Aunque es muy temprano para colegir el desenlace que tendrá en Venezuela y en el mundo la operación militar decidida por el gobierno de Donald Trump para capturar a Nicolás Maduro, “extraerlo” de su país, llevarlo a Nueva York y juzgarlo allí por “conspiración narcoterrorista”, un aspecto que los analistas económicos internacionales deben empezar a revisar es qué ocurrirá en el mercado petrolero y energético global y qué consecuencias acarrerará a la economía mundial.

Según el más reciente reporte anual de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), con poco más de 303.000 millones de barriles Venezuela detenta las mayores reservas mundiales de crudo. Le siguen Arabia Saudita (267.200 millones de barriles), Irán (208.600 millones), Canadá (163.000) e Irak (145.019). El top 10 lo completan, como muestra el gráfico adjunto, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Rusia, Libia y Estados Unidos.

El dato central es que los primeros cuatro países detentan más de la mitad de las reservas mundiales de petróleo, que pese a todo lo que se dice y proyecta de la llamada “transición energética”, aún abastece casi 70% de la demanda mundial de energía, algo que pesa -y mucho- en el tablero global.

Los países con mayores reservas tienen la capacidad o al menos el potencial de ejercer influencia global. Las reservas certificadas de Venezuela, dice el informe de la OPEP, incluyen tanto los recursos convencionales como no convencionales, pero es obvio que el régimen que hasta ahora lideraba Maduro no convirtió esos recursos en prosperidad para su pueblo, en primer lugar por las políticas insensatas que el chavismo aplicó durante casi veinte años y luego, con la capacidad productiva ya dañada y muy disminuida, por las sanciones que le impuso EEUU, que durante el actual gobierno de Trump llegó incluso a la confiscación de cargamentos de crudo venezolano.

Como puede verse en el gráfico de arriba, de los países occidentales solo Canadá y EEUU figuran entre los primeros diez en materia de reservas petroleras. Los demás son Rusia, Libia, en el norte de África, y naciones del Golfo Pérsico, que no solo tienen abundantes reservas, sino también bajo costo de extracción, lo que les confiere cierta capacidad para actuar como árbitros en el mercado mundial.

Pero reservas no es igual a producción. Los 921.000 barriles diarios que en 2024 (último año para el que se cuenta con información completa) produjo Venezuela, probablemente sean superados en 2026 por la Argentina y están lejísimos de países con real peso productivo. Por caso, muy lejos de los 13,2 millones de barriles diarios que en 2024 produjo EEUU (principal productor y consumidor mundial), de los 9,1 millones de Rusia, de los 8,9 millones de Arabia, los 3,8millones de Irak, los 3,2 millones de Irán, e incluso bien por debajo de los 3,4 millones de Brasil, 1,5 millones de México y 1,2 millones de Canadá.

La descapitalización ocurrida bajo el régimen chavista ha sido mucho más dañina que las disrupciones comerciales que le infligió o puede aún infligirle EEUU. Por caso, el reporte anual de la OPEP precisa que Venezuela disponía en 2024 de apenas 3 rigs (plataformas) de producción petrolera. No solo menos que las 589 de EEUU, de las 162 de Canadá o de las 117 de Irán, sino incluso quince veces menos que las 45 que ese mismo año operaban en la Argentina.

Lo importante, con todo, es en qué medida el resultado final de la acción que inició EEUU puede cambiar el escenario. Al respecto, vale tener en cuenta las previsiones de la Agencia Internacional de Energía (AIE), organización creada a fines de los setenta por iniciativa del entonces secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, para contrarrestar el poder de la OPEP, que en 1973 y 1979 había asestado dos “shocks petroleros” que desestabilizaron la economía mundial y, en particular, a las economías occidentales.

Los coletazos de esos episodios llevaron a EEUU a incurrir a una inflación anual de dos dígitos, jaquearon al entonces gobierno de Jimmy Carter, desembocaron en la presidencia de Ronald Reagan y, en el mundo en desarrollo, a través del reciclado de “petrodólares” por parte de la banca internacional, prohijaron el exceso de endeudamiento de decenas de países, incluidos varios de América Latina, y la crisis de deuda y posterior “década perdida” de la región. Como para recordar que los avatares petroleros tienen consecuencias.

Según el más reciente (noviembre de 2025) World Energy Outlook de la AIE entre 2015 y 2024, EEUU amplió su abastecimiento petrolero en 8 millones de barriles diarios, en exceso del aumento mundial de la demanda en ese período, lo que implicó una presión bajista de precios. Sin embargo, dice la agencia, satisfacer el futuro aumento de la demanda de petróleo —prevista hasta 2050 bajo las actuales políticas- requerirá varias fuentes de oferta, incluyendo productores bajo sanciones, como Rusia, Venezuela e Irán, y una mayor disposición de productores de bajo costo, en referencia a los países Golfo Pérsico.

