La ex presidente Cristina Kirchner recibió en su casa de San Telmo, donde cumple presión domiciliaria por la condena a 6 años por la llamada causa Vialidad, a un grupo de economistas peronista y cercanos al kirchnerismo.

Se trata de nueve economistas, siete hombres y dos mujeres, que llegaron esta tarde a San José 1111, el domicilio donde la ex mandataria cumple condena.

“En el Día del Militante, recibimos en San José 1111 a un grupo de economistas que en representación de más de 80 profesionales me entregaron y presentaron consideraciones y propuestas sobre un modelo económico nacional de crecimiento productivo y federal para el siglo XXI”, destacó Fernández de Kirchner en X.

Además, destacó que todos los presentes, en el ámbito del Partido Justicialista, divididos en comisiones y durante más de 45 jornadas de trabajo; elaboraron un documento económico de más de 400 páginas.

“No es un trabajo cerrado, sino una hoja de ruta abierta al debate y a la acción que será presentado ante el Partido Justicialista para su apertura y discusión”, detalló CFK.

“Estoy convencida que Argentina enfrenta una encrucijada histórica. El mundo se redefine a través de tensiones geopolíticas, transformaciones tecnológicas y nuevos desafíos energéticos y ambientales. En este contexto urge abandonar la macroeconomía del desacuerdo y construir una hoja de ruta hacia el desarrollo con soberanía, producción e inclusión. Por eso, creo sinceramente que es hora de decidir qué país queremos construir; porque la crisis argentina no es solo económica… es una crisis de proyecto de país“, finalizó el posteo de la ex mandataria.

• Anastasia Daicich. Encabezó la Dirección de Seguimiento de Gestión y Fortalecimiento Institucional bajo la órbita del Ministerio de Economía. Es Licenciada en Economía por la UBA. Cuenta con una Especialización y Maestría en Relaciones y Negociaciones Internacionales (FLACSO), además de una Maestría en Relaciones Económicas Internacionales otorgada por la Universidad de Barcelona.
• Jorge Carrera. Es doctor en Investigaciones en Economía por la Universitá degli Studi di Pavía (Italia). Posee los títulos de Contador Público y Licenciado en Economía otorgados por la UBA. Ocupó el cargo de Vicepresidente Segundo en el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Anteriormente se desempeñó en el BCRA como Subgerente General de Investigaciones Económicas y previamente como Gerente Principal del área. También fue Vicedirector del Centro de Economía Internacional (CEI) y consultor en macroeconomía para diversas entidades internacionales. Ejerce la docencia como profesor de Finanzas Internacionales en la UNLP y la UBA. Además, es investigador en Conicet.

• Valentina Castro. Es socióloga y se encuentra cursando la Maestría en Economía Política en Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). Se desempeña como columnista económica en una emisora de alcance nacional y es docente universitaria en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
• Emiliano Estrada. Es economista y ocupa el cargo de diputado nacional por Salta. Antes de asumir en la Cámara de Diputados, fue Subsecretario de Relaciones con las Provincias en el Ministerio del Interior de la Nación y se desempeñó como ministro de Economía de Salta entre 2017 y 2019.
• Martín Pollera. Fue secretario de Comercio de la breve gestión de Silvina Batakis al frente de Economía, en el mandato de Alberto Fernández. Es economista de la Universidad Nacional de La Plata y también fue Subsecretario de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional en el Ministerio del Interior, conducido por Eduardo Pedro. También fue funcionario en Florencio Varela.

