ECONOMIA
¿Dólar planchado o salto? Las tres señales que pueden cambiar el escenario en semanas
El dólar oficial opera este viernes 13 de febrero a $1415, en la pizarra del Banco Nación. En el segmento mayorista, la divisa se negocia a $1395. En cuanto a los dólares financieros, el contado con liquidación se vende $1481 (+0,1%), y el MEP se ubica a $1418 (-0,2%). Por último, en el segmento informal, el blue se negocia, a $1440.
La calma cambiaria suele parecer firme hasta que aparece el número que la desacomoda. En Argentina, el dólar no se explica por una sola variable, sino por el cruce entre oferta y demanda de divisas, expectativas, financiamiento y la capacidad real de acumular reservas. En ese tablero, las reservas funcionan como el marcador más observado: no solo por lo que dicen del presente, sino por lo que anticipan sobre el margen de maniobra del Banco Central cuando el mercado pone a prueba la consistencia del esquema.
En un mercado relativamente chico, incluso una demanda «normalizada» puede seguir siendo alta en relación con el tamaño del mercado cambiario. Por eso, la película no se entiende mirando únicamente el comercio exterior: cada vez pesa más lo que ocurra con los flujos financieros y el comportamiento del ahorro en dólares. Cuando esas piezas se mueven al mismo tiempo, la pregunta que domina a inversores y empresas es una sola: ¿cuántos dólares pueden entrar, cuántos pueden quedarse y cuántos terminan presionando al tipo de cambio?
Así, 2026 se perfila como un año bisagra: el mercado mira en simultáneo el frente fiscal, el comportamiento del ahorrista, el acceso del sector privado al financiamiento externo y la capacidad de los bancos para prestar en dólares. De cómo encajen esas variables dependerá el punto de equilibrio: si el Banco Central puede comprar reservas con mayor holgura o si el dólar vuelve a enfrentar episodios de tensión.
La batalla por las reservas: el objetivo que condiciona al dólar
Desde Mega QM señalaron que el equilibrio cambiario de 2026 es clave porque es el año en el que el BCRA debe acumular la mayor cantidad de reservas posible. En su visión, ese objetivo tiene un doble propósito: colaborar con la señal de solvencia que permitiría al Tesoro volver al mercado de capitales y, además, construir un respaldo pensando en 2027, un año que vuelve a estar atravesado por el desafío electoral.
Los expertos de la sociedad de bolsa explicaron que la compra de reservas no es solo una cuestión financiera: también aparece como uno de los caminos para atender una demanda real de pesos que se espera creciente. En ese marco, el rol del Banco Central comprando dólares pasa a ser una variable crítica, pero su margen concreto depende de cómo se ordenen los flujos de oferta y demanda de divisas.
Para Mega QM, los últimos meses dejaron en claro dos elementos: sigue existiendo un nivel razonable de superávit comercial medido en base caja, y la capacidad del BCRA de comprar dólares queda vinculada al nivel de atesoramiento de los individuos y a los ingresos que se logren por la cuenta capital. En otras palabras, el comercio exterior ayuda, pero no explica por sí solo la película completa.
Ese diagnóstico coloca al dólar en una tensión permanente: si el superávit comercial se mantiene, pero el atesoramiento sube y el financiamiento no alcanza, el equilibrio se vuelve más fino. Y cuando el equilibrio se afina, el tipo de cambio suele ser el precio que primero refleja el cambio de clima.
Atesoramiento: la variable inestable que marca el margen del Banco Central
El atesoramiento aparece como el termómetro más inestable dentro de la ecuación cambiaria. Desde Mega QM destacaron que este factor es el que define el margen efectivo que puede tener el BCRA para acumular o no reservas. En un mercado donde cada flujo cuenta, el ahorro en dólares del público puede funcionar como una aspiradora que reduce el excedente disponible.
Los especialistas del bróker detallaron que las referencias históricas en años sin limitaciones sobre los flujos minoristas muestran volúmenes del orden de USD 17.800 millones anuales, lo que equivale a casi USD 1.500 millones por mes. Esas cifras, remarcaron, no fueron lineales: hubo pisos cercanos a USD 10.000 millones y techos que alcanzaron USD 27.000 millones durante la crisis cambiaria de 2018.
