El ministro de Economía, Luis Caputo, decidió suspender la actualización prevista para abril del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (CO2), en una medida que busca mitigar el impacto en el surtidor del incremento del petróleo crudo internacional.

Con la nueva determinación oficial, el Palacio de Hacienda busca evitar alimentar más aún la suba en las estaciones de servicio que desde el 27 de febrero ya escaló un 20% promedio, de acuerdo a distintas estimaciones privadas, a raíz de la crisis de oferta generada por la guerra en Medio Oriente.

Según datos de la consultora Economía & Energía (EyE), esta postergación no es gratuita para las arcas públicas, y solo en marzo la decisión de no aplicar la alícuota plena significó una pérdida de recaudación estimada en u$s147 millones, acumulando unos u$s429 millones en lo que va del primer trimestre del año.

La normativa vigente establece que estos tributos deben actualizarse trimestralmente en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, el Decreto 116 del 26 de febrero de 2026 ya había determinado un aumento parcial para marzo, postergando el grueso del ajuste pendiente para abril.

El impacto de la guerra en los surtidores

El contexto internacional jugó un rol determinante en esta estrategia, explicaron desde la cartera económica. Debido a los conflictos bélicos globales, el precio de los combustibles registra alzas mucho mas pronunciadas en todo el mundo, pero la delicada situación social y el esfuerzo por contener la infación al menos por debajo del 3% mensual obligan a una transición ralentizada.

Esta presión externa se suma a un retraso estructural en los precios locales respecto a lo que ocurre con el Brent que en lo que va del mes ya aumentó más de un 45% desde los u$s72,50 del viernes 27, el día previo al primer ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán, a los u$s106 en que cerró esta semana.

En ese aumento escalonado de la nafta y el gasoil, con aumentos diarios que pasaron en principio disimulados por tratarse de pequeños saltos mejores a los $100 por litro, permitieron evitar el maletar social más amplio, pero se hace imposible de disimilar al momento de cargar.

Desde las empresas se admite que es la mejor alternativa que tienen disponible para no retrasar en demasía los valores de los combustibles respecto al crudo que ingresa a la refinerías, pero a a vez alertando que esta escalada tendrá un efecto a la baja en el consumo tal como ya ocurrió en febrero, aún antes del cisne negro de la guerra.

En ese desafío resultó vital el rol de YPF en el mercado que apelando a la política e micropricing que adoptó a mediados de año, logra los saltos abruptos en las carteleras y en los títulos de los diarios que suele reflejar el clima social.

Un programa puesto a prueba

Los límites del programa económico se pusieron a prueba tras la escalada del conflicto en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz, eventos que empujaron el precio del barril de petróleo Brent por sobre los u$s 100. Esta volatilidad externa generó una presión inmediata en los costos de refinación local en la Argentina, sumando un nuevo foco de tensión sobre la dinámica de precios internos en un momento crítico de la macroeconomía.

La preocupación por el impacto de la energía en la inflación no es exclusiva del ámbito local, sino que se convirtió en una señal de alarma global. En las principales economías, el fortalecimiento del petróleo amenaza con retrasar las metas de desinflación de los bancos centrales, forzando un escenario de tasas altas por más tiempo y una salida de capitales de mercados emergentes, lo cual complica aún más el panorama financiero para la región.

En la Argentina, este incremento actúa como un arma de doble filo que condiciona las metas oficiales. Si bien el salto en la cotización del crudo mejora sensiblemente la rentabilidad de las exportaciones proyectadas desde Vaca Muerta, su contracara es un encarecimiento directo en el surtidor y en la importación de GNL necesaria para cubrir el pico de demanda durante el próximo invierno.

El peso de los combustibles en la estructura del Índice de Precios al Consumidor (IPC) es determinante, con una ponderación exacta del 3,8% dentro de la canasta. Bajo esta métrica, se estima que por cada 10% de aumento efectivo en el precio final de venta al público, la inflación general recibe una presión directa de 0,38 puntos porcentuales, sin contar los efectos de segunda ronda, de acuerdo a estimaciones de la consultora EcoGo.

La política de no intervención

La decisión de la Secretaría de Energía es no intervenir en la decisión de las empresas de aumentar o no sus combustibles, pero decidió apelar a las pocas herramientas que le quedan para incidir en dos componentes del precio de un litro de combustible como lo son el fiscal y los biocombutibles para el corte obligatorio.

