En los primeros nueve meses de 2025, la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional mostró una caída real del gasto total del 31% respecto de 2023, según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). El impacto abarcó a casi todos los sectores del Estado, con recortes profundos en salud, educación, ciencia, seguridad social y desarrollo productivo.

Entre los organismos más afectados figuran la Superintendencia de Servicios de Salud, con una reducción del 70% de su presupuesto, y varios hospitales nacionales con bajas que van del 30% al 38%. El Instituto Malbrán perdió el 22% de su ejecución, y la Anmat, encargada de fiscalizar medicamentos y alimentos, un 28%. El Incucai fue una de las pocas excepciones, con un incremento del 42% en sus partidas.

En el área científica, el Programa de Promoción de la Investigación e Innovación tuvo una baja de 83%, mientras el Conicet, la Conace, el Servicio Meteorológico Nacional y el Servicio Geológico Minero Argentino registraron caídas de entre 19% y 35%. En el ámbito educativo: programas clave como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente directamente no tuvieron ejecución, y los fondos para becas, formación docente y fortalecimiento edilicio cayeron hasta un 89 por ciento.

Los organismos de desarrollo productivo tampoco escaparon al ajuste. La Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo redujo su gasto 78%, el INTA 38% y el INTI 45%, lo que afectó directamente la investigación aplicada, la innovación tecnológica y la asistencia técnica al sector industrial y agropecuario. La Comisión Nacional de Energía Atómica retrocedió un 44%, el ENRE un 22% y el Enargas un 28%, mientrasa persiste la discusión sobre la política energética y tarifaria nacional.

El área social también sufrió recortes de magnitud. La Anses redujo su ejecución en 7%, y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia en 72%. Los fondos destinados al Inaes se contrajeron 74%, y programas como Economía Social, Protección Social y Primera Infancia directamente dejaron de ejecutarse o registraron caídas del 100% al 88%, según el estudio privado. Los comedores comunitarios y merenderos tuvieron un ajuste del 63 por ciento.

El Ministerio de Capital Humano, que concentró buena parte de las áreas sociales y educativas, fue el más afectado dentro de la estructura estatal. La caída del gasto en Educación fue del 49%, mientras que en Niñez y Familia alcanzó el 72%. Los recortes también alcanzaron al Ministerio de Economía (51%), las Obligaciones a Cargo del Tesoro (53%) y el Ministerio de Relaciones Exteriores (21 por ciento).

Por el contrario, el gasto en inteligencia del Estado aumentó un 35% respecto de 2023.

El proyecto de Presupuesto 2026 elaborado por el Ministerio de Economía y analizado por el CEPA proyecta la continuidad del ajuste con un nuevo marco normativo que consolida el “blindaje fiscal”.

El texto establece que si la recaudación supera lo previsto, el Gobierno reducirá impuestos; pero si los ingresos caen, deberá recortar el gasto discrecional, es decir, el destinado a áreas como salud, educación y desarrollo social.

El Presupuesto mantiene la meta de equilibrio financiero, con un superávit primario del 1,5% del PBI y un resultado financiero positivo del 0,3% del PBI. La proyección de crecimiento económico con 5% se ubica moderadamente por encima del consenso del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, del 4,4 por ciento.

Del lado del gasto se consolida una política de recorte estructural en áreas sensibles. En educación, las partidas aumentan 4% nominal respecto de 2025. Las universidades nacionales siguen con recursos limitados, mientras los programas de becas estudiantiles muestran una caída acumulada del 76% desde 2023. En el Conicet, el recorte interanual será del 5,4%, acumulando una reducción de casi el 40% en tres años.

La Conae tendrá una partida 34% menor a la de 2025, mientras el INTA y el INTI registran caídas acumuladas del 44% y 49%, respectivamente. La Comisión Nacional de Energía Atómica perderá otro 13% interanual.

