ECONOMIA
Dólar fogonea la inflación y a Caputo se le complica presionar a empresas para que den marcha atrás con aumentos
Toto Caputo no tendrá tiempo para festejar el IPC de julio, que según coinciden las consultoras volverá a ubicarse debajo del 2%. Más bien, su preocupación está centrada en el dato de inflación de agosto, que se dará a conocer en pleno cierre de la campaña electoral y tiene altas chances de quebrar el sendero desinflacionario.
Es por eso que el ministro volvió a una de las prácticas que han caracterizado su gestión: un extraño «control de precios libertario» consistente en ejercer una presión informal sobre cadenas de supermercados y grandes fabricantes de productos de consumo masivo.
Además, una agresiva comunicación política que trata de explicar por qué no hay motivos para un «contagio» de la reciente devaluación a los precios y una arenga a los consumidores para que no convaliden los incrementos que consideren injustificados. En la jerga económica, el gobierno apuesta a que se aplique el «principio de imputación de Menger», que postula que no son los costos los que determinan los precios, sino que es al revés.
Javier Milei suele sintetizar ese postulado teórico en una expresión mucho más gráfica respecto de en qué parte de la anatomía de los comerciantes se guardarán los stocks de mercadería no vendidos.
Marcha atrás en precios y lupa en salarios
Pero todo indica que esta vez resultará más difícil revertir los aumentos, porque hay condiciones de mercado que complican a las empresas más que en las situaciones previas.
El primer episodio de esa «marcha atrás» había ocurrido bien al inicio de la gestión, cuando el dólar paralelo se estabilizaba en torno de $1.000 y la inflación empezó a bajar. En aquel momento, Caputo se reunió con grandes empresarios y les pidió que revisaran sus aumentos, porque no se correspondían a un aumento real de los costos.
Según el ministro, los empresarios se habían dejado llevar por los pronósticos catastrofistas de sus consultores, que les había dicho que se dispararía el tipo de cambio. Fue entonces que Caputo presionó por una rebaja nominal de precios de lista. En algunos casos se logró «por las buenas» mientras que en otros, como los de medicina prepaga, hizo retrotraer los aumentos por decreto.
Así lo justificaba Caputo a inicios de 2024: «Entiendo perfectamente el productor que remarcó los precios pensando el escenario que los economistas pronosticaban y la reacción natural de no querer bajarlos por las dudas. ‘Mejor hago una promoción’, dicen, y es normal, pero tiene consecuencias porque después el INDEC no capta eso y dice que la inflación es tanto y cuando toca negociar las paritarias se toma un salario que no es. Ahí todo se distorsiona».
La sola alusión a «un salario que no es» y la posibilidad de que una paritaria pueda distorsionar la economía llamó la atención del mercado. Sonaba contradictoria con el discurso liberal de no interferir en las libres contrataciones entre partes del ámbito privado.
Pero Caputo demostró su pragmatismo al intervenir sin camuflaje en las negociaciones salariales, y al vetar de hecho -por la vía de la no homologación en la secretaría de trabajo- los aumentos salariales que se consideraban desalineados con la inflación proyectada desde la Casa Rosada.
La victoria de la pelea post cepo
El segundo round en el que Caputo jugó y ganó la pulseada de los aumentos fue en abril pasado, tras el levantamiento del cepo cambiario. En una situación análoga a lo que había ocurrido un año antes, hubo empresas que realizaron «aumentos preventivos» porque suponían que el tipo de cambio saltaría al techo de la banda de flotación, en ese momento fijado en $1.400.
Pero cuando el dólar oficial y los paralelos confluyeron a un nivel intermedio de menos de $1.200, Caputo esgrimió que no había motivos para los aumentos. Una vez más habló con cadenas supermercadistas y con las grandes productoras de alimentos, pero también con líderes de otros rubros industriales, como el automotor.