De acuerdo con la proyección de EyE, en ese sentido el atraso impositivo es significativo. Para abril de 2026, el monto pendiente de actualización por ICL y CO2 se sitúa en $212,5 por litro para las naftas y $89,4 por litro para el gasoil. De haberse aplicado el esquema tributario completo, el salto en las estaciones de servicio habría sido drástico, alejando los precios de los objetivos de convergencia que se trazaron a principios de año.

Como complemento a la tregua fiscal, el Gobierno oficializó hoy un cambio en las especificaciones técnicas de los combustibles, permitiendo un mayor porcentaje de corte de bioetanol. Esta medida, negociada con las empresas del sector, tiene como objetivo sustituir una mayor porción de derivados del petróleo por biocombustibles de origen nacional. Al aumentar la participación de los renovables, se logra amortiguar el impacto del encarecimiento del crudo Brent en la estructura de costos de las refinadoras. 

Esta convergencia hacia una mayor tasa de biocombustible representa un alivio económico. Al elevar el corte, el país reduce la dependencia de las importaciones de combustibles terminados en un momento de volatilidad cambiaria y geopolítica. Para las petroleras, esta modificación técnica permite absorber parte del incremento de costos internacionales sin trasladarlo íntegramente al precio final pagado por el consumidor en la manguera.

La volatilidad es la única certeza

El mercado observa con cautela la sostenibilidad de estas medidas. Si bien la suspensión del impuesto actúa como un «ancla» temporal para el IPC, el costo fiscal genera más presión al cumplimiento de las metas de equilibrio presupuestario, ya acosadas por la baja de recaudación interanual. No obstante, desde el entorno del ministro Caputo consideran que el beneficio de estabilizar las expectativas de inflación en el corto plazo compensa la pérdida transitoria de ingresos tributarios.

En cuanto a lo que prevé el mercado para las próximas semanas, los analistas coinciden en que la volatilidad seguirá siendo la norma. El precio del barril de petróleo continúa sensible a las noticias del frente externo, lo que mantiene en alerta a las empresas como YPF, Shell, Axion y Puma que dominan más de 95% del mercado. El consenso es que, si bien el Gobierno evita un incremento adicional en abril, la presión por una actualización de precios persistirá si el crudo no retrocede.

Las cámaras empresariales del sector bioenergético recibieron de manera positiva el incremento en los cupos de corte, viendo en ello una oportunidad para dinamizar la industria regional. Sin embargo, desconfían de la receptividad de las petroleras a la nueva medida luego de años de disputas y controversias en torno a un resistido incremento del corte obligatorio de nafta y gasoil.

Aunque en la Argentina el gobierno de Javier Milei y el kirchnerismo cruzaron acusaciones sobre méritos y deméritos en el juicio de Burford Capital contra el Estado argentino por la expropiación de YPF, en Estados Unidos tanto el gobierno de Donald Trump como el mundo corporativo estaban firmemente unidos en el rechazo al estudio inglés, cuya práctica como “financiador de litigios” repudian activamente.

Si bien no se conocen aún reacciones específicas al fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que ayer anuló el fallo de la jueza Loretta Preska que exigía al Estado argentino pagar más de USD 18.000 millones a Burford y un par de demandantes, una frondosa coalición de cámaras de comercio, asociaciones y grandes empresas norteamericanas ya había señalado su repudio a la práctica del estudio inglés fundado en 2008 por Christopher Bogart, CEO de la empresa, cuya capitalización cayó como un piano al conocerse la sentencia, que consideró “decepcionante”.

Burford sopesa nuevos recursos legales, incluida la posibilidad de llevar el caso al Ciadi, un Tribunal de arbitraje que funciona en el ámbito del Banco Mundial. De todos modos, anticipó que reconocerá una disminución del valor de sus activos al presentar el balance del primer trimestre del año.

