La calma que intentó transmitir el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, esta semana al asegurar que no habrá «cimbronazos» en los precios del surtidor, buscó desactivar la ansiedad de los consumidores pero también marcar la agenda dea sus competidores. Como principal operadora del sector, la compañía controla el 55% del mercado de combustibles en la Argentina, una posición dominante que le permite, al menos por un tiempo, actuar como el ancla de precios.

El escenario externo se volvió crítico tras el recrudecimiento de las hostilidades entre la Estados Unidos, Israel e Irán, una escalada que puso en alerta máxima a las principales rutas del comercio energético. La atención de los operadores internacionales está puesta en el Estrecho de Ormuz, un paso estratégico por donde transita cerca del 15% de la producción mundial de crudo y que ante cualquier interrupción genera una ruptura momentánea de la oferta que dispara de inmediato las cotizaciones del Brent.

El rol de la petrolera es determinante, ya que el Gobierno necesita para contener la inflación al menos una referencia que evite el traslado automático de los costos logísticos a las góndolas. Sin embargo, el precio internacional del crudo siempre fue un factor de presión en todos los mercados, y la Argentina en su historia reciente demostró que cuando la brecha entre el barril interno y el Brent se estira demasiado, se generan distorsiones que terminan afectando la inversión en exploración y producción.

El mensaje de la conducción de la petrolera fue directo y buscó desactivar cualquier especulación financiera sobre los surtidores. «No esperen cimbronazos, por eso hicimos esa política de precios de promedios móviles«, sentenció Marín, al ratificar que el esquema actual está diseñado para que los «picos y valles» del mercado externo no se trasladen de forma automática al bolsillo de los argentinos.

Para el directivo, la prioridad es evitar el nerviosismo social que generan los ajustes permanentes, bajo la premisa de que la previsibilidad es el activo más valioso que puede ofrecer la compañía en un contexto de alta volatilidad internacional. Ese salto externo se ubica en torno al 21% en las útimas dos semanas cuando venía de una recuperación previa por los primerios indicios de tensiones entre Estados Unidos e Irán.

La nafta debería subir 15% tras el salto del crudo

Los analistas del sector estiman que, ante ese incremento desde los u$s70 del lunes 23 de febrero, a los u$s91 que alcanzó al mediodía de este viernes, se llegó a un alza del 30% en el valor del barril de Brent -la referencia para el mercado local-, con lo cual el impacto técnico en el surtidor debería rondar el 15%.

Esta diferencia se explica porque el componente del petróleo crudo representa el 50% del costo final de la nafta o el gasoil, mientras que el resto lo componen en un 31% impuestos márgenes y fletes, 13% los impuestos nacionales a los combustibles liquidos, y 6% los biocombustibles.

Sin embargo, el interrogante que recorre los despachos de las otras petroleras es cuánto tiempo puede sostenerse esta política de «resistir los aumentos» sin que la brecha con el precio internacional se vuelva insalvable. En un esquema de mercado que camina hacia la desregulación total, la presión y la necesidad de mantener la paridad de exportación de firmas como Shell, Axion o Puma se hace sentir, ya que sus estructuras de costos están más ligadas a la oscilación diaria del barril internacional.

Esta gimnasia de YPF en los surtidores se apoya en la política de micropricing que la compañía implementó el año pasado, una estrategia que permite realizar ajustes mínimos y focalizados de manera frecuente. El logro de este esquema es que la movilidad de precios resulte casi imperceptible en el día a día para el consumidor, pero que en el mediano plazo le permita a la petrolera ir acomodándose a la realidad del mercado y a la inflación local sin necesidad de aplicar correcciones traumáticas. 

En el arranque del año, la petrolera mantuvo su liderazgo con un market share del 55% del total de ventas y mostró una variación interanual positiva en sus ventas de enero (+4,4%); Shell concentró el 22,9% del mercado; y por su parte, la marca Axion (de Pan American Energy) explicó el 12,1% de las ventas del mes. En cuarto lugar se ubicó Puma Energy (del trader global Trafigura Argentina), con una participación del 5,5%.

Luego le siguen Gulf Combustibles (operada por Delta Patagonia S.A.) que representó el 1,9% del total vendido; DAPSA con el 1,8% del mercado y a la espera de la integración con el gigante estadounidense Chevron, Voy con Energia con el 1% y cierra el residual de Refinor, ahora bajo la gestión de YPF con el 0,8%.

Históricamente, la traslación de costos en la Argentina tuvo una lógica propia fuertemente cuestionada por la industria con el denominado «barril criollo», una política que determinaba en acuerdos con las petroleras un valor sostén cuando el barril caía a niveles insostenibles, o un techo ante fuertes alzas. Hoy con un mercado mas desregulado ese margen de inervención estatal está mas acotado.