En aquel momento, celebró su victoria de haber contenido las expectativas y de haber hecho un lobby efectivo. Fue así que el IPC de abril bajó a 2,8% después de haber tocado 3,7% en marzo y luego bajó a su mínimo de 1,5% en mayo.
Al tiempo que presionaba por los precios, Caputo también mantenía firme su control sobre las paritarias. De hecho, la CGT realizó un paro general en abril en el que denunció que había una extendida práctica de revisión de negociaciones salariales ya cerradas entre sindicatos y cámaras empresariales.
Lo cierto es que Caputo, en muchos de los gremios más representativos, había logrado su objetivo de que los aumentos salariales no sobrepasaran un 1,5% mensual, y lo máximo que aceptó fue la inclusión de cláusulas de revisión si subía la inflación. Es ilustrativo el caso de los empleados públicos de la administración central, que acordaron ajustes que arrancaron en 1,3% en junio y terminan en 1,1% para noviembre.
Por qué esta vez es más difícil
Pero en este tercer intento por retrotraer aumentos ya decididos, todo indica que las cosas serán más complicadas para el ministro. A diferencia de las veces anteriores, ahora no puede alegar que no hubo un aumento del tipo de cambio. A lo sumo, podrá argumentar que el dólar se estabilizará en su nivel actual, a unos cinco puntos de distancia del techo de la banda de flotación.
Es por eso que, al hablar en los programas oficialistas de streaming y radio, su argumento preferido era que lo que iba a contener los precios era el superávit fiscal y el refuerzo de las reservas en el Banco Central, por la entrada de dólares del FMI.
Sin embargo, los industriales y comerciantes no se están mostrando persuadidos por esos argumentos. Afirman que, diga lo que diga el gobierno, no pueden dejar de mirar al dólar, sobre todo en aquellos rubros en el que el principal insumo se mueve con la divisa estadounidense.
Un ejemplo paradigmático es el de los panificados, fideos y otros productos que utilizan el trigo. Desde la Federación de la Industria Molinera ya avisaron que, dado que el trigo implica el 80% del costo de la harina, resulta imposible no hacer un traslado a precios tras una suba del dólar de 17%.
Pero ese no es el único argumento que juega en contra de Caputo. Hay algunos rubros en los que se achicó el margen de rentabilidad, por la caída en las ventas. De manera que, a diferencia de lo que ocurría el año pasado, no tendrán la posibilidad de absorber una suba de costos sin compensar, al menos parcialmente, con un retoque en precios.
¿Caputo se queda sin herramientas?
En definitiva, la consecuencia de la escapada del dólar -y también de la turbulencia en las tasas de interés, que encarece el crédito- es que se están comunicando subas de precios de hasta 9% en empresas de consumo masivo.
¿Qué hará Caputo ahora? Ese es el gran interrogante del mercado, dado que ya no tiene margen para aplicar herramientas que usó en otras oportunidades: ya intervino en las paritarias para que el costo salarial no se «desbordara», ya bajó aranceles de importación para estimular la competencia y ya alivió impuestos en algunos rubros pero no puede avanzar en ese tema sin que se comprometa el superávit fiscal.
Con ese panorama, la única medida realmente efectiva sería la de forzar una baja del dólar, pero no parece que el mercado esté dispuesto a aceptarlo. Y, aun cuando se produjera el retroceso, ya está instalada la expectativa de una corrección devaluatoria post elecciones.
Entre las pocas medidas que quedan a mano están la de posponer aumentos en servicios y precios regulados, para que compense por la probable suba de alimentos en agosto.
Para el gobierno, el mantenimiento de la inflación baja es fundamental, tanto por motivos económicos como políticos. En lo económico, compensa por la volatilidad del dólar y las tasas de interés, y garantiza que no habrá un freno súbito en la actividad productiva y comercial.
Y, en lo político, porque las encuestas revelan que es el gran logro que sostiene la imagen de Javier Milei en términos relativamente altos -48,1% de apoyo según el sondeo de la consultora Giacobbe-.
