Luis Caputo testeó la temperatura del mercado financiero, y comprobó lo que sospechaba: demasiado caliente como para tomar riesgos más allá de 2027. En su licitación del nuevo bono en dólares con vencimiento en octubre 2028 -es decir, ya terminado el período de gobierno de Javier Milei-, los inversores le pidieron una tasa de interés de 8,5% nominal anual, lo que implica una diferencia de 3,48% respecto del bono que vence en octubre de 2027.

Por un lado, es una mala noticia desde el punto de vista financiero, porque reafirma el alto costo que enfrenta el Tesoro para tomar crédito con el cual hacer frente a su abultado calendario de vencimientos de deuda.

Pero, desde el punto de vista político, significa un punto a favor del discurso oficial, porque permite argumentar la vigencia del «riesgo kuka» y hasta cuantificarlo. Para el gobierno, el hecho de que haya semejante diferencia de tasa entre dos bonos que vencen con apenas un año de diferencia solo se explica por el temor de los inversores a que en 2027 pueda haber un cambio de signo político en la Casa Rosada. Un eventual regreso del populismo implicaría un riesgo de default o «reperfilamiento» de la deuda, y eso es lo que lleva al mercado a exigir un premio más alto.

El propio Caputo hizo el cálculo. Estableció que el «riesgo país Milei» es de 117 puntos básicos. Ese es el número que surge de restarle a la tasa del bono argentino -5,02% en la licitación de este viernes- el costo de la tasa de referencia mundial, que ronda el 3,8%.

Para el Gobierno, esa tasa no sólo es baja porque lleva implícito un riesgo país muy inferior al que mide el índice de JP Morgan a nivel mundial -en torno de 600 puntos- sino que, además viene en franco descenso.

Hace un mes, cuando se realizó la primera licitación de un bono a suscribir en dólares, bajo ley argentina, la tasa fue de 5,8%. El gobierno celebró el hecho de que el mercado hubiese demostrado atractivo por ese título, al punto de comprarlo por encima de su valor nominal, y aceptar una tasa inferior al 6% que figuraba en la oferta oficial.

Dos semanas más tarde, el mismo bono volvió a recaudar u$s250 millones, pero ya con una tasa más baja, del 5,4% efectivo anual.

Y ahora, en su tercera salida al mercado, Caputo se volvió a encontrar con una elevada demanda -u$s466 millones para un cupo de u$s150 millones- y a una tasa de 5,02%.

¿Ganó o perdió Luis Caputo?

La parte negativa fue que Caputo, que declaró su intención de tomar distancia de Wall Street para no pagar costos demasiado altos, quiso probar cuál era el límite del mercado local, y no resultó muy diferente de lo que hay en el exterior.

Si hoy el ministro tuviera que pedir crédito en el mercado financiero global, debería pagar una tasa anual de más de 9%, que sería el resultado de la tasa de referencia, más el índice de 600 puntos que mide hoy Argentina tras la turbulencia global generada por el conflicto en Medio Oriente. En otras palabras, una tasa prohibitiva.

Endeudarse con el mercado local, aprovechando su alta liquidez en dólares tras el ingreso masivo de divisas por la emisión de deuda de empresas y gobiernos provinciales, es un objetivo explícito de la nueva estrategia financiera. Hoy el sistema bancario argentino tiene depósitos por más de u$s40.000 millones, de los cuales cerca de la mitad están líquidos sin haber sido asignados a préstamos.

El mercado demostró que sí está dispuesto a tomar un bono que venza después del mandato de Milei, pero que lo haría a un precio más alto, que compense el riesgo. ¿Cuál es ese riesgo? Según Caputo, prestarle a Argentina para recuperar el capital en 2028 requiere una tasa de 8,5%.

Y la «tasa forward» -como se denomina en la jerga financiera a la diferencia de interés entre dos momentos futuros, en este caso octubre de 2028 versus octubre de 2027- equivale a una tasa nominal anual de 14,09%.

