Para cobrar este beneficio es necesario cumplir con una serie de requisitos ante la ANSES. ¿Cuáles son, quien los puede solicitar y a cuánto alcanzan?

18/02/2026 – 11:20hs

La vuelta a clases activa uno de los beneficios más esperados por las familias: la Ayuda Escolar Anual. Se trata de un refuerzo económico que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a quienes tienen hijos en edad escolar y cumplen determinados requisitos de ingresos y escolaridad. En un contexto de bolsillos ajustados, el trámite cobra relevancia. A continuación, quiénes pueden cobrarla, cuáles son los topes de ingresos y cómo se gestiona paso a paso.

¿Qué es la Ayuda Escolar Anual?

Es una asignación que se paga una vez al año por cada hijo en edad escolar que asista a establecimientos educativos reconocidos oficialmente. Aplica tanto para nivel inicial, primario y secundario, como para educación especial (sin límite de edad en este último caso).

El objetivo es compensar parte de los gastos que implica el inicio del ciclo lectivo: útiles, guardapolvos, uniformes y transporte.

Quiénes pueden solicitarla

Pueden acceder:

• Trabajadores en relación de dependencia que cobren Asignación Familiar por Hijo.
• Monotributistas encuadrados en el sistema de asignaciones familiares.
• Jubilados y pensionados que perciban asignaciones por hijo.
• Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
• Titulares de la Asignación por Hijo con Discapacidad.

En todos los casos, el menor debe tener entre 45 días y 17 años inclusive (sin tope de edad para hijos con discapacidad) y acreditar escolaridad en establecimiento incorporado a la enseñanza oficial, ya sea nivel inicial, primario o secundario/polimodal.

«Tener en cuenta que es sin límite de edad en caso de tener hijas/os con discapacidad que reciban una educación especial, concurran a talleres protegidos, centros de rehabilitación o que reciban el apoyo de maestras/os particulares matriculadas/os para ese fin o asisten a establecimientos públicos o privados de educación especial», precisa ANSES.

Topes de ingresos: cuánto se puede ganar

Uno de los puntos clave es el límite de ingresos del grupo familiar

La cobra uno solo de los padres una vez por año y tiene un tope $4.023.266 de Ingreso Grupo Familiar. Para hijo con discapacidad no hay restricción. Si alguno de los integrantes supera el límite individual fijado por el organismo, se pierde el derecho al cobro. En el caso de la AUH, no rige el mismo esquema de topes salariales, pero sí se exige que el adulto responsable se encuentre desocupado, sea trabajador informal, de casas particulares o monotributista social.

Paso a paso: cómo se tramita

El trámite puede realizarse de manera digital a través de la web oficial de ANSES o desde la app Mi ANSES. El procedimiento es el siguiente:

1. Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
2. Verificar datos personales y del grupo familiar en la sección «Información Personal». Si hay inconsistencias, deben corregirse antes de avanzar.
3. Generar el Certificado Escolar desde la plataforma.
4. Imprimir el formulario y llevarlo a la escuela para que sea completado y firmado por la autoridad educativa.
5. Subir el certificado firmado nuevamente a la web o presentarlo en una oficina con turno previo.

En muchos casos, cuando la escolaridad ya fue acreditada el año anterior y no hubo cambios, el pago se realiza de manera automática. Sin embargo, si ANSES detecta falta de documentación, puede suspender el beneficio hasta que se regularice.

Fechas de pago y montos

El importe es fijo por hijo y no varía según la zona del país. Para hijos con discapacidad, el valor es superior y no tiene límite de edad, siempre que se mantenga la condición y la escolaridad.

En lo que hace a las fechas de pago, estas se fijan según la terminación del DNI y comenzaron a abonarse a principios de febrero, pero en el caso de aquellos niños, niñas y adolescentes que no estuvieron incluidos en la liquidación de este mes, se abonarán con la presentación del certificado correspondiente.

Qué tener en cuenta

• Es obligatorio presentar el Certificado Escolar todos los años.
• Si no se acredita la escolaridad antes de la fecha límite, se puede perder el derecho al cobro.
• El pago se deposita en la misma cuenta donde se cobran las asignaciones mensuales.

En un escenario de suba constante de precios en útiles y uniformes, la Ayuda Escolar se convierte en un alivio concreto para millones de hogares. La clave es anticiparse, verificar los datos en Mi ANSES y completar el trámite sin demoras para no quedar afuera de un beneficio que puede marcar la diferencia en el arranque del ciclo lectivo.

Luego del anuncio del cierre de la histórica planta de neumáticos Fate y el consecuente despido de 920 trabajadores, la Unión Industrial Argentina (UIA) se mostró en alerta dado que este caso no es aislado, sino que la crisis se replica en otros sectores manufactureros. “La UIA lamenta profundamente el cierre de Fate”, dijo la entidad.

Relataron que se trata de una empresa de origen nacional con décadas de trayectoria en el desarrollo industrial argentino y generadora de empleo, tecnología y cadenas de valor locales. “Detrás del cierre de una fábrica hay trabajadores, familias, proveedores, transportistas, pymes vinculadas y comunidades enteras que dependen de ese núcleo productivo”, manifestó.