Desde Mega QM señalaron que las cifras de los dos últimos meses de 2025 estuvieron en línea con esos promedios, aunque incluyeron meses de estacionalidad alta, como diciembre por el aguinaldo. Si el escenario se consolida, evaluaron, el promedio podría ubicarse algo por debajo de esa referencia histórica, pero seguiría siendo suficiente para fijar una exigencia relevante de generación de divisas.
Ese punto es el que empuja el foco hacia los flujos financieros: cuanto más alto sea el atesoramiento, mayor será la necesidad de compensación por el lado del crédito y la deuda. Ahí se define una parte central de la pregunta sobre qué pasará con el dólar: si el financiamiento neto acompaña, el equilibrio se sostiene; si se corta, la presión aparece rápido.
Crédito en dólares: la promesa de tasas bajas y el riesgo detrás del regreso
Desde Epyca señalaron que en los últimos días se intensificó el rumor en torno a una posible aprobación por parte del Directorio del BCRA de un nuevo esquema regulatorio que ampliaría fuertemente el acceso al crédito en dólares para residentes y empresas no exportadoras. El objetivo oficial sería aprovechar el nivel récord que generarían los depósitos en moneda extranjera y orientar esos recursos hacia préstamos productivos, con tasas competitivas y fondeo más barato que en pesos.
Los expertos de la consultora explicaron que, bajo ese enfoque, las tasas se ubicarían en rangos de 2% a 4% para depósitos y de 5% a 7% para créditos prendarios e hipotecarios. En un contexto de tasas en pesos altas y escasez de crédito local, el atractivo del esquema es evidente: abaratar el financiamiento y mover sectores sin presionar de inmediato sobre precios.
Sin embargo, desde Epyca también cuestionaron el supuesto «combustible» disponible para ese plan. Según señalaron, el Gobierno sostiene que los dólares fuera del sistema equivaldrían a un PBI: entre USD 170.000 y 200.000 millones dentro del país y otros USD 400.000 millones en cuentas offshore difíciles de repatriar. Para Epyca, esas cifras estarían sobreestimadas, ya que se repiten desde hace décadas y probablemente una parte de esos ahorros se haya gastado.
En el marco del régimen actual, Epyca planteó además que el control de agregados monetarios, con tasas y encajes en niveles récord, se utiliza como ancla de precios mientras la inflación sigue un sendero ascendente: enero marcó 2,9% mensual y 32,4% interanual, por encima de diciembre de 2025 (31,5%). Bajo una lógica comparable a la que se usó como guía durante la Convertibilidad, se espera que una mayor dolarización contribuya a reactivar sin generar inflación, pero la consultora recordó que hubo inflación tanto en pesos como en dólares.
Deuda privada: el canal silencioso que define si sobran o faltan dólares
Desde Mega QM explicaron que el equilibrio del mercado cambiario no depende solo del superávit comercial, sino de lo que suceda con el financiamiento en moneda extranjera. Ese flujo es esencial porque debe compensar una demanda de divisas que, aunque bajó mucho frente a períodos de estrés, sigue siendo alta en relación con el tamaño del mercado. Por eso, remarcaron, entender la magnitud y los desafíos de la deuda externa privada resulta clave para anticipar tensiones o alivios.
Los expertos de la sociedad de bolsa detallaron que el sector privado accede al financiamiento por canales comerciales y financieros. Los flujos comerciales explican la diferencia entre saldo comercial devengado y saldo base caja del mercado de cambios, por lo que ese efecto ya está incluido en el saldo comercial observado. En consecuencia, el foco del análisis cambiario se concentra en el endeudamiento financiero.
Para Mega QM, el punto clave es el flujo neto: si las empresas toman más deuda que la que vence, generan un ingreso neto que se canaliza al mercado cambiario. Cuando esa toma de deuda se realiza en el mercado de capitales, la liquidación se produce cuando la empresa necesita pesos para su negocio o, a más tardar, antes del primer pago del instrumento. Ese mecanismo define si la deuda privada actúa como oferta o como demanda de divisas.
