ECONOMIA
El Congreso reabre la discusión sobre las cajas de los sindicatos, a días del paro convocado por la CGT

A pocos días del paro convocado por la CGT para el próximo 10 de abril, un sector de la oposición -liderado por el radicalismo- volvió a la carga con su intención de impulsar la democratización sindical y establecer límites a las reelecciones de los dirigentes aunque solo lograría, por ahora, avanzar en la eliminación de la cuota solidaria obligatoria que pagan los empleados.
Se descuenta que la movida contará con el aval de la mayoría de los libertarios y de algunos bloques opositores que vienen batallando desde 2024 con los proyectos para poner límites a los dirigentes sindicales y avanzar en la democratización sindical, que es rechazada por el arco gremial.
Sin embargo, la misión no será fácil. El debate se había iniciado el año pasado en la comisión de Legislación Laboral, que preside el economista radical, Martín Tetáz. Si bien parecía que la iniciativa avanzaba con el impulso de los bloques dialoguistas, el proyecto no pudo ser aprobado en el recinto porque no llegó al quórum.
Esta mañana el tema volvió a plantearse en la comisión que preside el economista para volver a exponer los proyectos, en medio de fuertes cruces entre los diputados. Como se trataba de una reunión informativa, se acordó volver a reunirse la semana próxima con invitados para que sigan exponiendo sobre el tema y en 15 días volver a insistir con el dictamen.
Tetaz debió sortear de todos modos las críticas de los diputados de origen sindical que cuestionan las modificaciones y hasta lo acusaron de manipular la agenda de la comisión para ir en contra de los sindicatos.
Cruces y pases de facturas entre los diputados
Para arrancar, el economista despejó las dudas. Los proyectos en debate solo son los que buscan terminar con la cuota solidaria, que -explicó- son los descuentos que se le realizan a los trabajadores en sus recibos y que no son previamente autorizados por el trabajador.
La reunión no estuvo exenta de polémica. Fue el diputado de Unión por la Patria, el sindicalista de SMATA, Mario Manrique, el que primero expuso sus críticas contra los proyectos que se pusieron hoy sobre la mesa y lamentó que solo buscan desfinanciar a los sindicatos. «No buscan mejorar los salarios de los trabajadores», se quejó el sindicalista.
También, Hugo Yasky, de la CTA, defendió la cuota solidaria y criticó que la mayor cantidad de proyectos «parten de desconocer lo que es la base jurídica del Estado de derecho que garantiza la autonomía y libertad sindical».
«Se está aplicando una doble vara que, además, es violatoria de la ley. Hay un solo proyecto de este paquete que contemplaba alguna medida que favorecía a los trabajadores, fue excluido. Quizás se debe al clima de época de la comisión», lamentó irónico, Yasky.
Molesto, Tetáz -en su rol de presidente de la comisión- lo cruzó y le enrostró que «tanto el Gobierno como la CGT tenían un acuerdo que frenó el proyecto», al hacer referencia a fracaso del año pasado cuando intentaron llevar el debate al recinto y la sesión fracasó por falta de quórum, incluso por la llamativa ausencia de algunos legisladores oficialistas que contribuyeron a que finalmente se cayera la sesión.
En esa oportunidad, solo lograron sentar en las bancas 111 legisladores. Le faltaron 18 para el quórum. Ya con el camino más allanado, los denominados bloques dialoguistas -que no lo son tanto en la práctica- buscarán llevar la discusión al recinto con más certezas.
Aspiran a tener consenso y que el tema se trate a fines de mes de abril, probablemente, después de que exponga ante Diputados, el jefe de gabinete, Guillermo Francos.
Gremios, en alerta: ¿cuáles son los proyectos que se debaten en Diputados?
-Proyecto que reúne una treintena de textos similares (Martín Tetáz, UCR). Elimina la reelección indefinida de los gremialistas, prohíbe la cuota solidaria, garantiza la representación de las minorías en los cuerpos deliberativos y directivos de los sindicatos, obliga a presentar declaraciones juradas y fija medidas para democratizar las obras sociales.
