Desde que la Unión Europea decidió postergar la decisión de prohibir la fabricación y venta de autos con motores de combustión que entraba en vigor en 2035 y aplazar la medida sin una nueva fecha, la industria automotriz mundial pareció sentirse habilitada para anunciar drásticos cambios de rumbo como son suspender o reducir las inversiones en autos eléctricos y redirigirlas a fabricar autos convencionales e híbridos, que ya se venían gestando en silencio pero no se daban a publicidad porque implicaba ir abiertamente en contra de las regulaciones gubernamentales.

Pero esta semana, esa decisión de defender las finanzas de la industria y las fuentes de empleo del sector recibieron uno de los más fuertes respaldos que podían tener, el del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tomó la decisión de revocar el denominado “dictamen de peligro” del año 2009, en lo que el propio Gobierno denomina como la mayor desregulación ambiental en la historia reciente del país y que impacta fuertemente en la industria automotriz norteamericana.

La decisión de Trump elimina la base legal que permitía al gobierno federal regular los gases de efecto invernadero, un pilar normativo que había sido instaurado durante el mandato de Barack Obama. Este “dictamen de peligro” consideraba que seis gases principales, como el dióxido de carbono y el metano, constituían una amenaza para la salud pública y autorizaba a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) a establecer límites estrictos a las emisiones de automóviles, centrales eléctricas y otras industrias.

La Casa Blanca calificó la revocación como un paso para “abaratar los automóviles” y aseguró que los fabricantes de autos ahorrarían hasta USD 2.400 por vehículo con la eliminación de los controles actuales, que por ejemplo generaron el desarrollo de la tecnología Start/Stop, por la cual el motor de gasolina de los vehículos se detiene cuando estos dejan de avanzar y se vuelve a encender al soltar el freno o pisar el acelerador.

Este dispositivo fue parte de los sistemas adoptados por las automotrices para reducir las emisiones de CO2 en momentos en los que los automóviles no están circulando, aunque también implicó un sobrecosto de producción y un aumento en el precio de adquisición para los usuarios.

Karoline Leavitt, portavoz presidencial, afirmó que la desregulación permitirá un ahorro superior a un billón de dólares y contribuirá a reducir el precio de la energía y el transporte. El gobierno sostiene que la norma de 2009 fue “una política desastrosa de la era Obama que perjudicó gravemente a la industria automotriz estadounidense e incrementó drásticamente los precios para los consumidores”, según las palabras de Trump.

Pero mientras el presidente de Estados Unidos sostiene que la medida permitirá abaratar los costos de producción de vehículos, organizaciones ambientalistas y expertos advierten sobre consecuencias económicas, legales y sanitarias para el sector y la población.

“La medida consolida flexibilizaciones previas en los estándares de consumo, pero realmente pone a los fabricantes en una situación comprometida, porque nadie más querrá comprar autos estadounidenses”, dijo Michael Gerrard, experto en derecho climático de la Universidad de Columbia, a BBC Mundo.

Organizaciones ambientalistas como objetaron la medida. Peter Zalzal, directivo del Fondo de Defensa Ambiental advirtió que la decisión “obligará a los estadounidenses a gastar más dinero, alrededor de 1,4 billones de dólares en combustible adicional, para impulsar vehículos menos eficientes y más contaminantes”.

Las últimas fueron Ford y Stellantis reconocieron abiertamente que deberán asumir pérdidas por valores de USD 19.500 y 26.000 millones a causa de haber adaptado su estrategia de electrificación a una menor demanda y a la cancelación de proyectos y vehículos ya en producción, mientras que Volkswagen anunció el cierre de una de sus más emblemáticas plantas alemanas, en Dresde, donde sólo se producían autos eléctricos.

En julio pasado, Luca de Meo decidió dejar repentinamente la dirección ejecutiva del Renault Group y salir de la industria del automóvil, en el momento en que la “Renaulution”, el proceso de revalorización y relanzamiento de Renault con una fuerte apuesta a los autos eléctricos, estaba dando sus mejores resultados financieros, pero previendo un escenario mundial de inestabilidad para esta tecnología.