En su radiografía con datos a septiembre de 2025, Mega QM ubicó la deuda privada total en USD 116.847 millones, equivalente a 17,7% del PBI. De ese total, 7,4 puntos del PBI son deuda financiera y solo cerca de un tercio corresponde a emisiones de deuda a mercado; el resto se instrumenta vía préstamos, con peso destacado de la operatoria intra grupo económico.
Vencimientos y refinanciación
Para Mega QM, el perfil de vencimientos define el umbral mínimo de financiamiento necesario para que la deuda deje de ser un factor de demanda de dólares y se convierta en oferta. El análisis cambiario, indicaron, debe mirar qué parte de la deuda vence efectivamente y qué necesidades financieras genera, porque ahí se determina la presión concreta sobre el mercado.
Los especialistas del bróker señalaron que existe una porción importante de pasivos sin fecha específica de vencimiento, mayormente líneas vigentes con casas matrices. Aun así, al concentrar el análisis en la deuda financiera, estimaron que en 2026 el vencimiento previsto es de USD 7.265 millones, un número que marca un piso de refinanciación si se busca evitar presión cambiaria.
Desde Mega QM agregaron que el escenario exige incorporar un componente adicional: los casi USD 13.700 millones que no tienen vencimiento específico informado. En el caso más exigente, eso llevaría la cuenta a un orden de USD 21.000 millones, una cifra que, en términos de mercado, obliga a que las compañías renueven pasivos y, además, consigan fondeo extra para aportar un flujo neto positivo.
La conclusión operativa es clara: las empresas locales deberán ir renovando esos vencimientos y sostener el acceso al crédito para que el financiamiento neto ayude a compensar el atesoramiento esperado. Si ese canal se achica, la demanda de dólares vuelve a recostarse sobre el mercado cambiario y reduce el margen del Banco Central para comprar reservas.
Bancos, depósitos en dólares y el margen prestable: cuánto ayuda el mercado local
Desde Mega QM subrayaron que el fondeo neto proviene de dos fuentes: emisiones de deuda en el mercado de capitales y líneas de crédito otorgadas tanto por entidades financieras locales como por bancos del exterior. Por eso, explicaron, es importante seguir anuncios de inversión, rentabilidad y la capacidad de las empresas para sostener acceso al mercado.
Pero también advirtieron que no hay que perder de vista el crédito en dólares del sistema financiero local. Según detallaron, hoy el sistema cuenta con USD 19.800 millones prestados, fondeados con depósitos privados totales en dólares por USD 37.800 millones. Aun descontando encajes y caja para eventuales retiros, estimaron una capacidad prestable adicional cercana a USD 6.000 millones.
Ese margen, sin embargo, no es automático: desde Mega QM señalaron que las empresas deben competir por esos fondos con los títulos de deuda del sector público y otras aplicaciones. Esto implica que el crédito en dólares local puede aportar, pero no garantiza por sí solo el flujo de divisas necesario para un equilibrio holgado.
Aun así, el diagnóstico final de Mega QM es que existe margen por bajo endeudamiento relativo y por disponibilidad de fondeo, siempre y cuando se den condiciones de estabilidad y rentabilidad que impulsen a las empresas a usar esas líneas, complementarlas con emisiones en el exterior y sostener un flujo de oferta que permita un BCRA activo en la acumulación de reservas.
El riesgo sistémico del descalce: cuando el dólar deja de ser precio y pasa a ser problema
Desde Epyca señalaron que el acceso al crédito en dólares implica un elevado riesgo de descalce entre activos y pasivos en moneda extranjera, lo que puede amplificar la vulnerabilidad del sistema bancario argentino frente a variaciones del tipo de cambio o eventos globales adversos. En su lectura, ese riesgo se agrava si el tipo de cambio está atrasado, porque cualquier corrección puede traducirse rápidamente en problemas de solvencia.
Los expertos de la consultora recordaron que, aunque cada crisis es distinta, la exposición masiva del sistema financiero a pasivos y activos dolarizados fue un factor central en el colapso de 2001. Además, remarcaron que en una economía que libera restricciones para atraer capitales en dólares, también existe una vulnerabilidad de salida: el ingreso no asegura permanencia.
