El mantenimiento de las finanzas personales requiere una atención constante sobre los cuadros tarifarios de las entidades bancarias. Entre los diversos cargos que los usuarios pueden enfrentar, uno de los más frecuentes y, a veces, inesperados es el costo por la reposición de la tarjeta de débito en casos de robo o extravío. Según los datos actualizados a marzo de 2026, la dispersión de precios entre los diez principales bancos de la Argentina —aquellos con mayor cantidad de clientes según el Banco Central (BCRA)— es marcada: reponer el plástico puede costar más del doble dependiendo de dónde se tenga radicada la cuenta.

En el extremo superior de la tabla de costos se ubica el Banco Provincia de Buenos Aires, con una tarifa de $13.800 por la reposición del plástico. Le siguen de cerca el BBVA Argentina, con un cargo de $12.995, y el Banco Nación, que cobra $12.524,71 por el mismo trámite. En contraste, las entidades que presentan los valores más bajos para esta gestión son el Banco Santander Argentina, con un costo de $5.233, y el Banco Macro, que percibe $6.310,15. Esta brecha evidencia que, ante la pérdida del documento de pago, un cliente del Banco Provincia abona un 163% más que uno del Santander.

Otras entidades se sitúan en un rango intermedio. Por ejemplo, Brubank y Naranja Digital (Naranja X) mantienen valores casi idénticos de $9.600 y $9.619,50 respectivamente. Ualá cobra $9.000 por el reemplazo, mientras que el Banco Galicia se posiciona con una tarifa de $8.000 y el Banco Credicoop con $6.655.

Es fundamental que los usuarios bancarios comprendan los derechos que asisten a los tenedores de cuentas. El Banco Central de la República Argentina establece que las Cajas de Ahorros son gratuitas en su apertura, mantenimiento y en la provisión de una tarjeta de débito inicial a cada titular al momento de abrir la cuenta. Esta gratuidad se extiende a todas las operaciones realizadas por ventanilla, transferencias bancarias y gestiones en cajeros automáticos y terminales de autoservicio situadas dentro de las sucursales de la propia entidad.

Sin embargo, el escenario cambia cuando el usuario sale de la “casa operativa” o de la red propia. El uso de cajeros automáticos de otros bancos o aquellos instalados en puntos no bancarios (como supermercados, centros comerciales o estaciones de servicio) conlleva un costo, incluso si pertenecen a la misma entidad del cliente.

Existe una distinción clave para las cuentas sueldo y previsionales. En estos casos, las entidades financieras no pueden cobrar por extracciones de efectivo hasta el total del haber dentro de todo el sistema bancario. A diferencia de una caja de ahorro común, los trabajadores y jubilados pueden retirar su dinero en cajeros de cualquier red o entidad sin abonar comisiones adicionales.

Más allá de la reposición del plástico, el uso cotidiano de la red de cajeros automáticos también presenta variaciones de precio. Para el uso de un cajero de otra entidad pero de la misma red (Link o Banelco), los cargos oscilan entre los $2.699,51 del Banco Nación y los $5.700 del BBVA Argentina. El Banco Credicoop es otra de las opciones más económicas en este rubro, con un costo de $2.758,80.

Cuando el usuario utiliza un cajero de una red distinta a la propia, los valores suelen incrementarse levemente en algunas entidades. El Banco Nación eleva el cargo a $3.124,22 y el Credicoop a $3.194,40. No obstante, bancos como el BBVA, Galicia, Santander, Brubank y las billeteras digitales como Ualá y Naranja Digital mantienen el mismo precio sin importar si la red es coincidente o no. Un caso particular es el de Naranja Digital, que es la única de las diez principales entidades que informa un costo por el uso de cajero automático fuera de su propia casa operativa, fijado en $3.500.

Para los argentinos que viajan al extranjero, los costos de extracción de efectivo a través de cajeros automáticos muestran estructuras de cobro muy variadas. Algunas entidades aplican cargos fijos en pesos, otras en dólares y algunas combinan cargos fijos con porcentuales sobre el monto retirado.