En ese mismo sentido, al mismo tiempo de anunciar su mejor año histórico de ventas a nivel mundial, Toyota Motor Corporation anunció que reemplazará a su CEO global, Koji Sato, quien llegó hace tres años con la misión de “subir” a Toyota a la movilidad eléctrica a una mayor velocidad de la que lo estaba haciendo, por Kenta Kon, un hombre de finanzas (ex CFO del grupo), quien deberá redireccionar programas de alto costo para enfrentar la complejidad de una industria que lucha contra la expansión de marcas chinas subvencionadas por el Estado, y necesita mantener la competitividad de sus productos.

El efecto cascada de estas decisiones no sólo implica que la industria del automóvil haya redireccionado sus objetivos de reducción de emisiones por medio de los autos híbridos e híbridos enchufables.

En los últimos días se conoció la decisión de Stellantis de volver a equipar algunos modelos de vehículos utilitarios pequeños con motores diésel, en lo que podría ser un progresivo regreso a una tecnología que parecía destinada a desaparecer debido a la mala prensa que recibió a partir del Diéselgate de Volkswagen descubierto en el año 2015.

Las recientes modificaciones introducidas por la Ley 27.799 a la Ley Penal Tributaria provocaron un efecto inmediato y de gran magnitud sobre el universo de causas penales vinculadas a la evasión y otros delitos fiscales en Argentina.

Según fuentes del Gobierno, estas nuevas disposiciones provocan que cerca del 80% de las causas judiciales iniciadas se caen, lo que representa un giro relevante en la aplicación de la normativa vigente en materia de persecución penal tributaria.

La actualización de los montos a partir de los cuales las conductas relacionadas con la evasión fiscal y el movimiento de fondos sin declarar adquieren relevancia penal se convirtió en el eje central de análisis tanto en el ámbito judicial como entre los principales estudios especializados en materia tributaria.

Voceros consultados por Infobae coinciden en que el principal efecto inmediato de la reforma es la revisión masiva de expedientes judiciales en trámite, con la consiguiente caída de un número elevado de causas por no superar los nuevos parámetros establecidos.

Noeli Girardi, gerente de impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, dijo a Infobae que el cambio normativo exige considerar el principio de ley penal más benigna.

“Con la modificación de los montos del Régimen Penal Tributario que introdujo la Ley 27.799, lo primero que debe analizarse es la aplicación del principio de ley penal más benigna. Esto implica que, si los nuevos umbrales son más altos que los vigentes cuando se inició la causa, corresponde revisar si el monto involucrado sigue configurando delito”, sostuvo Girardi.

La especialista aclaró que no se trata de un proceso automático ni de un indulto generalizado. “Cada caso debe analizarse en función del monto efectivamente determinado y de la etapa procesal en la que se encuentre. Además, es clave cómo se compone ese monto, porque pueden existir distintos criterios sobre qué conceptos se incluyen para verificar la condición objetiva de punibilidad”, puntualizó.

Añadió Girardi que la aplicación del principio de ley penal más benigna cuenta con el respaldo explícito del propio organismo recaudador, en línea con la doctrina de la Corte Suprema. “Esto abre la puerta a la revisión de muchas causas en trámite”, observó.

En la misma línea, Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, contó a este medio que la jurisprudencia de la Corte avala de manera contundente este principio.

“De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte, se aplica el principio de ley penal más benigna. Y si bien había algunos que hacían algunos cuestionamientos, ARCA sacó la instrucción general diciendo que se aplican los nuevos montos objetivos de punibilidad a la nueva situación, digamos, de la ley actual”, dijo Domínguez.

El especialista brindó un ejemplo concreto: “Hay casos donde alguien evadió $3 millones, le habían formulado la denuncia penal por evasión simple. Ahora se aplica ley penal más benigna y ahí se termina la causa penal”.

