En términos generales, un swap entre bancos centrales es un acuerdo que permite a dos entidades monetarias intercambiar monedas de sus países por un plazo determinado, con el compromiso de revertir la operación a un tipo de cambio pactado.

Propósito y ventajas

El principal objetivo de estos acuerdos es asegurar liquidez en moneda extranjera y contribuir a la estabilidad del sistema financiero. Cuando un país requiere dólares, por ejemplo, para abastecer la demanda de empresas o entidades locales, su banco central puede recurrir a un swap con la Reserva Federal de Estados Unidos.

Mecánica del swap

• Intercambio inicial: el banco central entrega su moneda a la contraparte y recibe la moneda extranjera.
• Plazo estipulado: durante ese periodo utiliza los fondos recibidos para fortalecer la liquidez interna.
• Cierre de la operación: al finalizar el plazo, devuelve la moneda extranjera y recupera su divisa original, abonando los intereses correspondientes.

Principales aplicaciones

• Crisis financieras: permiten cubrir faltantes de divisas clave en el mercado local.
• Comercio bilateral: facilitan operaciones directamente en monedas locales, sin pasar siempre por el dólar.
• Estabilidad monetaria: representan una señal de respaldo internacional y un refuerzo para las reservas.

Diferencias con otros instrumentos

• No es un préstamo convencional: porque no hay entrega definitiva de fondos, sino un intercambio reversible de monedas.
• No siempre suma reservas de libre disponibilidad: en algunos casos, las divisas recibidas solo pueden usarse para comercio bilateral, y no para intervenir libremente en el mercado cambiario.
• Tasa de interés menor que en el mercado internacional: dado que se trata de acuerdos entre bancos centrales, suelen ser más baratos que recurrir a deuda externa.

Si bien aún se desconocen los términos y condiciones del swap entre EEUU y Argentina, el BCRA ya tiene experiencia en este tipo de operaciones. Se trata del intercambio de monedas con el Banco Central de China, que habilita el uso de yuanes para operaciones comerciales e, incluso, para sumar respaldo a las reservas internacionales.

Vale recordar que en abril pasado se renovó por doce meses el tramo activado del swap por 35 mil millones de yuanes (USD 5.000 millones). La refinanciación otorga al banco central la posibilidad de mantener en sus reservas el monto correspondiente al swap hasta agosto de 2026, fecha de vencimiento del acuerdo bilateral de monedas, evitando así una disminución gradual de esos fondos en un escenario de escasez de divisas y tensión cambiaria.

Según informó el BCRA en aquel entonces, “la activación de este tramo, que se inició en 2023 y debía comenzar a reducirse gradualmente a partir de junio de 2025, seguirá manteniéndose a disposición del BCRA, en su totalidad, hasta mediados de 2026″.

El objetivo, agregó el organismo, es “reducir los riesgos en su transición hacia un régimen monetario y cambiario consistente y sostenible, en un contexto internacional desafiante para los flujos de capitales externos”.

El swap original entre ambas autoridades monetarias fue firmado en 2009 y tuvo varias renovaciones a lo largo de los años. Parte de los yuanes obtenidos pueden emplearse para pagos de importaciones desde China, evitando usar dólares para esas operaciones.

Cuáles fueron los sectores más golpeados, donde más empleos se perdieron y empleadores desaparecieron durante los últimos 19 meses

20/10/2025 – 08:54hs

La provincia de Buenos Aires (PBA) registró una pérdida de 88.460 trabajadores registrados y una contracción de 4.479 empleadores (empresas) entre noviembre de 2023 y julio de 2025, según datos de la SRT analizados por el CEPA. Ambos indicadores sufrieron una caída del -2,7% durante los primeros 19 meses de la gestión de Javier Milei. Los sectores de Construcción e Industria manufacturera fueron los más afectados.

Motosierra en la Provincia de Buenos Aires

Entre noviembre de 2023 y julio de 2025, la provincia de Buenos Aires (PBA) experimentó un marcado retroceso en los indicadores clave del empleo formal.

La cantidad de trabajadores registrados se redujo en 88.460 puestos de trabajo (-2,7%) desde los 3.233.720 trabajadores registrados en el territorio en noviembre 2023. El saldo para julio de este año, según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) fue de 3.145.260 trabajadores registrados.

Simultáneamente a la caída del empleo, hubo una disminución en la cantidad de empleadores con trabajadores registrados. La cantidad de empleadores cayó de 167.669 a 163.757. Esto significa una pérdida neta de 4.479 empleadores (-2,7%).

Qué sectores perdieron más empleo

El retroceso no afectó a todos los sectores por igual, concentrándose principalmente en la Construcción y la Industria manufacturera, tanto en términos de cierre de empresas como de pérdida de puestos de trabajo.

3 sectores con más empresas cerradas

En términos absolutos, los sectores que registraron la mayor cantidad de cierres o reducciones significativas de empleadores entre noviembre de 2023 y julio de 2025 fueron:

• Construcción: -755 empleadores.
• Industria manufacturera: -743 empleadores.
• Servicio de transporte y almacenamiento: -678 empleadores.

