La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) le solicitó al gobierno de Javier Milei que reduzca el monto de las multas fijado para las pequeñas y medianas empresas por incumplir con los plazos de presentación de las declaraciones juradas en el marco de la Ley de Inocencia Fiscal.

La nueva normativa fijó una actualización de las cifras superiores al 100.000 por ciento. “Es nuestra intención destacar el alto perjuicio que ello puede provocar en una empresa Pyme”, advirtieron sobre el porcentaje del incremento. La carta de CAME al ministro de Economía, Luis Caputo, pide que se establezcan normas complementarias a fines de reducir porcentualmente los importes de las sanciones previstas, teniendo en cuenta la capacidad económica de los contribuyentes.

“En consonancia con observaciones y consideraciones previamente presentadas al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y con el objetivo de preservar al entramado pyme federal y promover su desarrollo, CAME envió al titular de la cartera económica una propuesta para que, a través de sus facultades, instruya a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a dictar normas complementarias que morigeren la incidencia de las multas previstas en la llamada Ley de Inocencia Fiscal, a través de una reducción porcentual de los importes“, explicaron desde la entidad empresarial.

En tal sentido, plantearon que el esquema se divida de la siguiente manera:

• Micro empresa y persona humana (que no califique como “gran contribuyente individual”): 90%
• Pequeña Empresa: 70%
• Mediana Empresa Tramo I: 40%
• Mediana Empresa Tramo II: 20%

A fines de diciembre, CAME ya había advertido por las multas automáticas. Incluso había sugerido al Palacio de Hacienda a que autorice al contribuyente a solicitar un plazo mayor para la presentación de la declaración jurada, “a través de una Presentación Digital en la que detalle cuáles son las razones de su requerimiento, exceptuándolo del vencimiento del recordatorio para aplicar la multa prevista en la Ley”.

Por su parte, Caputo había indicado antes de la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal que los contribuyentes que no cumplan con la presentación de declaraciones juradas en tiempo y forma no recibirán una multa automática. Según explicó, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) primero notificará a quienes registren incumplimientos para que regularicen su situación antes de imponer una penalidad monetaria.

“Hablé con el equipo de ARCA y van a trabajar en la reglamentación de una solución que irá en el siguiente sentido: en cuanto ocurra el vencimiento del plazo para presentar la DDJJ, en vez de intimar y aplicar la multa directamente, ARCA va a enviar un recordatorio por 10/15 días hábiles. ⁠Una vez transcurrido ese plazo, recién ahí se va a intimar y aplicar la multa», definió Caputo en su cuenta oficial de X.

Y añadió: “Lo importante es que ARCA va a merituar la cantidad de días de demora en la presentación, para aplicar una multa menor, según el caso, y de este modo poder distinguir los incumplimientos frecuentes, de aquellos ocasionales, y no aplicar automáticamente una medida inflexible”.

En tal sentido, el titular del Palacio de Hacienda remarcó que la advertencia de los 10 días para que los contribuyentes cumplan con los compromisos impositivos “es una alternativa que va a permitir el cumplimiento de las obligaciones fiscales sin ahogar al sector privado”.

Según cálculos de Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, la sanción fijada en el artículo 38, que antes era de $200 para personas físicas, se elevó a $220.000, mientras que para personas jurídicas subió de $400 a $440.000.

Estas penalidades corresponden a los casos en que las declaraciones juradas no se presentan dentro de los plazos establecidos. Domínguez remarcó que “puede haber una pyme que se atrasa un día por problemas administrativos, porque faltan los empleados o una persona humana tamaño. Y tener una multa es bastante oneroso para este tipo de empresas pequeñas”.

ArcelorMittal, uno de los gigantes globales de la industria siderúrgica, formalizó su desembarco en el negocio minero en la Argentina, con la intención de avanzar en la exploración, extracción, procesamiento y comercialización de minerales y subproductos, una actividad que el grupo ya desarrolla en distintos mercados internacionales.

Con el foco puesto en «analizar y aprovechar las oportunidades que ofrece la Argentina», según explican dentro de la compañía, el holding creó ArcelorMittal Mining Argentina, una nueva sociedad constituida el 11 de diciembre de 2025 e inscripta oficialmente ante la Inspección General de Justicia (IGJ).

En el país, ArcelorMittal controla Acindar, una de las principales productoras de acero, que atraviesa un escenario complejo producto de la desaceleración de la actividad económica local, especialmente en los sectores industrial y de la construcción. Ese contexto derivó en ajustes periódicos en los niveles de producción de su planta ubicada en Villa Constitución, Santa Fe.

