El Gobierno adjudicó a Transportadora Gas del Sur (TGS) la ampliación del Gasoducto Perito Moreno, ex Presidente Néstor Kirchner, un proyecto que representa una inversión de unos 780 millones de dólares para incrementar la capacidad de transporte de gas en el tramo que une Tratayén (Nequén) y Salliqueló (Buenos Aires).

Esta iniciativa habilitará el despacho de 14 millones de metros cúbicos diarios (MMm³/día) adicionales desde el corazón de Vaca Muerta hasta los centros de consumo del país, fortaleciendo el abastecimiento de gas a partir de recursos locales.

Es la primera iniciativa privada para este tipo de obras que recibió Javier Milei. El Gobierno adelantó el año pasado que no habría más financiamiento público para este tipo de proyectos cuando inauguró la reversión del Gasoducto Norte. La apuesta oficial para empujar a los privados es el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

La empresa TGS propuso en junio de 2024 ante el Ministerio de Economía la ejecución de esta ampliación, que recibió la declaración de Interés Público Nacional. A partir de esa presentación, el Gobierno nacional habilitó el proceso administrativo y delegó en la Secretaría de Energía la conducción del expediente. La empresa estatal ENARSA organizó una licitación pública nacional e internacional, cuya adjudicación recayó sobre TGS después del cumplimiento de todas las etapas del proceso.

El proyecto implicará una inversión total superior a los 560 millones de dólares entre los desembolsos para la ampliación del Gasoducto Perito Moreno y una obra complementaria en el sistema regulado de TGS, que requerirá desembolsos por 220 millones de dólares. Ese monto busca garantizar la conexión efectiva del gas entregado en Salliqueló con los centros de consumo del Gran Buenos Aires, Litoral y el norte de la Argentina.

La primera etapa del plan contempla la instalación de tres nuevas plantas compresoras y un equipo compresor adicional en la planta existente en Tratayén. Con estas mejoras, el Gasoducto Perito Moreno elevará su potencia total a 90.000 HP y pasará de transportar 21 MMm³/día a 35 MMm³/día en el invierno de 2027, sumando así 14 MMm³/día de capacidad adicional. Conforme a los términos licitatorios, TGS también podrá optar por realizar una obra de mayor escala que habilite el despacho de otros 6 MMm³/día si la demanda del mercado así lo requiere.

La iniciativa comprende una convocatoria de Concurso Abierto por parte de TGS, con el fin de asignar la capacidad incremental bajo un esquema de libre acceso para los interesados en contratar el servicio. TGS planifica, al mismo tiempo, ejecutar otras acciones complementarias que permitirán Volver a agregar 6 MMm³/día en el futuro, según las necesidades de la demanda.

Para que ese gas adicional efectivamente llegue a las áreas de consumo, la obra prevé la construcción de 20 kilómetros de gasoducto paralelo al troncal existente y 15.000 HP adicionales en la planta del Neuba III. Esta ampliación incluirá también las adecuaciones necesarias para operar con presiones más elevadas, optimizando el acceso al área metropolitana y facilitando la transferencia hacia el sistema de TGN a través del Gasoducto Mercedes-Cardales. Así, el gas podrá abastecer el litoral y el norte del país, en reemplazo de importaciones de GNL y combustibles líquidos usados para generación eléctrica.

Desde su inauguración en julio de 2023 por Enarsa, el Gasoducto Perito Moreno se extiende por 563 km y posee un diámetro de 36 pulgadas. Cuenta con dos plantas compresoras, una en Tratayén y la otra en Salliqueló, de 15.000 HP cada una, lo que permite trasladar hasta 21 millones de metros cúbicos diarios de gas.

La operación y mantenimiento actuales de la infraestructura corresponden a TGS, mientras que la obra de ampliación agregará equipamiento y cañerías. De acuerdo con las estimaciones de la compañía, el proyecto permitirá un beneficio neto en la balanza comercial superior a los 700 millones de dólares anuales y ahorros fiscales del orden de 450 millones de dólares al año gracias a la sustitución de importaciones energéticas.

