claro, en aquel momento el riesgo país argentino se encontraba en 350 puntos, que aunque superaba el promedio latinoamericano era considerado un lujo en el mercado argentino, donde hasta se permitía fantasear con la obtención de la calificación «investment grade» por parte de las agencias de riesgo crediticio. A Caputo también lo ayudó en ese momento las bajas tasas internacionales -el bono US Treasury a 10 años pagaba 2,45%-. 

Otra vez, la culpa del riesgo kuka

¿Por qué hoy no puede Argentina pedir crédito y pagar una tasa de interés parecida a la de sus vecinos? Gracias al bono que acaba de emitir Caputo, el gobierno encontró la posibilidad de dar su argumento favorito: es todo culpa del «riesgo kuka».

Según ese punto de vista, el temor a un sabotaje político por parte de la oposición, o a un cambio de gobierno tras la elección de 2027, es lo que mantiene a los inversores cautelosos e impide que inyecten dólares en Argentina, dado que perciben el riesgo de un eventual default.

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Y, no por casualidad, el nuevo bono de Caputo tiene como fecha de vencimiento octubre de 2027, coincidiendo con la elección presidencial. Es una señal al mercado en el sentido de que, aun cuando a Javier Milei le vaya mal en su intento reelectoral, ya estará devuelto en su totalidad el capital de estos bonos, sin riesgo a un «reperfilamiento».

Ya se había recurrido a esa explicación para explicar por qué el dólar se había disparado y por qué el riesgo argentino había trepado hasta 1.500 puntos en el cierre de la campaña electoral, y ahora vuelve a ser el lema para justificar por qué el spread argentino no baja de los 500 puntos.  

El propio Milei retuiteó un comentario de Felipe Núñez -uno de los principales asesores de Caputo-, en el que argumentaba: «Sin riesgo kuka, el riesgo país es aproximadamente 230 puntos».

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Es, sin embargo, un tema que está lejos de suscitar consenso en el mercado. Porque, a diferencia de lo que ocurrió con el tipo de cambio, que experimentó una abrupta baja una vez que Milei ganó las elecciones legislativas, no ocurrió lo mismo con el riesgo país. El gobierno había previsto que, ya disipado ese riesgo electoral, podría caer por debajo de 400 puntos, el mismo nivel que le había permitido a Caputo emitir u$s9.000 millones hace ocho años.

Sin embargo, las puertas del mercado de crédito siguen cerradas. Y los informes de los bancos de inversión no apoyan el argumento del «riesgo kuka» sino que apuntan a falencias del programa económico. Principalmente, las dudas sobre si el Banco Central será capaz de acumular reservas para hacer frente al desafiante calendario de vencimientos de deuda.

¿Riesgo «kuka» o falencias del modelo?

Entre los críticos del programa económico, el punto más discutido es el del mantenimiento de controles cambiarios, lo que hace que sea discutible si el actual precio del dólar es «de equilibrio«. Más bien, lo que se argumenta desde la vereda opositora es que la actual estabilidad se está logrando al costo de una crisis a mediano plazo, con el viejo método de la «bicicleta financiera».

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El gobierno también discute ese punto, dado que en las últimas semanas se notó una compresión de tasas, y en la última licitación se colocó una letra ajustable por CER a una tasa real del 1,9% anual.

El festejo por el buen resultado de la licitación aparece junto con el de la difusión del EMAE, en el que se confirma que la economía creció un 4,4% durante 2025. Pero tampoco ese dato tiene la capacidad de terminar con el debate. Porque cuando se hace la apertura por sectores, hay rubros como la industria manufacturera que muestran caídas interanuales de casi 4%.

A juzgar por las decisiones que ha tomado en las últimas semanas, todo indica que el ministro Caputo está resignado a que el índice de riesgo país no caiga debajo del «piso psicológico» de 500 puntos. Sin embargo, luego de la demostración de confianza que implicó el nuevo bono en dólares colocado en el mercado local, hay quienes se entusiasman con un contagio de optimismo hacia el exterior y eso se refleje en una caída del índice de riesgo país.

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ECONOMIA

Los controladores aéreos levantaron el paro para hoy y mañana pero sostienen las medidas para los días siguientes

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(Maximiliano Luna)

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), el gremio que reúne a los controladores aéreos levantó los paros de este jueves 26 y viernes 27 de febrero.

De acuerdo con el cronograma que había presentado el sindicato, en el marco de la falta de acuerdo con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) tras el vencimiento de la conciliación obligatoria, el reclamo de este jueves estaba previsto para iniciar a las 15 y concluir a las 18, mientras que también se encontraba programada una medida similar para mañana, entre las 19 y las 22 horas.