Consideraron que cada planta industrial que se apaga implica la pérdida de conocimiento acumulado, empleo calificado y entramados productivos que tardan décadas en construirse. A noviembre de 2025 (último dato), la industria lleva perdidos casi 65 mil trabajadores (-5,4%) en los últimos dos años.

La UIA remacó que “el cierre de Fate no puede analizarse como un episodio aislado, sino como parte de un fenómeno integral donde sectores industriales enteros enfrentan situaciones de competencia internacional fuertemente distorsionada. La industria del neumático es uno de los casos más evidentes de sobrecapacidad global y prácticas comerciales desleales, especialmente provenientes de Asia”.

El comunicado sostiene que la experiencia internacional demuestra que las principales economías del mundo han adoptado medidas para defender sus cadenas de valor estratégicas frente a situaciones de dumping, subsidios encubiertos o distorsiones sistémicas.

“Desde la UIA queremos ser claros: la industria argentina pide igualdad de condiciones para competir, con un esquema impositivo razonable, financiamiento accesible, infraestructura eficiente y un marco laboral moderno”, afirmaron y agregaron que hay una política de apertura sin convergencia de esas condiciones.

La UIA expresó que la industria argentina enfrentaba el desafío de ofrecer a los consumidores productos con precios y calidades similares a los internacionales. Señaló que ese objetivo debía orientar la estrategia del sector productivo.

Para alcanzarlo, sostuvo que se requería un esfuerzo conjunto que incluyera inversión empresarial, capacitación, modernización laboral, mejora continua y un entorno macroeconómico y regulatorio que permitiera que la producción en Argentina fuera tan competitiva como en otros países.

“La UIA reitera su compromiso de trabajar junto al sector público y los trabajadores en una agenda de competitividad que permita sostener y multiplicar el entramado industrial argentino”, concluyó la central industrial.

Una fuente cercana a la empresa había detallado a Infobae que se trata de un cierre definitivo y que se cumplirá con todos los pagos correspondientes a empleados, proveedores y bancos. Explicó que la compañía liquidará sus activos y cesará sus operaciones. La empresa venía registrando pérdidas desde hace tres décadas, pero la llegada masiva de cubiertas chinas aceleró la situación.

Cabe recordar que la semana pasada Martín Rappallini, titular de la UIA, se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo. Tras el encuentro, el titular del Palacio de Hacienda declaró: “Hablamos de la importancia dela reforma laboral, en particular del FAL, de las medidas para reducir los costos de la industria del juicio, el régimen de nuevo empleo que reduce los aportes patronales a tan solo 2% por los próximos 4 años, y del RIMI para Pymes”.

Asimismo, dijo que “todos estos cambios, junto con la ley de inocencia fiscal, serán fundamentales para navegar de la mejor manera posible la transición hacia este nuevo modelo de país, donde lo que buscamos es que prevalezca la creación de empleo, mejores salarios, y una mayor apertura al comercio con el mundo”.

“También hablamos de la importancia de reducir la carga impositiva, principalmente en provincias y municipios, a fin de hacer que nuestras industrias puedan ser más competitivas”.

Desde la entidad industrial señalaron que la reunión con el funcionario nacional se centró en la relevancia de la modernización laboral. Los representantes del sector también valoraron el proceso de ordenamiento macroeconómico, aunque advirtieron sobre las dificultades asociadas a la estabilización y su impacto en la industria.

En ese contexto, la UIA presentó propuestas destinadas a impulsar la recuperación del sector. Entre las medidas orientadas a reducir los costos laborales no salariales, se destacó la sugerencia de permitir que las contribuciones patronales se computen como crédito fiscal del IVA, con el objetivo de incentivar la formalización del empleo, sobre todo en sectores intensivos en mano de obra y en pequeñas y medianas empresas.

Respecto a las exportaciones, se abordó la continuidad en la eliminación de derechos de exportación para los sectores que aún los mantienen y la posibilidad de aumentar los reintegros a las exportaciones, con especial atención en las manufacturas de origen industrial y los alimentos.

Para las actividades industriales relacionadas con la construcción, se evaluaron alternativas para estimular la compra de insumos, como la devolución del IVA en consumos efectuados con tarjetas de crédito y débito.

Durante la reunión, también se analizaron opciones para facilitar el acceso de las pymes al financiamiento productivo, como la utilización de recursos provenientes del Fondo de Asistencia Laboral y la implementación de líneas de crédito para capital de trabajo y consumo. La agenda contempló además el pedido de una reducción de la carga impositiva en los distintos niveles de gobierno, tanto nacional como provincial y municipal.

Por otro lado, se consideró la importancia de reforzar los controles para evitar la subfacturación de importaciones a precios por debajo del valor de mercado, en un escenario internacional marcado por desvíos comerciales y exceso de capacidad productiva.

Finalmente, la UIA propuso acelerar la devolución de saldos fiscales acumulados para el sector y examinar la posibilidad de establecer nuevos planes de suspensión de embargos para pymes, con el fin de otorgar alivio financiero y fiscal.