En el área social, la Agencia Nacional de Discapacidad sufrirá un nuevo recorte del 7,3%, mientras la Prestación Alimentar y los fondos para comedores comunitarios retrocederán 2% y 17%, respectivamente, ante la baja observada en los índices de pobreza e indigencia.

El CEPA advierte que el Presupuesto 2026 no solo mantiene el sesgo contractivo del gasto público, sino que incorpora medidas estructurales que agravan la situación de los organismos. Entre ellas, la derogación del carácter móvil de las asignaciones familiares, la eliminación del 6% del PBI garantizado para educación, del 1% para ciencia y tecnología y del Fondef (Fondo de Defensa Nacional).

Según Hernán Letcher, director del CEPA, “La lógica del desfinanciamiento no se limita a la reducción del gasto, sino que afecta las capacidades institucionales del Estado: Cuando el Estado deja de invertir en innovación, en control o en salud, no solo achica su estructura, también pierde soberanía técnica y científica”.

Desde una óptica más fiscal, Nadin Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), sostuvo que el proceso actual combina dos dinámicas: “El gasto total crece, pero por debajo del PBI, por lo que el Estado va perdiendo peso relativo en la economía”. En los primeros nueve meses del año, el gasto indexado -incluye jubilaciones y pensiones- aumentó 18% en términos reales, mientras el gasto no indexado, donde se concentran salarios, obra pública y subsidios, cayó 10% real.

“Lo que más está cayendo son los subsidios a la energía, la obra pública, los salarios públicos y los subsidios al transporte”, detalló Argañaraz, quien advirtió que esa combinación genera un efecto multiplicador negativo: “El menor poder adquisitivo de los empleados públicos se traduce en menor consumo, y la caída de la obra pública implica menos actividad económica en ese sector y en las cadenas que dependen de él”.

Según los cálculos del Iaraf, el gasto total crecería este año un 2,1% real, por debajo del ritmo de expansión de la economía. Eso implica que el gasto público pierde incidencia en el PBI y, al mismo tiempo, que el superávit fiscal se sostiene a costa de un ajuste cada vez más profundo.

Para alcanzar la meta del 1,6% del PBI acordada con el FMI, el Gobierno debería intensificar los recortes: “Debería bajar un 16% real el gasto no indexado en el último trimestre, cuando ya venía cayendo 10%”, apuntó.

Argañaraz aclaró, sin embargo, que el desafío de fondo no es solo cuantitativo sino cualitativo: “Después de un ajuste grueso, tiene que venir una sintonía fina. Si la reducción de gastos provoca una caída directa en los servicios que presta el Estado y la demanda social se mantiene, aparecen los cuellos de botella”. En ese punto, advirtió que la eficiencia no se mide únicamente por cuánto se gasta, sino por la capacidad de mantener los servicios públicos funcionando con menor presupuesto.

Daniel Garro, director de Value International Group, interpretó el desfinanciamiento como parte de una estrategia deliberada del Gobierno para “cerrar o debilitar organismos considerados ineficientes o redundantes”. Según explicó, “cuando la Ley Bases salió recortada y el Congreso o la Justicia impidieron avanzar con el cierre de ciertas dependencias, el Ejecutivo optó por desfinanciarlas”.

“El mensaje es claro -sostuvo Garro-: si no me permiten avanzar con la reestructuración, les saco la comida, la luz y el gas. Es una forma indirecta de cerrar los organismos. Se trata de una decisión política y fiscal: no hay plata, y si no se puede achicar por decreto, se achica por asfixia presupuestaria”.

En su análisis, el recorte no generará grandes disfunciones: “Muchos de esos organismos cumplen tareas que pueden hacer los privados, o son cajas políticas. Por eso, no habrá un impacto relevante en la actividad económica. Lo que el Gobierno busca es obligarlos a ajustarse, auditar sus gastos y eliminar ineficiencias”, conluyó Daniel Garro.