• Mercedes D’Alessandro. Se desempeñó como Directora Nacional de Economía, Igualdad y Género en el Ministerio de Economía nacional durante la gestión de Martín Guzmán. Es fundadora de Economía Femini(s)ta, un proyecto digital y organización no gubernamental dedicada a la generación y divulgación de información económica bajo una mirada de género. Ocupó la dirección de la carrera de Economía en la Universidad Nacional de General Sarmiento y trabajó como docente e investigadora en la Universidad Nacional de General San Martín, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Quilmes.
• Juan Pablo Futten. Es contador público con especialización en tributación. Se desempeña como docente en Impuestos II en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y también dicta Procedimiento Contencioso Administrativo y Fiscal en la misma casa de estudios. Trabaja de manera independiente en el ejercicio profesional y ha asesorado al Senado de la Nación en cuestiones tributarias.
• Fernando Ausas. Es Licenciado en Economía por la UBA y ejerció como director general de Asuntos Financieros Contables de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA). Está a cargo de la coordinación del Área de Análisis Económico en la consultora Analogías. Su labor se centra en el desarrollo de modelos que vinculan la dinámica económica con el estado de la opinión pública.
• Pablo Manzanelli. Es Doctor en Ciencias Sociales y Licenciado en Sociología por la UBA, además de Magíster en Economía Política por Flacso. Se especializa como investigador en el Conicet. Trabaja como docente e investigador en el Área de Economía y Tecnología de FLACSO y en el Departamento de Economía y Administración de la UNQ. Integra y coordina el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA).

Pese a que la Casa Rosada lo presentó como un «hito histórico e inédito», en la Cancillería reconocen que el acuerdo comercial y arancelario que Javier Milei anunció desde Corrientes no es más que una pieza dentro de un engranaje mucho mayor: Donald Trump ya firmó o está negociando acuerdos marco con 47 países, con idénticas asimetrías y bajo un patrón uniforme que Estados Unidos aplica desde el 2 de abril, fecha bautizada en Washington como el «Día de la Liberación» de los aranceles.

Según confirmaron a iProfesional fuentes diplomáticas y registros oficiales del United States Trade Representative (USTR), comandado por Jamieson Greer, 39 declaraciones conjuntas ya aparecen asentadas en los archivos oficiales, mientras que otras 8 se encuentran en plena negociación.

Todas comparten una misma matriz: carácter provisional, discrecionalidad presidencial y un marcado sesgo favorable a Washington.

El marco acordado con Buenos Aires, la «Declaración Conjunta Marco para un Acuerdo entre Estados Unidos y Argentina sobre Comercio e Inversiones», replica punto por punto lo que Trump firmó en serie con el resto de los países.

Los 39 acuerdos comerciales ya firmados por Estados Unidos

En sus registros oficiales, el USTR de la Administración Trump incluye 39 acuerdos marco con Argentina, Japón, Indonesia, Vietnam, Tailandia, Malasia, Camboya, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Corea del Sur, Reino Unido y la Unión Europea, que incorpora a las 27 naciones del bloque.

En tanto, los 8 países en proceso de negociación con la Casa Blanca con México, Canadá, Brasil, Colombia, Chile, Filipinas, India y Turquía.

Un giro inesperado: arancel cero para frenar precios

La consistencia del acuerdo argentino quedó aún más difusa después de que Trump firmara, este fin de semana, una orden ejecutiva que elimina los aranceles para una larga lista de alimentos procedentes de todo el mundo, con el objetivo de retrotraer aumentos de precios que impactaron negativamente en las encuestas y en elecciones clave como Nueva York, New Jersey y Virginia.

El nuevo arancel cero para todos los países del mundo alcanza a: café, cacao, té negro y verde, vainilla, carne de res (incluidos cortes premium, con y sin hueso, congelados, curados, salados o ahumados), frutas (acai, aguacate, plátanos, cocos, guayabas, limas, naranjas, mangos, piñas, pimientos, tomates), especias (pimienta de Jamaica, laurel, cardamomo, canela, clavo, comino, curry, eneldo, hinojo, jengibre, macis, nuez moscada, orégano, pimentón, azafrán, cúrcuma) y frutos secos, cereales y raíces (cebada, nueces de Brasil, alcaparras, anacardos, macadamias, miso, palmitos, piñones, amapola, tapioca, taro y castañas de agua).