Durante los primeros dos años de la presidencia de Javier Milei, la Argentina experimentó la pérdida de 21.339 empresas privadas empleadoras, una reducción del 3,9% en el universo de compañías formales con personal registrado. El fenómeno se observó entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 y abarcó a casi todas las jurisdicciones del país.

La disminución de compañías privadas, consideradas aquellas que declaran al menos un trabajador bajo cobertura del sistema de riesgos del trabajo, constituye uno de los indicadores más sensibles para medir la salud del sector productivo formal.

La medición realizada por la consultora Politikon Chaco excluyó a la administración pública, las organizaciones extraterritoriales y los hogares con servicio doméstico, lo que delimitó el análisis al núcleo del sector privado formal empleador. El dato se conoce a la vez que Fate anunció el cierre de su planta industrial de San Fernando y el despido de 920 empleados.

De las 24 jurisdicciones relevadas, solo Neuquén mostró un incremento neto de empresas, con un crecimiento del 1,8% y 159 firmas adicionales. El resto del país evidenció caídas de diversa magnitud.

Mientras Tucumán, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y San Juan presentaron retrocesos inferiores al 2%, provincias como Chaco (-10,5%), Catamarca (-11,3%) y La Rioja (-12,6%) registraron descensos de doble dígito, lo que equivale a la desaparición de más de uno de cada diez empleadores privados en dos años.

En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires explicó la mayor pérdida, con 5.428 empresas menos, equivalente a una baja del 3,2%. Le siguieron Córdoba con 3.884 firmas menos (-7,5%), Santa Fe con una reducción de 2.309 (-4,6%) y CABA con 1.860 empleadores menos (-1,5%). Estas cuatro jurisdicciones concentran el 72% del total de empresas en el país, por lo que sus variaciones inciden de manera significativa en el resultado nacional.

Durante el mismo período, de acuerdo al CEPA, la cantidad de trabajadores registrados en unidades productivas disminuyó de 9.857.173 a 9.566.573, lo que implica una retracción cercana al 3%. En números absolutos, esto representa 290.600 empleos menos, una media de 400 puestos diarios desde la asunción de Milei.

Las cifras reflejan una contracción extendida y persistente en el tejido empresarial formal argentino, con impactos desiguales según la provincia, pero con una tendencia negativa predominante en casi todo el territorio nacional.

Otra aspecto a resaltar es que, según la Secretaría de Trabajo, la evolución demográfica empresarial muestra tres etapas diferenciadas en las últimas dos décadas.

Entre 2003 y 2008, el país atravesó una fase expansiva con un crecimiento anual promedio del 1,8% en el stock de empresas. El período 2009-2023 se caracterizó por el estancamiento, sin variaciones significativas en la cantidad de firmas (0,0%), mientras que 2024 marcó el inicio de una fase contractiva, con una reducción neta del 0,6%.

El análisis oficial identifica dos tendencias principales. Por un lado, la tasa de cierres de empresas permaneció prácticamente constante durante los tres períodos, sin grandes cambios entre etapas de expansión o recesión, ni entre diferentes sectores. Por otro, la variación neta en el número de empresas estuvo determinada fundamentalmente por las fluctuaciones en las aperturas, ya que los cierres se mantuvieron estables y no influyeron de modo relevante en la evolución del parque empresarial.

La Secretaría de Trabajo subrayó que “la pérdida de densidad empresarial en fases recesivas no obedece a un incremento de los cierres de firmas, sino a una caída en el volumen de aperturas de nuevas unidades productivas”.

En 2024, la reducción del 0,6% en la cantidad de empresas respondió a que la tasa de aperturas se ubicó en 2,7%, por debajo de la de cierres (3,4%). Este saldo negativo no se debió a un aumento en la mortalidad empresarial respecto de etapas anteriores, sino a la contracción en la creación de nuevas firmas. La tasa de cierres en 2024 fue similar a la de los ciclos previos (3,2 y 3,4, respectivamente para 2003-2008 y 2009-2023).

Esta dinámica se replica en todas las ramas que conforman la estructura productiva nacional. El informe oficial explicó que una parte relevante de los cierres corresponde a empresas de corta vida: en los últimos cuatro trimestres, el 34% de los cierres involucró firmas con menos de tres años de antigüedad. “Un período contractivo que reduce naturalmente el nacimiento de firmas determinará, en el corto plazo, una baja inercial en el número de cierres futuros”, señaló la cartera laboral.

El documento añadió: “Si bien un escenario recesivo promueve el cierre de empresas por la caída de la demanda y la reducción de los mercados, también restringe la creación de nuevas unidades productivas que, por su naturaleza, son las más propensas a cerrar prematuramente. De este modo, mientras las aperturas operan con una dinámica claramente pro-cíclica, los cierres enfrentan fuerzas contrapuestas que tienden a neutralizarse, resultando en una tasa de mortalidad sensiblemente constante. La magnitud de este equilibrio dependerá, lógicamente, de la profundidad y la extensión temporal de la crisis”.