A ese cuadro se suman las tensiones propias de un mercado global altamente competitivo, marcado por el peso dominante de China como principal productor de acero, y por las críticas que en la Argentina realizaron los fabricantes locales frente al aumento de compras de acero importado en licitaciones públicas.

En ese marco, el ingreso al negocio minero aparece como una vía alternativa de expansión en un sector que viene mostrando un fuerte dinamismo en el país, con exportaciones que alcanzaron los u$s6.000 millones el año pasado. Hasta ahora, ArcelorMittal ya participaba indirectamente del rubro a través de la provisión de insumos para la minería, como barras y bolas de acero utilizadas en la molienda de minerales.

ArcelorMittal avanza en la exploración y comercialización de minerales

De acuerdo con el estatuto social de ArcelorMittal Mining Argentina, la compañía quedó habilitada para desplegar un amplio abanico de actividades vinculadas a la minería, tanto dentro del país como en el exterior. Entre sus objetivos principales se destacan la exploración y explotación de yacimientos bajo el régimen del Código de Minería, así como la extracción, procesamiento y comercialización de minerales y subproductos.

El objeto social también contempla tareas complementarias como transporte, refinación, elaboración, molienda y distribución, además de la posibilidad de ofrecer servicios mineros, incluyendo asistencia técnica, asesoramiento especializado, soluciones tecnológicas e infraestructura asociada a la actividad.

Asimismo, la nueva sociedad quedó facultada para participar en licitaciones, concursos y procesos de cotización, tanto en el ámbito público como privado, ya sea en la Argentina o en otros países.

En esta primera etapa, ArcelorMittal Mining Argentina S.A.U. fue constituida con un capital social inicial de $30 millones, representado por 30 millones de acciones ordinarias de $1 de valor nominal cada una, con derecho a un voto por acción.

La totalidad del capital fue suscripta e integrada en efectivo por su único accionista, ArcelorMittal Netherlands B.V., con sede en Rotterdam, Países Bajos. El estatuto prevé que el capital social podrá ampliarse, por decisión de asamblea ordinaria, hasta cinco veces su monto actual.

La presidencia de la compañía quedó en manos de Armando Isasmendi, abogado con extensa trayectoria en el sector minero —incluida experiencia previa dentro del propio grupo ArcelorMittal— y con antecedentes como director de YPF.

El rol estratégico de la minería para ArcelorMittal

A nivel global, ArcelorMittal se ubica entre los cinco mayores productores de mineral de hierro y carbón metalúrgico, y la actividad minera constituye un pilar central de su estrategia de crecimiento.

La diversificación geográfica de sus operaciones, que incluyen minas de hierro y carbón en distintas regiones del mundo, le permite abastecer tanto a su propia red de plantas siderúrgicas como al mercado internacional.

En su último reporte de resultados, la compañía anticipó un incremento en los envíos de mineral de hierro, impulsado por el avance de proyectos estratégicos. En ese contexto, destacó el «buen momentum» para alcanzar el objetivo de 10 millones de toneladas de embarques en Liberia, donde opera importantes yacimientos, al igual que en países como Canadá y Ucrania, un desempeño que debería reflejarse en una mejora de los resultados del período.

El riesgo país de Argentina volvió a caer este lunes por cuarto día seguido, en sintonía con la suba de precios de los bonos soberanos, mientras que las acciones hilvanaron la quinta suba consecutiva. Más cerca de los 500 puntos básicos, con el declive del riesgo país se abre la alternativa en el corto plazo de una nueva emisión de títulos públicos en el mercado voluntario, iniciativa que no se produce desde el primer cuatrimestre de 2018.

A modo ilustrativo, un riesgo país en la zona de los 400 puntos -que exigiría una compresión extra sobre los 1.900 enteros que ya descontó desde que Javier Milei desembarcó en la Casa Rosada-, habilitaría a una colocación de bonos Globales en Wall Street a una tasa del 8% anual en dólares, similar a la que están obteniendo las empresas hoy con sus Obligaciones Negociables.

A la vez, mejorar el perfil de vencimientos en el corto plazo con nuevas emisiones de deuda, en reemplazo de las que cotizan hoy, y financiar los vencimientos en el mercado -el 9 de julio vencen otros USD 4.200 millones por Bonares y Globales- descomprimiría por completo el panorama cambiario al retirarse en lo inmediato el Tesoro de la demanda.