Domínguez agregó que existen otras situaciones no tan difundidas y mencionó: “Si alguien evade, ya con estos nuevos parámetros o lo hizo antes, por ejemplo más de $100 millones, que antes era evasión agravada, ahora es evasión simple. Ahí ley penal más benigna en principio sería bajarlo de evasión agravada a evasión simple”.

Sebastián Domínguez subrayó que si el periodo fiscal por el cual se está imputando evasión ya está prescripto, ARCA no tiene facultades para determinar y exigir el tributo, lo que implica la extinción de la acción penal.

“Más allá de que ya se superó el parámetro de $100 millones nuevo, se aplica la cuestión de que si está prescripta, se extingue la acción penal. Está prescripta la facultad del fisco para determinar y exigir el impuesto”, describió el CEO de SDC Asesores Tributarios.

El especialista dijo que “si bien ya existen casos de aplicación en los nuevos montos, los casos vinculados a la prescripción todavía no adquirieron notoriedad pública”.

Mariano Ghirardotti, socio de Ghirardotti & Ghirardotti, dijo a Infobae que ya se registró una causa reciente en la que los jueces utilizaron los nuevos parámetros de la Ley Penal Tributaria para fallar a favor del contribuyente en un proceso penal.

El especialista advirtió que la vigencia de los nuevos umbrales debe aplicarse para el período específico en el que se cometió el ilícito, aunque la doctrina de la ley penal más benigna puede dar lugar a discusiones.

“La idea va a ser que estos parámetros se utilicen para el tiempo en el que estén vigentes y, de acá a futuro, cada vez que se vayan ajustando, se apliquen los valores actualizados al año que corresponda. Pero como está la doctrina de la ley penal más benigna, eso puede llegar a ser discutido”, precisó el tributarista.

Ghirardotti planteó un escenario en el que una persona comete una infracción en un año con ciertos parámetros y es descubierta tiempo después, cuando los montos cambiaron. Según el especialista, la ley indica que debe juzgarse con los parámetros vigentes al momento de la infracción. “Lo que dice la ley es que se tiene que juzgar con los parámetros de 2026, o denunciar solo si se exceden esos montos”, explicó.

Las fuentes consultadas por Infobae remarcaron que la caída masiva de causas judiciales responde a la redefinición de los umbrales de punibilidad y no implica una amnistía general. El proceso de revisión se desarrolla caso por caso, teniendo en cuenta la etapa procesal, el monto involucrado y el criterio de composición de los conceptos incluidos en la acusación.

La instrucción general emitida por la ARCA ratificó la vigencia de los nuevos montos objetivos de punibilidad y la necesidad de aplicar el criterio de ley penal más benigna. Esta definición institucional despejó dudas sobre la postura del organismo y unificó criterios en los tribunales y entre los profesionales del derecho tributario.

El impacto de la reforma en la práctica judicial resulta inmediato, aunque el alcance definitivo de los cambios dependerá de cómo los jueces interpreten la normativa en cada expediente.

Tanto las fuentes oficiales como los especialistas consultados reconocen que el proceso de revisión de causas en trámite se encuentra en pleno desarrollo y podría extenderse en el tiempo en función de la cantidad de expedientes y la complejidad de los casos.

Los estudios especializados coinciden en que la redefinición de los montos de punibilidad no solo afecta el stock de causas, sino que introduce un nuevo marco de previsibilidad para los contribuyentes y sus asesores. La doctrina de la ley penal más benigna y la instrucción general de la ARCA constituyen las herramientas clave en el proceso de depuración de expedientes.

“Explotó una bomba inesperada”. La definición que eligió un miembro muy relevante del gobierno de Javier Milei quizás no sea la figura más feliz para referirse a una cuestión vinculada a la energía nuclear, pero sin dudas grafica lo que ocurre puertas adentro de la administración de un sector que es central –o al menos lo era hasta el momento– para los planes energéticos y de desarrollo general de la administración libertaria.

