El presidente Javier Milei publicó un decreto que habilita adelantos de coparticipación para 12 provincias argentinas. El límite total es de $400.000 millones. La medida salió este lunes en el Boletín Oficial.

Se trata de recursos que ya pertenecen a las propias jurisdicciones por ley. Pero el Gobierno los girará de manera anticipada. Las provincias deberán devolverlos dentro del mismo ejercicio fiscal, es decir, de este año.

El objetivo central es darles liquidez inmediata para cubrir gastos corrientes, en un contexto donde las transferencias automáticas cayeron 6,4% en el primer trimestre y la recaudación sigue en baja.

La herramienta no es nueva. Las provincias ya venían pidiendo adelantos mensuales de manera extraordinaria. La diferencia ahora es que el esquema se sistematiza con un tope global y condiciones definidas.

El marco es de deterioro sostenido de los ingresos provinciales. La coparticipación federal registró una caída de 7% interanual en marzo, según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Los recursos propios de las jurisdicciones también muestran contracción. El combo genera problemas para pagar salarios en educación, salud y seguridad, sectores que concentran entre 70% y 80% del gasto provincial.

Cómo funciona el mecanismo de adelantos de coparticipación

Los adelantos de coparticipación son fondos que las provincias reciben por anticipado. Corresponden a su participación en la masa coparticipable de impuestos nacionales. Al adelantarlos, el Estado reduce los envíos futuros.

Esto obliga a las administraciones locales a ordenar sus cuentas dentro del mismo año. No es un préstamo externo: son recursos propios que se anticipan.

El decreto fija una tasa de 15% para estos fondos, muy por debajo de las condiciones del mercado financiero, donde el financiamiento para provincias oscila entre 30% y 45%.

El objetivo del Gobierno nacional es tener margen de negociación con gobernadores aliados. Busca evitar que recurran a endeudamiento más costoso para afrontar compromisos inmediatos.

El monto específico para cada provincia no está definido en la norma. Será la Secretaría de Hacienda quien asigne los fondos según dos criterios:

• La capacidad de repago de cada jurisdicción
• Su participación en la recaudación de impuestos nacionales
• Las necesidades financieras manifestadas
• El cumplimiento de compromisos fiscales previos

Los considerandos del decreto indican que varias provincias manifestaron estar «impedidas, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes». Esa fue la razón esgrimida para intervenir.

El nuevo régimen reemplaza la modalidad tradicional de pedidos mensuales. Antes, las provincias informaban sus necesidades y el Gobierno definía montos caso por caso. Ahora hay un marco preestablecido.

Qué provincias pueden acceder y por qué las necesitan

El esquema de adelanto de coparticipación incluye a 12 jurisdicciones: Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Entre Ríos ya había sido incorporada a este mecanismo en enero de 2026, por lo que la suma total de provincias alcanzadas es de 13.

Se trata, en su mayoría, de distritos con alta dependencia de los recursos de origen nacional. La caída de la recaudación les reduce la capacidad de pago en sectores clave como educación, salud y seguridad.

En marzo, las transferencias de origen nacional mostraron una baja real de 3,8%, mientras que la coparticipación cayó 7% interanual en términos reales, acumulando tres meses consecutivos en descenso.

Varias de estas provincias enfrentan dificultades estructurales para generar recursos propios. Su matriz productiva depende en gran medida de sectores primarios o de la administración pública.

La caída sostenida de la actividad económica redujo la base imponible provincial. Los tributos locales —ingresos brutos, inmobiliario, automotor— también registran bajas en términos reales.

El adelanto de coparticipación aparece como una herramienta para sostener la liquidez en el corto plazo. Pero no resuelve el problema de fondo: la contracción persistente de los ingresos provinciales.

Provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y CABA quedaron fuera del esquema. Su mayor capacidad de generación de recursos propios y acceso al mercado de crédito las excluyen del mecanismo.

Depositar dólares en el banco es una práctica habitual, pero existen controles de ARCA que pueden activarse según el monto y el tipo de operación

06/04/2026 – 08:34hs

Depositar dólares en una cuenta bancaria es una práctica habitual dentro del sistema financiero argentino. Ya sea para guardar ahorros, realizar inversiones o concretar la compra de un bien registrable, como un inmueble, muchas personas utilizan esta vía para operar con moneda extranjera de forma segura y registrada.

Sin embargo, aunque se trata de una operatoria frecuente, estos movimientos no quedan exentos de controles. Tanto los bancos como ARCA aplican distintos criterios de monitoreo que pueden activarse ante determinadas situaciones. Por eso, conocer cómo funcionan estos mecanismos y cuáles son los límites vigentes resulta clave para evitar inconvenientes.

Qué aspectos se analizan al momento de depositar dólares

Al momento de realizar un depósito en dólares, uno de los factores centrales que analizan las entidades financieras es el origen de los fondos. En este sentido, es fundamental que las divisas provengan de operaciones realizadas dentro del circuito formal, ya que esto facilita cualquier eventual verificación.

Entre los casos más claros se encuentran los dólares adquiridos a través de canales oficiales, como el mercado cambiario regulado o mediante operaciones bursátiles. Estas transacciones quedan registradas en el sistema, lo que permite acreditar su origen sin mayores dificultades en caso de que se solicite información adicional.

