El Gobierno oficializó este jueves el aumento del 3% en los salarios para las empleadas domésticas. La actualización corresponde a febrero y marzo y fue formalizada por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CTCP).

La homologación del primer incremento del año se concretó mediante la Resolución 2/2026, publicada en el Boletín Oficial. El acuerdo paritario se había alcanzado más de 15 días atrás, pero recién ahora quedó formalizado para su aplicación en todo el país.

La suba se repartirá en dos tramos consecutivos. Los sueldos del personal doméstico tendrán un incremento del 1,5% en febrero sobre la remuneración vigente. En marzo se aplicará otro 1,5% adicional.

Las subas serán remunerativas y se calcularán de manera acumulativa, lo que significa que el aumento de marzo se aplicará sobre el salario ya incrementado en febrero.

Empleada doméstica: bonos extraordinarios de hasta $20.000

Además del incremento porcentual, se acordó el pago de bonos extraordinarios durante ambos meses. Los montos varían entre $8.000 y $20.000 según la cantidad de horas trabajadas por semana.

Esta suma pasará a ser remunerativa y se incorporará al salario básico, conforme las distintas categorías laborales establecidas en el convenio colectivo.

La distribución de los bonos quedó establecida de la siguiente manera:

• Personal con más de 16 horas semanales: $20.000
• Personal con 12 a 16 horas semanales: $11.500
• Personal con hasta 12 horas semanales: $8.000

Estos montos se abonarán tanto en febrero como en marzo, lo que representa un ingreso adicional significativo para el sector.

Cómo quedaron los sueldos de las empleadas domésticas en febrero

Con la aplicación del primer tramo del aumento, los salarios mínimos del personal doméstico quedaron establecidos en los siguientes valores para febrero:

Los supervisores con retiro cobrarán $3.953,99 por hora y $493.250,51 por mes trabajado. Los supervisores sin retiro percibirán $4.317,86 la hora y $547.807,65 mensuales.

El personal para tareas específicas con retiro ganará $3.751,59 por hora y $459.265,69 al mes. Sin retiro, los valores suben a $4.100,04 la hora y $509.632,55 mensuales.

Los caseros tendrán un salario de $3.546,66 la hora y $448.433,64 por mes trabajado.

En el caso de asistencia y cuidado de personas con retiro, la remuneración será de $3.952,85 la hora y $448.433,64 mensuales. Sin retiro, los valores alcanzan $3.546,66 por hora y $498.106,74 al mes.

El personal para tareas generales con retiro cobrará $3.546,66 la hora y $404.702,97 mensuales. Sin retiro, percibirán $3.298,88 por hora y $448.433,64 al mes.

Asi quedan los salarios para una empleada doméstico en marzo

Con la aplicación del segundo tramo del 1,5%, los salarios volverán a actualizarse en marzo. Los nuevos valores mínimos serán los siguientes:

Supervisores con retiro: $4.013,30 la hora y $500.649,26 el mes trabajado. Supervisores sin retiro: $4.382,63 la hora y $556.024,76 mensuales.

Personal para tareas específicas con retiro: $3.807,87 por hora y $466.154,67 al mes. Sin retiro: $4.161,54 la hora y $517.277,03 mensuales.

Caseros: $3.599,86 la hora y $455.160,14 el mes.

Asistencia y cuidado de personas con retiro: $4.012,14 la hora y $455.160,14 mensuales. Sin retiro: $3.599,86 por hora y $505.578,34 al mes.

Personal para tareas generales con retiro: $3.599,86 la hora y $410.773,52 mensuales. Sin retiro: $3.348,37 por hora y $455.160,14 al mes.

La oficialización de este aumento marca el inicio de las negociaciones paritarias 2025 para el sector del empleo doméstico, uno de los más numerosos del mercado laboral argentino.

El escenario productivo argentino atraviesa un proceso de reconfiguración marcado por la transición económica y la expectativa de nuevas reglas de juego. En este contexto, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, analizó la actualidad del sector agropecuario y las dificultades que enfrentan los productores en el actual esquema financiero. Durante una entrevista con el equipo de Infobae en Vivo, el dirigente ruralista comparó la visibilidad de los conflictos industriales con la situación silenciosa que atraviesa el interior productivo, utilizando como referencia el caso de la fabricante de neumáticos Fate.

