Desde Santiago de Chile – Esta ciudad es sede esta semana de la Jornada de Ministros de Desarrollo Productivo de la Argentina, un encuentro que convocó a autoridades nacionales, provinciales y referentes de organismos multilaterales, con el objetivo central de discutir y trazar una hoja de ruta para revertir el estancamiento económico de América Latina y, en particular, de Argentina.

Los diagnósticos presentados, especialmente por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), coincidieron en la necesidad imperiosa de implementar políticas explícitas de desarrollo productivo para impulsar la productividad y generar empleo formal.

El eje de la preocupación fue establecido por el Secretario Ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar Xirinachs, quien expuso un panorama de bajo desempeño regional. Salazar detalló que el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de la región fue de solo 0,9 por ciento anual entre 2014 y 2023. Ante esta realidad, advirtió: “Podemos evitar una tercera década perdida siempre que se logre el desarrollo productivo”.

El diagnóstico de la Cepal fue contundente respecto a las consecuencias de esta baja capacidad de crecimiento, señalando que en la última década se registró la peor tasa de generación de empleo formal. Además, se destacó que la capacidad de crecimiento de América Latina es limitada y que la región exhibe una baja capacidad institucional y de gobernanza, elementos que complican la aplicación de estrategias efectivas.

“O iniciamos una nueva era de crecimiento, o vamos avanzando hacia un panorama con tasas de crecimiento mediocre”, sentenció Salazar, enfatizando que “la principal herramienta para revertirlo está en las políticas de desarrollo productivo”.

Esta mirada fue complementada por Marco Llinás, Director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la Cepal, quien profundizó en los factores detrás del “pobre desempeño” económico. Llinás señaló que la actividad ha permanecido estancada y que la productividad laboral es “muy baja”, lo que implica que la región se está “quedando atrás en relación al resto del mundo”.

Al analizar el caso específico de Argentina, Llinás indicó que las cifras muestran una gran diversidad. Si bien la productividad laboral por hora en el país se encuentra por encima del promedio regional, el país se ubicó por debajo de la media en la tasa de crecimiento de dicha productividad. El desafío, subrayó, no solo es el nivel actual, sino “mantener altas tasas de crecimiento de la productividad a lo largo del tiempo”.

Para lograr esta meta, Llinás insistió en la necesidad de una “transformación productiva” en las economías, lo cual, a su vez, requiere de “políticas explícitas”. Aclaró que estas no deben limitarse al sector industrial manufacturero, sino que deben incluir una priorización dentro de su marco de acción.

Salazar-Xirinachs destacó que la urgencia de la política productiva se intensifica en un contexto global donde los países desarrollados están “impulsando políticas industriales muy agresivas”.

Desde la Cepal se propuso un enfoque dual para la aplicación de estas políticas. Por un lado, se destacó la relevancia de las capacidades institucionales, y por otro, la implementación de iniciativas específicas. El organismo mencionó las iniciativas cluster de inversión productiva, de las cuales ya existen más de 400 en la región, con una presencia significativa en Argentina.

Un punto crucial para la efectividad de las políticas productivas es la descentralización. “En Cepal creemos que gran parte del desarrollo productivo se tiene que desarrollar en los gobiernos locales, como provincias y municipios”, afirmó Salazar. No obstante, advirtió que es “muy importante que exista un paraguas de protección de parte de los gobiernos nacionales”.

El rol de las jurisdicciones subnacionales fue el punto central de la intervención de Ignacio Lamothe, Secretario General del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Lamothe enfatizó la necesidad de “discutir cómo impulsar el desarrollo productivo de las provincias”, potenciando y desarrollando sectores productivos con realidades diversas.

El CFI está trabajando activamente en la hoja de ruta de políticas productivas en varios capítulos simultáneos. Uno de los mayores obstáculos identificados en el ámbito financiero a nivel federal es la falta de garantías. “Cuando analizamos cuál era el principal inconveniente nos dimos cuenta que el principal escollo en Argentina es la falta de garantías”, explicó Lamothe. Para enfrentar este problema, el CFI está “trabajando creando un fondo de garantías”, y muchas provincias están formando sus propios fondos.