Para Epyca, la persistencia de los «dólares del colchón» fuera del sistema durante años, pese a cambios regulatorios y sucesivos blanqueos, evidencia el desconocimiento de la razón concreta por la cual esas divisas no ingresan. En ese sentido, insistieron en que lo legal es condición necesaria pero no suficiente, y que la estabilidad política y económica es un factor fundamental para que esos dólares entren y se queden.
La advertencia central es técnica y práctica: endeudarse en una moneda en la que no se generan ingresos traslada el riesgo cambiario del Estado al sector privado y convierte cualquier corrección del tipo de cambio en un problema generalizado. Por eso, Epyca sostuvo que otorgar créditos en dólares a agentes que no demuestran ingresos en esa divisa es, por definición, potencial de riesgo sistémico.
Qué pasará con el dólar: el escenario depende de un equilibrio fino
La conclusión que surge del análisis combinado es que el dólar enfrenta un equilibrio fino entre reservas, atesoramiento y financiamiento. Desde Mega QM plantearon que el punto de equilibrio del mercado cambiario se define por cómo interactúan la demanda de divisas y la capacidad de generar oferta vía flujos financieros. Si las empresas refinancian vencimientos, consiguen fondeo neto y el crédito local en dólares aporta, el Banco Central puede sostener un rol activo comprando reservas y el tipo de cambio puede atravesar el año con mayor previsibilidad.
Desde Epyca, en paralelo, advirtieron que el regreso del crédito en dólares, aun si luce atractivo por tasas y fondeo, reabre riesgos asociados al descalce y a la estabilidad. En su visión, la idea de que una mayor dolarización crediticia reactivaría sin inflación convive con la evidencia de inflación tanto en pesos como en dólares, y con un contexto donde el ancla monetaria opera con tasas y encajes altos.
El punto crítico, como planteó Epyca, es el destino de los dólares que eventualmente ingresen: si se canalizan a importaciones en lugar de inversión productiva, el stock puede mejorar transitoriamente, pero no se resuelve la generación de flujos sostenibles. En esa hipótesis, la economía podría volver a quedar frente a una restricción de divisas, con menos margen para sostener un equilibrio estable.
Por eso, lo que pasará con el dólar en 2026 no se juega solo en una pantalla: se juega en la capacidad de sostener condiciones de estabilidad, renovar deuda privada, mantener acceso al financiamiento y contener el atesoramiento en niveles que no asfixien la acumulación de reservas. Si alguna de esas piezas falla, el mercado suele reaccionar con rapidez y el tipo de cambio deja de ser un dato «calmo» para volver a convertirse en el centro del debate.
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ECONOMIA
El cruce automatizado de datos redefine la supervisión fiscal de billeteras virtuales en el sistema tributario
Cada vez más personas reciben avisos por movimientos en sus billeteras virtuales. No se trata de un impuesto nuevo, sino de controles más estrictos entre la información financiera y la que cada uno declara ante el fisco.
En las últimas semanas se multiplicaron las notificaciones enviadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el principal organismo fiscal argentino, vinculadas a movimientos registrados en billeteras virtuales. El fenómeno generó inquietud, consultas y temor en algunos casos.
Desde una perspectiva técnica, lo que ocurre no resulta sorpresivo: estamos frente a la consolidación de un modelo de fiscalización digital que el sistema tributario nacional viene desarrollando desde hace años. No implica un impuesto nuevo ni un cambio normativo abrupto, sino que es consecuencia lógica de un sistema financiero donde todos los movimientos quedan registrados.
Estamos frente a la consolidación de un modelo de fiscalización digital que el sistema tributario nacional viene desarrollando desde hace años
Se mantiene una percepción extendida, sobre todo entre pequeños contribuyentes y emprendedores, de que las billeteras virtuales exponen menos ante el fisco que el sistema bancario tradicional. Este supuesto ya no se ajusta a la situación actual. Plataformas como Mercado Pago, Ualá, Naranja X y Personal Pay, entre otras, operan dentro del sistema formal y están alcanzadas por regímenes informativos sobre acreditaciones, saldos y volúmenes operativos.