En términos relativos (porcentaje de caída), el panorama cambia levemente: el sector más afectado fue Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales, con una caída del -10,5%. Le siguió la Construcción con un -9,6%.

3 sectores que más recortaron el empleo

En tanto que la caída de puestos de trabajo también se concentró fuertemente en los sectores productivos:

• Construcción: -25.371 puestos perdidos.
• Industria manufacturera: -25.346 puestos perdidos.
• Servicio de transporte y almacenamiento: -17.834 puestos perdidos.

En términos relativos, la Construcción lideró la caída con una contracción del -18,7% en la cantidad de trabajadores registrados.

Pymes vs. las grandes empresas

El análisis por tamaño de empleador revela un patrón interesante sobre dónde se concentró la caída del empleo en la Provincia. Los empleadores pequeños y medianos (hasta 500 trabajadores) concentraron casi la totalidad de la caída:

• Los empleadores de hasta 500 trabajadores/as concentraron el 99,8% de la caída (-4.472 casos menos).
• Los empleadores con más de 500 trabajadores/as disminuyeron en solo 7 casos, representando el 0,2% de la caída total.

Estos números reflejan los datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, SRT, analizados por CEPA

En cuanto a la pérdida de puestos de trabajo, el impacto se distribuyó de manera más equitativa, aunque las grandes firmas perdieron un poco más:

• Las empresas con más de 500 trabajadores/as concentraron el 51,3% de la pérdida total (-45.376 puestos).
• Las empresas con hasta 500 trabajadores/as concentraron el 48,7% de la pérdida total (-43.084 puestos).

En términos porcentuales, las empresas más grandes (más de 500 trabajadores) redujeron su personal en -2,9%, mientras que las más pequeñas (hasta 500 trabajadores) lo hicieron en -2,5%.

Brasil quiere aprovechar la reciente decisión de China de limitar la exportación de sus minerales críticos —es el país que más posee en el mundo—, lo que favorece indirectamente al gigante latinoamericano. Así lo ha declarado la semana pasada el propio ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira. “Brasil tiene abundancia de tierras raras, oro, cobre, uranio y minerales críticos y estratégicos. Por lo tanto, se abre una enorme ventana de oportunidades para nosotros”, afirmó.

El gigante latinoamericano tiene alrededor del 10% de las reservas mundiales de minerales críticos y tierras raras. Los primeros se consideran estratégicos para la economía y la seguridad nacional. La lista varía de un país a otro, pero incluye litio, níquel, cobalto, grafito y cobre, por citar solo algunos ejemplos. También pueden englobar las tierras raras, que son una familia específica de elementos químicos complejos de extraer y refinar, como el neodimio, utilizado en la fabricación de discos duros y turbinas eólicas.

El problema es que Brasil tiene hasta ahora una producción efectiva muy baja, equivalente al 0,09% de la producción mundial. Por eso la semana pasada, el Gobierno celebró la primera reunión del Consejo Nacional de Política Minera (CNPM), presidida por el ministro Silveira, y con la participación del presidente Lula. Durante la reunión, se aprobaron seis resoluciones que redefinen la gobernanza de la política minera del país, con especial atención a los minerales críticos y las tierras raras.

Además en el Parlamento se está avanzando en un proyecto de ley, el 2780/2024, sobre los minerales críticos que se presentó con carácter de urgencia en el pasado mes de septiembre. Esto significa que podrá debatirse directamente en el plenario, sin pasar por todas las comisiones. El proyecto principal elaborado por el diputado de Minas Gerais Zé Silva, del partido Solidaridad, se ha enriquecido con otras propuestas, entre ellas la de su compañero de partido, Aureo Ribeiro, que prevé la creación de una nueva empresa estatal, “EBMinerals”, con funciones de coordinación e inteligencia en el sector, similar a otras empresas estatales como las del sector eléctrico, por ejemplo. En la propuesta que se debate en el Parlamento también figura la posibilidad de que las grandes empresas que operan con minerales críticos estén obligadas a destinar el 0,4% de su facturación a investigación y desarrollo.

Sobre todo, el proyecto de ley prevé la creación de una Política Nacional de Minerales Críticos y Estratégicos gestionada por un comité interministerial con la participación de la sociedad civil, precisamente para mitigar en la medida de lo posible el impacto ambiental y social de la extracción minera. Se han planteado dudas sobre la creación de una empresa estatal que complicaría el sistema en lugar de hacer más eficientes las estructuras existentes. También está prevista la constitución de un Fondo de Inversión en Minerales Críticos administrado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Fuentes de Brasilia han declarado a Infobae que la idea es que el texto de la ley se apruebe antes de la COP30. Se trata de un paso importante que también reviste relevancia internacional, teniendo en cuenta el interés de países como China y Estados Unidos por los minerales estratégicos brasileños, mencionados también por el presidente estadounidense Donald Trump en las discusiones sobre los aranceles.