Hace dos años, cuando se le preguntaba a la gente cuál era su principal preocupación, la respuesta mayoritaria -55% de menciones- era «la inflación», mientras que ahora ni un 15% habla de la suba de precios, según otra encuesta de la Universidad de San Andrés.
Pero claro, la contracara es que ahora la preocupación más mencionada -con casi 40%- es el bajo nivel salarial. De manera que el gobierno no puede permitirse, además, un alza de precios, que erosionaría su principal activo político y llevaría en plena campaña electoral a un pedido generalizado de subas salariales.
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ECONOMIA
Juicio por YPF: Estados Unidos presentó un escrito en defensa de Argentina y contra el pedido de desacato y sanciones
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos se presentó ante la Corte de la jueza Loretta Preska en respaldo de la República Argentina frente al pedido de sanciones y desacato promovido por los demandantes en el marco del juicio por YPF.
En el documento de 29 páginas se afirma que “El litigio en tribunales de los Estados Unidos contra Estados extranjeros puede tener importantes implicancias en materia de política exterior para los Estados Unidos y afectar el trato recíproco que reciba el gobierno estadounidense ante los tribunales de otras naciones”.
La presentación también destacó “los esfuerzos realizados por el país para cumplir con los requerimientos de discovery dirigidos a obtener comunicaciones de altos funcionarios argentinos vinculadas a entidades estatales, requerimientos que, en sí mismos, resultan incompatibles con las consideraciones de cortesía y reciprocidad que surgen en litigios contra Estados soberanos”.
“La moción de los demandantes para que se dicten sanciones de preclusión, inferencias adversas y sanciones pecuniarias por desacato contra la Argentina no se ajusta a los principios de cortesía internacional y reciprocidad ni a la FSIA y debe ser rechazada”, agrega el documento.
En este sentido, agregaron que “durante más de dos años, la Argentina cumplió de buena fe con el proceso de discovery, priorizando el respeto a las órdenes judiciales. En ese período se realizaron entregas periódicas que superaron las 115.000 páginas. Y agregaron: “A pesar del amplio acceso a información, los demandantes no lograron encontrar evidencia que respaldara sus acusaciones.”
La disputa se centra en la etapa de “discovery” o intercambio de pruebas, donde los beneficiarios del fallo —liderados por el fondo Burford Capital— alegan que la Argentina ha incumplido sistemáticamente con las órdenes de la jueza Loretta Preska. Los demandantes solicitaron que se declare al país en “desacato” (contempt of court) y que se le aplique una multa coercitiva de un millón de dólares diarios hasta que entregue la información requerida, que incluye comunicaciones privadas de funcionarios y detalles sobre activos soberanos.
El pedido de sanciones por parte de Burford Capital se formalizó a principios de este año, tras denunciar una supuesta conducta de “mala fe” por parte de la defensa argentina. El fondo inglés sostiene que el país no cumplió con la entrega de información “off-channel”, referida a mensajes de WhatsApp y correos de Gmail de exfuncionarios y funcionarios actuales, como el ministro de Economía, Luis Caputo, y el exministro Sergio Massa.
Según los demandantes, la Argentina ha utilizado tácticas dilatorias para evitar que se identifiquen activos embargables que permitan cobrar la sentencia de 16.100 millones de dólares. Además de la multa diaria, Burford solicitó una “orden de preclusión” para que el tribunal asuma como un hecho que entidades como el Banco Central (BCRA), el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y la propia YPF funcionan como un “alter ego” del Estado, lo que facilitaría el embargo de sus activos.
En la visión de los fondos, una multa de un millón de dólares por día —que sumada a los intereses del fallo principal elevaría el costo diario del litigio para el país a unos 4 millones de dólares— es la única herramienta para forzar el cumplimiento de las órdenes judiciales.