Cabe recordar que Fate, una de las principales productoras de neumáticos del país, anunció su cierre definitivo, tras enfrentar varios procesos de reestructuración y conflictos gremiales que pusieron en alerta la cadena de suministros. Para Pino, el impacto mediático de lo ocurrido con la firma industrial contrasta con una realidad que, según su visión, se replica de forma constante pero menos visible en la actividad agropecuaria.

Al abordar la situación de los productores, Pino fue contundente al señalar que, si bien el caso de la fabricante de neumáticos genera un alto impacto en la opinión pública, en el sector rural se viven situaciones de similar gravedad de manera cotidiana. “Hace ruido FATE, pero en el campo hay un montón de FATEs”, afirmó el titular de la SRA, sugiriendo que existen numerosas explotaciones y unidades productivas que enfrentan crisis terminales o procesos de desinversión sin alcanzar la misma relevancia en la agenda nacional.

El dirigente explicó que el sector agropecuario está compuesto por unos 250.000 productores distribuidos en todo el territorio, cuyas decisiones se ven directamente afectadas por las señales económicas. En ese sentido, advirtió sobre la distorsión que genera la prevalencia de la rentabilidad financiera por sobre la productiva. Al respecto, sentenció que cuando los números muestran que “una vaca rinde más en el banco que en el campo, hay algo que está mal”.

Pino enfatizó en la necesidad de que la actividad se desarrolle dentro de marcos de normalidad que permitan trabajar de la mejor forma posible, evitando intervenciones que, como ocurrió en el pasado con el cierre de exportaciones de carne, provocaron la pérdida de millones de cabezas de ganado y la desaparición de 150 mil productores.

A pesar de los desafíos, el presidente de la Rural manifestó una mirada optimista respecto al ciclo productivo 2026. Según su análisis, se percibe un clima de expectativas favorables, algo que ejemplificó con la alta demanda de financiamiento observada en eventos sectoriales como Expoagro, donde se registraron extensas filas de productores buscando acceder a créditos del Banco Nación.

Sin embargo, aclaró que la transición no será sencilla debido a que el sector viene de balances productivos muy ajustados. En este punto, Pino trazó una diferencia fundamental entre producir con y sin inflación elevada. Según explicó, en un contexto inflacionario los errores de gestión solían “limpiarse” o licuarse en un plazo de 90 días, mientras que en el escenario actual de estabilización esos errores permanecen y afectan directamente la viabilidad del negocio.

Respecto al impacto de las políticas impositivas, Pino se refirió a la medida de retenciones cero aplicada durante un breve lapso en 2025. Indicó que dicha disposición “no tendrá un efecto significativo en la cosecha 2025/2026, dado que en aquel momento la mayor parte de la soja utilizada provenía de acopios exportadores que no habían sido declarados previamente”. No obstante, pronosticó que, pese a la necesidad de recomponer stocks, Argentina tendrá una buena cosecha gruesa.

Uno de los puntos de mayor preocupación para la SRA es la crisis que atraviesan las economías regionales. Pino puso como ejemplo la situación de la vitivinicultura en Mendoza, señalando un desfasaje entre la oferta y el consumo interno. Explicó que la producción actual de uva está dimensionada para un mercado con un consumo per cápita de vino de 90 litros anuales, cifra que ha caído drásticamente (en 2025 se consumieron casi 16 litros de vino por persona), generando una sobreproducción que deprime los precios.

Como alternativa para la diversificación en la región cuyana, el dirigente mencionó que en reuniones con el Gobernador de Mendoza han planteado el potencial de la provincia para producir alfalfa, un producto con alta demanda internacional. Destacó que estas producciones regionales son vitales por la demanda de trabajo intensivo que generan en períodos específicos del año.