El CEO de TGS, Oscar Sardi, afirmó: “Las obras de transporte que llevaremos a cabo en el Gasoducto Perito Moreno son fundamentales para el desarrollo de Vaca Muerta, ya que otorgarán una solución para la evacuación de la producción de gas incremental conectándola con el mercado consumidor. Nos sentimos orgullosos de haber sido los promotores de este proyecto, por los múltiples beneficios que genera en el abastecimiento energético de Argentina”.

El Gasoducto Perito Moreno, junto al Gasoducto Mercedes-Cardales, ambos operados por TGS, conectan las zonas productivas del sur con los grandes centros urbanos y regiones industriales del país, facilitando así la sustitución de importaciones de GNL y combustibles líquidos. El desarrollo estructural de este tipo de obras contribuye a impulsar sectores productivos como Vaca Muerta, además de desarrollar empleo y capacidad de crecimiento económico.

La batalla por las buenas noticias está alcanzando su máximo nivel en la semana final previa a la elección legislativa. Confirmación oficial del swap de monedas de Estados Unidos, anuncio de una recompra de deuda -con un ahorro fiscal que será destinado a educación-, promesas de una cuota de exportación de carne al mercado estadounidense que podría dejar u$s400 millones extra. Pero, del otro lado, el mercado también responde con artillería pesada.

Es así que el dólar continuó su presión alcista a pesar de la intervención de Scott Bessent «comprando pesos». Y, en simultáneo, los inversores volvieron a cubrirse del riesgo devaluatorio en el mercado de futuros del dólar. De hecho, ya el contrato a noviembre, en $1.547, cerró por encima del techo de la banda de flotación de esa fecha.

Pero, más allá de las expectativas y los movimientos especulativos, lo que le sigue inflingiendo daño al gobierno son los datos estadísticos. Este lunes se conoció el resultado de la balanza comercial de septiembre. Y el superávit de u$s921 millones, que en otro momento habría sido considerado un número aceptable, esta vez dejó gusto a poco, si se tiene en cuenta que septiembre fue el mes en que las retenciones al agro bajaron a cero para permitir el ingreso de divisas por u$s7.000 millones.

En otras palabras, la expectativa de que el campo pueda hacer otro aporte grande en exportaciones en el último trimestre del año se reduce notablemente, porque después de la venta masiva para aprovechar el «tax holiday», habrá una retracción por parte de los productores, a la espera de mejores condiciones.

Y, para peor, la gran esperanza del gobierno para equilibrar el bajón del campo está con un panorama desfavorable. El petróleo viene mostrando una tendencia a la caída en el ingreso de divisas, a pesar de que el volumen de producción y ventas aumenta. Esto es el reflejo del bajón de los precios en el mercado global.

Hablando en números, en septiembre el barril WTI promedió los u$s63, uno de los precios más bajos del año. Pero hay peores noticias para el futuro: en octubre la caída fue más intensa, y actualmente cotiza a u$s57. Por lo tanto, resulta improbable que la balanza energética -petróleo y gas- deje el superávit de u$s8.000 que se había proyectado a inicios de año y que haya que ajustar las cifras a la baja.

Exportaciones altas: ¿es para festejar?

En realidad, no es que el nivel de exportaciones de septiembre haya sido malo: por el contrario, u$s8.128 millones es un buen número. El problema es que fue un mes excepcional. De hecho, si todos los meses se diera ese resultado, Argentina vendería al año u$s97.500 millones. Pero nadie cree que eso ocurra: los bancos y consultoras que participan en la encuesta REM del Banco Central esperan que el año termine con un nivel de u$s83.548 millones.

Y, aun así, se trata de un pronóstico desafiante, porque implicaría que en el último trimestre del año ingresen u$s20.000 millones. Esa cifra es, aproximadamente, lo que se exportó entre octubre y diciembre del año pasado. Pero, claro, en aquel momento no hubo una semana de «retenciones cero», por lo cual quedó un remanente del agro mayor al que resta ahora.

Y, sobre todo, no había una expectativa devaluatoria inminente, por lo que los productores de soja y trigo mantuvieron un nivel regular de ventas. Lo cierto es que hoy, con otro contexto financiero y político, pocos se atreven a afirmar que en los últimos tres meses del año se alcance un promedio mensual de exportaciones por u$s7.000 millones.