Según el documento, en el recorrido hasta 2050 se espera que la producción de OPEP+ (agrupación que incluye a Venezuela) crezca desde 50 millones de barriles diarios en 2024 a 63 millones de barriles diarios, volumen que de alcanzarse sería 15 % mayor al máximo registro para ese conjunto de países en toda la historia del mercado petrolero.

En cuanto a países no OPEP, la previsión es que la producción crecerá en unos 4 millones de barriles diarios hasta 2035 —liderada por EEUU, Canadá, Guyana, Brasil y Argentina, cubriendo así el 75% del aumento mundial de la demanda en ese lapso. Pero la AIE prevé que después de 2035 el flujo decaiga otra vez hacia 2050 hasta los niveles actuales.

EEUU, precisa, alcanzó en 2024 un nivel de producción histórica y sumará solo 0,8 millones de barriles adicionales a su producción hacia 2035, a fuerza de compensar con más y más perforaciones el declino de las formaciones geológicas “no convencionales” de crudo. Y después de 2035, dice, el volumen total disminuirá levemente, aunque EEUU mantendría su posición de primer productor mundial.

Allí es que la AIE describe el aporte de las Américas: Canadá aumentaría su producción de 6,1 a casi 7 millones de barriles diarios, que arrimará por oleoductos a EEUU, Guyana triplicaría su producción, de 600.000 barriles diarios actuales hasta 1,8 millones en 2035, Brasil pasaría de producir 3,5 a 4,5 millones de barriles diarios y la Argentina se haría ver en el escenario hemisférico y mundial llegando a producir 1,4 millones de barriles diarios hacia 2035 “impulsada por el desarrollo del petróleo no convencional en Vaca Muerta”, dice el informe.

En el caso de Rusia, Irán y Venezuela, los llamados “países bajo sanciones”, la proyección es de una “progresiva normalización”. Concretamente, la Agencia Internacional de Energía prevé que el suministro desde estas naciones se mantendrá estable hasta 2035 y después aumentará en 4 millones de barriles hacia 2050, alcanzando los 20 millones de barriles diarios. Es altamente improbable que esa previsión no incluya una revitalización de la producción venezolana.

De todos modos, la AIE aclara: “si las sanciones persisten, será indispensable que otros proveedores —incluyendo EEUU, Canadá, Brasil y productores relevantes de Oriente Medio— incrementen todavía más su aporte, lo que requeriría inversiones adicionales y precios más elevados».

Difícil de prever cómo terminará el nuevo juego, porque recién empieza.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, enfrentará entre fines de enero y principios de febrero la revisión de metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en un contexto donde persisten los desafíos en materia de inflación y debut del nuevo régimen cambiario. Llega a esta instancia con algunas metas sobre cumplidas y otras no, lo que llevará a una nueva redefinición, aunque los recientes cambios en el plan doméstico deberían aliviar la tensión en las negociaciones con los técnicos del FMI.

El organismo que conduce Kristalina Georgieva evaluará el cumplimiento de las metas del programa acordado para 2025. En cuanto a inflación y el superávit fiscal, el equipo económico prevé cumplir los objetivos; el foco estará puesto en la acumulación de reservas en el BCRA, una meta que fue renegociada en varias oportunidades.

Tras la primera revisión, en la que se concedió un waiver -dispensa-, la meta de acumulación de reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) fue modificada: para el fin de 2025 debían ubicarse negativas en USD 2.600 millones (antes – USD 2.400 millones), pero quedaron nuevamente incumplidas. A pesar de ese recorte de USD 5.000 millones, Caputo no logró alcanzar el objetivo y deberá incurrir en un nuevo perdón.

En esta oportunidad, el ministro llega a las negociaciones con un haz bajo la manga. Desde el 1 de enero de 2026, las bandas comienzan a ajustarse todos los meses por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), cuando antes lo hacían a 1%, y se pretende que el BCRA comience la compra de reservas en función del aumento de la demanda de dinero. Este cambio era reclamado por economistas de todo el espectro político y de bancos internacionales.

Durante la presentación de la nueva fase del programa económico, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, destacó que la medida fue conversada y que tuvo el visto bueno del FMI. Luego del anuncio, la portavoz del organismo, Julie Kozack, emitió un comunicado en su cuenta de X: “Celebramos el reciente acceso al mercado y las medidas anunciadas para fortalecer el marco monetario y cambiario, reconstituir las reservas de reservas e impulsar reformas que impulsen el crecimiento. Estamos colaborando estrechamente con las autoridades de la Argentina en la implementación de estas importantes medidas”.