La renuncia de Demian Reidel a la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), la sociedad anónima con mayoría estatal que se encarga de gestionar las centrales nucleares del país, cayó como un balde de agua congelada porque estuvo inmediatamente precedida por la salida de funcionarios de su entorno que quedaron señalados por presuntos manejos irregulares de fondos.

El run run detrás de lo que pasó con este funcionario muy cercano a Milei está a la orden del día y hay versiones para todos los gustos. Por el momento, no está claro si Reidel –quien declinó hacer comentarios para esta nota de Infobae– continúa en el “esquema Presidencial”. Hasta el año pasado encabezó el Consejo de Asesores Económicos del mandatario al punto de ser mencionado por el Presidente como un eventual socio paga ganar el Nobel ya que juntos estaban “reescribiendo gran parte de la teoría económica para poder derivar optimalidad de Pareto, tanto estática como intertemporal, teniendo funciones de producción no convexas», según detalló el propio Milei. Más allá de las continuas menciones, ese consejo que también integraron otros economistas nunca tuvo un rol concreto y visible. Sólo se supo de él cuando alguno de sus integrantes abandonaba el grupo (por decisión propia o no) y luego pasó al olvido.

Por estas horas, Reidel contaría solo con el apoyo del propio Milei… o ni siquiera eso. Tanto Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; como Santiago Caputo, principal asesor del Presidente, le bajaron el pulgar. Caputo controla ahora el área nuclear y logró un movimiento importante: en diciembre, bajo la órbita de Economía, se creó la Secretaría de Asuntos Nucleares, que quedó a cargo de Federico Ramos Napoli, un abogado de 31 años que fue por unos meses presidente de Dioxitek, otra empresa estatal clave para el sector porque es la encargada de la producción de dióxido de uranio, el combustible atómico.

También hubo cambios en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), donde Martín Porro reemplazó a Germán Guido Lavalle, quien también era vice de NASA y fue la principal contraparte de Reidel.

Desde antes de asumir Milei el sector nuclear fue el hábitat natural de Reidel dentro del Gobierno, más allá de la economía y de los cargos formales. Tan es así que a fines de 2024 presentó junto al Presidente y a Rafael Grossi, director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica de la ONU, el Plan Nuclear Argentino.

Esa hoja de ruta, ideada y encabezada por él, hacía eje en la fabricación de reactores modulares (conocidos como SMR, en fase de desarrollo global y muy en boga en el sector en los últimos años en la industria), en impulsar grandes centros de IA alimentados por energía atómica –él mismo estuvo muy cerca del anuncio de inversión de USD 25.000 millones para hacer un datacenter de OpenIA en la Patagonia– y, en una etapa posterior, en la minera de uranio, un negocio que comenzó a reactivarse tímidamente en los últimos años. Por todo eso Reidel debe haber pensado en algún momento que era número puesto para una eventual nueva secretaría del área. Esa estructura llegó y no sólo no la encabezó, sino que también quedó afuera de Nucleoeléctrica. Por estas horas su injerencia en el Gabinete y en el propio Milei es, por lo menos, incierta.

El CV de Reidel es envidiable. Es físico del Instituto Balseiro, tiene un máster en matemática financiera en la Universidad de Chicago y un doctorado en Economía en la Universidad de Harvard, donde además fue investigador. No sólo eso, estrechos contactos en Wall Street, fue trader en Goldman Sachs y JP Morgan, y hasta cofundó su propio fondo de inversión americano, QFR Capital Management, junto al actual viceministro de Economía, José Luis Daza. En el Gobierno de Cambiemos volvió al país y fue segundo de Federicos Sturzenegger en el Banco Central.