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Ambas medidas fueron levantadas. En los dos casos, la huelga estaba planeada para afectar a toda la aviación (vuelos domésticos e internacionales) en todos los aeropuertos del país.

“Informamos que, en el marco del conflicto colectivo en curso, se ha avanzado a una mesa de diálogo real con el objetivo de continuar las negociaciones y avanzar hacia un acuerdo que permita dar respuesta al reclamo que venimos llevando adelante”, informó el gremio en un comunicado.

No obstante el sindicato confirmó que “continúan plenamente vigentes las medidas notificadas para los días 28 de febrero, 1 y 2 de marzo, conforme al cronograma oportunamente presentado, a la espera de avances concretos en la negociación”.

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ECONOMIA

Un productor pidió un tractor a China y la brecha de precios desató polémica

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La discusión sobre la liberalización de importaciones sumó un caso concreto desde Misiones. El productor citrícola Ricardo Ranger decidió consultar por internet cuánto costaba un tractor frutero fabricado en China. La respuesta, asegura, fue inmediata y en español.

Según relató al medio Plan B, «me contestaron al otro día, solicitándome que hablara a un determinado número de WhatsApp, todo en castellano. Pregunté y me pasaron un precio de 9.500 dólares por un tractor frutero de 90HP, también me pasaron la alternativa del mismo tractor con cabina cerrada y aire acondicionado a 11.200 dólares«.

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La brecha de precios: un tractor cuesta cuatro veces menos en Asia que en Argentina

El contraste con el mercado local fue lo que más lo impactó. Según explicó, un equipo de características similares en Argentina sale cuatro veces más. La diferencia no solo fue económica, sino también en el trato comercial.

«Allá, sin conocerme, una fábrica grandísima, me contestaron al otro día. Acá ese mismo tractor sale 50.000 dólares y la verdad es que si intentás llamar a la fábrica, seguro que no te dan ni pelota, te mandan a la m…», comparó.

Incluso, el productor añadió que desde la empresa asiática le explicaron que, «como en un contenedor pueden caber hasta dos tractores, me pueden hacer precio si adquiría dos unidades».

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Entre la competencia y la supervivencia

El testimonio de Ranger expone el dilema que atraviesa la economía argentina: mientras una apertura amplia puede complicar a industrias y pymes locales, también habilita a productores y consumidores a acceder a bienes mucho más baratos.

«La verdad es que no estoy a favor de la apertura irrestricta de importaciones, pero también es cierto que algo de razón tiene Milei, acá todo es carísimo y China ofrece productos mucho más baratos, de alta tecnología, calidad y con gran atención al cliente», sostuvo.

Con más de cuatro décadas en la actividad y formación como ingeniero agrónomo, el productor —conocido además por denunciar reiterados robos en su chacra en Eldorado— suele visibilizar problemas estructurales del sector.

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Competir con China, ¿misión imposible?

Para Ranger, la discusión no es ideológica sino práctica. Los costos internos, la presión impositiva y la falta de competitividad dejan a muchos productores en desventaja frente a los precios internacionales.

«Acá en la Argentina, te fundís trabajando«, afirma. Y concluye con una reflexión que resume su preocupación: «¿Cómo vamos a poder competir con China? Es imposible, esa es la triste realidad».

«Si los pongo en blanco, pierden el plan»: la denuncia de un productor misionero

En el norte de Misiones, el debate sobre trabajadores que cruzan a Brasil suma una mirada distinta. El productor citrícola sostiene que el problema no es la falta de empleo, sino las trabas para formalizar la mano de obra rural.

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Según afirma, aunque en los papeles los planes sociales son compatibles con el trabajo registrado, en la práctica eso no sucede. «No funciona eso, en la práctica eso no funciona. Si un trabajador usted lo quiere poner en blanco en su empresa para que trabaje con usted con limones, con naranja y demás, perdería el beneficio y no le conviene. Pierde los beneficios y el tipo entonces no se quiere registrar«, explicó.

Ranger asegura que esta situación desalienta el empleo en blanco, especialmente en tareas estacionales. «Hoy te comento, tengo poca gente, porque estoy sobreviviendo, pero hoy necesitaría 30 personas, ya necesité hace varios años atrás, 30 personas para levantar mi cosecha de limón, asegurada, no en negro, porque si hubiera dado trabajo en negro, hubiera tenido 50, hubiera tenido aquella vez, no 30, 50, pero no quise dar trabajo en negro y perdí toda mi producción».

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