Ese paquete alimentario, que se superpone con varios de los productos involucrados en los acuerdos bilaterales, pone aún más en duda la efectividad y el alcance práctico de marcos que ya eran objetados por su vaguedad.

El anuncio de Javier Milei y la «declaración sin letra»

En Corrientes, Milei celebró el entendimiento con su estilo habitual: «Hoy acaba de firmarse el acuerdo bilateral comercial con los Estados Unidos. Estamos comprometidos a hacer a la Argentina grande nuevamente».

Pero puertas adentro, el análisis técnico es otro.

«No hay un acuerdo todavía. Lo que hay es una declaración conjunta imprecisa que no solo no tiene letra chica, sino que no tiene letra grande. Todavía hay que ver el acuerdo, porque no está», dijo a iProfesional el exembajador Diego Guelar.

«Trump no solo negocia este tipo de declaraciones con Argentina, sino con los 192 países en el mundo. Lo decidió el 2 de abril, negociar individualmente con cada uno», agregó el exembajador argentino en Estados Unidos y China.

Una alta fuente de Cancillería ironizó sobre el método utilizado por Washington: «Nos pusieron a todos en el mismo baño y fuimos pasando de a uno. Por eso la confidencialidad: para que no se escuchen los gritos del anterior».

Las dudas se centran en puntos clave aún sin definir y las dudas que despiertan las 14 ventajas para Estados Unidos, solo 1 nítida para la Argentina y 6 acuerdos recíprocos. Las principales incertidumbres son:

• Cupos y aranceles para futuras exportaciones de acero y aluminio.
• Condiciones para ampliar exportaciones de carne.
• La revisión jurídica en las burocracias de ambos países.
• Argentina acepta controles, regulaciones y estándares estadounidenses sin reciprocidad.
• Estados Unidos obtiene acceso preferencial a todo el mercado argentino, sin cupos definidos para exportaciones argentinas.
• Argentina adopta estándares de propiedad intelectual estadounidenses en farmacéutica y agroquímica.
• Washington impone límites a la compra de productos de China y condiciona la participación de empresas estatales chinas en minerales críticos (litio, cobre, oro, tierras raras).

A esto se suma un problema estructural: cualquier rebaja arancelaria de Estados Unidos debe ser aprobada por el Congreso, porque no son facultades delegadas al Presidente. Ese punto ya generó una ola de demandas judiciales contra la Casa Blanca.

Trump, bajo la lupa judicial. Los acuerdos firmados con la Unión Europea, Japón, Reino Unido y China fueron judicializados por empresas afectadas, legisladores y gobernadores. La acusación coincide: Trump se excedió en sus atribuciones y los entendimientos deben pasar por el Congreso. Eso aporta más incertidumbre al caso argentino.

El pleito llegó a la Corte Suprema el 5 de noviembre y se espera un fallo antes de fin de año, lo que definirá la validez de todos los acuerdos firmados, incluido el argentino.

Un formato global con fuerte asimetría. Tal como informó iProfesional el viernes último, el acuerdo con Argentina reproduce la estructura estándar que Washington aplicó en todo el mundo:

• 14 cláusulas favorables a Estados Unidos
• 1 favorable a Argentina
• 6 recíprocas

Para fuentes diplomáticas, no hubo negociación real:

«Fue una imposición arancelaria de Trump con la disposición de Milei a ceder». Esa docilidad, señalan, se explica por la dependencia financiera acumulada en cuatro tramos sucesivos:

1. Rescate del FMI por u$s20.000 millones
2. Swap de monedas por otros u$s20.000 millones
3. Compra de pesos por el Tesoro estadounidense, vía Scott Bessent
4. Negociación de un rescate bancario por u$s20.000 millones

La red de gobiernos aliados que impulsa Trump, según admiten en Washington, tiene objetivos geopolíticos y estratégicos como aislar al régimen de Nicolás Maduro, limitar la expansión comercial y tecnológica de China, y asegurar minerales críticos para la industria militar, digital y energética de Estados Unidos.