El economista Federico Domínguez ponderó que “Argentina entra en zona de emisión en los mercados internacionales -el mercado local tiene liquidez para acompañar a Wall Street-. Se abre una ventana para emitir en la parte larga de la curva y recomprar AL29/30 y GD29/30″, como para estar “atentos a lo que está haciendo Ecuador con una operación similar”.

“Es preferible pagar un poco más de tasa y despejar la curva corta de vencimientos -siempre puede incorporarse algún sweetener (’endulzante’ o incentivo) para bajar un poco más la tasa). El costo promedio de la deuda argentina es bajo, y los beneficios de despejar la curva corta en términos de acumulación de reservas, demanda de dinero, expansión del crédito y crecimiento económico serían significativos», aseguró Domínguez, en un mensaje en la red social “X”.

Los bonos soberanos en dólares progresaron en promedio un 1,1%, mientras que el índice de riesgo país descontaba unos 13 enteros, a los 513 puntos básicos. El indicador es el más bajo desde los 503 enteros del 12 de junio de 2018.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires se apuntó una suba de 1,2%, a 3.131.277 puntos. Lideraron las ganancias Transportadora Gas del Norte (+6,5%), IRSA (+5,2%) y Transener (+5,1%).

El índice S&P Merval llegó a marcar al promediar la sesión un nuevo récord nominal de 3.210.421 puntos, por encima de la anterior marca de 3.195.428 puntos del 19 de diciembre del año pasado.

“Mañana emite Córdova nuevo bono con ley de Nueva York, busca USD 500 millones y usara parte de los fondos para recomprar el CO24D. Se espera una tasa en torno al 9%”, comentó Nicolás Cappella, analista de IEB.

El dólar subió por segundo día este lunes y en el Banco Nación cerró a $1.460 para la venta, con un incremento de cinco pesos o 0,3 por ciento. El billete al público tocó un máximo intradía en los 1.465 pesos.

El ascenso del dólar minorista se vinculó con la tendencia en el circuito mayorista, donde avanzó 4,50 pesos o 0,3%, a $1.437,50, y con un discreto monto operado de USD 344,3 millones en el segmento de contado, aunque acorde a la estacionalidad del comercio exterior en enero.

El dólar mayorista ajustó el descenso experimentado en enero a 17,50 pesos o 1,2 por ciento.

“El dólar inició la rueda en los niveles del cierre previo y, desde el arranque, comenzó a escalar en un mercado que se mostró claramente demandado durante las primeras horas. Esa presión compradora lo llevó a operar en la zona de $1.440, donde logró estabilizarse por un buen tramo de la jornada. Cerca del mediodía, la divisa profundizó la suba y alcanzó su máximo intradiario de $1.442, consolidando el sesgo alcista propio del inicio de la semana y del fin de mes, período que suele mostrar este tipo de comportamiento”, reseñó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

“Sin embargo, sobre el tramo final el tono del mercado cambió y la oferta encontró atractivo vender en esos niveles, lo que llevó al tipo de cambio a retroceder”, agregó.

El régimen de bandas cambiarias del Banco Central, que desde este año se amplía en función de la inflación, marcó una banda superior en $1.558,54, que dejó al tipo de cambio oficial a 121,04 pesos o un 8,4% de ese límite para la libre flotación de la divisa.

El dólar blue, que inició los negocios en baja y tocó un piso en el día en los $1.480, finalmente rebotó hacia los $1.490 dado el ascenso del dólar en el segmento oficial, para regresar a los $1.490 para la venta, con ganancia de cinco pesos o 0,4% respecto del viernes.

Los contratos de dólar futuro tuvieron escasas variaciones y comportamiento mixto, con negocios por el equivalente a USD 971,8 millones, según la plataforma A3 Mercados.

Las posturas más negociadas correspondieron al cierre de enero (baja de un pesos o 0,1%, a $1.442) y de febrero (baja de 1,50 pesos o 0,1%, a $1.476,50).

El BCRA compró divisas en el mercado por décimo sexta rueda seguida en lo que va de enero. Esta vez absorbió USD 39 millones, para acumular USD 1.017 millones en 2026.

Con impulso del récord del oro (+1,1%, a USD 5.038,30 la onza), las reservas brutas, que no contemplan los pasivos, ascendieron hasta USD 45.740 millones, con un incremento diario de USD 179 millones en el día, en su nivel más alto desde el 14 de septiembre de 2021.