Mar del Plata. La estructura impositiva y la proliferación de la informalidad en la Argentina ocuparon el centro del debate en este segundo día del 61° Coloquio de IDEA cuyo lema es “Juega Argentina”. En distintos paneles que abordaron la temática, referentes de distintas áreas analizaron cómo la presión fiscal y los tributos distorsivos limitan la competitividad y el crecimiento económico y qué reforma se requiere hacia adelante para revertir este escenario.

En tres paneles consecutivos que moderó la periodista Florencia Donovan, ejecutivos de empresas líderes, referentes del tercer sector y especialistas desglosaron de manera detallada cómo la carga tributaria y la expansión impositiva impactan en los sectores productivos. Los principales oradores coincidieron en los efectos de la informalidad, las distorsiones tributarias y la proliferación de tasas municipales.

Matías Surt, economista, socio-director de Invecq y profesor universitario, abrió el espacio con una radiografía del sistema fiscal en el panel “Nivelando la cancha, el desafío impositivo”. Para Surt, la presencia de impuestos distorsivos, como ingresos brutos, derechos de exportación, aranceles de importación y el impuesto al cheque supone un freno concreto a la inversión y al desarrollo de exportaciones. Según expuso, Argentina recauda cerca de ocho puntos del PBI por estos conceptos, más 1,5% extra mediante tasas municipales. Esto lleva el total a más del 9% del producto, una cifra que el sector privado soporta y que considera un impedimento para su rentabilidad.

Surt señaló que, aun con cierta reducción en aranceles y derechos de exportación que ocurrieron durante la actual gestión de Javier Milei, las distorsiones por ingresos brutos impactan especialmente sobre cadenas de valor extensas por el clásico efecto cascada. Los supermercados, de acuerdo a su exposición, enfrentan tasas promedio en torno al 1%, pero en ciertos municipios el cargo llega al 6%.

Además, manifestó que entre el 20 y el 35% del precio de algunos productos terminados es absorbido por cargas fiscales distorsivas. “Si se alineara el sistema tributario argentino con los parámetros habituales de otros países, la carga podría descender hasta un tercio”, remarcó.

El economista también vinculó la presión fiscal con el elevado gasto público argentino. Aclaró que, si bien es esperable una estructura tributaria más alta en este contexto, advirtió contra la permanencia de impuestos distorsivos y altos niveles de evasión, que terminan desalentando la inversión y encareciendo productos para el consumidor.

Desde el sector supermercadista, Nicolás Braun, Director de IDEA y gerente general de Supermercados La Anónima, focalizó en la brecha que existe entre empresas formales y la expansión del canal informal. Según explicó, el nivel de evasión en el comercio llega al 55% y la informalidad laboral se sitúa cerca del 60%. “Con una utilidad promedio apenas superior al 2%, los supermercados pueden ver cómo el monto de impuestos sextuplica márgenes considerados razonables”, dijo.

Según Braun, la suba tanto de impuestos como de niveles de evasión detuvo la expansión de los supermercados de grandes cadenas y promovió el avance de canales informales, en especial los autoservicios. “Hoy hay cerca de 13.000 autoservicios en el país”, ejemplificó, y mencionó casos como la salida de empresas internacionales del sector—entre ellas Walmart—como resultado de las trabas a la inversión y el crecimiento formal.

El impacto de la informalidad no se restringe a los supermercados. Braun también planteó la situación en los frigoríficos, sector en el que en 2018 tres de cada cuatro kilos comercializados tenían algún componente informal. Bajo este escenario, reclamó que el Estado garantice que todos los actores compitan bajo las mismas reglas, y defendió que la ventaja competitiva debe surgir de la innovación y la inversión, no de la evasión impositiva.

Andrés Cavallari, CEO de Raízen Argentina, relató la carga fiscal específica que enfrenta la industria de los combustibles. Detalló que “de cada 100 pesos que se pagan por un litro de nafta, 45 pesos corresponden a impuestos”, que tildó de distorsivos. Si bien remarcó que el sector refina y produce con alta eficiencia y destina toda su producción al mercado local, esos tributos afectan principalmente al consumidor final.