La apuesta ante las elecciones 2027

De todas formas, la tasa que le pidieron a Caputo por el bono con vencimiento en 2028 sigue siendo unos 140 puntos menor a la que debería pagar hoy si saliera al mercado internacional, por lo que la estrategia con el nuevo bono no resulta del todo fallida.

Resta ahora por verse si, tras haber levantado del mercado local u$s1.000 millones con los nuevos bonos, Caputo insistirá en las próximas licitaciones del Tesoro con el nuevo título o si se limitará a mantener únicamente el que tiene vencimiento en 2027.

Ahora, lo que se debate entre los analistas es si la tasa que pidió el mercado está asignando una probabilidad alta o baja de que el peronismo gane las elecciones presidenciales del año próximo.

Hay quienes estiman que, si el kirchnerismo estuviera ahora en el poder, el índice de riesgo país se ubicaría en 1.200 puntos. Y que, por lo tanto, la tasa pedida por el nuevo bono implica que el «riesgo» de ese cambio político es menor al 50%.

Sigue la aspiradora de pesos

En cuanto al tramo de la deuda en pesos, también hubo señales importantes para el mercado. Nuevamente, absorbió liquidez del mercado, lo que deja en evidencia su temor a que un exceso de pesos pueda presionar la inflación.

Era un tema sobre el cual había surgido dudas, ya que el Banco Central había flexibilizado las normas de encajes para los bancos, lo cual dio pie a interpretaciones sobre que el gobierno se proponía monetizar la economía.

Sin embargo, en la licitación del Tesoro quedó en evidencia cuál es la prioridad: ante un vencimiento de $8 billones, el ministro no se contentó con «rollear» la deuda sino que, además, tomó un excedente de $3 billones, una cifra casi cuatro veces más alta que la que había absorbido en la licitación anterior.

¿Cómo se interpreta esto?: según Eric Ritondale, economista jefe de la firma bursátil Puente, «valida que la liquidez del sistema es suficiente para asegurar financiamiento neto y mantener un sesgo contractivo, incluso extendiendo vencimientos hacia 2028».

Nuevamente, la mayor parte de la demanda por bonos se concentró en los vencimientos de corto plazo, y las tasas siguen en torno de 29% de rendimiento efectivo anual, equivalente a un retoro efectivo mensual de 2,16%.

El otro motivo de celebración para el Gobierno es que las tasas continúen su senda descendente incluso cuando el «rolleo» superó al 100%. Por lo general, cuando se busca una absorción fuerte de liquidez, el costo de esa estrategia es el de una suba abrupta del costo financiero para el Tesoro.

En este caso, lo que los funcionarios interpretan es que, pese al incremento del IPC en los últimos meses, el mercado sigue teniendo la expectativa de una inflación en descenso a mediano plazo.

El fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York que anuló la condena de USD 16.000 millones contra la República Argentina por la expropiación de YPF no sólo representó un hito jurídico y económico para el país, sino que también puso bajo los reflectores la figura de Robert Giuffra Jr., el abogado principal detrás de la estrategia de defensa argentina.

Giuffra, quien lidera el bufete Sullivan & Cromwell, es una figura de alto perfil en los tribunales estadounidenses, conocido recientemente por integrar el equipo legal que defendió a Donald Trump en el proceso penal vinculado a la actriz Stormy Daniels.

Tras conocerse la resolución judicial, Giuffra se pronunció ante los principales medios financieros internacionales, calificando la decisión como un triunfo no solo para la Argentina, sino para la integridad del sistema judicial frente a lo que describió como prácticas especulativas de la industria de financiamiento de litigios.