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ECONOMIA
Cuánta plata hay que ganar por mes para pertenecer al 10% de la población más rica de Argentina
Tras la salida de la convertibilidad, la Argentina consolidó una estructura social marcada por fuertes contrastes que se mantienen hasta hoy. Las diferencias no sólo se reflejan en la plata que ingresa en cada hogar, sino también en el acceso a oportunidades, educación, empleo y bienes públicos de calidad.
Un reciente informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), dependiente de la Universidad Católica Argentina, analiza cómo se distribuyen los hogares a lo largo de la pirámide social y cuáles son los ingresos mínimos necesarios para integrar cada segmento.
Cuánta plata hay que ganar para pertenecer al 10% de la población más rica
En el extremo superior se ubica el 3% de los hogares con mayores recursos. Para integrar este grupo, una familia debe percibir al menos $30 millones mensuales. Se trata de un sector con acceso estable a servicios públicos de calidad, capacidad de ahorro, posibilidad de invertir en educación y capital humano, y redes de contactos que amplían sus oportunidades.
Por debajo aparece el 7% que conforma la clase media alta, con ingresos desde los $15 millones. Luego se encuentra el 20% de los sectores medios integrados, cuyo piso de ingreso se ubica en $5 millones mensuales.
Estos segmentos comparten una característica central: pueden proyectar decisiones económicas a largo plazo, con mayor previsibilidad y menor exposición a la volatilidad.
Familias de clase media y media baja: aspiraciones e incertidumbre
En el tramo intermedio se concentra una franja amplia de clase media y media baja aspiracional. Según el ODSA, está «sostenida por inserciones laborales formales y semi-formales, cuya estabilidad depende críticamente del ciclo económico».
Para formar parte del 20% que compone el estrato medio aspiracional se requieren ingresos de al menos $3.500.000 mensuales. En el segmento medio bajo vulnerable, el umbral desciende a $2 millones.
El informe advierte que este grupo acumula expectativas de movilidad social ascendente, pero convive con frustración e incertidumbre frente a la recurrencia de crisis macroeconómicas, la pérdida de poder adquisitivo y el deterioro de bienes públicos clave.
Los datos de la UCA revelan cuánto necesita ganar un hogar para ubicarse en cada nivel social
El tercio inferior: informalidad y dependencia estatal
En la base de la pirámide se agrupan los hogares con inserciones laborales informales, inestables o de subsistencia. Se trata de sectores condicionados por baja productividad, menor nivel educativo acumulado y alta fragilidad laboral.
El 20% que integra el segmento bajo no indigente necesita ingresos de al menos $800.000 mensuales. Ese mismo monto marca, al mismo tiempo, el límite superior para el 10% que se encuentra en situación de pobreza extrema.
El ODSA señala que la debilidad de los ingresos laborales dificulta romper el círculo de la pobreza y perpetúa situaciones de exclusión económica, social y territorial.
Estabilización e interrogantes hacia adelante
En relación con el período reciente, el informe sostiene que las medidas de liberalización aplicadas entre 2023 y 2024 profundizaron la crisis heredada. No obstante, hacia el segundo semestre de 2024 la estabilización macroeconómica y cierta recuperación parcial de los ingresos comenzaron a moderar las tasas de pobreza e indigencia.
Según el ODSA, la mejora observada en los indicadores sociales entre 2023 y 2025 se explica principalmente por la desaceleración inflacionaria, más que por una recomposición sostenida del poder de compra o un aumento estructural de la capacidad de consumo.
El documento también evalúa el escenario actual al señalar que el régimen libertario «abre la posibilidad de dinamizar sectores competitivos, atraer inversión y reordenar incentivos» que podrían elevar la productividad y habilitar nuevas trayectorias de movilidad social.
Sin embargo, advierte que la falta de mecanismos de transición inclusivos y la desarticulación del entramado productivo pueden profundizar la informalidad y la pobreza estructural si no se implementa una estrategia orientada a generar empleo formal, fortalecer el tejido pyme y promover políticas activas de integración territorial y desarrollo de capital humano.