-Proyecto para eliminar y prohibir las contribuciones derivadas de los convenios colectivos de trabajo (Luis Picat, UCR). Para el legislador, este mecanismo vulnera la libertad sindical y afecta patrimonialmente a los trabajadores.
-Proyecto que establece que las asociaciones sindicales no podrán recibir ayuda económica de empleadores, ni de organismos políticos nacionales o extranjeros. (Marcela Campagnoli de la Coalición Cívica, junto con Danya Tavela y los diputados del PRO, Gerardo Milman y Alejandro Finochiaro).
-Proyecto para eliminar los aportes solidarios (Gerardo Millman, PRO). Busca derogar las denominadas cláusulas de solidaridad o aportes solidarios, que disponen aportes obligatorios extraordinarios por parte de trabajadores no afiliados al sindicato que ha firmado un convenio colectivo que los comprende.
-Proyecto para eliminar los aportes obligatorios (Ricardo López Murphy, Hacemos Coalición Federal). Propone además equiparar a las asociaciones gremiales con personería gremial y a aquellas que no la poseen, en lo que respecta a la modalidad de retención de cuotas sociales y otros aportes.
-Proyecto de reforma más amplia, que además de eliminar los aportes solidarios, busca limitar los mandatos de los dirigentes sindicales a un máximo de 4 años, exigir declaraciones juradas y establecer publicación de los informes financieros (Fabio Quetglas UCR).
-Proyecto para que los aportes o contribuciones especiales patronales, destinados a fomentar capacitaciones, sean de carácter voluntario y no obligatorios. (Marcela Pagano, La Libertad Avanza)
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ECONOMIA
Empresas de EE.UU. de sector clave prometen triplicar inversiones a cambio de la ley de Patentes

El gobierno de Javier Milei presentó el entendimiento con los Estados Unidos como una señal para atraer grandes inversiones. En el sector farmacéutico y de agroquímicos advierten que todavía no hay modificaciones normativas reales, pero si las hubiera las inversiones podrían duplicarse o triplicarse en el mediano plazo y pasar de u$s700 millones actuales a más de u$s2.000 millones, según como resulte la letra chica final del acuerdo.
«Todavía no conocemos los detalles, pero ahora la industria de investigación farmacéutica invierte unos u$s700 millones anuales y podría triplicarse en el mediano plazo, pero habrá que ver cómo evoluciona la normativa«, dijo un alto directivo de la industria farmacéutica extranjera.
Ese sector de empresas está nucleado en la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme). Y dejan trascender que el futuro del acuerdo dependerá de las resoluciones que acompañen la declaración conjunta firmada entre Argentina y Estados Unidos en el marco del nuevo Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones con el gobierno de Donald Trump.
Según confirmaron a iProfesional fuentes de la industria, el capítulo referido a propiedad intelectual genera expectativas moderadas: podría mejorar el clima para nuevas inversiones, fortalecer la seguridad jurídica y alinear al país con estándares internacionales de patentamiento, pero hoy se trata solo de una declaración de intenciones.
Así lo confirmaron a iProfesional fuentes de los laboratorios internacionales nucleados en la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme), que siempre hizo fuerte presión para que la Argentina respetara la Ley de Patentes sancionada en 1996 y que fue desactivada con una Resolución Conjunta de tres organismos del gobierno de la expresidenta Cristina Kirchner en 2012.
«Todavía en los hechos no cambió nada»
En el sector señalan que el impacto real llegará recién si el Gobierno decide derogar la resolución conjunta de 2012 sobre «criterios de patentabilidad», que durante más de una década limitó las posibilidades de proteger invenciones farmacéuticas en el país.
«Debe haber una nueva resolución y ver qué dice. Recién ahí se podrá patentar una molécula con potencial terapéutico. Hasta entonces, no hay cambios concretos», explicaron desde empresas asociadas a Caeme.
La expectativa está puesta en que el país logre alinearse con normas de propiedad intelectual comparables a las de Estados Unidos y la Unión Europea. Para ello, la Argentina también tiene pendiente la derogación de la Resolución Conjunta compuesto por las Resoluciones 118/2012, 546/2012 y 107/2012, la adhesión al Patent Cooperation Treaty (PCT), condición necesaria para avanzar en el camino de ingreso a la OCDE.