La administración tributaria procesa esa información y, cuando los datos financieros no son coherentes con lo declarado en Monotributo, IVA o Ganancias, el sistema emite alertas. La clave no radica en la herramienta de pago utilizada, sino en mantener la consistencia fiscal.
La fiscalización tradicional era selectiva y posterior; hoy el control es sistémico y casi simultáneo. La tecnología permite cruzar información en volúmenes inéditos. Desde lo técnico, esto representa un cambio estructural: el riesgo fiscal ya no surge solo de inspecciones presenciales, sino de comparar automáticamente bases de datos. En la práctica, significa que la diferencia entre ingresos reales y lo declarado se detecta con mayor rapidez.
Existe debate sobre el alcance de los parámetros utilizados o la necesidad de garantizar los derechos del contribuyente frente a procesos automatizados. Ese diálogo es válido, pero no puede desconocerse que el control digital ya forma parte estable del sistema.
Un problema frecuente: la desactualización fiscal y los cambios en la actividad
En la mayoría de los casos, el conflicto se origina por desactualización de datos o por cambios en la actividad económica no reflejados oportunamente. Por ejemplo: emprendedores que comenzaron con actividad marginal y luego obtienen ingresos regulares; monotributistas que superan parámetros sin advertirlo; personas que cobran servicios mediante billeteras digitales sin formalizar la actividad; transferencias personales mezcladas con cobros comerciales.
Un problema frecuente: la desactualización fiscal y los cambios en la actividad
El sistema tributario no evalúa la intención de la persona, sino los números: cuánto dinero se mueve, con qué frecuencia y si esos ingresos se repiten. Cuando los movimientos resultan habituales y persiguen un fin económico, la ley los considera actividad gravada. Este principio es básico en materia tributaria.
En ocasiones se cree que una diferencia detectada por ARCA se circunscribe a ese único trámite, pero no siempre es así. La información se comparte y cruza entre organismos. Dado que el sistema tributario argentino es federal, una inconsistencia puede impactar tanto en impuestos nacionales como en tributos provinciales, por ejemplo, Ingresos Brutos.
Pensar que una notificación afecta únicamente la categoría de monotributo resulta una visión incompleta. El análisis debe contemplar todas las consecuencias posibles.
Cuando una diferencia no se corrige a tiempo, puede derivar en exclusiones, ajustes de oficio, intereses y multas acumulativas.
Hoy el control funciona, en gran medida, de forma automática. Los sistemas detectan diferencias a partir de cruces de datos, pero no determinan de manera autónoma si una transferencia fue un préstamo familiar, un movimiento entre cuentas propias o un ingreso gravado si no se encuentra respaldada documentalmente.
Ante una notificación, el contribuyente debe poder explicar y documentar sus movimientos con claridad. No conviene improvisar. Responder sin análisis previo puede implicar reconocer situaciones que requieren más estudio; no responder puede ocasionar ajustes automáticos; regularizar sin planificación lleva a pagar importes mayores a los que corresponderían.
Ante una notificación, el contribuyente debe poder explicar y documentar sus movimientos con claridad. No conviene improvisar
Cada caso es diferente y requiere evaluación técnica. Un error frecuente es suponer que los movimientos pequeños o divididos en montos bajos no generan efectos. Los sistemas no observan una operación aislada, sino los patrones, la frecuencia y los montos acumulados a lo largo del tiempo. No es una transferencia única la que genera alerta, sino la incoherencia entre el total movilizado y lo declarado formalmente.
En la actualidad, los movimientos dejan registro y pueden ser cruzados. Suponer que lo digital es invisible va en contra de la realidad del sistema.
Desde la perspectiva profesional, la mejor estrategia ante este escenario es preventiva. Ordenar la situación fiscal implica revisar periódicamente la categoría de monotributo, evaluar la evolución real de ingresos, separar cuentas personales y comerciales, documentar adecuadamente préstamos o movimientos internos y analizar el impacto en tributos nacionales y provinciales.
La regularización temprana es menos costosa que una corrección posterior. Debatir sobre la carga impositiva o la complejidad normativa resulta legítimo. Sin embargo, el control digital ya es un hecho consolidado.