De lo contrario, concluye el informe, la estabilización macroeconómica podría derivar en una sociedad más desigual, con menor movilidad ascendente y mayor fragmentación social.
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ECONOMIA
Entre Ríos regresa al mercado internacional tras casi diez años con la colocación de bono por USD 300 millones
La provincia de Entre Ríos concretó hoy su regreso al mercado internacional de capitales tras casi una década sin emisiones de este tipo. La operación consistió en la colocación de un nuevo bono por un valor de USD 300.000.000, una cifra que se encuadra en los límites establecidos por la Legislatura provincial a través de la Ley 11.209 de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial.
Según el gobierno provincial, esta transacción financiera tiene como propósitos principales la refinanciación de vencimientos de deuda vigente, la cancelación de pasivos en moneda local que presentan tasas más elevadas y el reordenamiento del cronograma de pagos de la provincia.
De acuerdo a los términos técnicos de la emisión, la estrategia busca extender los plazos de cumplimiento y mejorar la previsibilidad fiscal para los próximos ejercicios financieros.
El nuevo instrumento financiero presenta una estructura de vida promedio de 6 años. En cuanto a la tasa de interés, el bono devengará un cupón anual del 9,55%, con una modalidad de pagos semestrales. El esquema de amortización del capital se ha diseñado para distribuirse en tres tramos finales:
- Un primer pago del 33,33% en el año 2031.
- Un segundo pago del 33,33% en el año 2032.
- Un pago final del 33,34% en el año 2033.
En lo que respecta al rendimiento y el riesgo país asociado, el bono se emitió con una prima (spread) de 6,18% sobre un bono del Tesoro de los Estados Unidos de duración similar. Esta cifra representa una reducción de 50 puntos básicos (0,5%) en comparación con el margen convalidado por el mercado en la última emisión internacional de la provincia, realizada en el año 2017.
La colocación no funciona de forma aislada, sino que forma parte de un proceso de administración de pasivos que incluye una oferta de recompra y/o canje dirigida a los actuales tenedores del bono ERF28. El resultado definitivo de esta propuesta de canje se dará a conocer el próximo 27 de febrero.
Desde el punto de vista técnico, la emisión internacional apunta a reemplazar el título actual por uno con plazos más extensos. Paralelamente, los fondos obtenidos se utilizarán para cancelar obligaciones denominadas en pesos. Estos pasivos en moneda nacional se caracterizan por tener un costo financiero más alto y cronogramas de vencimiento de corto plazo, lo que generaba una presión constante sobre la caja provincial.
La implementación de esta estrategia financiera modifica el perfil de vencimientos globales de Entre Ríos. Al sustituir deuda de corto plazo y alto costo por un instrumento a largo plazo en dólares con tasas fijas, se busca una estructura de pagos más equilibrada en el tiempo.
El reordenamiento de estos compromisos financieros tiene como fin directo liberar márgenes de liquidez en el presupuesto provincial. Al descomprimir los servicios de deuda (el pago de intereses y capital), la administración busca reducir la carga financiera inmediata, comparado con el cronograma de vencimientos que se encontraba vigente antes de esta colocación.
Con esta colocación, Entre Ríos se suma a otras jurisdicciones subnacionales que han buscado aprovechar las condiciones del mercado financiero para reprogramar sus pasivos y aliviar la carga sobre sus tesorerías, en un contexto donde la sostenibilidad de las cuentas públicas se mantiene como el eje de la política económica provincial.
Desde el inicio de gestión del gobierno de Milei, ya colocaron deuda en los mercados internacionales Córdoba, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). De hecho, el martes pasado ingresaron a las reservas internacionales del Banco Central un total de USD 800 millones provenientes de la colocación de deuda de la provincia de Santa Fe en los mercados internacionales, concretada en diciembre.
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