Cómo amortiguar las subas de precios

En el pasado, este desfasaje se amortiguaba mediante subsidios directos o el congelamiento de los Impuestos a los Combustibles Líquidos (ICL). No obstante, la actual gestión económica buca desterrar esas prácticas, dejando al mercado expuesto a la realidad de la oferta y la demanda. Sin el colchón del Estado, la única herramienta de mitigación que queda es, precisamente, la estrategia de promedios que describió Marín.

Las empresas se encuentran dedicadas a encontrar la fórmula para diluir los picos de volatilidad y evitar que un salto repentino en el Golfo Pérsico se traduzca, de la noche a la mañana, en un aumento fuerte en las estaciones de servicio de Buenos Aires o el interior del país. Es un equilibrio delicado en el que, por ejemplo YPF, se debe proteger el flujo de caja para financiar proyectos en Vaca Muerta y las mega obras de infraestructura en las cuales participa como socio.

La tensión surge cuando el barril se mantiene alto de forma persistente. En un mercado desregulado, si el precio internacional no baja, las petroleras privadas tienden a subir sus precios para no perder rentabilidad frente a la exportación. Si la brecha entre YPF y el resto supera el 4% o 5%, se produce un desplazamiento de la demanda hacia la red de estaciones de la compañái mixta, lo que podría generar problemas de abastecimiento si la petrolera no puede cubrir ese excedente.

Eso ocurrió en los últimos dos años del gobierno de Alberto Fernández, cuando la petrolera era más permeable a las presiones de la Secretaría de Energía y sostenía los precios locales hasta un punto en que las demás competidoras decidían aumentar a riesgo de perder algún punto de mercado temporario, pero sin desfasaje de precios. Hoy la tensión es si esa situación podría volver a repetirse.

Voceros consultados del mercado indicaron que Shell (a través de su licenciataria Raizen), Axion o Puma, señalaron que por el momento se sigue con atención la evolución de los precios del Brent, pero coinciden en que de resultar uan escalada temporal habrá que hacer retoques mínimos diarios, o por el contrario hacer un ajusta estructural si la crisis se mantiene por semanas o meses.

La dos caras del conflicto para la Argentina

Para la Argentina, el desafío es doble, ya que por un lado el y mencionado tránsito hacia la paridad internacional de precios sin afectar los niveles de inflación y el poder adquisitivo local, pero por otro le permitiría aprovechar su condición de productor y beneficiar su saldo exportador a niveles de precios inesperados hace apenas tres meses. Es que a fines de 2025 las proyecciones a la baja del crudo se estimaba podía caer hasta los u$s50 el barril, algo que no está ocurriendo.

El recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente, tras la acción militar sobre Irán, disparó una renta extraordinaria para la Argentina que podría llevar el superávit energético a niveles históricos. Según las primeras estimaciones, la suba de precios internacionales del crudo permitió elevar la previsión de la balanza comercial energética para 2026 en un piso de u$s10.000 millones.

Ante el agravamiento de las hostilidades en el estrecho de Ormuz, este saldo a favor para la economía local cuenta con el potencial de incrementarse entre u$s800 y u$s1000 millones adicionales por cada u$s10 que se incremente el precio del barril, dependiendo de las cantidades embarcadas, lo que consiladaría a Vaca Muerta como uno de los principales amortiguador de divisas del país.

En 2025 el superávit energético apuntalado por las exportaciones de crudo de Vaca Muerta superó los u$s7.800 millones, una cifra sensiblemente superior a los u$s5.600 millones de 2024, incluso siendo que aquel año los precios eran más altos que el año pasado, por lo que el efecto cantidad hizo la diferencia.

El reacomodamiento regional de los surtidores

Al observar la evolución regional, la Argentina se mantiene en una posición competitiva, aunque la brecha de precios con los países limítrofes se fue acortando en el último año. Mientras que en 2023 el litro de nafta en el país promediaba los u$s0,9, para 2025 se ubica en u$s1,1, nivel similar al de Brasil, pero todavía por debajo de los valores que registran Chile (u$s1,3) y, especialmente, Uruguay, que lidera la tabla con u$s1,9 por litro.

Esta paridad relativa con Brasil es un dato clave para la gestión de YPF, ya que evita los incentivos al contrabando de combustible en las zonas de frontera, un problema recurrente cuando los precios locales quedan muy desfasados. Sin embargo, los datos de los mercados muestran que la Argentina dejó de ser el país con los combustibles más baratos de la región, un lugar que hoy ocupa Paraguay con un precio de u$s0,9 en naftas para el presente año.