Hoy el sistema se basa en información y hay una gran cantidad disponible. En este entorno, restar importancia a una diferencia detectada o confiar en que pasará inadvertida puede acarrear consecuencias. La experiencia profesional muestra que, cuando las inconsistencias persisten, con el tiempo se acumulan y el costo resultante es mayor que si se hubieran corregido oportunamente.
No se trata de generar temor, sino de tratar el control digital con seriedad. Hoy el sistema tributario funciona respaldado por el cruce inmediato de información; improvisar aumenta el riesgo. Mantener la situación ordenada, custodiar respaldos y planificar de forma adecuada no se limita a cumplir una obligación formal: protege el patrimonio y la continuidad de la actividad.
La formalidad deja de ser teórica y se convierte en una condición para obtener previsibilidad y estabilidad en el tiempo
La formalidad deja de ser teórica y se convierte en una condición para obtener previsibilidad y estabilidad en el tiempo.
En un contexto donde los sistemas analizan datos de manera automática y masiva, el asesoramiento técnico con criterio profesional sigue siendo la mejor herramienta. Prevenir siempre es más simple y menos costoso que corregir errores tiempo después.
La autora es Contadora Pública, especializada en tributación y docente UBA
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La quiebra de Garbarino generó impacto. Es que si bien la empresa atravesaba hace años una profunda crisis, lo cierto es que en algún momento fue uno de los principales vendedores de electrodomésticos de Argentina, con más de 200 sucursales en todo el país.
En la semana, el juez Fernando D’Alessandro concluyó que no existían condiciones para continuar con el concurso preventivo iniciado en 2021 y decretó la quiebra, luego de que fracasara el proceso de salvataje abierto para intentar rescatar la compañía.
Hasta entonces, permanecían abiertos solo tres locales de Garbarino: aunque uno de ellos rara vez levantaba sus persianas. En otro, tal como pudo comprobar iProfesional, el stock era realmente limitado.
Sin embargo, esos artículos que quedaron sin vender, tanto en sucursales como en su casi desactivada página web, tienen contemplado un futuro según reza el auto de quiebra: serán «liquidados», probablemente en una subasta que decida la Justicia, y lo que se recaude irá a parar a manos de los acreedores.
Quebró Garbarino: qué pasará con sus bienes y el stock que quedó sin vender
Según el último informe del síndico, en el marco del concurso de acreedores, durante enero de este año Garbarino vendió solo por $1.769.581,45 en sus sucursales. «No hubo cobro de comisiones por Marketplace», se aclaró.
Informó que al 31 de enero, el stock de mercadería contaba con 1.597 unidades, que «según inventario no fue valorizado». «Hay mercadería obsoleta, y deteriorada con poco valor. Al llevar un extenso tiempo sin compra de bienes de cambio, situación informada en todos los escritos que mensualmente presenta esta Sindicatura la mercadería por su antigüedad no es la buscada por el público», detalló el informe.
Teniendo en cuenta ese informe, y el escaso ritmo de ventas que mantuvo la cadena en sus últimos meses, es de esperar que el stock de mercadería al momento de la quiebra se mantenga en niveles similares a los de fines de enero.
Al respecto, el auto de quiebra del 4 de marzo de 2026 del Juzgado Comercial N.º 7 dispuso entre otras cosas qué sucederá con los activos, mercadería y bienes que tenía la empresa.
En concreto, con la quiebra se activa el art. 106 de la Ley de Concursos y Quiebras, que implica desapoderamiento de pleno derecho. Es decir que Garbarino como empresa pierde el control de todos sus bienes. Desde ahora los maneja la sindicatura bajo supervisión del juzgado.
Esto incluye: mercadería (electrodomésticos, stock); muebles y equipamiento de locales; cuentas bancarias; marcas y activos intangibles; vehículos; inmuebles si hubiera y participaciones societarias
Se deberá realizar un inventario de todos los bienes y se tiene que informar la composición del activo, ubicación de cada bien, estado, gravámenes o prendas y cualquier dato que permita conocer el patrimonio real.
Esto sirve para que luego la sindicatura arme el inventario y la valuación de la quiebra.