En cambio, del otro lado del mostrador las importaciones gozan de excelente salud, y en septiembre alcanzaron la cifra de u$s7.200 millones, la cifra más alta del año -y con clara tendencia al alza-. Es decir, no hay que descartar la posibilidad de que los próximos meses la balanza comercial pueda tener saldos en rojo.

El riesgo de la profecía autocumplida

La argumentación del ministro Toto Caputo siempre ha sido que un nivel de importaciones alto es síntoma de una economía pujante y que, por lo tanto, no debe ser un motivo de preocupación.

Y, efectivamente, hay cierto consenso respecto de la regla del «tres a uno»: por cada punto de crecimiento del PBI, se necesita que se incrementen tres puntos en la importación, dada la necesidad que tiene la industria y el agro de comprar insumos en el exterior. Según esa fórmula, habría que esperar un crecimiento a «tasas chinas», dado que las importaciones suben a un nivel de 30% interanual. Sin embargo, la actividad productiva y comercial da señales de enfriamiento, y los pronósticos iniciales de 5,5% de suba en el PBI han sido rebajados a 4%.

Lo que señalan los críticos de Caputo es que, contrariando al discurso oficial, los rubros de importación que crecen con más fuerza son los productos de consumo final y los automóviles. Sumados, ambos rubros representan ya el 22% del total de importaciones, cuando hace un año el nivel era de 16%.

Es por eso que la pregunta que se plantea el mercado en este momento es si es sostenible, todos los meses, un nivel de importaciones encima de u$s7.000 millones. Y la propia inestabilidad cambiaria es, de hecho, una prueba de que el mercado no lo ve viable a largo plazo.

De hecho, hay economistas que creen que puede darse un efecto de «profecía autocumplida»: como se teme una devaluación en el corto plazo, se genera un incentivo para que los importadores adelanten compras y acumulen stock, ante la sospecha de que más adelante les resultará más caro; y el resultado lógico de ese comportamiento es un aumento inusual en la demanda de dólares. Como consecuencia, el propio temor del sector empresarial termina agravando el desbalance.

El gobierno tampoco ayuda con sus señales: en el proyecto de ley de presupuesto 2026 prevé que el año próximo habrá un déficit de cuenta corriente por u$s5.751 millones, el doble de lo esperado para este año. Es lo que surge del informe difundido por el ministerio de Economía, en el que se pronostica exportaciones de bienes y servicios por u$s112.695 millones e importaciones por u$s118.447 millones.

Estos números no deben ser confundidos con la balanza comercial -que únicamente tiene en cuenta los bienes que llegan y se van dentro de los containers- sino que, además, considera el intercambio de servicios -lo que incluye a rubros como el turismo, los servicios profesionales en el exterior y las compras online de productos o contenidos de entretenimiento digital.

Un alivio para ARCA

Sorpresivamente, el adelgazamiento en el saldo comercial de septiembre vino acompañado por una buena noticia: al ser tan altas las importaciones, la recaudación por aranceles compensó lo que no ingresó a ARCA por las retenciones a la exportación agrícola.

Puesto en números, lo recaudado por derechos de exportación cayó un 20% en términos reales interanuales, con lo que contribuyó con un 3,6% al total de la «torta» impositiva. En julio, el mejor mes de este año, cuando salió la mayor parte de la cosecha gruesa, su aporte había sido de 6,8%.

Por el contrario, los aranceles a la importación tuvieron una suba explosiva, de 76,5% en términos nominales y 34% si se descuenta la inflación. De esta manera, su contribución al total recaudado fue de 4,6%, mientras que el año atrás sólo representaba un 3,1%.

Es decir, en términos fiscales no se ha visto -al menos no todavía- un impacto como consecuencia del deterioro comercial.

Faltan las reservas propias

Pero cuando se pone la lupa en el rubro de las reservas del BCRA y el mercado cambiario, la situación cambia. Ocurre que, aunque el gobierno se esmere en comunicar fortaleza, tras los u$s20.000 millones que engrosarán las reservas brutas, lo que está pidiendo el mercado es que el aumento de las reservas sea con dólares propios y no «prestados» por organismos de crédito o gobiernos amigos.