La derogación podría hacerse por decreto del presidente Javier Milei, mientras que la adhesión al tratado internacional debería pasar por el Congreso, al igual que la creación de juzgados y fiscalías especializados en marcas y patentes.
Además, en el Informe 301 del Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, se le recomienda a la Argentina adoptar normas contra la falsificación de productos, eliminar las ferias de venta de esos productos, como La Salada y Once, constituir, y dotar de mayor personal al Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (IMPI) que tramita los patentamientos en el país.
«Todo esto es la letra chica y hay que ver cómo queda en las resoluciones que tome el gobierno de Javier Milei, que todavía no dijo nada, porque se ampara en un convenio de confidencialidad», señalaron fuentes del mercado a iProfesional.
La única certeza es que los Estados Unidos no hubieran firmado ninguna declaración conjunta de comercio e inversiones si la Argentina no se hubiera comprometido a alinearse con el Informe 301, cuyo contenido fue adelantado hace dos semanas en iProfesional.
El rol de los laboratorios nacionales: respaldo, pero cautela
Los laboratorios nacionales agrupados en CILFA (Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos), que siempre se opusieron a la vigencia de la Ley de Patentes y tenían fuerte influencia en el gobierno de Milei, también salieron a fijar posición frente al entendimiento con Washington.
Si bien respaldaron «el impulso al comercio y la inversión», dejaron en claro que no es posible evaluar consecuencias aún: «Será difícil prever el impacto en el sector hasta conocer el texto final», remarcaron desde la entidad.
La cámara, que representa a las principales firmas de capital nacional, pidió esperar a la letra chica del acuerdo y a las eventuales resoluciones complementarias antes de anticipar beneficios o riesgos. En medio de ese choque de intereses y de lobbies, comenzarán seguramente las presiones sobre el gobierno de Milei.
Más inversiones en investigación clínica: un potencial todavía latente. La Argentina recibe actualmente unos 700 millones de dólares por año en estudios de investigación clínica desarrollados por laboratorios internacionales en conjunto con clínicas, prepagas y obras sociales.
Con un régimen de propiedad intelectual más sólido, el flujo de investigación podría duplicarse o incluso triplicarse a mediano plazo, según estimaciones del sector. Pero remarcan que:
- Por ahora no hay inversiones nuevas previstas.
- Todo dependerá del contenido final del acuerdo y de las resoluciones reglamentarias.
- «Si estamos alineados, es posible expandir la investigación clínica. Sin seguridad jurídica es difícil competir«, señalan.
La industria subraya que los ensayos clínicos se instalan allí donde existe respeto a la propiedad intelectual y reglas claras para proteger procesos que demandan millones de dólares en investigación y desarrollo.
Cómo se desarrolla la investigación: del hallazgo a la experimentación en pacientes
Los laboratorios internacionales suelen detectar y patentar moléculas iniciales en sus casas matrices, donde cuentan con centros de investigación avanzados. Apenas se detecta una molécula que puede tener una buena finalidad, los laboratorios patentan el descubrimiento o la invención.
Ese derecho exclusivo a la propiedad intelectual suele tener 20 años de vigencia. Sin embargo, en los primeros diez años no suele salir al mercado y durante ese lapso se hacen todas las pruebas y ensayos clínicos. Y a partir de la aprobación comercial comienza a venderse con exclusividad en los países donde existe Ley de Patentes.
De ese modo, ningún otro laboratorio puede comercializarlo copiando la fórmula o la molécula, ni siquiera aun pagando regalías o derechos. Cuando la patente caduca al décimo año de estar en el mercado comercial, solo entonces puede comercializarlo cualquier otro laboratorio y no debe pagar regalías.
Una vez superada la etapa preclínica, la molécula pasa a fases más complejas y se despliega investigación en varios países en simultáneo. Para elegir esos destinos, los laboratorios analizan:
- Seguridad jurídica
- Reglas de protección de patentes
- Estabilidad regulatoria
- Condiciones éticas y sanitarias
- Diversidad genética de la población
En esta última categoría, la Argentina es especialmente atractiva por su variedad genética, diferencias regionales, diversidad climática y amplitud alimentaria, factores clave para la validación internacional de los estudios clínicos. Los ensayos clínicos suelen hacerse sobre distintos genotipos de población para asegurar que los efectos sean generales para todos los organismos y estudiar las reacciones.