Qué pasa con los electrodomésticos y otros bienes
En su resolución, el juez ordenó verificar los locales y depósitos y, si existen bienes, proceder al inventario. Eso significa que se identifican los electrodomésticos que queden, se registran en inventario y luego se liquidan en subasta o venta autorizada por el juez
Pero no será de un día para otro. En los plazos que fijó el juez, detalla en primer paso la verificación de créditos de acreedores, luego el informe individual de la sindicatura (con fecha límite 24 de agosto de 2026), después el informe general (5 de octubre) y recién allí comienza la etapa de liquidación más fuerte de activos.
Qué dijo el dueño de Garbarino luego de la quiebra
Carlos Rosales, el empresario que adquirió la cadena Garbarino en junio de 2020, habló por primera vez de manera pública tras la declaración de quiebra de la histórica empresa de electrodomésticos.
En una entrevista con el diario La Nación, defendió su gestión al frente de la compañía y atribuyó el colapso final a la situación macroeconómica del país, a decisiones del gobierno de Alberto Fernández y a las restricciones que afectaron al comercio durante la pandemia.
El empresario sostuvo que, al momento de la compra, la firma ya atravesaba una situación extremadamente delicada desde el punto de vista financiero. «Compramos una empresa que ya estaba profundamente en crisis. Estaba prácticamente en cesación de pagos y tenía apenas $30 millones de capital de trabajo. La adquirimos cuando nadie la quiso comprar a cambio de un peso y hacernos cargo de la deuda», afirmó Rosales, quien tras la quiebra fue inhabilitado por la Justicia para ejercer el comercio.
Según relató, el diagnóstico inicial que habían realizado sobre el estado de la empresa se agravó con el correr de los meses. «Hicimos un proceso de due diligence en plena pandemia y nos encontramos con un problema mucho más profundo. Pero ya estábamos en el partido y lo íbamos a jugar», señaló.
Rosales explicó que su equipo había elaborado un plan de transformación del negocio, que buscaba adaptar a Garbarino a un esquema más enfocado en logística y comercio electrónico. Entre las medidas previstas se encontraba una reducción significativa de la red de sucursales.
La estrategia contemplaba pasar de unos 140 puntos de venta a cerca de 60 locales, junto con una reorganización de funciones internas para evitar despidos masivos y mejorar la eficiencia operativa. De acuerdo con el empresario, también se había avanzado en la renegociación de deudas con entidades financieras.
«Refinanciamos deuda con los bancos por cerca de $500 millones, con entidades como Banco Santander y Banco Galicia, que equivalía a unos cinco o seis millones de dólares», explicó.
Sin embargo, aseguró que el segundo cierre de actividades dispuesto en abril de 2021, en el marco de las medidas sanitarias, terminó de afectar el proceso de recuperación que intentaba encarar la empresa. «La gestión venía bien, pero cuando un gobierno no tiene reglas claras, te mata. El nuevo aislamiento fue un golpe muy fuerte», sostuvo.
En ese sentido, Rosales consideró que el desenlace podría haber sido diferente bajo otro escenario económico. «Si en la Argentina de 2021 hubieran existido condiciones de seguridad jurídica y estabilidad como lo que hay hoy en el país, ni por asomo Garbarino hubiera quebrado«, afirmó.
Con la quiebra ya decretada, el destino de los activos de Garbarino quedará ahora bajo la órbita del juzgado que encabeza Fernando D’Alessandro. Entre los bienes a liquidar figuran las plantas industriales y las marcas comerciales Garbarino y Compumundo, que podrían generar interés entre inversores.
«Las marcas tienen mucho valor y mucho futuro. Algunos de los fondos que estuvieron mirando la empresa podrían interesarse en relanzarlas», aseguró Rosales.
Lo cierto es que con la quiebra de Garbarino bajó definitivamente sus persianas una marca con más de 70 años de historia, que supo ser líder en ventas de electrodomésticos.
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ECONOMIA
El ex ministro de Energía Daniel Montamat advirtió que el aumento del petróleo podría trasladarse en un 7% a los combustibles en Argentina
Daniel Montamat, ex secretario de Energía, explicó en Infobae en vivo cómo el aumento internacional del petróleo podría impactar en los precios internos de los combustibles y qué factores condicionan ese traslado en la economía argentina
En una charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Montamat sostuvo que la Argentina, como país exportador, está atada a las referencias internacionales de precios y debe ser cautelosa con cualquier intento de distanciarse de esa lógica. “Tenemos un mercado internacionalizado. Entonces lo que primero tenemos que observar es si es sostenible este precio en el mundo y este precio va a ser sostenible en función de la duración del conflicto”, manifestó al analizar el efecto de la guerra en Medio Oriente sobre las cotizaciones globales.