El “revés para el casino de los litigios”

En declaraciones recogidas por medios como Financial Times, Reuters y El País, el letrado fue tajante al analizar las implicancias del fallo que dejó sin efecto la sentencia de primera instancia de la jueza Loretta Preska. Sostuvo que la decisión “reivindica plenamente la posición de Argentina”, argumentando que el tribunal de distrito original había realizado una aplicación incorrecta de la normativa argentina vigente.

Giuffra apuntó directamente contra Burford Capital, el fondo que adquirió los derechos para litigar tras la quiebra de las empresas del Grupo Petersen. Según el abogado, este tipo de inversores intentaron “convertir los tribunales estadounidenses en un casino”, basándose en una interpretación “inventada” de los estatutos de la petrolera estatal. El representante de la defensa argentina subrayó la desproporción del reclamo al recordar que “Burford adquirió el derecho a demandar por apenas 15 millones de euros, pretendiendo obtener un retorno de inversión del 37.000%”, cifra que, tras el fallo de cámara, quedó reducida a cero. Para Giuffra, este resultado generará escepticismo entre quienes financian litigios agresivos contra Estados soberanos.

Los fundamentos de una victoria histórica

El corazón de la nota ganadora para la Argentina reside en un cambio de interpretación sobre la naturaleza de los estatutos de YPF. El tribunal de apelaciones, con los votos de los jueces Denny Chin y Beth Robinson, determinó que, bajo el derecho argentino, los estatutos de una sociedad anónima funcionan como normas de organización interna y no como contratos bilaterales que generen obligaciones exigibles entre el Estado y los accionistas privados.

El fallo ratificó que la expropiación de 2012 fue un acto de derecho público regido por la Ley General de Expropiaciones, la cual desplaza cualquier pretensión contractual previa. De este modo, la Justicia estadounidense concluyó que los accionistas minoritarios no tenían derecho a exigir una oferta pública de adquisición (OPA) tras la nacionalización de las acciones de Repsol, rechazando también la figura del promissory estoppel (impedimento promisorio) que buscaban aplicar los demandantes.

Este escenario contrastó con el voto en disidencia del juez José Cabranes, quien consideró que los estatutos sí constituían un compromiso contractual y que el incumplimiento del Estado argentino de realizar una oferta de compra al resto de los socios debía ser indemnizado. Sin embargo, la prevalencia de la postura mayoritaria permitió que la Argentina evitara un desembolso que, sumado a los intereses acumulados desde septiembre de 2023, ya superaba los 18.000 millones de dólares.

Quién es Robert Giuffra: de la Casa Blanca a la defensa de Trump

Robert Joseph Giuffra Jr. no es un recién llegado a los círculos de poder de Washington y Nueva York. Su trayectoria profesional combina la representación de corporaciones globales con roles clave en la administración pública. Antes de convertirse en el rostro de la defensa argentina en el caso YPF, Giuffra ya contaba con experiencia en la Casa Blanca, habiendo servido como asistente durante la presidencia de Ronald Reagan. Además, fue asesor principal del Comité de Banca del Senado y miembro de la Comisión de Ética del Estado de Nueva York.

Su vínculo con la política estadounidense se mantiene vigente. Giuffra formó parte del equipo legal encargado de la defensa de Donald Trump en el mediático caso penal que lo enfrentó a la actriz Stormy Daniels. Su estudio, Sullivan & Cromwell, es uno de los más influyentes de Wall Street y ha representado a gigantes de la industria automotriz como Volkswagen, Audi y Fiat, además de empresas vinculadas al grupo Techint, como Tenaris.

La relación de Sullivan & Cromwell con Argentina

La contratación de Giuffra y su bufete no es nueva para el Estado argentino. El estudio tiene un largo historial de defensa del país ante el Distrito Sur de Nueva York, el mismo juzgado que durante décadas tramitó las causas por los defaults de 2001 y las expropiaciones de la era kirchnerista.