En esa fase de investigación los laboratorios internacionales suelen invertir hasta miles de millones de dólares, motivo por el cual exigen la Ley de Patentes. Si no existe el respeto a la propiedad intelectual, cualquier laboratorio puede copiar la fórmula.
Es por ello que los laboratorios de Caeme y los Estados Unidos, Suiza, Alemania o cualquier país productor de medicamentos o agroquímicos con alto nivel de investigación exige la adhesión al Tratado Internacional de Cooperación de Patentes (Patent Cooperation Treaty).
De ese modo, si un laboratorio patenta un producto en Alemania o Suiza, por ejemplo, esa protección rige para todos los más de cien países firmantes del Tratado y esa empresa no tiene la necesidad de cumplir el trámite de patentamiento en cada país.
Las instituciones que participan en los ensayos
Los ensayos clínicos en el país se desarrollan junto con los principales centros de salud. Entre los más destacados están:
- Hospital Italiano
- Hospital Británico
- FLENI
- Instituto Fleming
- Obras sociales y prepagas con infraestructura para investigación avanzada
Sin embargo, existen decenas de clínicas en todo el país que hacen convenio de investigación con los grandes laboratorios.
Los médicos de estas instituciones son quienes seleccionan a los pacientes aptos para participar en las distintas fases de ensayos clínicos, especialmente en enfermedades poco frecuentes, donde los tratamientos experimentales suelen representar una alternativa terapéutica única.
«Cuantas más condiciones tengamos para garantizar propiedad intelectual, más personas podrán acceder a ensayos clínicos y alternativas terapéuticas innovadoras», explican en la industria.
Expectativa, pero espera cauta. El sector farmacéutico y el sector de agroquímicos coinciden en que, si el Gobierno avanza en modificar los criterios de patentabilidad y se alinea a normas internacionales, podría abrirse una nueva etapa para la investigación clínica y biológica y para atraer mayor inversión.
Pero hoy, insisten, el escenario es preliminar: «Hay un clima positivo por el anuncio, pero falta ver qué resolución sale. Todavía no cambió nada», señalan en las fuentes de la industria. El desafío será transformar la declaración conjunta en normativa concreta. Solo entonces podrá evaluarse si el acuerdo con Estados Unidos genera el impacto que el Gobierno promete.
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ECONOMIA
Índice delivery: cuántos pedidos tiene que hacer un repartidor de aplicaciones por mes para cubrir la canasta básica

Un repartidor de plataformas de delivery en Argentina necesitó completar 461 pedidos promedio en septiembre para cubrir la canasta básica total de un hogar tipo de cuatro integrantes, según el informe “APP – Coeficiente de Alcance del Pedido Promedio” elaborado por la Fundación Encuentro.
Este dato sintetiza los desafíos que enfrentan quienes trabajan en la economía de plataformas, un sector en crecimiento que concentra principalmente a jóvenes y migrantes urbanos.
El APP (Coeficiente de Alcance del Pedido Promedio) es un indicador desarrollado por la Fundación Encuentro –que dirige Cecilia Garibotti, exfuncionaria de la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía– para medir la relación entre el valor que percibe un repartidor por cada pedido, sin incluir propinas, y el costo de la canasta básica de un hogar tipo. La metodología parte de un cociente simple: se divide el valor mensual de la canasta básica total para una familia de cuatro personas por el valor promedio de un pedido en plataformas de reparto, calculado a partir de los datos de Rappi y PedidosYa.
De este modo, el APP expresa en términos concretos cuántos pedidos debe realizar un trabajador para alcanzar distintos umbrales de subsistencia y reproducción de la vida cotidiana.