Lo cierto es que en 2025, en un comunicado difundido por la US Chamber of Commerce, la más amplia representación corporativa norteamericana, varios centenares de cámaras de comercio de localidades, condados y estados norteamericanos, desde Alaska hasta Wyoming, y de empresas medianas, grandes y muy grandes, desde laboratorios como Abbott, pasando por gigantes de las comunicaciones como AT&T, Comcast y Verizon, farmaceúticas como Bayer y Eli Lilly, petroleras como ExxonMobil y el propio American Petroleum Institute y aseguradoras como Liberty Mutual y Zurich apoyaron expresamente un proyecto de ley de un grupo de legisladores republicanos para “transparentar” la industria de “financiación de litigios por terceros”, especialidad que creó y en la que se destaca Burford.

¿En defensa del chiquitaje?

El bufete inglés dice que lo suyo es defender al chiquitaje (little guys) contra estados, empresas e individuos “abusivos”, pero su práctica es asimilable a lo que en EEUU llaman ambulance chasers (perseguidores de ambulancias, en busca de damnificados en cuyo nombre demandar sumas exorbitantes) y en la Argentina simplemente “caranchos”.

El proyecto de los representantes republicanos Darrell Issa (California), Mike Collins (Georgia), Scott Fitzgerald (Wisconsin), Charles Fleischmann (Tennessee), Claudia Tenney (Nueva York), Jeff Van Drew (Nueva Jersey) y Garland Barr (Kentucky) busca transparentar y controlar la financiación de litigios civiles por terceros como Burford, obligándolos a revelar la existencia de acuerdos y la identidad de cualquier persona o entidad que tenga derecho a recibir pagos condicionados al resultado del litigio.

El objetivo principal es evitar que fondos de inversión, entidades o fondos soberanos extranjeros participen secretamente en demandas a cambio de una parte del fallo. Según los autores del proyecto, la falta de transparencia permite a financiadores como Burford influir indebidamente en las estrategias legales y en la resolución de los casos, promover litigios especulativos y facilitar que actores extranjeros utilicen el sistema judicial de EEUU con fines estratégicos o económicos. En parte, fue esta última preocupación lo que también motivó, semanas atrás, la decidida intervención del Departamento de Justicia de EEUU en la causa, apoyando al gobierno argentino.

Tres “riesgos” de la especialidad

En octubre pasado, además, el Instituto de Reforma Legal de la US Chamber of Commerce publicó una investigación en la que listó tres grandes riesgos de la industria creada y desarrollada por Burford.

En primer lugar, señaló, los financiadores “ejercen control significativo sobre los litigios”, poniendo en riesgo la independencia profesional de los abogados y la lealtad hacia sus clientes. Al respecto, cita el caso de Burford Capital y Sysco Corp, un gran distribuidor de alimentos.

En segundo lugar, afirmó que la práctica entraña “riesgos para la seguridad nacional” y que hay “actores extranjeros que usan esta financiación para perjudicar intereses de EEUU, acceder a información sensible o evadir sanciones”. Al respecto, citó un caso en el que una firma vinculada a oligarcas rusos sancionados financió demandas en EEUU y Reino Unido y otro sobre la participación de firmas chinas en litigios estadounidenses.

Por último, la investigación señaló que la industria creada por Burford para supuestamente defender al chiquitaje se queda con la parte del león de los acuerdos o sentencias, “reduciendo considerablemente lo que reciben los demandantes después de descontar honorarios legales”. Y menciona el caso de los carteros británicos, quienes recibieron menos del 20% del acuerdo por la intervención de financiadores y abogados.

Política y derecho

En definitiva, la intervención de la administración Trump en el caso estuvo en línea con los intereses del mundo corporativo norteamericano, a lo que se sumó en la etapa final un zurcido político, diplomático y jurídico con el gobierno argentino.

Del lado jurídico, la Universidad Austral destacó la “decisiva labor del equipo de la Procuración del Tesoro de la Nación, el organismo máximo de abogados del Estado federal, integrado por los Subprocuradores Juan Ignacio Stampalija, Julio Pablo Comadira y Santiago Castro Videla, bajo la conducción del Procurador Sebastián Amerio“. Los tres, subrayó la alta casa de estudios, ”hicieron su carrera de Abogacía en la Universidad Austral y siguieron vinculados a ella como profesores de grado y posgrado en distintas disciplinas del Derecho».

A la victoria judicial que obtuvo Javier Milei por el caso YPF en Estados Unidos, le falta ahora la parte más difícil: que también se convierta en una victoria política. Esa fue la motivación tras la conferencia de prensa dada por el presidente el viernes, pero todavía no está claro quién saldrá ganador en este nuevo capítulo de la «guerra de relatos».