En el segmento del gasoil, la tendencia es idéntica y el precio en la Argentina escaló de u$s1 en 2022 a u$s1,2 en 2025. A pesar de este incremento, el valor local sigue siendo más accesible que en México (u$s1,4), aunque ha superado a Paraguay y Chile en este rubro específico, lo que suma una presión adicional sobre los costos logísticos y de transporte de carga dentro del territorio nacional.

Para los analistas del sector, estos datos confirman que la Argentina está transitando un proceso de convergencia hacia precios internacionales. Y que más allá de lo que resulte de la actual coyunutura, la comparación regional demuestra que el margen para mantener precios artificialmente bajos se vino reduciendo drásticamente en el nuevo esquema de mercado desregulado.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, afirmó que “no existen los planes sociales”, sino que hay prestaciones de la seguridad social y programas sociales con reglas y objetivos diferentes. Sostuvo que la AUH es una prestación automática y no un plan discrecional.

“Técnicamente, no existen los planes sociales. Es una expresión coloquial que mezcla cosas distintas y genera confusión. No es lo mismo un programa social que una prestación de la seguridad social. Las jubilaciones y las pensiones son derechos establecidos por ley, se otorgan automáticamente a quienes cumplen los requisitos”, dijo la ministra en un video publicado en redes sociales.

“No dependen de cupos, no dependen de intermediarios, no son discrecionales, eso no es un plan, es seguridad social. Los programas sociales son otra cosa, son herramientas política pública focalizada. Tienen objetivos concretos, reglas de acceso, condicionalidades y evaluación de resultados. Y si no funcionan, se modifican o se cierran”, aseguró.

“En diciembre de 2023, la Asignación Universal por Hijo (AUH), con su complemento alimentario, cubría apenas el 54% de la canasta básica alimentaria. Hoy, cubre cerca del 100%. Eso no es expandir asistencia. Es recomponer el poder adquisitivo para combatir la indigencia y la pobreza extrema. Corregimos una inconsistencia del sistema. No aumentó la cantidad de programas sociales. No aumentó la cantidad de personas asistida”, agregó.

Vale mencionar que, según un análisis elaborado por el economista Nadin Argañaraz, durante la gestión de Javier Milei, el poder adquisitivo de los beneficiarios de la AUH se duplicó.

A fines de 2025, alcanzaron un poder adquisitivo acumulado que equivale a 21,3 ingresos reales de noviembre de 2023. En términos porcentuales, esto implica un incremento del 85%.

Cabe recordar que la AUH está destinada a madres, padres o tutores legales de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años que no tienen empleo formal registrado ni reciben asignaciones familiares del sistema contributivo. El beneficio abarca a personas desocupadas, trabajadores de la economía informal, monotributistas sociales y empleados del servicio doméstico con ingresos bajos.

Para hijas e hijos con discapacidad, la AUH no impone un límite de edad, aunque se requiere presentar la certificación correspondiente ante la ANSES. Para acceder o continuar con el cobro, es obligatorio acreditar controles de salud, asistencia escolar y la presentación anual de la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación.

Por otra parte, el IERAL señaló en un informe: “Implementada en 2009, la AUH se consolidó con los años como la principal política de transferencia monetaria dirigida a la niñez en Argentina. Al estar condicionada a controles de salud y asistencia escolar, cumple una doble función, refuerza los ingresos de los hogares en el corto plazo y busca incidir sobre el desarrollo de capital humano en el mediano y largo plazo”. Hoy 4,1 millones de niños reciben el beneficio.

El centro de estudios resaltó que el sistema de transferencias por hijo arrastra un problema estructural: la AUH fue diseñada para extender a los trabajadores informales, desocupados, empleadas de casas particulares y monotributistas sociales un derecho que los trabajadores registrados ya tenían a través de las Asignaciones Familiares.

“En un país donde el 43% de los trabajadores son informales, extender la protección por hijo más allá del empleo registrado es una condición necesaria para que el sistema tenga alcance real”, precisó el IERAL.

Explicaron que el problema es que, con el tiempo, la superposición de programas y criterios dio lugar a un esquema fragmentado, difícil de administrar y con incentivos que conspiran contra la formalización laboral. En la actualidad, existen más de 40 valores distintos para el monto que una familia puede recibir por hijo, según la zona geográfica, la inserción laboral de los padres, la edad del niño y el nivel de ingresos del hogar.

“El punto más sensible es la brecha entre lo que recibe un trabajador informal y uno formal. Mientras que la AUH + Alimentar cubren el 92% de la Canasta Básica Alimentaria por hijo, la asignación familiar contributiva para un trabajador formal del tramo de menores ingresos cubre apenas el 32%. Y la brecha se amplía a medida que el salario sube: 22% en el segundo tramo, 13% en el tercero, apenas 7% en el cuarto”, resaltó el informe.