Para el titular de la Rural, el agro tiene un techo de crecimiento muy alto si se dan las condiciones adecuadas. Sostuvo que “el país puede pasar rápidamente de las 140 millones de toneladas actuales de granos a las 200 millones”, citando como antecedente el reciente desempeño del trigo, que alcanzó los 28 millones de toneladas gracias a la baja de retenciones y el acompañamiento del clima.

En este marco, Pino otorgó un rol central a la reforma laboral para dinamizar la contratación en el sector. Aseguró que la Sociedad Rural ha aportado numerosas ideas al Poder Ejecutivo en esta materia. Según su visión, el campo no es solo la producción primaria, sino todo el efecto derrame que genera en pueblos y ciudades. “Con una reforma laboral que le permita a esos señores tener más gente trabajando, es imparable la cantidad de trabajo que se puede dar”, afirmó en referencia a sectores como el de los contratistas rurales.

Finalmente, Nicolás Pino se refirió a la situación política interna de la entidad, tras el lanzamiento de la candidatura de Marcos Pereda, actual vicepresidente de la SRA. Pino expresó su sorpresa ante este movimiento, calificándolo de “apresurado” y señalando que Pereda, al ser parte de la gestión actual, no debería criticar la labor realizada.

El dirigente defendió su gestión y aclaró los puntos relativos a la alternancia en el poder dentro de la institución. Recordó que fue su propia Comisión Directiva la que promovió la limitación de mandatos, que antes eran ilimitados. Bajo la nueva normativa, Pino confirmó que tiene la posibilidad de presentarse para dos mandatos más. “Soy el primer presidente de la Rural que no es dueño, alquilo campo”, concluyó, reafirmando su perfil ante la controversia de las últimas semanas.

Tras el mal dato de la inflación de febrero, el mercado de capitales le dio una alegría a Luis Caputo, al bajarle el costo de financiación del Tesoro en su última licitación. Es posible que no alcance para compensar el impacto del IPC de 2,9%, pero por lo menos le permite al ministro sostener su argumento de que se está haciendo «un control estricto de la cantidad de dinero».

Es así que, en la licitación de este miércoles, a diferencia de lo que venía ocurriendo, Caputo volvió a absorber pesos del mercado. No solamente «rolleó» en su totalidad los vencimientos de deuda por $9,6 billones, sino que además colocó bonos como para retirar un excedente de liquidez por $820.000 millones.

Es una jugada que está en contexto con una economía donde el consumo sigue frío, pero al menos le queda al ministro el consuelo de que no le pueden achacar que para contraer la masa monetaria haya tenido que aumentar las tasas de interés.

Más bien al contrario, se confirmó la tendencia a la contracción de los rendimientos, todo un alivio en este momento, porque el gobierno puede argumentar que el mercado sigue esperando una caída de la inflación a mediano plazo.

Era el debut de Federico Furiase como secretario de Finanzas, y volvió a colocar títulos a tasa fija en el menú. De todas formas, el grueso del volumen, con más de 55%, quedó colocado en bonos ajustables por CER, la mayor parte con vencimientos de corto plazo, pero también con colocaciones que llegan a vencimientos en junio 2028.

De hecho, los funcionarios del equipo económico festejaron que la «duration» de la deuda se estiró en 0,78 años.

En cuanto al tramo de tasa fija, el Tesoro convalidó un interés de 2,6% mensual para letras con vencimiento en mayo, lo que equivale a una tasa de retorno real anual de 36%.

Cae la tasa del bono en dólares

Pero la gran expectativa se había generado respecto de cómo reaccionaría el mercado ante la colocación del nuevo bono en dólares, la apuesta de Caputo para fondearse con el mercado doméstico a una tasa sensiblemente inferior a la que obtendría si consiguiera crédito del mercado internacional.

Hace dos semanas, en la primera emisión, causó sorpresa el hecho de que haya habido un costo financiero inferior al esperado. Como el sistema elegido por Caputo es de subasta, eso implica que la tasa real es definida por el mercado, que decide si comprar los bonos al precio nominal que pone el gobierno. En la última licitación, esa tasa oficial fue de 6%. Algunos analistas pronosticaban que los inversores sólo aceptarían comprar los bonos con un descuento, lo que llevaría a que la tasa real subiera al entorno de 8%.