Entre los minerales críticos en los que Brasil ha apostado se encuentra el litio, también llamado “oro blanco” por su importancia en la producción de baterías y en la transición energética, y que se concentra significativamente en el valle de Jequitinhonha, en el estado de Minas Gerais, donde recientemente la empresa automovilística china BYD obtuvo los derechos de exploración de dos lotes de litio.

Sin embargo, siguen existiendo algunas incógnitas. El pasado mes de septiembre, el Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil solicitó a la Agencia Nacional de Minería la suspensión temporal de las autorizaciones de investigación y explotación de litio en esta región para garantizar la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas y tradicionales de la región, tal y como establecen las directrices de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según el fiscal Helder Magno, la falta de consulta a las poblaciones locales corre el riesgo de repetir “un ciclo histórico de explotación depredadora”, comprometiendo los derechos de las comunidades y la sostenibilidad medioambiental. De hecho, se han puesto de manifiesto significativos impactos medioambientales, entre los que se incluyen restricciones hídricas, descenso del nivel de los ríos y superposición de zonas mineras en áreas donde viven 248 comunidades.

Además, en este escenario, la crisis internacional del litio también está empezando a afectar a Brasil. Desde el pico alcanzado en diciembre de 2022, cuando el carbonato de litio llegó a costar 68 dólares el kilo, el precio se ha desplomado un 86,5%, situándose en una media de 9,26 dólares el mes pasado. Esta caída ha tenido efectos directos en los proyectos de expansión y en las inversiones del sector en Brasil. Empresas como Companhia Brasileira de Lítio (CBL) y Sigma Lithium han tenido que suspender o ralentizar sus planes de expansión de la capacidad productiva. Los expertos estiman que, para que la cadena de suministro brasileña sea sostenible, el precio del litio debería oscilar entre 23 y 27 dólares el kilo.

La reducción de los precios está relacionada con varios factores: la saturación del mercado, una demanda más lenta de lo previsto y, sobre todo, un fuerte exceso de oferta a nivel mundial. Durante la pandemia, los precios se inflaron temporalmente debido a la escasez de oferta y a los incentivos chinos para la venta de vehículos eléctricos, lo que elevó los costes a niveles récord. Además, entre 2021 y 2024, países como Australia, Chile, Brasil y Zimbabue ampliaron su producción, lo que provocó un exceso de oferta que hizo que los precios se desplomaran, especialmente entre diciembre de 2022 y abril de 2023. China ha desempeñado un papel fundamental en la caída de los precios, ya que ha ampliado la producción de lepidolita, un mineral rico en litio, lo que ha reducido los costos. Los analistas prevén que los precios del carbonato de litio se mantendrán bajos al menos hasta 2027, cuando la demanda mundial de vehículos eléctricos, especialmente en Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, podría volver a impulsar los valores hasta los 30-35 dólares por kilo. Queda por ver si, a más largo plazo, las baterías de litio serán sustituidas por nuevas tecnologías, lo que reduciría aún más el mercado.

A este escenario se suma también la sombra de la corrupción en el sector minero, lo que complica aún más el debate sobre el tema. El pasado mes de septiembre, la Policía Federal brasileña puso en marcha la operación “residuos mineros”, que desmanteló una amplia trama de corrupción en el sector minero y medioambiental, con un volumen de negocio estimado de 1.500 millones de reales (272 millones de dólares) y con sobornos investigados por más de 7 millones de reales (1,27 millones de dólares). Las investigaciones involucraron, entre otros, a algunos altos funcionarios de la Agencia Nacional de Minería (ANM), entre ellos el director de la ANM, Caio Mário Trivellato Seabra Filho, y el ex director de la Policía Federal y actual director de Administración y Finanzas del Servicio Geológico Brasileño (SGB), Rodrigo de Melo Teixeira, mientras que la sede de la agencia fue objeto de un registro. En total, se dictaron 22 órdenes de detención preventiva, 79 órdenes de registro y se ordenó el bloqueo de bienes y la suspensión de las actividades de las empresas implicadas. Según la Policía Federal, el grupo sobornaba a funcionarios públicos para obtener licencias medioambientales y autorizaciones ilegítimas en el sector de la extracción de hierro en el estado de Minas Gerais, célebre por sus minas, incluso en áreas protegidas, con graves riesgos medioambientales y sociales.

Tras la operación de la Policía Federal, una delegación encabezada por la Asociación Brasileña de Municipios Mineros (Amig) se dirigió al Congreso para presionar a favor de la presentación de un proyecto de ley contra la evasión fiscal en el sector. La Amig entregó al presidente de la Comisión de Minas y Energía de la Cámara, Diego Andrade, una carta con varias peticiones. Entre ellas figuran la posibilidad de que la ANM acceda a la información fiscal y documental de las empresas mineras, una mayor transparencia en los planes de explotación económica de las minas, desde la producción prevista hasta la duración, y un refuerzo de la ANM, garantizando su independencia técnica e institucional y evitando recortes presupuestarios.