La caída de Lácteos Verónica, una de las empresas que supo marcar el pulso del negocio lechero a nivel nacional por varios años, sigue ganando en profundidad y la firma se debate entre la quiebra o la venta de sus activos. Esta semana, en pleno contexto de freno de actividades en las plantas que la compañía posee en Lehmann, Clason y Suardi, todas en la provincia de Santa Fe, representantes de la familia Espiñeira, actuales dueños de la láctea, y dirigentes del gremio ATILRA mantuvieron una reunión en el Ministerio de Trabajo santafesino para discutir el destino de la Lácteos Verónica. Y cómo hará para cubrir los millones que debe a empleados y proveedores, además plantearse si la empresa avanzará o no hacia el concurso de acreedores. El resultado del encuentro fue un futuro plagado de indefiniciones, sin soluciones aparentes y la posibilidad concreta de que se pierdan los algo más de 700 empleos que genera Lácteos Verónica. Mientras tanto, la firma sigue acumulando cheques sin fondos y montos sin cubrir con bancos y financieras.

Según indicaron fuentes cercanas al personal de la compañía, la familia Espiñeira se debate entre vender la empresa por partes o de manera completa, o directamente avanzar hacia la quiebra. Los dueños de Lácteos Verónica se mantienen herméticos respecto de los eventuales interesados en la estructura de la lechera.

Hasta el momento, no hay precisiones respecto de si la francesa Savencia, que en la Argentina controla marcas como Milkaut, Santa Rosa, Ilolay, Adler y Bavaria, reavivó su interés por la estructura productiva de Lácteos Verónica como se afirmó durante el segundo semestre de 2025.

Por su parte, ATILRA subrayó que se mantendrá firme para impedir que los controlantes de la firma retiren equipamiento de las plantas e, incluso, insistió con que tampoco permitirá que se retire mercadería que supuestamente quedó almacenada en Lehmann.

Lácteos Verónica: quesos en custodia

Respecto de ese posicionamiento, Domingo Possetto, titular de la seccional de ATILRA en Rafaela, siempre en Santa Fe, declaró: «»No queremos que se lleven nada. Primero que abonen los sueldos atrasados. Así como están hoy los obreros, nadie va a dejar que los empresarios retiren nada. Es que no hay diálogo. Hace meses que los empresarios no aparecen».

«Los trabajadores resisten. Por ejemplo, quienes trabajan en la planta de Lehmann, resguardan una cantidad importante de quesos para que la empresa no se los lleve. Si se entrega es para que salgan a la venta y el producido se destine a acotar en algo la elevada deuda que los empresarios no asumen», agregó.

En contraposición a esto, medios especializados como Bichos de Campo exponen que la planta de Lehmann se encuentra en parálisis total desde enero, por lo que resulta poco probable que la producción de quesos «custodiada» sea de la envergadura que asegura ATILRA.

Mientras tanto, los empleados de Lácteos Verónica ya suman más de 4 meses sin cobrar sus haberes. Al mismo tiempo, se señaló que la lechera incluso viene incumpliendo con los pagos acordados con quienes aceptaron la propuesta de retiro voluntario sostenida por Lácteos Verónica, que incluso representa el 50% de las indemnizaciones que la firma debería cubrir.

En ese sentido, representantes de los empleados aseguraron que Lácteos Verónica abonó de dos a tres cuotas de las establecidas y luego interrumpió por completo la transferencia de fondos.

En paralelo a esta situación, a mediados del mes pasado se expuso que las instalaciones en Lehmann ya no cuentan con servicio de agua potable a partir de la falta de pago, y que incluso en los últimos tiempos operativos la planta carecía de insumos mínimos para sus empleados como, por ejemplo, papel higiénico en los baños.

Lácteos Verónica y una deuda multimillonaria

En cuanto a la situación de la deuda bancaria de la compañía, iProfesional constató en el registro del Banco Central (BCRA) que la empresa acumula 3.834 cheques emitidos sin fondos y una deuda en ese ítem superior a los 13.400 millones de pesos.

Además, Lácteos Verónica debe miles y miles de pesos a entidades de crédito como Catalinas, Credibel y Trend Capital. También posee deudas con los bancos Nación, BBVA, Santander, Galicia y Macro, entre otros.

El contexto actual, señalan voceros de los empleados de la lechera, es de total incertidumbre y en el horizonte no se descarta una quiebra inminente. Dicha acción implicaría la pérdida de 700 puestos de trabajo.

Por el lado de los proveedores, la situación también es dramática: cerca de 150 productores de leche de la provincia de Santa Fe se unieron recientemente para reclamar el pago de mercadería entregada y nunca abonada.

Se estima que sólo con ese grupo de tamberos la deuda que mantiene Lácteos Verónica se ubica en torno a los 60 millones de dólares.