En materia de financiamiento, el CFI busca multiplicar sus acciones en el mercado de capitales, que presenta “mucho para hacer”. Como ejemplo de su rol, el secretario general mencionó que el CFI avaló una Obligación Negociable (ON) de una empresa argentina, una acción que demuestra la posibilidad de generar instrumentos financieros que fortalezcan el entramado productivo.

Lamothe también reconoció que la economía latinoamericana está cambiando “estructuralmente por la revolución tecnológica”.

Una dimensión fundamental del desarrollo productivo argentino, especialmente para las provincias, es la logística y el acceso a los mercados internacionales. Jorge Faurie, Embajador argentino en Chile, puso el acento en la necesidad de fortalecer la “bioceanidad de Atlántico y Pacífico”.

Faurie detalló el impacto económico directo de utilizar la vía chilena para las exportaciones: “Salir por Chile es hasta USD 12 más económico por tonelada que se gastan en las exportaciones”. Además del ahorro logístico, el embajador resaltó el potencial de las provincias con recursos mineros que “exploran y desean explotar aún más y que implican un enorme potencial” de exportación.

El embajador instó a abandonar la dependencia de un solo corredor. “No podemos seguir pasando solo por el Paso Cristo Redentor. Tenemos que escaparnos de la historia de que San Martín cruzó por el Cristo Redentor”, afirmó. Por ello, consideró que las provincias limítrofes deben “valorizar mucho el vínculo directo con las regiones de Chile para hacer mucho más específico la salida al Pacífico”.

Rene Orellana Halkyer, Subdirector General y Representante Regional para América Latina y el Caribe de la FAO, sumó a la discusión el contexto del sector agroalimentario. La colaboración del CFI con la FAO se dirige al desarrollo económico provincial, lo cual “requiere adoptar medidas de resiliencia”.

Orellana Halkyer mencionó los retos que enfrenta el sector: los aumentos de precios de los alimentos, la ruptura de las cadenas de valor que se encuentran “cada vez más limitadas”, y la incertidumbre en los mercados. “Esta situación se vuelve crucial dado que el 60% de las exportaciones de la región son de alimentos”, apuntó. Ante estos desafíos, la FAO propone el “acompañamiento para trabajar en conjunto” con los países y las provincias.

La jornada concluyó con la reafirmación del diagnóstico: la región enfrenta una encrucijada entre el crecimiento mediocre y el inicio de una nueva era. La respuesta, según los expositores, pasa por la implementación de políticas explícitas y priorizadas de desarrollo productivo, el fortalecimiento de las capacidades institucionales subnacionales, la resolución del déficit de garantías financieras y la explotación estratégica del potencial exportador mediante la integración logística bioceánica.

Los ministros argentinos, junto a los organismos regionales, se llevaron la tarea de consolidar esta hoja de ruta para la transformación productiva.

El gobierno de Javier Milei presentó el entendimiento con los Estados Unidos como una señal para atraer grandes inversiones. En el sector farmacéutico y de agroquímicos advierten que todavía no hay modificaciones normativas reales, pero si las hubiera las inversiones podrían duplicarse o triplicarse en el mediano plazo y pasar de u$s700 millones actuales a más de u$s2.000 millones, según como resulte la letra chica final del acuerdo.

«Todavía no conocemos los detalles, pero ahora la industria de investigación farmacéutica invierte unos u$s700 millones anuales y podría triplicarse en el mediano plazo, pero habrá que ver cómo evoluciona la normativa«, dijo un alto directivo de la industria farmacéutica extranjera.

Ese sector de empresas está nucleado en la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme). Y dejan trascender que el futuro del acuerdo dependerá de las resoluciones que acompañen la declaración conjunta firmada entre Argentina y Estados Unidos en el marco del nuevo Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones con el gobierno de Donald Trump.

Según confirmaron a iProfesional fuentes de la industria, el capítulo referido a propiedad intelectual genera expectativas moderadas: podría mejorar el clima para nuevas inversiones, fortalecer la seguridad jurídica y alinear al país con estándares internacionales de patentamiento, pero hoy se trata solo de una declaración de intenciones.