La expropiación de YPF fue una de las medidas más criticadas por el ámbito empresarial y el mercado financiero y, simultáneamente, uno de los mayores logros políticos de Cristina Kirchner. Las encuestas de 2012 eran bien elocuentes al respecto: más del 80% aprobaba la «recuperación» de la petrolera, que estaba ligada a valores de orgullo nacionalista.

Lo más importante para Cristina, además, era que con la expropiación logró que una crisis energética se transformara en una gesta épica. Bajo la gestión operativa de Repsol, se había producido un bajón en el nivel productivo de la empresa, debido a la falta de inversión. Y eso implicaba que Repsol YPF tuviera que demandar divisas por casi u$s10.000 millones al año para importar petróleo.

Pero el hecho que más se le criticaba a Cristina era que esa crisis en la producción de petróleo había sido inducida por una medida de Néstor Kirchner. En 2008, por iniciativa del ex presidente, el grupo Petersen -propiedad de la familia Eskenazi- ingresó como «socio nacional» a YPF, y en compras escalonadas se quedó con el 25% del capital-.

El método de compra fue inédito: los compradores, que no tenían experiencia alguna en el negocio petrolero y cuyo mérito consistía en ser «expertos en mercados regulados» ingresaron sin poner dinero. Para la compra obtuvieron un crédito de un grupo de bancos, que se pagaría con los propios dividendos de YPF. Básicamente, es como si Repsol hubiese financiado la venta de su 25%, pero el costo terminó siendo una brusca disminución en las inversiones de la compañía.

Los críticos del kirchnerismo apuntan a que esa fue una compra espuria, en la que los Eskenazi actuaron como testaferros del poder político, y que el verdadero costo de esa operación lo pagó la sociedad argentina. Es decir, comparten la idea de que no merecían una compensación como la que recibió Repsol.

El embrollo retórico ante la expropiación

Sin embargo, Milei no hizo mención alguna a que el derrotado en los tribunales neoyorquinos, el «fondo buitre» Burford, le había comprado los derechos del juicio al grupo Eskenazi. De esa manera, dejó pasar una inmejorable oportunidad política para vincular al kirchnerismo con la corrupción.

En cambio, se centró en celebrar la pericia del personal jurídico del gobierno. A primera vista, no parece que haya sido la mejor estrategia política. Para empezar, porque el propio Milei le «bajó el precio» a la victoria jurídica al insinuar que, en realidad, el fallo favorable a Argentina se debía principalmente a su alineamiento político incondicional con Estados Unidos y a su afinidad personal con Donald Trump.

Es, como suelen afirmar los analistas en comunicación política, el riesgo de carecer de «filtro» en las redes sociales. Milei no resistió la tentación de escribir desde su cuenta que sus viajes a Estados Unidos, su decisión de asistir a reuniones diplomáticas vestido con el mameluco de YPF y otras actitudes criticadas fueron, en definitiva, lo que inclinaron la balanza.

Es una argumentación rara para un político que en los foros internacionales aboga por la independencia de la justicia y que, además, ha hecho un credo del respeto a la propiedad privada. Sin ir más lejos, en el discurso brindado en enero en el célebre Foro de Davos -donde le tocó hablar a continuación de Trump-, Milei había hecho una vehemente proclama en defensa del derecho de propiedad. Y enfatizó en que esa postura no obedecía a una cuestión de oportunismo coyuntural sino a una convicción filosófica de su gobierno.

Después de esa declaración, y justo cuando está tratando de convencer a los inversores para que hundan capital en el país -como ocurrió en la reciente gira Argentina Week-, Milei no podía aparecer como si estuviera festejando la expropiación de YPF.

Y esa situación lo dejó en un lugar incómodo: el de celebrar el resultado del juicio pero, al mismo tiempo, cuestionar «el desastre» generado por Cristina y por el entonces ministro Axel Kicillof y calificar la expropiación como «aventura suicida».

Eso fue lo que llevó al presidente a anunciar un proyecto de ley que otorga un mayor blindaje judicial contra expropiaciones a los inversores extranjeros.