El informe aclara que el APP no pretende capturar todas las dimensiones del trabajo en plataformas, sino visibilizar los desequilibrios materiales que enfrentan quienes dependen de este tipo de empleo. “El APP no debe leerse como un ‘salario’ ni como una medida de bienestar absoluto, sino como una referencia del esfuerzo transaccional —en cantidad de pedidos— necesario para alcanzar determinados umbrales monetarios”, advierte la organización. El indicador se construye a partir de promedios simples entre Rappi y PedidosYa, ya que no existen datos públicos que permitan ponderar por volumen de mercado, tipo de vehículo o características sociodemográficas de los repartidores.
En septiembre de 2025, el valor promedio de un pedido se ubicó en $2.553,6, resultado del promedio entre Rappi ($2.393,4) y PedidosYa ($2.713,8). A partir de este dato, la Fundación Encuentro calculó que para sostener un hogar tipo de cuatro integrantes, un repartidor necesitó completar 461 pedidos en ese mes.
El reporte detalla, además, otros umbrales de referencia: para alcanzar el ingreso promedio individual de la Argentina al segundo trimestre de 2025, se requirieron 344 pedidos; para sostener un hogar individual (sin contar alquiler), 149 pedidos; y para cubrir solo la alimentación (canasta alimentaria), 67 pedidos.
El APP también permite dimensionar el esfuerzo necesario para afrontar otros gastos habituales. Según este análisis, criar un hijo (canasta de crianza) demandó 190 pedidos, mientras que cubrir el alquiler promedio de 1 a 3 ambientes CABA exigió 271 pedidos. Para igualar el Salario Mínimo Vital y Móvil vigente en septiembre de 2025, un repartidor debió realizar 126 pedidos.

El documento subraya que el APP mide ingresos brutos y no descuenta los costos asociados a la actividad, como combustible, mantenimiento del vehículo, comisiones, retenciones fiscales ni otros gastos operativos. Tampoco suma propinas ni beneficios extras, lo que puede llevar a sobrestimar la capacidad real de los repartidores para cubrir los gastos o alcanzar los umbrales de referencia. Además, el índice utiliza promedios agregados, lo que impide captar diferencias territoriales significativas y puede ocultar situaciones locales más precarias o desiguales.
Entre las limitaciones metodológicas, la Fundación Encuentro señala la falta de datos públicos sobre la cantidad de trabajadores, la distribución por días y horarios, el tipo de vehículo utilizado y la geolocalización de los pedidos.
“La economía de plataformas viene creciendo en Argentina de forma sostenida en los últimos años. Entre ellas, las aplicaciones de reparto ocupan un lugar central: concentran cada vez más trabajadores, especialmente jóvenes y migrantes, y se han vuelto parte del paisaje urbano cotidiano”, destacó el informe.
- Un hogar tipo, de cuatro integrantes, necesita 461 pedidos para cubrir la canasta básica total (CBT).
- El pedido promedio es de $2.553,6 (sin propina), según ingresos reales de las dos principales apps.
- Para alcanzar el ingreso promedio individual en Argentina hacen falta 344 pedidos.
- Un hogar individual sin alquiler necesita 149 pedidos para no ser pobre.
- La canasta básica alimentaria (CBA) individual se cubre con 67 pedidos.
- Criar a un bebé según la canasta de crianza requiere 190 pedidos.
- El alquiler promedio en CABA equivale a 271 pedidos.
- Para llegar al Salario Mínimo Vital y Móvil hacen falta 126 pedidos.
- El costo de monotributo A se cubre con 15 pedidos.
- Un tanque de nafta (3,5 L) equivale a 2 pedidos.
ECONOMIA
Alquilar un departamento en Buenos Aires: cuáles son los barrios más caros y los más accesibles

El escenario inmobiliario llega a esta instancia del año marcado por una estabilidad que, pronostican los comercializadores, promete extenderse al menos hasta la primera mitad de 2026. En ese marco, el segmento de los alquileres residenciales evidencia moderación en términos de valores, con actualizaciones que siguen de cerca el indicador inflacionario general.
Este año, los valores se incrementaron algo más del 32%, y la oferta sigue potente, aunque sin la incorporación masiva de inmuebles que siguió al fin de la ley de alquileres. Hoy por hoy, los monoambientes cotizan, en promedio, los $460.000, mientras que las unidades de dos ambientes se ubican en torno a los 550.000.