En América Latina, la red de aliados de Trump en construcción incluye a: Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), José Antonio Kast (Chile, eventual ganador del futuro balotaje), y proyecta sumar a Perú, Colombia y Brasil el próximo año.

Los 13 acuerdos firmados desde abril incluyen a 12 países, más la Unión Europea, con 27 naciones, con lo cual totalizan 39 países, con sus respectivos sectores en juego y el estado de negociación. Son los siguientes.

1. Japón – Finalizado. Automoción, arroz, bienes industriales.
2. Indonesia – En curso. Electrónica, textiles, agricultura.
3. Vietnam – Preliminar. Pesca, electrónica, agricultura.
4. Tailandia – Implementación inicial. Autopartes, electrónica, agricultura.
5. Malasia – Detalles finales. Electrodomésticos, palma, maquinaria.
6. Camboya – Eliminación gradual. Textiles, calzado, agricultura.
7. Argentina – Firmado. Carne, vino, frutas, aves, productos industriales, acero, hierro.
8. Ecuador – En desarrollo. Plátanos, pesca, frutas tropicales.
9. El Salvador – Implementación planificada. Café, azúcar, textiles.
10. Guatemala – En vigor. Café, azúcar, frutas, textiles.
11. Corea del Sur – Preliminar. Autos, electrónica, maquinaria.
12. Reino Unido – Firmado. Automóviles.
13. Unión Europea – Marco alcanzado. Autos, maquinaria, vino y queso (comprende 27 países).

Los países que aún están en proceso de negociación son:

• México – Autos y agricultura
• Canadá – Lácteos y energía
• Brasil – Agricultura y aranceles
• Colombia – Facilitación comercial
• Chile – Minerales y frutas
• Filipinas – Análisis preliminar
• India – Mercado complejo
• Turquía – Acero y textiles

Una carrera contra el tiempo corre Trump contra la Justicia. La Corte Suprema de Estados Unidos definirá si Trump tenía autoridad para cerrar esta arquitectura global de acuerdos y rebajas arancelarias.

Su fallo podría desactivar toda la red comercial, incluyendo el entendimiento con Argentina, cuya consistencia jurídica, como señalan en la Cancillería, es «precaria y condicionada». Mientras tanto, la administración Milei apuesta todo a una alianza política que excede lo comercial y se inscribe en la estrategia mayor de la Casa Blanca de construir un bloque geopolítico propio.

En un mes atípico como fue octubre, porque estuvo dominado por la campaña electoral, donde la oposición y los analistas generaron un marco de incertidumbre sobre el curso de la política económica “el día después”, porque se tradujo en alta volatilidad del tipo de cambio y dudas sobre la capacidad de repago de los vencimientos de la deuda pública, el Gobierno nacional anotó la sexta baja consecutiva de la deuda consolidada de la Administración Central y el BCRA.

El contado con liquidación (CCL) comenzó el mes en $1.593, alcanzó un máximo de $1.610 el martes 21, tras haber tocado $1.422 al promediar el período, y cerrar en $1.497- y también en la cotización de los bonos soberanos que llevó que el índice de riesgo país se moviera entre 1.264 puntos básicos el 1 del mes, hasta terminar en 657 pb.

El tipo de cambio mayorista que informa diariamente el Banco Central de la República Argentina -se utiliza al cierre de cada mes para convertir las obligaciones en moneda nacional al equivalente en dólares-, también tuvo altibajos, en particular con la llegada del rescate del Tesoro de EEUU con la compra de pesos que provocó que tras tocar un máximo de $1.486, desde un valor inicial de $1.366, descendió a $1.378, aunque luego subió hasta terminar el mes en $1.443, con un aumento entre extremos de 5,6%, el cual fue determinante en la baja de la deuda de la Administración Central en moneda nacional en el equivalente de USD 11.183 millones.