Cavallari subrayó el aumento de la cantidad, el monto y la variedad de tasas municipales, con algunos casos donde una refinería enfrenta hasta ocho tipos diferentes según la jurisdicción. Expuso que la eliminación de impuestos distorsivos no tiene por objetivo incrementar las ganancias empresariales, sino reducir los precios que paga el cliente y mejorar la competitividad. Solicitó, además, un sistema más simplificado, con aplicación razonable de tasas y visión integral de la problemática.

Desde el rubro industrial, Claudio Rodríguez, socio director de Sinteplast y director en IDEA, comparó la situación tributaria de Argentina con la de Uruguay, Paraguay y Chile. Para Rodríguez, si no existieran diferencias fiscales, el precio de los productos sería casi igual en esos mercados. La divergencia aparece por la carga de impuestos, que repercute en el consumo, el empleo y la recaudación potencial. Consideró fundamental una reducción del gasto público y mayor eficiencia estatal, además de combatir la evasión, para recomponer el equilibrio.

Martín Ticinese, presidente de Cervecería y Maltería Quilmes, consideró que la Argentina “está en un momento de transición” donde la presión fiscal ronda los 28 puntos sobre el PBI. Observó que la obligación recae esencialmente sobre el sector formal y advirtió que los consumidores suelen priorizar precios, incluso cuando eso los lleva a elegir productos informales. “¿Quién no cambia una marca de auto por 10 o 12 puntos de diferencia?”, planteó. La falta de competitividad influye tanto en la oferta local como en la exportadora, con impactos directos sobre la generación de divisas. Ticinese propuso que la industria forme parte de la estrategia de desarrollo nacional.

La mirada del sector social llegó de la mano de Matías Olivera Vila, presidente de la ONG Lógica, quien presentó los avances y retos del Proyecto de Régimen de Transparencia Fiscal. Bajo la consigna “Juego limpio”, Olivera Vila describió tres causas principales del problema: la voracidad fiscal del sector político, la tolerancia del poder judicial y la desconexión fiscal de la ciudadanía. “Tenemos un régimen que nos oculta sistemáticamente los impuestos”, expresó.

Explicó que, aunque la ley de Transparencia Fiscal ya rige, la adhesión de las provincias es todavía limitada. Mendoza y Chubut la aplican, mientras que tres jurisdicciones están en proceso (entre ellas, CABA) y diecinueve, en desacuerdo. Olivera Vila remarcó el papel de la sociedad civil para llevar el debate fiscal fuera del ámbito estrictamente político y convertirlo en una “cuestión ciudadana”. Señaló que el compromiso del tercer sector puede ser clave para impulsar mayor transparencia y control social sobre la recaudación y el gasto.

A lo largo del panel, ejecutivos y especialistas remarcaron la urgencia de revisar el esquema fiscal, promover la simplificación y redoblar los esfuerzos dirigidos a la formalización del mercado de trabajo y de bienes. Con experiencias y cifras, cada uno recordó que la transformación del régimen impositivo es central tanto para la recuperación de la competitividad como para el crecimiento a largo plazo.

El hermetismo del equipo económico respecto a las negociaciones con Estados Unidos comenzó a romperse. El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, le puso fecha a la activación del swap por USD 20.000 millones y reveló qué modelo se negocia.

Luego de que el presidente Donald Trump asegurará que la asistencia depende del resultado electoral del 26 de octubre, cuando se esperaba la letra chica del salvataje, el martes las acciones argentinas en Wall Street cayeron hasta un 8% y los bonos en dólares hasta 7%.

Frente a ello, y en la continuidad de la gira por Washington D.C. ahora en las reuniones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, es que Bausili deslizó detalles del swap.

En cuanto a los tiempos, la cabeza del BCRA aseguró que esperan que la línea de ayuda con Derechos Especiales de Giro (DEG) se active en las próximas dos semanas antes de la elección.