Así lo confirmaron a iProfesional fuentes de los laboratorios internacionales nucleados en la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme), que siempre hizo fuerte presión para que la Argentina respetara la Ley de Patentes sancionada en 1996 y que fue desactivada con una Resolución Conjunta de tres organismos del gobierno de la expresidenta Cristina Kirchner en 2012.

«Todavía en los hechos no cambió nada»

En el sector señalan que el impacto real llegará recién si el Gobierno decide derogar la resolución conjunta de 2012 sobre «criterios de patentabilidad», que durante más de una década limitó las posibilidades de proteger invenciones farmacéuticas en el país.

«Debe haber una nueva resolución y ver qué dice. Recién ahí se podrá patentar una molécula con potencial terapéutico. Hasta entonces, no hay cambios concretos», explicaron desde empresas asociadas a Caeme.

La expectativa está puesta en que el país logre alinearse con normas de propiedad intelectual comparables a las de Estados Unidos y la Unión Europea. Para ello, la Argentina también tiene pendiente la derogación de la Resolución Conjunta compuesto por las Resoluciones 118/2012, 546/2012 y 107/2012, la adhesión al Patent Cooperation Treaty (PCT), condición necesaria para avanzar en el camino de ingreso a la OCDE.

La derogación podría hacerse por decreto del presidente Javier Milei, mientras que la adhesión al tratado internacional debería pasar por el Congreso, al igual que la creación de juzgados y fiscalías especializados en marcas y patentes.

Además, en el Informe 301 del Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, se le recomienda a la Argentina adoptar normas contra la falsificación de productos, eliminar las ferias de venta de esos productos, como La Salada y Once, constituir, y dotar de mayor personal al Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (IMPI) que tramita los patentamientos en el país.

«Todo esto es la letra chica y hay que ver cómo queda en las resoluciones que tome el gobierno de Javier Milei, que todavía no dijo nada, porque se ampara en un convenio de confidencialidad», señalaron fuentes del mercado a iProfesional.

La única certeza es que los Estados Unidos no hubieran firmado ninguna declaración conjunta de comercio e inversiones si la Argentina no se hubiera comprometido a alinearse con el Informe 301, cuyo contenido fue adelantado hace dos semanas en iProfesional.

El rol de los laboratorios nacionales: respaldo, pero cautela

Los laboratorios nacionales agrupados en CILFA (Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos), que siempre se opusieron a la vigencia de la Ley de Patentes y tenían fuerte influencia en el gobierno de Milei, también salieron a fijar posición frente al entendimiento con Washington.

Si bien respaldaron «el impulso al comercio y la inversión», dejaron en claro que no es posible evaluar consecuencias aún: «Será difícil prever el impacto en el sector hasta conocer el texto final», remarcaron desde la entidad.

La cámara, que representa a las principales firmas de capital nacional, pidió esperar a la letra chica del acuerdo y a las eventuales resoluciones complementarias antes de anticipar beneficios o riesgos. En medio de ese choque de intereses y de lobbies, comenzarán seguramente las presiones sobre el gobierno de Milei.

Más inversiones en investigación clínica: un potencial todavía latente. La Argentina recibe actualmente unos 700 millones de dólares por año en estudios de investigación clínica desarrollados por laboratorios internacionales en conjunto con clínicas, prepagas y obras sociales.

Con un régimen de propiedad intelectual más sólido, el flujo de investigación podría duplicarse o incluso triplicarse a mediano plazo, según estimaciones del sector. Pero remarcan que:

• Por ahora no hay inversiones nuevas previstas.
• Todo dependerá del contenido final del acuerdo y de las resoluciones reglamentarias.
• «Si estamos alineados, es posible expandir la investigación clínica. Sin seguridad jurídica es difícil competir«, señalan.

La industria subraya que los ensayos clínicos se instalan allí donde existe respeto a la propiedad intelectual y reglas claras para proteger procesos que demandan millones de dólares en investigación y desarrollo.

Cómo se desarrolla la investigación: del hallazgo a la experimentación en pacientes

Los laboratorios internacionales suelen detectar y patentar moléculas iniciales en sus casas matrices, donde cuentan con centros de investigación avanzados. Apenas se detecta una molécula que puede tener una buena finalidad, los laboratorios patentan el descubrimiento o la invención.