Son días turbulentos para el físico. Incluso horas antes de renunciar tuvo que salir a explicar cómo había pagado una deuda bancaria de más de $800 millones. Aseguró en X que vendió una participación en un desarrollo inmobiliario local que había comprado en 2018. “Fui vendiendo por etapas, sin apuro: vendí en marzo de 2023 y diciembre de 2024. En 2025 vendí otra parte y, mientras avanzaba esa venta, tomé financiamiento puente contra el activo para tener liquidez: eso es ‘la deuda’. El 15/12/2025 vendí esa parte por USD 770.000. La compra fue con fondos propios. La venta también. Cobré y cancelé la deuda”, detalló.

Reidel se fue de la presidencia de Nucleoeléctrica –o lo obligaron a irse, no está del todo claro– en un contexto muy adverso marcado por denuncias de sobreprecios y episodios de alta tensión dentro de la empresa que opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse.

La decisión llegó como desenlace de semanas de conflictos internos en medio de un proceso de privatización parcial impulsado por el Gobierno.

El detonante de la crisis estuvo ligado a presuntas irregularidades en la licitación de servicios de limpieza, donde se habría detectado incremento de precios del 140% respecto a los valores de referencia del Estado. La situación se agravó con un señalamiento adicional por una contratación directa de software con un sobreprecio de más de 1.000 por ciento. La supuesta presión para aprobar estas contrataciones generó fuertes señalamientos y un quiebre en la conducción. Todo derivó en la suspensión de los gerentes Marcelo Famá (Gerencia General) y Hernán Pantuso (Administración), los alfiles de Reidel.

Más allá de esos contratos, las sospechas eran más profundas y hubo una serie de sumarios e investigaciones internas. La gran “guerra” que perdieron Reidel y su gente fue con “la línea”, los principales técnicos nucleares de NASA, que no solo son respetados por estar ultra certificados para hacer su trabajo, sino que además son puestos que no abundan en el sector. Son los guardianes de lo que en la industria definen como la “cultura de la seguridad”, un concepto que va más allá de la solo prevención de los accidentes nucleares.

“Los técnicos se retobaron cuando vieron amenazada esa cultura”, detallaron en NASA. La tensión subió cuando se involucró la WANO (World Association of Nuclear Operators), algo así como la FIFA de los operadores nucleares del mundo. El organismo es el encargado de vigilar los estándares de seguridad, pero sobre todo proteger el negocio nuclear global.

Hubo informes de técnicos locales con duros cuestionamientos a cuyos autores se trató de echar. La tensión subió cuando la WANO hizo advertencias por mail y más aún cuando sus técnicos visitaron el país el año pasado y Reidel no los recibió.

“De los más de 260 días que Reidel presidió la empresa, solo estuvo 14 horas en el edificio central de la empresa. Se la pasaba viajando. Delegó muchas funciones en sus gerentes, pero no se establecieron revisiones claras ni mecanismos de control y rendición de cuentas. Fue un combo muy fuerte para la línea y empezaron las presiones. Demian creyó que su lugar de cabeza del Consejo Nuclear y la presidencia de NASA eran lo mismo. Fue un error”, agregan sus detractores.

Cuando las acciones de la empresa pasaron de la secretaría de Energía a la nueva secretaría de Asuntos Nucleares, su destino quedó sellado.

En marzo del año pasado, en el Latam Forum, Reidel tuvo declaraciones que generaron mucho ruido por lo desafortunadas. Con tono algo canchero y en inglés, dijo: “Tenemos grandes extensiones de tierra con acceso a energía y agua, climas fríos, que es la cereza del postre para el enfriamiento de los sistemas AI; y además, estamos en un área sin conflictos armados, sin tsunamis, sin terremotos. No hay muchos lugares en la Tierra con esas cualidades”. Hizo una pausa y agregó: “El único problema de Argentina es que está llena de argentinos”. Luego, criticado en X hasta por el “Gordo Dan”, ensayó tímidas disculpas en redes.