Entre los bancos que cobran en moneda local, el BBVA Argentina lidera con $10.925 por operación, seguido por el Galicia con $6.300 y el Santander con $6.032. Es importante destacar que, en el caso del Banco Galicia, al importe publicado se le adiciona un 0,50% del monto extraído en dólares por cada transacción.

En el grupo de entidades que operan con cargos en dólares, el Banco Macro presenta la tarifa más alta con USD 14,88 por extracción, seguido por el Banco Nación con USD 14,52. El Banco Provincia cobra USD 8, Brubank USD 6,05 y el Credicoop USD 4,50. En el ecosistema digital, Ualá destaca por no cobrar comisión (USD 0,00) por extracciones en el exterior, mientras que Naranja Digital no ofrece esta operatoria.

Finalmente, en lo que respecta a la emisión de tarjetas de débito adicionales, la gran mayoría de las entidades líderes no percibe cargos. La única excepción dentro de este listado es el Banco Provincia de Buenos Aires, que establece un costo de $600 para la provisión de un plástico extra.

Conocer estos valores permite a los clientes bancarios anticipar gastos y evaluar si el servicio de su entidad actual se ajusta a sus necesidades operativas, especialmente en un contexto donde el uso de los canales digitales y físicos sigue siendo esencial para la administración del dinero.

Hace una semana, en la primera acción que encaró como nuevo Procurador del Tesoro, el ex secretario de Justicia Sebastián Amerio, un funcionario de la extrema confianza del asesor presidencial Santiago Caputo, solicitó a través de una presentación ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York la paralización de la etapa de exhibición y producción de documentos conocida como discovery, del requerimiento de aplicación de sanciones y de la audiencia probatoria fijada para los días 21 al 23 de abril de 2026, recordando que el pasado 26 de febrero, el Departamento de Justicia de EEUU ya había presentado un escrito en respaldo de la posición argentina.

Esa presentación del Gobierno argentino es lo que generó que el viernes pasado el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentara un Memorándum ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York en respaldo de la moción de emergencia interpuesta por Argentina para suspender el proceso de discovery post sentencia en el caso YPF.

Por qué el respaldo de EEUU marca un punto de inflexión en el litigio

Para entender de qué se trata y por qué favorece a nuestro país hay que señalar que en su presentación, el Departamento de Justicia sostiene que «el discovery actualmente en curso resulta excesivamente intrusivo y contrario a los principios de cortesía internacional y reciprocidad«.

El escrito además señala que «este tipo de requerimientos dirigidos contra Estados soberanos puede generar fricciones diplomáticas y abrir la posibilidad de que tribunales extranjeros impongan medidas similares contra los propios Estados Unidos».

También destaca que «al evaluar el factor de interés público en una solicitud de suspensión, los tribunales deben considerar los posibles efectos sobre las relaciones exteriores y, en ese marco, otorgar especial deferencia a la posición del Poder Ejecutivo en materia de política exterior».

Por otra parte, el Memorándum solicita que «al resolver la moción presentada por la Argentina para suspender el discovery, el tribunal tenga debidamente en cuenta los principios de cortesía internacional, reciprocidad y las implicancias que la cuestión puede tener para las relaciones exteriores».

Cabe recordar que, en su moción de emergencia presentada el 6 de marzo, la Argentina solicitó la suspensión de la etapa de producción de documentos (discovery), del requerimiento de sanciones y de la audiencia probatoria fijada entre el 21 y el 23 de abril de 2026.

Qué dice el Departamento de Justicia sobre los litigios contra estados extranjeros

En su documento, el Departamento de Justicia de EEUU, que encabeza la jueza Pam Bondi, una funcionaria clave del gobierno de Donald Trump, dice que los litigios en Tribunales de Estados Unidos contra estados extranjeros «pueden tener importantes implicancias en materia de relaciones exteriores para Estados Unidos y afectar el trato recíproco que recibe el gobierno estadounidense en los tribunales de otras naciones».

El escrito además señala que «esa práctica litigiosa está generalmente regida por la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA por sus siglas en inglés), que, entre otras cosas, establece que los bienes de estados extranjeros en EEUU son, en general, inmunes a la ejecución«.