Ese derecho exclusivo a la propiedad intelectual suele tener 20 años de vigencia. Sin embargo, en los primeros diez años no suele salir al mercado y durante ese lapso se hacen todas las pruebas y ensayos clínicos. Y a partir de la aprobación comercial comienza a venderse con exclusividad en los países donde existe Ley de Patentes.

De ese modo, ningún otro laboratorio puede comercializarlo copiando la fórmula o la molécula, ni siquiera aun pagando regalías o derechos. Cuando la patente caduca al décimo año de estar en el mercado comercial, solo entonces puede comercializarlo cualquier otro laboratorio y no debe pagar regalías.

Una vez superada la etapa preclínica, la molécula pasa a fases más complejas y se despliega investigación en varios países en simultáneo. Para elegir esos destinos, los laboratorios analizan:

• Seguridad jurídica
• Reglas de protección de patentes
• Estabilidad regulatoria
• Condiciones éticas y sanitarias
• Diversidad genética de la población

En esta última categoría, la Argentina es especialmente atractiva por su variedad genética, diferencias regionales, diversidad climática y amplitud alimentaria, factores clave para la validación internacional de los estudios clínicos. Los ensayos clínicos suelen hacerse sobre distintos genotipos de población para asegurar que los efectos sean generales para todos los organismos y estudiar las reacciones.

En esa fase de investigación los laboratorios internacionales suelen invertir hasta miles de millones de dólares, motivo por el cual exigen la Ley de Patentes. Si no existe el respeto a la propiedad intelectual, cualquier laboratorio puede copiar la fórmula.

Es por ello que los laboratorios de Caeme y los Estados Unidos, Suiza, Alemania o cualquier país productor de medicamentos o agroquímicos con alto nivel de investigación exige la adhesión al Tratado Internacional de Cooperación de Patentes (Patent Cooperation Treaty).

De ese modo, si un laboratorio patenta un producto en Alemania o Suiza, por ejemplo, esa protección rige para todos los más de cien países firmantes del Tratado y esa empresa no tiene la necesidad de cumplir el trámite de patentamiento en cada país.

Las instituciones que participan en los ensayos

Los ensayos clínicos en el país se desarrollan junto con los principales centros de salud. Entre los más destacados están:

• Hospital Italiano
• Hospital Británico
• FLENI
• Instituto Fleming
• Obras sociales y prepagas con infraestructura para investigación avanzada

Sin embargo, existen decenas de clínicas en todo el país que hacen convenio de investigación con los grandes laboratorios.

Los médicos de estas instituciones son quienes seleccionan a los pacientes aptos para participar en las distintas fases de ensayos clínicos, especialmente en enfermedades poco frecuentes, donde los tratamientos experimentales suelen representar una alternativa terapéutica única.

«Cuantas más condiciones tengamos para garantizar propiedad intelectual, más personas podrán acceder a ensayos clínicos y alternativas terapéuticas innovadoras», explican en la industria.

Expectativa, pero espera cauta. El sector farmacéutico y el sector de agroquímicos coinciden en que, si el Gobierno avanza en modificar los criterios de patentabilidad y se alinea a normas internacionales, podría abrirse una nueva etapa para la investigación clínica y biológica y para atraer mayor inversión.

Pero hoy, insisten, el escenario es preliminar: «Hay un clima positivo por el anuncio, pero falta ver qué resolución sale. Todavía no cambió nada», señalan en las fuentes de la industria. El desafío será transformar la declaración conjunta en normativa concreta. Solo entonces podrá evaluarse si el acuerdo con Estados Unidos genera el impacto que el Gobierno promete.

Un repartidor de plataformas de delivery en Argentina necesitó completar 461 pedidos promedio en septiembre para cubrir la canasta básica total de un hogar tipo de cuatro integrantes, según el informe “APP – Coeficiente de Alcance del Pedido Promedio” elaborado por la Fundación Encuentro.

Este dato sintetiza los desafíos que enfrentan quienes trabajan en la economía de plataformas, un sector en crecimiento que concentra principalmente a jóvenes y migrantes urbanos.