Un mes después, en un almuerzo del Rotary Club en el que fue orador, adelantó que iba a presidir Nucleoeléctrica. “El doctor Marcelo Famá, va a acompañarme en la gestión como gerente general. Nos conocemos hace 5, 6 años… hace como 30 años. Vamos a traer un management absolutamente top, son casi todos ingenieros o físicos del Balseiro porque vamos a desarrollar el programa nuclear”, aseguró.

Nucleoeléctrica tiene un presupuesto anual de unos USD 1.000 millones y un flujo de dinero muy alto. Solo Atucha 2 genera USD 70 millones por mes. Tiene contrataciones directas para equipos específicos que pueden rondar los USD 10 millones. El año pasado logró un nuevo récord en generación nuclear. Alcanzó los 10.760.572 megavatios-hora (MWh), superando la marca previa de 10.449.015 MWh registrada en 2024. Los resultados individuales de sus plantas también evidenciaron récords históricos, según detalló la empresa.

Luego de los informes críticos y del intento de despedir a los técnicos que los escribieron, la crisis generó una reunión de directorio de extrema tensión. En ese encuentro “explotó” todo. Ese directorio estaba encabezado por el propio Reidel; el vicepresidente de NASA, Guido Lavalle; y los directores Axel Larreteguy, Marco Campolonghi y Diego Chaher, quien además es titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Muy cercano a Santiago Caputo, es el “privatizador” del Gobierno y el único director de los “viejos” que sigue en funciones en NASA.

“La reunión fue muy violenta. Hubo gritos, insultos y hasta golpes a las paredes. Cuando se decidió suspender a los gerentes, Reidel perdió el control. Fue un verdadero escándalo. Volaron vasos. Se votó por suspender a Famá y Pantuso y se puso en el orden del día convocar a asamblea para renovar autoridades”, describió uno de los presentes.

La tensión máxima fue entre Reidel y Guido Lavalle. En la siguiente reunión de accionistas, Reidel quedó afuera de la presidencia y su vice, quien no estuvo en la reunión, también dejó el directorio.

Antes de eso, Reidel había ordenado cerrar los sumarios aduciendo que sus funcionarios ya habían renunciado. “Como no se emitió orden de compra y los tipos se fueron, no hay perjuicio fiscal, aunque podría haber una falta de criterio o tentativa”, sostuvo otra fuente de Nucleoeléctrica. Como sea, fuentes oficiales aseguraron que no están descartadas denuncias penales por incumplimiento de funciones. Con todo, aún hay investigaciones internas en marcha y todo parece indicar que el tema se cerrará con la salida de Reidel y su equipo. Según los involucrados, finalmente, esa renuncia fue “cordial” y hasta habría habido algún pedido de disculpas por el vehemente asesor de Milei.

Con la salida de Reidel, Juan Martín Campos asumió la presidencia de la empresa, acompañado por Martín Porro (vicepresidente y titular de la CNEA) y se mantuvo a Chaher. El control político y operativo de la compañía quedó en manos de Ramos Napoli, secretario de Asuntos Nucleares, quien designó a colaboradores de su confianza en las principales áreas del sector.

Una cadena de suministros nucleares cada día más compleja, un mercado que sufrió fuertes cambios en las últimas décadas a nivel global, pasando –a grandes rasgos– de un contexto belicista, a los accidentes catastróficos –con Chernóbil y Fukushima a la cabeza– y un sector que volvió a ser una alternativa de energía limpia, algo que se potenció con la IA y la idea de alimentar sus centros de cómputo.

A nivel local, podría decirse que Reidel enfocó su plan en fabricar un reactor modular y que la nueva gestión atómica, que se autodefine como más integral, apuntó sus cañones a la minería de uranio, un sector con mucho potencial que el país abandonó hace años ante costos que no cerraban, y a generar un flujo fuerte de suministros de insumos para las centrales. “Hacer un reactor modular en 5 años, de la nada, es una locura. Es inviable acá y en cualquier lado”, criticó una fuente de la actual conducción nuclear.