El kirchnerismo contraataca

El kirchnerismo entendió rápidamente el problema argumentativo de Milei, y por eso no dudó en pasar a la ofensiva. Kicillof, el blanco preferido de los insultos del presidente, se jactó de haber tenido razón desde el inicio respecto de que la expropiación no dejaría al país expuesto a condenas judiciales.

Mientras sus militantes llenaron las redes sociales con mensajes que afirmaban «Kicillof tenía razón», el ahora gobernador de Buenos Aires aprovechó para reivindicar su rol de expropiador. Recordó que, mientras él había diseñado la recuperación de la petrolera, Milei se había opuesto a esa medida y que argumentaba «en favor de los fondos buitres».

Y Cristina, con astucia, felicitó por la victoria judicial no a los funcionarios argentinos, sino a los abogados del bufete estadounidense Sullivan & Cromwell.

«De esta manera, queda más que claro que la expropiación con fines de utilidad pública de YPF se hizo conforme a derecho», afirmó la ex presidente, quien además argumentó que la decisión de la expropiación fue estratégica para el país, porque permitió el desarrollo del yacimiento Vaca Muerta.

«Hoy podemos decir con orgullo que Argentina tiene superávit de miles de millones de dólares en la balanza energética», agregó Cristina. Debe haber disfrutado al escribir esa frase, porque implica arrebatarle al ministro Toto Caputo un logro del que suele jactarse. De hecho, desde que estalló el conflicto en Medio Oriente, el ministro de Economía no deja de repetir en foros y entrevistas que, si no fuera por el recuperado autoabastecimiento, Argentina estaría en shock, como ocurrió tras la invasión rusa a Ucrania en 2022.

Kicillof también se tomó revancha política. Recordó que, al inicio de su gestión, Milei había propuesto que se creara un impuesto a los combustibles, llamado «tasa Kicillof», con el cual pagar el juicio por u$s 18.000 millones que, en primera instancia, había ganado el fondo Burford.

«Ese impuesto nunca fue más que una operación: un coro de voces que repitió durante años los argumentos de los buitres», sostuvo el gobernador y pre-candidato presidencial del peronismo.

«No se trataba de atacarme a mí, sino de cuestionar una decisión soberana y de defender intereses extranjeros. La derecha nunca la habría nacionalizado. Trabajaron siempre para los buitres, pero paradójicamente hoy su modelo no colapsa por falta de dólares gracias a YPF», argumentó Kicillof, también adjudicándose el mérito del superávit de la balanza comercial energética.

Oportunidad perdida para Milei

De momento, la argumentación de Milei ha sido más débil que la del kirchnerismo. Dejó pasar argumentos que sí había planteado la gestión de Mauricio Macri. Por ejemplo, que el desarrollo de Vaca Muerta no estaba frenado por el hecho de que YPF estuviera bajo el control de Repsol, sino por falta de inversiones.

Además, Milei olvidó mencionar que Kicillof había argumentado que la expropiación no le costaría ni un dólar al país -y hasta insinuó que se podría cobrar una reparación-, pero finalmente Repsol terminó cobrando u$s5.000 millones en bonos emitidos por el propio Kicillof. Y que, por el diseño del acuerdo, que implicaba un mayor pago si esos bonos perdían valor en el mercado secundario, la indemnización terminó siendo de u$s6.300 millones.

Pero, sobre todo, lo que Milei dejó pasar fue el hecho de que el juicio Burford versus Argentina no estaba vinculado a la expropiación en sí, sino a la cuestionada «venta» del 25% de la empresa al grupo Eskenazi.

Así lo explica el economista Nicolás Gadano, experto en mercado energético: «La carátula del fallo histórico de hoy, como las de todos los fallos previos, pone de manifiesto algo que CFK, Axel y Cia siempre intentan soslayar. ¿Quiénes son los demandantes contra la República Argentina? Las empresas Petersen del grupo Eskenazi. ¿Cómo y cuándo llegaron a YPF? Por obra y gracia del kirchnerismo, en 2008, en la primera presidencia de CFK».

La batalla por el relato de YPF todavía no terminó, y en los próximos días las encuestas revelarán si la opinión pública atribuye el mérito a Milei o a Cristina y Kicillof. Pero, de momento, lo que los analistas vieron fue un primer round mejor aprovechado por el kirchnerismo.