“Eso espero”, fue lo contestó Bausili ante la pregunta de Josh Lipsky, el presidente de Economía Internacional y director senior del Departamento Geo del Atlantic Council. “Hemos estado trabajando durante las últimas dos semanas, básicamente día tras día, con total dedicación para completar la documentación asociada al swap, y esperamos que muy pronto podamos ejecutar el acuerdo de libre mercado que contendrá los términos del swap”, afirmó.

Pero eso no fue lo único sino que también reveló qué modelo trabajan: sobre el swap con México que se activó durante la crisis del Tequila para otorgar liquidez inmediata. “Esa facilidad ha estado en funcionamiento durante casi 30 años. Así que la idea aquí es establecer probablemente una versión más actualizada de una facilidad como esa”, marcó.

Así, el modelo de swap sobre el parten las negociaciones fue otorgado en 1995 por Estados Unidos al Banco Central de México por un monto de USD 9.000 millones, con condicionalidades.

“Era un préstamo corto y con garantías. En paralelo a un stand-by con el FMI, un swap por USD 9.000 millones, vigente durante un plazo de 90 días y como colateral, México se comprometió a depositar los ingresos por las exportaciones de Pemex en una cuenta en la Reserva Federal de Nueva York, como garantía automática“, comentó el director de Eco Go, Sebastián Menescaldi.

Siendo este punto sobre el que aún sobrevuelan dudas, sobre todo luego de las declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en donde reveló el interés por las tierras raras y el uranio.

“Vimos que China impuso más controles de exportación de tierras raras y Argentina es rica en tierras raras y en uranio. Y creo que están comprometidos con nosotros”, sostuvo Bessent en una entrevista con Fox News.

“No sé qué tipo de garantías podría darle Argentina. YPF no es toda nacional y los bonos no creo que sirvan de garantía”, sostuvo Menescaldi. A su vez, en el caso de la petrolera, Argentina se encuentra enfrentando un juicio en la Corte del Segundo Circuito de Nueva York por la expropiación en 2012.

Ante la consulta de Infobae a fuentes oficiales del BCRA aseguraron no tener información respecto al swap con Estados Unidos que está negociando el equipo económico hace meses. Y que se comunicaran los detalles cuando este cerrado.

“Más allá de las garantías que haya que poner lo interesante serán las condiciones de uso del seguro por USD 20.000 millones. Por ejemplo si es a un determinado tipo de cambio, si se puede utilizar cuando está en el techo de la banda o dentro, si hay un límite por día”, sostuvo el director de C&T Asesores Económicos, Camilo Tiscornia.

“Es una línea de swap tradicional que la Reserva Federal de Estados Unidos hizo con algunos países. Son líneas temporales de intercambio de monedas en caso de estrés cambiario”, lo definió al swap con México el director ejecutivo de LCG, Javier Okseniuk.

Es que en el diagnóstico de Bessent, el problema que enfrenta la Argentina es de liquidez. Eso fue lo que marcó cuando el jueves pasado por primera vez el Tesoro de Estados Unidos intervino en el mercado comprando pesos para evitar que el dólar mayorista toque el techo de la banda.

Y sobre el mismo punto se paró Bausili, quien sostuvo que desde julio el mercado entró en una fase pre-cobertura electoral, como sucede cada dos años después de la elección del 2019 cuando recurrimos al FMI.

“Hemos calculado que la demanda de cobertura en los últimos tres meses es equivalente a más de 40 puntos porcentuales de M2, que es la circulación monetaria, lo cual es una cantidad desproporcionada. Y el único que puede proveer ese tipo de cobertura es el Gobierno”, comentó Bausili. Siendo una situación extrema que esperan que se revierta después de la elección del 26 de octubre.

Pese a que fue el propio ministro Caputo quien a principios de julio durante su participación en el IAE Business School mandó a comprar dólares a quienes consideraban que estaba para que no se la perdieran.