La primera señal de alarma se prendió en 2024, cuando el país estuvo a 22 días de quedarse sin uranio. O sea, sin centrales que generen energía para la red eléctrica. El circuito funciona así: NASA importa el mineral uranio sin refinar, Dioxitek lo procesa para llevarlo a “grado nuclear”: en una planta de Córdoba lo convierte en dióxido de uranio. Luego se transporta a Ezeiza, a Combustibles Nucleares Argentinos (Conuar), donde arman el elemento combustible que finalmente vuelve a NASA como insumo vital para la generación de energía nuclear. Después de esa crisis de abastecimiento comenzó a tomar relevancia Ramos Napoli, quién llegó al Gobierno con la misión de solucionar ese tema de provisión y escaló posiciones. No pocos en el sector lo miran de reojo por su falta de experiencia.

La nueva gestión enfrenta desafíos en tres frentes: la operación diaria de las centrales, el proyecto de extensión de vida de Atucha I (Atucha II entrará próximamente en parada técnica, en un contexto de insumos demorados y plazos ajustados) y el proceso de privatización. Si bien el programa de extensión de vida de las plantas presenta retrasos significativos, en el sector hay un consenso generalizado de que no hay riesgos de accidentes graves.

Desde la nueva estructura del sector celebran que ahora la parte política, NASA y Dioxitek están bajo la misma conducción. “Ahora la Secretaría es el director de la orquesta. Hay que hacer los deberes y escalar. Es el momento, porque con el GNL y Vaca Muerto ya no tenemos problemas energéticos”, resumió Ramos Napoli.

— ¿Cuáles son los ejes de su plan?

— La minería de uranio es una de las agendas que va a condicionar la escala de todo lo que venga después. Vamos a desarrollar modelos de negocio para esquemas posibles que hoy no lo tienen, no hay nada escrito. Hay que tomar decisiones muy concretas sobre el rumbo del sector nuclear, para toda la tecnología y el know-how que se desarrolló a lo largo de estos años. Tienen que redundar en algo que tenga un retorno. No podemos seguir financiando todo desde el Estado, que no va a retirarse por completo de su participación en la Comisión de Energía Atómica o en el desarrollo o incentivo de tecnologías nucleares, pero el mercado debe empezar a participar y hay avidez para que eso suceda.

Respecto a la privatización, el Congreso autorizó la venta de hasta el 44% de las acciones de Nucleoeléctrica, pero en el sector advierten sobre la dificultad de encontrar inversores dispuestos a asumir riesgos técnicos elevados. “En el mercado hablan de USD 700 millones por ese paquete accionario, pero no hay muchos candidatos dispuestos a invertir”, afirmó una fuente de la industria. Hoy, la empresa se sostiene como una sociedad anónima con capital social íntegramente estatal: 79% en manos de Economía, 20% en la Comisión Nacional de Energía Atómica y 1% en Energía Argentina S.A.

Infobae dialogó con Chaher, quien aceptó responder preguntas sobre cómo se va a privatizar la empresa. “El flujo de las privatizaciones son tres grandes pasos. En este caso, el Congreso ya dijo que será una privatización parcial; el Ejecutivo designó la autoridad licitante; y Economía hizo la hoja de ruta de la privatización. Estamos en ese estadio. El llamado a licitación tiene que estar en noviembre y ahí comenzará a definirse el proceso”, destacó el funcionario.

— ¿Ya hay interesados?

— Sí, hubo sondeos, pero falta. Son empresas proveedoras del sector.

— ¿Cuánto vale?

— Hay que hacer un trabajo previo para definirlo y ver qué es NASA, si una generadora de energía o mucho más. Se deberán analizar bien los costos y el valor de los intangibles, también los marcos regulatorios y cómo impacta la normalización del sector energético. Creo que será más importante lo que esta privatización le pueda traer al Estado, en general, que lo que lo que le dejará al Tesoro. Es muy temprano para hablar de números.