También explicita que «aunque la Corte Suprema sostuvo en Republic of Argentina v. NML Capital (un juicio por el default de 2002) que la FSIA no limita el alcance del descubrimiento posterior a la sentencia sobre los bienes de un estado extranjero, la Corte también reconoció que pueden existir otros fundamentos que limiten dicho descubrimiento».

Según el Departamento de Justicia, «los Estados Unidos tiene un interés sustancial en asegurar que los tribunales estadounidenses que supervisan el descubrimiento posterior a la sentencia sobre bienes de estados extranjeros presumiblemente inmunes se adhieran cuidadosamente a los principios básicos de relevancia y sean sensibles a las cuestiones de cortesía internacional, reciprocidad y relaciones exteriores que plantea un descubrimiento potencialmente gravoso».

En este caso, la argumentación oficial del Departamento de Justicia es que «exigencias de descubrimiento intrusivas en áreas sensibles, particularmente en lo que respecta a la propiedad soberana y a las comunicaciones de funcionarios extranjeros, junto con la amenaza de sanciones y desacato por incumplimiento, pueden causar una fricción significativa con gobiernos extranjeros y abrir la puerta a órdenes recíprocas contra EEUU en tribunales extranjeros».

Por eso, alega, «Estados Unidos respetuosamente sostiene que los tribunales deben considerar, al evaluar una solicitud para suspender el descubrimiento en una acción contra un soberano extranjero, las preocupaciones relacionadas con la cortesía internacional, la reciprocidad y las relaciones exteriores que plantean solicitudes de descubrimiento potencialmente gravosas e intrusivas dirigidas a un estado extranjero o a sus funcionarios».

Argentina alcanza acuerdos millonarios con fondos litigantes por el default

También hay que destacar como otro aspecto positivo que en la semana pasada la Argentina alcanzó un principio de acuerdo con los fondos litigantes Attestor Master Value y Bain-bridge Fund. Estos últimos son acreedores que mantenían demandas activas contra el país por el default de 2001.

Esto fue lo que informaron ambas partes a la jueza Loretta Preska en el Distrito Sur de Nueva York. El entendimiento involucra a los demandantes con sentencia firme a favor, quienes mantenían reclamos judiciales por sumas millonarias y buscaban embargos sobre activos nacionales.

Por lo que pudo saber iProfesional, ambas noticias alegraron a los participantes del cierre del Argentina Week en Nueva York, en particular a la delegación de YPF encabezada por su CEO Horacio Marín, quien dejó definiciones contundentes sobre el futuro de la energía en nuestro país.

Horacio Marín traza la hoja de ruta para convertir a Argentina en potencia exportadora

Marín fue el protagonista de una jornada organizada por IDEA donde presentó la hoja de ruta para transformar a la Argentina en un hub exportador de clase mundial.

Ante un auditorio de más de 800 personas, Marín detalló cómo la combinación de recursos no convencionales, infraestructura estratégica y un marco normativo favorable permitirán un salto exportador sin precedentes.

Durante el panel, que contó con la participación de los gobernadores de Neuquén, Río Negro, Chubut, Mendoza y Corrientes, el directivo subrayó que la unidad política y la decisión empresaria son los motores para que el país logre su «despegue definitivo». Para Marín, el objetivo es claro: convertir a Vaca Muerta en el corazón de un sistema capaz de generar entre u$s40.000 M y u$s50.000 M anuales en exportaciones para el año 2032.

La agenda de Marín en Nueva York no se limitó solo a las exposiciones públicas, ya que durante la semana pasada mantuvo reuniones clave con entidades financieras de Wall Street y ejecutivos de empresas internacionales interesadas en participar del financiamiento del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL).

Con la mira puesta en el pago de vencimientos de deuda de julio, el gobierno de Javier Milei ya consiguió USD 500 millones mediante la emisión del Bonar 2027 (AO27) en las dos últimas licitaciones de instrumentos en pesos y dólares. Bajo esta modalidad, el equipo económico aspira a colectar USD 2.000 millones, que serán destinados a cumplir con los compromisos financieros de mitad de año.