Por ejemplo, aquellos adquiridos a través del mercado oficial o a través de operaciones bursátiles como el dólar MEP. Este tipo de operaciones quedan registradas en el sistema financiero, por lo que puede ser fácilmente verificado ante cualquier requerimiento.

También pueden justificarse los fondos provenientes del ecosistema cripto. En estos casos, el respaldo se logra a partir de comprobantes de compra y venta de activos digitales o stablecoins vinculadas al dólar, siempre que exista documentación que permita demostrar la operación.

La situación cambia cuando los dólares no tienen un respaldo dentro del sistema formal. Incluso si la persona cuenta con ingresos declarados en pesos, la falta de registros sobre la compra formal de moneda extranjera puede generar inconvenientes. Esto se debe a que no solo se evalúa la capacidad económica del contribuyente, sino también la trazabilidad de los fondos.

Ante este escenario, las entidades pueden considerar que el dinero proviene de circuitos informales, lo que aumenta las probabilidades de controles o pedidos de justificación. Por este motivo, la recomendación es operar siempre con fondos que puedan ser acreditados o que hayan sido regularizados previamente en programas de blanqueo.

Desde qué montos ARCA puede solicitar información

Además del origen de los fondos, existen parámetros cuantitativos que determinan cuándo una operación debe ser informada. En este punto, ARCA estableció distintos umbrales que obligan a bancos y entidades financieras a reportar movimientos dentro del sistema.

Para las personas físicas, las transferencias o acreditaciones bancarias se informan a partir de los $50.000.000, mientras que en el caso de las personas jurídicas el límite es de $30.000.000. Estos valores también se aplican a operaciones realizadas a través de billeteras virtuales.

Las tenencias en sociedades de bolsa también se encuentran bajo monitoreo, con los mismos límites que los plazos fijos para personas físicas y jurídicas. En paralelo, las compras como consumidor final pueden realizarse hasta $10.000.000 sin necesidad de aportar información adicional, mientras que los pagos se informan desde los $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas.

Si bien todos estos valores están expresados en pesos, cuando se trata de depósitos en dólares las entidades financieras convierten el monto al tipo de cambio oficial para determinar si se superan los umbrales establecidos. De esta manera, pueden evaluar si corresponde informar la operación.

En medio de la polémica, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió a los funcionarios, varios pertenecientes al Palacio de Hacienda, que tomaron créditos hipotecarios del Banco Nación. Consideró que no hubo ninguna irregularidad y que incluso él mismo los incentivó a gestionar los préstamos.

Entre los funcionarios involucrados se encuentran Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior y asesor de Caputo, quien mantiene una deuda inicial de $373.000.000 (unos USD 315.000) desde febrero de 2025, así como Federico Furiase, ex director del Banco Central y actual secretario de Finanzas, que registra un crédito de $367.059.000 (USD 280.787) desde agosto de 2025.

“Los tomaron por recomendación mía. Yo le sugiero a todo el mundo que acceda a créditos hipotecarios porque considero que es una oportunidad única. En primer lugar, porque beneficia al país: el desarrollo del crédito hipotecario ha sido un motor de reactivación fundamental, incluso el más importante”, consideró el ministro.

“Además, es la mayor justicia social: ¿qué es más justo para alguien que tiene trabajo que tener su casa y no tener que esperar 40 años a ver si eventualmente puede ahorrar lo suficiente para pagarla cash?“, dijo en diálogo con LN+.

Caputo sostuvo que después las propiedades van a subir de precio y su consejo es apurarse y sacar un crédito hipotecario. “Hay sobre stock, entonces las propiedades no han subido tanto. Es una mega oportunidad”.

“En cuanto a los chicos, no hay nada de ilegal ni mucho menos de inmoral. Encuentro realmente patético que se ponga esto como si se estuviera cometiendo algún delito”, manifestó Caputo en relación a Núñez, Furiase y otros funcionarios que tomaron préstamos hipotecarios en el Banco Nación.

Asimismo, aseguró que “las tasas, los plazos y los montos son los mismos. Están sujetos al ingreso y al análisis crediticio”.

“Federico Furiase, de hecho, fue a una sucursal y lo sacó como un ciudadano común, y todos han hecho lo mismo”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda.

Dijo que “es absolutamente normal que los pidan en el Banco de Nación ya que nosotros, como funcionarios, cobramos en la entidad”.

“Si más funcionarios públicos pudieran sacar créditos, vayan y saquen, todos los que puedan, la gente común, cualquiera. Se lo recomendaría a todos”, remarcó.

El ministro señaló que el banco otorgó más de 27.000 préstamos y que los casos relacionados con funcionarios corresponden a “menos del 0,2%”.

Al mismo tiempo, hizo referencia a Leandro Massaccesi, reciente ex jefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. El funcionario fue apartado luego de que se conociera que también había tomado un crédito en el Banco Nación, pero Caputo contó que ese no fue el motivo de su desplazamiento.

“Sandra me llamó para aclararme que no tuvo nada que ver con eso. De hecho, me dijo ‘tengo otros funcionarios que tienen crédito’”, relató.

Otros nombres que figuran en los registros como tomadores de préstamos hipotecarios en el Nación son Emiliano Mongilardi, director de YPF, con un crédito de $309.507.000 (equivalente a USD 207.766); y los diputados libertarios Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde, quienes presentan deudas que oscilan entre $230 millones y casi $280 millones.

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