El APP (Coeficiente de Alcance del Pedido Promedio) es un indicador desarrollado por la Fundación Encuentro –que dirige Cecilia Garibotti, exfuncionaria de la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía– para medir la relación entre el valor que percibe un repartidor por cada pedido, sin incluir propinas, y el costo de la canasta básica de un hogar tipo. La metodología parte de un cociente simple: se divide el valor mensual de la canasta básica total para una familia de cuatro personas por el valor promedio de un pedido en plataformas de reparto, calculado a partir de los datos de Rappi y PedidosYa.

De este modo, el APP expresa en términos concretos cuántos pedidos debe realizar un trabajador para alcanzar distintos umbrales de subsistencia y reproducción de la vida cotidiana.

El informe aclara que el APP no pretende capturar todas las dimensiones del trabajo en plataformas, sino visibilizar los desequilibrios materiales que enfrentan quienes dependen de este tipo de empleo. “El APP no debe leerse como un ‘salario’ ni como una medida de bienestar absoluto, sino como una referencia del esfuerzo transaccional —en cantidad de pedidos— necesario para alcanzar determinados umbrales monetarios”, advierte la organización. El indicador se construye a partir de promedios simples entre Rappi y PedidosYa, ya que no existen datos públicos que permitan ponderar por volumen de mercado, tipo de vehículo o características sociodemográficas de los repartidores.

En septiembre de 2025, el valor promedio de un pedido se ubicó en $2.553,6, resultado del promedio entre Rappi ($2.393,4) y PedidosYa ($2.713,8). A partir de este dato, la Fundación Encuentro calculó que para sostener un hogar tipo de cuatro integrantes, un repartidor necesitó completar 461 pedidos en ese mes.

El reporte detalla, además, otros umbrales de referencia: para alcanzar el ingreso promedio individual de la Argentina al segundo trimestre de 2025, se requirieron 344 pedidos; para sostener un hogar individual (sin contar alquiler), 149 pedidos; y para cubrir solo la alimentación (canasta alimentaria), 67 pedidos.

El APP también permite dimensionar el esfuerzo necesario para afrontar otros gastos habituales. Según este análisis, criar un hijo (canasta de crianza) demandó 190 pedidos, mientras que cubrir el alquiler promedio de 1 a 3 ambientes CABA exigió 271 pedidos. Para igualar el Salario Mínimo Vital y Móvil vigente en septiembre de 2025, un repartidor debió realizar 126 pedidos.

El documento subraya que el APP mide ingresos brutos y no descuenta los costos asociados a la actividad, como combustible, mantenimiento del vehículo, comisiones, retenciones fiscales ni otros gastos operativos. Tampoco suma propinas ni beneficios extras, lo que puede llevar a sobrestimar la capacidad real de los repartidores para cubrir los gastos o alcanzar los umbrales de referencia. Además, el índice utiliza promedios agregados, lo que impide captar diferencias territoriales significativas y puede ocultar situaciones locales más precarias o desiguales.

Entre las limitaciones metodológicas, la Fundación Encuentro señala la falta de datos públicos sobre la cantidad de trabajadores, la distribución por días y horarios, el tipo de vehículo utilizado y la geolocalización de los pedidos.

“La economía de plataformas viene creciendo en Argentina de forma sostenida en los últimos años. Entre ellas, las aplicaciones de reparto ocupan un lugar central: concentran cada vez más trabajadores, especialmente jóvenes y migrantes, y se han vuelto parte del paisaje urbano cotidiano”, destacó el informe.

• Un hogar tipo, de cuatro integrantes, necesita 461 pedidos para cubrir la canasta básica total (CBT).
• El pedido promedio es de $2.553,6 (sin propina), según ingresos reales de las dos principales apps.
• Para alcanzar el ingreso promedio individual en Argentina hacen falta 344 pedidos.
• Un hogar individual sin alquiler necesita 149 pedidos para no ser pobre.
• La canasta básica alimentaria (CBA) individual se cubre con 67 pedidos.
• Criar a un bebé según la canasta de crianza requiere 190 pedidos.
• El alquiler promedio en CABA equivale a 271 pedidos.
• Para llegar al Salario Mínimo Vital y Móvil hacen falta 126 pedidos.
• El costo de monotributo A se cubre con 15 pedidos.
• Un tanque de nafta (3,5 L) equivale a 2 pedidos.