Sin embargo, para entusiasmo del Gobierno, resultó a revés: una alta demanda, a tal punto que se pagó por encima de la par, y el costo financiero real que pagará Caputo será de 5,8%,muy por debajo de las previsiones más optimistas.

Quedaba planteada la duda sobre si se el éxito de esa colocación se trataría de un caso aislado o si, efectivamente, Caputo podía confiar en la capacidad del mercado doméstico como proveedor de dólares para el pago de los vencimientos de deuda externa.

Y este jueves, en su segundo test, el ministro obtuvo un resultado aun mejor que el anterior: le tomaron los u$s150 millones que ofrecía el gobierno, y a una tasa de 5,6%.

La confirmación del «riesgo kuka»

Este resultado no sólo es importante a nivel financiero, sino también político, porque es lo que le permite al gobierno sostener su argumento de que el «verdadero» riesgo país está en torno a 200 puntos y no a los 570 que se reflejan en el índice EMBI elaborado por el JP Morgan.

El propio Javier Milei, ante los financistas de Wall Street que lo escucharon durante la Argentina Week en Nueva York, fundamentó la idea. Comparó la tasa del bono que se ofrece en el mercado local -que vence en octubre de 2027, es decir coincidiendo con el mes de la próxima elección presidencial-, con la tasa de los bonos que vencen luego de esa fecha, cuando eventualmente podría haber un gobierno de diferente signo.

La diferencia entre ambos es de más de 300 puntos básicos, y por eso Milei afirma que ese es el costo del «riesgo kuka». Las tasas que se pagan por la deuda corta implican que los inversores descuentan implícitamente que la economía argentina podría crecer a un ritmo de 8% anual, sostuvo el presidente.

Y comparó con el riesgo país para los bonos con vencimientos más lejanos, en los que el rendimiento implica un riesgo superior a 550 puntos.

«¿Qué significa eso? Que ahí aparece un margen mayor de incertidumbre sobre lo que pueda pasar políticamente después de este gobierno. En ese escenario, el mercado proyecta un crecimiento más moderado, del orden del 4% o 5% anual», sostiene Milei.

¿Se puede sostener?

Ese argumento quedó ahora reforzado por el escenario de conflictividad global. El hecho de que Argentina pueda fondearse en dólares a una tasa más baja que la que regía antes del conflicto de Medio Oriente implica un mayor mérito, porque va a contramano de la suba de prima de riesgo que se observa en casi todos los mercados.

De hecho, si Caputo tuviera la posibilidad de tomar crédito en el mercado global, ya no le pedirían una tasa de 8,7%, como se calculaba en enero, sino que debería pagar en torno a 9,4%, como consecuencia de la suba de la tasa de referencia SOFR, más la suba del propio riesgo país argentino.

Es decir, el gobierno puede jactarse de estar ahorrándose un costo de 380 puntos gracias a su estrategia de aprovechar la liquidez en dólares del sistema financiero. La duda, en todo caso, es si esa disponibilidad de divisas se mantendrá a lo largo del año.

En este momento, el Gobierno puede aprovechar el efecto generado por la ola de emisiones de deuda corporativa y provincial, que permitió la entrada de u$s10.000 millones en cuatro meses.

A juzgar por los dichos de Milei, que le pronosticó al presidente del BCRA, Santiago Bausili, que le saldrían «dólares por las orejas», queda claro que el gobierno mantiene la visión optimista. Sin embargo, para que el plan pueda continuar es necesario que se cumpla el objetivo de Caputo de que haya un traspaso «del colchón al banco» que capte, aunque sea, una porción de los u$s200.0000 millones ahorrados fuera del sistema.

Es un supuesto que todavía no está confirmado. De hecho, en enero se volvió a la «normalidad» en la demanda de dólares por parte del público minorista, que pidió u$s3.146 millones, de los cuales u$s2.203 millones que corresponden a compras de billetes verdes en el sistema bancario, mientras que el resto se explica por los gastos con tarjeta de crédito de los turistas argentinos en el exterior, las compras de productos y servicios online.