Uno de los mayores éxitos previos de Giuffra para la Argentina fue en el litigio por el Cupón PBI. En esa causa, se acusaba al país de manipular los datos del Indec correspondientes al crecimiento económico de 2013 para evitar el pago de intereses a los tenedores de bonos. En enero de 2020, Giuffra logró que el tribunal desestimara el primer caso presentado, lo que consolidó la confianza de las sucesivas administraciones argentinas en su gestión.

Bajo la gestión de Alberto Fernández, la República ratificó el contrato con Sullivan & Cromwell para enfrentar la etapa final del juicio por la estatización de YPF. A pesar de que los honorarios del estudio —que según registros de 2024 pueden alcanzar los USD 1.800 por hora para el socio principal— han sido objeto de análisis mediático, fuentes del sector legal coinciden en que dichas cifras se encuentran dentro de los valores de mercado para los bufetes de élite en Nueva York.

La Secretaría de Energía oficializó este viernes una modificación en la normativa de calidad de los combustibles que se comercializan en la Argentina. A través de la Resolución 79/2026, el Gobierno nacional actualizó las especificaciones técnicas para las naftas Grado 2 y Grado 3, elevando el límite máximo de oxígeno permitido del 2,7% al 5,6% en peso, lo que puede ser adoptado por la refinadores de manera voluntaria.

Esta adecuación técnica en el contenido de oxígeno guarda una relación directa con la proporción de alcoholes presentes en la mezcla, se explicó desde la Secretaría de Energía. Al ampliar este margen, la autoridad de aplicación permite que las empresas refinadoras incrementen de forma voluntaria la participación del bioetanol, superando los niveles actuales sin entrar en conflicto con los estándares de calidad vigentes para los motores.

La normativa busca «dar mayor flexibilidad a la industria y amortiguar eventuales subas en el precio de los combustibles en surtidor, protegiendo al consumidor», expresó la cartera que conduce la Secretaria María Tettamanti. En un contexto de volatilidad en las cotizaciones internacionales del crudo, la medida otorga a las petroleras una alternativa para desplazar parte del componente fósil refinado por un insumo de origen vegetal, generalmente más competitivo en costos.

De acuerdo con el texto de la resolución, la medida no altera el esquema de cortes obligatorios mínimos, sino que establece un nuevo techo operativo. En la práctica, esto habilita a que las compañías que lo consideren técnica y comercialmente conveniente puedan incorporar hasta un 15% de bioetanol en sus productos finales, frente al límite previo que dificultaba exceder el 12% habitual.

En los despacho oficiales se insistió en que el esquema será de adhesión voluntaria, por lo que su impacto dependerá de la estrategia comercial de cada compañía. Empresas como YPF, Raízen o Trafigura podrían optar por una mayor incorporación de biocombustibles en función de su conveniencia técnica y económica.

Una respuesta a las economías regionales

El ajuste regulatorio si bien esta vinculado a la volatilidad del precio internacional del petróleo por la crisis en Medio Oriente, de manera indirecta responde a un pedido histórico de los sectores productores de biocombustibles, quienes sostienen que una mayor participación en la matriz energética contribuye a la sostenibilidad ambiental.

Al reducir la participación del petróleo en la mezcla final, se logra una disminución proporcional en la emisión de gases de efecto invernadero y se optimiza la utilización de recursos agroindustriales locales.

Por otra parte, la Secretaría aclaró que no resultó necesario introducir cambios en el régimen aplicable al biodiesel para el transporte pesado o la generación eléctrica. Esto se fundamenta en que la especificación técnica vigente para el gasoil ya contempla mezclas de hasta el 20%. La normativa ya otorga un margen de maniobra suficiente para la industria del aceite de soja sin requerir nuevos ajustes normativos.

Desde el punto de vista del mercado, la resolución apunta a «favorecer un funcionamiento más eficiente» mediante reglas claras que permitan a los actores privados reaccionar ante cambios en los precios de los insumos. La flexibilidad operativa es vista como un mecanismo de defensa para que las variaciones del Brent no se trasladen de forma lineal y automática al bolsillo de los usuarios finales en la Argentina.