El equipo económico arriba a la revisión con una proyección clara sobre el aumento de la demanda de dinero y la cantidad de reservas que podrá adquirir el BCRA. “El escenario base de re-monetización del BCRA prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% actual a 4,8% del PBI para diciembre de 2026, que podría ser abastecido mediante la compra de USD 10.000 millones, sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos”, destacó en un comunicado del BCRA.

Los técnicos de Economía estimaron que “Un aumento adicional de la demanda de dinero de 1% del PBI podría llevar las compras a USD 17.000 millones, sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos, sin requerir esfuerzos sostenidos de esterilización”.

La preocupación central pasará por si el BCRA logra comprar y acumular las reservas frente a los duros vencimientos de deuda que se enfrentan en 2026, que superan los USD 20.000 millones. El propio Caputo aseguró que, gracias a las distintas asistencias financieras con las que cuenta Argentina, ahora los dólares no se irán al pago de deuda.

Para el primer trimestre de 2026, el FMI le exigió a la BCRA tener reservas netas por USD -3.100 millones, cuando antes de la última revisión le exigía que tuviera positivas, USD 900 millones (una diferencia de USD 4.000 millones). Mientras que, para el cuarto, la meta es de USD 8.400 millones (antes era USD 10.400 millones, diferencia de USD -2.000 millones).

“Desde el punto de vista técnico, el acuerdo con el Fondo tiene dos dimensiones: la meta fiscal y de acumulación de reservas. La meta fiscal, el Gobierno la cumple y no hay ninguna duda, el tema es la acumulación de reservas que está completamente lejos de la que se planteó”, dijo a Infobae el director de C&T, Camilo Tiscornia, quien remarcó que nuevamente se va a tener que solicitar un waiver.

El economista agregó: “Van a decir que no pudieron cumplir, pero que están haciendo estas modificaciones al régimen cambiario donde se amplían las bandas, lo que en principio podría darle más flexibilidad al tipo de cambio, evitar que se atrase. Como una forma de justificar y mostrar que están haciendo algo para corregir ese desvío que hubo”.

No habría problemas para Caputo en el plano de la inflación y el superávit fiscal. Aunque en los últimos cuatro meses el Índice de Precios al Consumidor (IPC) presentó una aceleración y el último resultado del Sector Público Nacional (SPN) es de noviembre, le resta el desafío de mostrar cómo cerró diciembre con el pago de aguinaldo.

“Tras un repunte temporal de la inflación en marzo, se proyecta que la inflación anual disminuya alrededor del 20-25% anual para finales de 2025 (en comparación con el 18-23% al momento de la aprobación del programa y poco más de 31% real) y alcance un solo dígito para finales de 2026”, destacaron en la revisión de los primeros días de agosto.

En noviembre, la inflación se ubicó en 2,5%. Entre enero y noviembre, la suba de precios acumuló 27,9%. Para diciembre, las consultoras privadas estimaron que en diciembre se habría mantenido en ese rango, lo que complica la proyección del presidente Javier Milei de que a mediados de 2026 la variación del índice comience con cero.

En materia de resultado fiscal, en la última revisión con el FMI, se pretendía obtener un superávit primario de 1,6% del Producto Bruto Interno (PBI) durante 2025. En noviembre, registró un superávit financiero de $599.954 millones, resultado de un saldo primario de $2.128.009 millones, y el pago de intereses de deuda pública neto de los intra-sector público por $1.528.056 millones. El SPN acumuló en los primeros once meses del año un superávit financiero de aproximadamente 0,6% del PBI (superávit primario de aproximadamente 1,7% del PBI).

En el último staff report, el FMI cuestionó la vigencia del régimen del monotributo y la necesidad de reformas. “Esto requeriría armonizar la tasa del monotributo y mejorar la transición de pequeños contribuyentes al régimen general”, marcaron.

También existía el compromiso de enviar al Congreso una versión sobre la reforma tributaria. “Una propuesta de reforma será presentada ante el staff del Fondo (fines de diciembre 2025) y se espera que su implementación, que requerirá la aprobación del Congreso, comience en 2026”, destacaron en el documento.

Si bien dentro del proyecto de modernización laboral se plantean cambios en el sistema impositivo, los tributaristas señalan que los cambios apuntan a una baja de la presión del empresariado con la reducción de la alícuota del impuesto a las Ganancias a sociedades.

El ministro Caputo llega así a la revisión con el FMI con logros en inflación y superávit, pero con el desafío central de acumular reservas y avanzar con las reformas estructurales pendientes, en un escenario donde cada variable será determinante para el futuro del programa económico.