En la subasta del bonos del jueves, la Secretaría de Finanzas adjudicó USD 150 millones con una tasa nominal anual de 5,45%, inferior al 5,74% que se había registrado en la instancia precedente. La demanda resultó más acotada: se presentaron ofertas por USD 436 millones, frente a los USD 868 millones que se habían ofrecido en la primera operación de este tipo.

El viernes, el Ministerio de Economía informó que en la licitación realizada ese mismo día se adjudicaron USD 100 millones extra a la misma tasa, tras recibir propuestas por 218 millones de dólares. El monto asignado implicó un factor de prorrateo del 46,46% respecto al total ofertado. De esta manera, el equipo liderado por Luis Caputo ya tiene en su haber USD 500 millones, un cuarto del objetivo proyectado.

La emisión prevé un tope de USD 2.000 millones hasta el mes de julio. Las subastas se organizarán con frecuencia quincenal y, tras la licitación principal, se habilitará una segunda vuelta al día siguiente, permitiendo ampliar la adjudicación hasta USD 100 millones extra, siempre respetando el precio de corte fijado en la primera ronda. El bono paga un cupón mensual con una tasa nominal anual menor al 6%, y el precio definitivo se establece en cada licitación.

“El Tesoro volvió a ofrecer el nuevo bono en dólares AO27, donde adjudicó primero USD 150 millones y luego USD 100 millones adicionales en la rueda posterior, completando así el cupo total en esta licitación, lo que confirma que continúa existiendo demanda por este instrumento. El bono fue colocado a una tasa del 5,59%, por debajo del rendimiento del mercado secundario (5,67%), y por debajo de la licitación anterior (5,9%), lo que constituye una señal positiva en términos de demanda”, remarcó un informe de la consultora Invecq.

En tal sentido, Federico Furiase, titular de la Secretaría de Finanzas, comunicó que el Gobierno prácticamente ya tiene asegurados los fondos en moneda extranjera para cubrir los próximos dos compromisos importantes de deuda. Durante una entrevista en la Televisión Pública, explicó que, además del Bonar 2027, se han gestionado alternativas de financiamiento que serán comunicadas en breve y permitirán cumplir con el pago de USD 4.200 millones en julio y con el siguiente vencimiento previsto para enero de 2027.

El organismo que encabeza Furiase cuenta con los recursos necesarios para responder tanto al vencimiento de julio como al pago programado para comienzos del próximo año. El funcionario indicó que, junto al AO27 y la posible venta de activos del Estado, se sumarán nuevas alternativas de financiamiento que se darán a conocer próximamente.

“Con todas estas fuentes de financiamiento que estamos teniendo, prácticamente está cerrado el vencimiento de julio y el de enero del año que viene”, señaló Furiase durante una entrevista con Antonio Aracre y Ramiro Castiñeira en el programa Economistas. El funcionario fundamentó su declaración en la combinación de diversos mecanismos.

Además del programa de bonos AO27, Economía evalúa otras alternativas de financiamiento, priorizando la disminución del endeudamiento externo y el fortalecimiento del mercado de capitales local. En tal sentido, Caputo remarcó su intención de limitar la exposición a Wall Street y enfocar la estrategia en recursos internos.

Entre las opciones consideradas figura la posibilidad de concretar un nuevo repo. En enero de 2026, el Banco Central había acordado un préstamo de este tipo por USD 3.000 millones con entidades financieras internacionales, medida que permitió robustecer las reservas y afrontar los pagos de deuda por USD 4.200 millones en el inicio del año. A esta suma se añadió la emisión de un BONAR hacia fines de 2025, con una tasa anual del 9,26 por ciento, muy superior al AO27.

El Gobierno también busca aumentar el ingreso de divisas a través de la ley de Inocencia Fiscal. El titular del Palacio de Hacienda subrayó que la principal meta oficial es reducir la dependencia de financiamiento externo y consolidar el mercado de capitales nacional, haciendo hincapié en la movilización de los fondos disponibles en el país.