Finalmente, el Gobierno nacional ratificó que estas adecuaciones puntuales forman parte de una estrategia de modernización del marco regulatorio energético. El objetivo es consolidar un sistema de abastecimiento que combine la seguridad energética con precios internos que no queden totalmente supeditados a las crisis geopolíticas externas que afectan el valor del petróleo.

El impacto de la crisis en Medio Oriente

La escalada bélica en el Golfo Pérsico reconfiguró el escenario energético global, introduciendo una presión alcista que repercute directamente en los surtidores de la Argentina. Al cierre de esta semana, el barril de petróleo Brent -referencia central para el mercado local- lograba sostenerse por encima de la barrera de los u$s100, impulsado por la incertidumbre sobre el suministro y las amenazas de cierre del estratégico estrecho de Ormuz.

El salto en las cotizaciones resulta evidente al contrastar la situación actual con los valores previos al inicio de las hostilidades abiertas. El 27 de febrero, día anterior al primer ataque registrado sobre territorio iraní, el barril de crudo cotizaba en torno a los u$s72,50; desde entonces, el commodity viene experimentando un incremento de casi el 45%, alcanzando picos que rozaron los 104 dólares durante la jornada de este viernes.

Esta disparidad de precios internacionales obligó a las operadoras locales a acelerar el ritmo de sus actualizaciones para no profundizar el desfasaje de los costos de refinación. En lo que va de marzo, la incidencia del conflicto en la estructura de costos ha derivado en ajustes en las estaciones de servicio que ya acumulan un 20%, una dinámica que el Gobierno nacional intenta contener mediante la mayor flexibilidad en el uso de biocombustibles.

La volatilidad se mantiene como la regla en un mercado que reacciona minuto a minuto ante los movimientos militares y los anuncios diplomáticos. Si bien el precio internacional mostró breves retrocesos ante posibles treguas, la persistencia del barril en niveles de tres dígitos confirma que la crisis en Medio Oriente continúa siendo el principal factor de distorsión para la economía de la energía en la Argentina.

El factor Trump para contener la inflación

La estrategia para frenar el avance de los combustibles no es exclusiva de la Argentina. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump autorizó de manera temporal el uso de nafta con un 15% de etanol (E15) durante el verano boreal, una medida impulsada por la Agencia de Protección Ambiental (EPA). El objetivo de la Casa Blanca es sumar oferta de combustible de origen vegetal para compensar la menor disponibilidad de crudo y así intentar bajar los precios.

Esta decisión del gobierno estadounidense generó un impacto inmediato en el mercado de las commodities agrícolas. Al incrementarse la demanda proyectada de maíz y soja para la producción de biocombustibles, los precios internacionales de estos granos mostraron una tendencia alcista en Chicago. Para la economía de la Argentina, este escenario representa una oportunidad de aumentar el valor de sus exportaciones agroindustriales, aunque el fenómeno también trae aparejado un encarecimiento en los costos de los insumos productivos.

Si bien las cotizaciones del maíz subieron unos u$s15 desde el inicio de las hostilidades en Irán, los productores argentinos enfrentan un fuerte aumento en los costos de fertilizantes y fletes. La urea y el glifosato, productos derivados o dependientes de la energía, registraron alzas superiores a la de los granos, lo que pone bajo presión la rentabilidad real de la presente campaña a pesar de los mejores precios de venta.

En este contexto global, la flexibilización de los cortes en la Argentina se alinea con una tendencia que busca en la biomasa un alivio frente a la crisis del petróleo. Mientras Washington apuesta al maíz de los productores agícolas para aliviar el bolsillo de sus votantes, el gobierno argentino busca que la mayor participación del bioetanol funcione como una válvula de escape para que el barril de crudo por encima de los u$s100 no siga afectando el consumo en el mercado interno.