La Secretaría de Finanzas, encabezada por Alejandro Lew, informó que en octubre el conjunto de las operaciones de deuda pública totalizaron USD 33.889 millones: USD 13.477 millones en nuevos financiamientos y USD 20.412 millones en cancelaciones, generando una caída neta de USD 6.965 millones en el mes, constituyéndose en la sexta disminución consecutiva que dejó su antecesor, el ahora Canciller, Pablo Quirno.

Luego de ajustes por diferencias de cambio y capitalización de intereses la deuda de la Administración Central acentuó la baja en USD 4.873 millones, alcanzando un total de USD 442.196 millones. Este ajuste primario representó una baja de 2,6%% respecto de septiembre, y de USD 20.357 millones en los últimos doce meses.

La reducción de depósitos oficiales en el Banco Central (en pesos y dólares) en el equivalente de USD 6.665 millones -hasta llegar a USD 3.757 millones- determinó que la baja neta de deuda consolidada de la Administración Central y el Banco Central de la República Argentina, se atenuara al equivalente de USD 5.170 millones y a USD 10.717 millones.

Simultáneamente, la deuda bajo legislación extranjera se redujo en USD 652 millones (alcanzando USD 163.128 millones), mientras que la deuda bajo legislación nacional se contrajo en el equivalente a USD 11.183 millones, situándose al tipo de cambio mayorista del cierre de octubre en USD 279.068 millones.

En ambos casos, predominó el efecto de la variación de las divisas respecto del dólar y el peso, respectivamente.

Las operaciones de deuda con organismos internacionales -sin incluir al FMI- para recapitalizar el Banco Central y avanzar con reformas que no requieren legislación, junto al impacto del ajuste de valuación de las divisas durante el mes, determinaron que el total de estos compromisos se redujera en USD 519 millones, sumando USD 37.545 millones. Por su parte, los préstamos tomados del FMI se mantuvieron en USD 57.292 millones.

Por otro lado, por diferencias de cambio, los Adelantos y Letras del Banco Central transferidos a la Tesorería bajaron en el equivalente de USD 159 millones, alcanzando USD 55.366 millones.

Respecto de noviembre de 2023, la deuda bruta de la Administración Central a octubre de 2025 aumentó en USD 16.902 millones.

No obstante, al considerar las transferencias de pasivos del Banco Central al Tesoro y la variación de depósitos oficiales en el ente monetario, el stock consolidado en los primeros 23 meses de la presidencia de Javier Milei registró una baja neta de USD 48.512 millones, la cual se desagrega en aumento en USD 21.173 millones con organismos internacionales y disminución con el agregado del sector público y privado en USD 61.657 millones.

Ese resultado es consistente con una política económica orientada a consolidar el superávit fiscal -en los primeros 10 de meses de 2025 fue equivalente a 1,4% del PBI antes del pago de intereses de la deuda y 0,5% del PBI el financiero, acumuló 19 meses con saldo positivo y 4 con déficit (cuando se concentra el pago del medio aguinaldo al personal y a jubilados y pensionados) en 23 meses de gestión-, recapitalizar al Banco Central de la República Argentina, y mantener la senda descendente de la tasa de inflación.

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el perfil de vencimientos, si se descuentan los Adelantos Transitorios, Letras Intransferibles del BCRA y los títulos no negociables en el mercado suscriptos por organismos públicos, suman para noviembre $26,8 billones en moneda nacional (equivalente a USD 18.000 millones) y USD 1.300 millones en moneda extranjera, en su mayor parte con el Fondo Monetario Internacional que ya se hizo con el uso parcial del swaps del Tesoro de EEUU por USD 20.000 millones.

Para diciembre la exigencia se reduce a $21,3 billones en moneda nacional (equivalente a USD 14.200 millones ) y unos USD 300 millones en moneda extranjera.