Y, para que ello ocurra, tiene que desaparecer el déficit de la cuenta corriente. Esto implica que los dólares que entran por exportaciones tienen que ser superiores a las importaciones y a las divisas que salen del país por turismo o que se compran para atesoramiento. Tiene que quedar una diferencia a favor, para que el BCRA pueda comprar, y hay una casi unanimidad de que con el actual tipo de cambio eso será muy difícil.

De hecho, en uno de los últimos reportes del Fondo Monetario Internacional sugiere que, considerando su débil cobertura de reservas y sus dificultades de acceso al mercado financiero internacional, debería contar con un superávit de cuenta corriente de 1,4% del PBI, como forma de evitar eventuales turbulencias.

Hablando en plata, eso supondría un superávit de cuenta corriente en torno de u$s9.000 millones, mientras el pronóstico oficial en el presupuesto es un déficit de u$s2.447 millones para este año y casi el doble para 2026. 

Con semejante cuadro, no resulta de extrañar que, a pesar de que Caputo y su colega Scott Bessent hablen casi a diario sobre la solidez del programa económico, los argentinos siguen refugiándose en el dólar. No se los puede culpar: los datos duros de la economía les dan argumentos de peso.

En España son muchos los casos de trabajadores que cada año soportan algunas situaciones laborales que se acercan a la ilegalidad. Las principales suelen ser los acosos, el exceso de trabajo o los impagos de nóminas. En relación a este último caso, lo que aún no mucha gente sabe es que gracias a la reforma del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, es posible el “autodespido” y el acceso a la indemnización correspondiente. Además del derecho a cobrar el paro.

Esta fórmula denominada coloquialmente como “autodespido”, se refiere a la extinción del contrato por voluntad del trabajador y es aplicable cuando el empleador incuerre en algunos incumplimientos graves. De igual forma, el trabajador va a acceder a la misma indemnización que obtendría de un despido improcedente. Esto es lo que explica Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, en uno de sus últimos vídeos de su cuenta de TikTok (@laboral_tips), donde frecuentemente explica a los ciudadanos sus derechos cuando están trabajando.

“Es ese procedimiento judicial en el que el trabajador puede solicitar al juez que se vaya de la empresa con indemnización y el paro cuando su empleadora incumple con dos requisitos”, comienza explicando el abogado. Esta modificación en el Estatuto es gracias a la entrada en vigor de la Ley orgánica 1/2025.

Para que un trabajador pueda acceder a este recurso es necesario que le ocurran algunas de estas dos situaciones, como son el impago de nóminas o el retraso en el pago de salarios de al menos seis meses.

“Hasta ahora lo que se exigía según los tribunales, era que se debieran tres nóminas y normalmente una paga extra, más de lo que decía el estatuto. Se ha modificado y establece que concurre la causa si te deben tres nóminas aunque no sean consecutivas. Tienen que ser nóminas enteras”, comenta de la Calzada respecto a la modificación en el caso de los impagos.

Por otro lado, la reforma más considerable se ha realizado para las situaciones en las que haya retraso en el pago de los salarios de al menos 6 meses. “Seis meses que no tienen por qué ser consecutivos”, comenta el abogado. A continuación, explica cuándo se considera que hay un retraso en el pago del sueldo: “El Estatuto establece que hay retraso cuando tardan más de 15 días en pagarte de la fecha normal”.

Lo que de la Calzada añade sobre esa fecha normal, es que se considera como tal al día en que la empresa suele realizar los ingresos a los trabajadores, y concluye que los retrasos no tienen por qué ser continuados, pueden ir alternando entre unos dentro de fecha y otros fuera de ella. Un ejemplo es que el empleador suela pagar el día 10 y se retrase hasta el 25, si esta situación se da 6 meses, aunque no sean seguidos, es posible pedir el despido voluntario.

“Pero esto no es automático, y debes saberlo. Tú no puedes llegar y decir: ‘hala me autodespido’”, añade el abogado. Para que un trabajador pueda dejar la empresa de forma voluntaria es necesario que inicie un proceso judicial, para pedirle a un juez que finalice el contrato y condene a la empresa a pagar la indemnización.

De esta forma es posible acceder al paro y a la indemnización al mismo tiempo. “Es un buen cambio porque ha aclarado muchos conceptos. Así que, si no te pagan, reclama tu autodespido y que no te engañen”, concluye Ignacio de la Calzada en su vídeo.