Montamat puntualizó que el impacto en los precios internos será paulatino y dependerá de la persistencia del conflicto. “La relación simple es si el barril de comercialización interna del petróleo, que sigue una relación con los precios internacionales, sube alrededor de un 15%, bueno, el traslado a precio de los combustibles finales, que tienen un componente impositivo, es cerca de la mitad. Esto si se sostiene en el tiempo”, aclaró. Según el ex funcionario, si el precio internacional se mantiene, el traslado local podría rondar entre “5 y 7%”.
El ex presidente de YPF recordó que el método de ajuste que utiliza la petrolera líder responde a promedios móviles de 15 días, por lo que los aumentos recientes ya comienzan a reflejarse en la formación de precios: “Nos manejamos con promedios móviles de 15 días. El promedio móvil de 15 días todos los días elimina un dato de hace 15 días atrás y suma uno nuevo. Ya está sintiendo ese promedio móvil la suba de estos últimos cinco días”, explicó Gonzalo Aziz en la mesa, a lo que Montamat asintió.
Respecto del impacto en la macroeconomía, Montamat precisó: “La incidencia que tiene el combustible en la inflación oscila entre el 2 y el 4% de la canasta”. Subrayó que los aumentos en combustibles no se trasladan de manera lineal al índice general de precios.
Frente a la consulta sobre la posibilidad de desacoplar los precios internos en contextos de crisis internacional, Montamat advirtió: “La regla es que tenés que mantener señales de precios internacionales y referencias internacionales. Si no, cualquier atajo genera desincentivos para la inversión en Vaca Muerta y en la producción local”. Recordó que el país sigue importando parte del gasoil y depende de mantener reglas claras para asegurar el flujo de inversiones.
Montamat remarcó que la elasticidad precio de la demanda también limita la capacidad de trasladar aumentos: “La demanda es sensible también a aumento de los combustibles. Entonces, si el precio de los combustibles, eh, se encarece mucho, va a bajar el consumo. Y todo esto incide en las cuentas que tienen que hacer, eh, las empresas que están comercializando combustible”.
El ex secretario de Energía valoró la potencialidad exportadora de la Argentina, pero pidió no sobredimensionar el viento de cola: “Este país que hoy exporta petróleo es tomador de precios internacionales, no lo fijamos nosotros los precios internacionales. Y estos precios internacionales se han hecho muy volátiles porque al componente puramente económico se le suma ahora todo este componente geopolítico”.
Consultado sobre mecanismos para proteger al consumidor en situaciones excepcionales, Montamat propuso: “Si esto se sostiene en el tiempo y va a haber cuatro mil millones de ingresos extra de exportaciones, ahí podría imaginarse, ¿eh? Si se sostiene en el tiempo, ¿eh? Algún tipo de, de gravamen extraordinario para, eh, financiar un atenuante, ese fondo contracíclico, eh, para, para atenuar, eh, la incidencia de eso en el precio de los combustibles”. Remarcó que la Argentina históricamente ha tenido dificultades para constituir fondos de ahorro en épocas de bonanza, lo que limita la disponibilidad de recursos en momentos críticos.
Montamat descartó que un aumento del 10% en combustibles se traslade automáticamente a la inflación general, enfatizando que “esa suba puede ser de una vez y después bajar, y entonces la inflación sigue dependiendo de otros fenómenos macroeconómicos que el país todavía no tiene resuelto”.
Finalmente, el ex funcionario destacó las ventajas que tendría un desarrollo más intenso del gas y del GNL para otros sectores productivos: “Si tenemos un gas de menos de tres dólares el millón de BTU en boca de pozo y una electricidad entre 40 y 50 dólares en megavatio/hora, tenemos una gran ventaja comparativa para desarrollar en otros circuitos productivos ventajas competitivas”.
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