De acuerdo a un monitoreo de Reporte Inmobiliario al que accedió iProfesional, las variaciones de los valores vienen ubicándose por encima de los promedios de 2024, pero con «incrementos claramente más contenidos».
«En términos interanuales, los valores crecieron en promedio un 32,07%, una variación muy cercana al aumento del nivel general de precios (31,3%), lo que evidencia una desaceleración en relación con los picos experimentados en 2023″, detalló la consultora.
Alquileres: cómo se vienen dando los aumentos
«En la dinámica mensual se verificaron comportamientos diferenciados según la tipología: los cuatro ambientes fueron los que más aumentaron, con un alza del 4,74%, hasta alcanzar los 995.000 pesos», agregó.
Con relación a las otras alternativas de departamentos en alquiler, la firma señala que el precio promedio de los inmuebles de un ambiente se ubica en $460.000, mientras que las unidades de dos ambientes se ubican en los 550.000.
«Los tres ambientes mostraron además un ajuste mensual del 1,33%, situándose en $760.000«, señaló Reporte Inmobiliario.
«La comparación interanual por categoría confirma ajustes relativamente alineados con la inflación: 31,3% para monoambientes, 37,5% en unidades de dos ambientes, 26,67% en tres ambientes, y 32,67% en cuatro ambientes«, acotó.
En el relevamiento se subraya que el hecho de que todas las tipologías muestren incrementos interanuales casi calcados al IPC confirma que, en concreto, el mercado habría alcanzado un nuevo punto de equilibrio.
Así, el componente de expectativa, de peso central en meses pasados, ha perdido peso, por lo que el ajuste se explica cada vez más por el arrastre inflacionario y menos por tensiones derivadas de la oferta.
«Este desempeño refuerza un proceso de normalización luego de varios períodos atravesados por fuertes distorsiones regulatorias. Las variaciones actuales, más predecibles y próximas al comportamiento macroeconómico, marcan un mercado que recupera parámetros de funcionamiento tradicionales«, señaló la consultora.
Para luego exponer: «En paralelo, la oferta disponible continúa expandiéndose: la cantidad de unidades en alquiler fue un 15,13% superior a la de octubre de 2024. La recomposición del stock se convirtió en un límite natural a la aceleración de precios y favorece un entorno de mayor competencia entre propietarios».
Alquileres en Capital Federal: los precios en los barrios más caros y más accesibles
En cuanto a los valores vigentes en la Ciudad, monitoreos de Reporte Inmobiliario detallan que, respecto de las unidades de un ambiente con mayor cotización, las cotizaciones más altas corresponden a Núñez ($567.500), Saavedra (550.000), Palermo (540.000) y Coghlan (520.000).
Del otro lado se alinean Tribunales ($375.000), centro, Microcentro y San Nicolás ($400.000), Congreso ($410.000), y Balvanera ($422.500).
Respecto de los dos ambientes, los precios más elevados se dan en Núñez ($720.000), Saavedra ($715.000), Villa Urquiza, Coghlan y Belgrano ($650.000).
En la vereda de enfrente se ubican Constitución ($465.000), La Boca ($485.500), San Nicolás ($520.000) y Villa Lugano ($525.000).
En lo que refiere a los departamentos de tres ambientes, Reporte Inmobiliario afirma que los inmuebles más caros están en Recoleta y Villa Ortúzar ($950.000 mensuales), Saavedra, Parque Chas y Palermo ($900.000).
Los precios de menor valía se distribuyen entre Constitución y Villa Lugano ($575.000), Tribunales ($635.000), centro y microcentro ($670.000).
Por último, y en lo que hace a los inmuebles de cuatro ambientes, los precios más altos están en Belgrano ($1.350.000 mensuales, sin expensas), Recoleta ($1.300.000), Villa Urquiza y Palermo ($1.200.000).
Los más «accesibles», en cambio, se ubican en Flores, centro y microcentro ($800.000), Floresta ($850.000) y Tribunales ($890.000).
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