ECONOMIA
El Gobierno desreguló los aranceles de colegios privados: qué pasará con las cuotas

A través del Decreto 787/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional derogó el Decreto 2417/1993, que regulaba desde hace más de tres décadas la relación entre el Estado y los institutos de educación pública de gestión privada en la Argentina. La medida implica la eliminación del sistema de control estatal sobre los aranceles, matrículas y cuotas que cobran los colegios privados, y marca un cambio en la estructura de supervisión que se mantenía desde los años noventa.
Con la nueva disposición, los establecimientos educativos privados ya no estarán obligados a comunicar anticipadamente los valores de las cuotas ni a solicitar autorización previa al Estado para realizar modificaciones en los montos. El decreto sostiene que la normativa anterior «presenta limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país».
Según los fundamentos oficiales, el sistema derogado fue diseñado en un contexto en el que el Gobierno nacional administraba directamente la educación. Con la transferencia de competencias educativas a las provincias, el Ejecutivo considera necesario actualizar el marco normativo para adecuarlo a la estructura federal actual y «favorecer un entorno más propicio para la gestión de los establecimientos educativos de gestión privada».
El texto remarca que el objetivo es «garantizar la sostenibilidad de la labor educativa» y al mismo tiempo «resguardar el derecho a la educación de calidad».
Argumentos del Ejecutivo
Entre los principales fundamentos, el Gobierno plantea que la intervención estatal en la fijación de aranceles generó «efectos contraproducentes» para el funcionamiento y la viabilidad económica de las instituciones. En particular, señala que la obligación de informar y autorizar los valores de matrícula y cuotas con antelación impidió que las escuelas privadas pudieran ajustar sus precios en función de los costos operativos y la evolución del mercado.
De acuerdo con el decreto, este mecanismo «restringe la capacidad de adaptación» de los colegios ante la inflación o los cambios en los costos laborales y de servicios. Además, el texto argumenta que el sistema vigente «impacta también en las familias», ya que los establecimientos se ven obligados a fijar precios más altos desde el inicio del ciclo lectivo para anticiparse a eventuales incrementos no aprobados por la autoridad competente.
El Gobierno interpreta que esta dinámica «limita la capacidad de las familias para elegir» y, en algunos casos, las obliga a trasladar a sus hijos a otras instituciones.
Libertad para definir precios y condiciones
Otro de los puntos destacados del decreto refiere al derecho de propiedad y la libertad de contratación de los institutos privados. El texto sostiene que estos establecimientos «deberían poder fijar sus condiciones de contratación y los salarios de sus empleados sin necesidad de autorización estatal».
Desde la visión oficial, la previsibilidad impuesta por el sistema anterior generaba rigidez tarifaria, lo que podía derivar en un deterioro de la prestación educativa. Según el documento, los institutos que no podían modificar sus aranceles frente al aumento de los costos de insumos o salarios enfrentaban dificultades para mantener la estructura operativa sin recurrir a ajustes de emergencia o reducción de gastos.
En esa línea, el Ejecutivo argumenta que otorgar mayor flexibilidad en la administración de recursos permitirá a los establecimientos privados responder de manera más dinámica a las condiciones económicas, al tiempo que promueve la competencia entre instituciones.
Revisión del marco normativo general
El Decreto 787/2025 instruye al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, a revisar las pautas contenidas en el Decreto 2542/1991, considerado la norma base del sistema de financiamiento de la educación privada en el país.
El objetivo de esta revisión será elaborar una propuesta de modificación integral del marco regulatorio, que permita avanzar hacia un esquema basado en el principio de libre contratación. Según el texto, se busca «permitir a las instituciones educativas definir sus políticas de precios y compensaciones, en el marco de una competencia leal y en función de las demandas del mercado».
Esta actualización normativa, según el Gobierno, apunta a armonizar las reglas vigentes con el modelo de descentralización educativa y con la situación económica actual del sector.
Contexto y alcance de la medida
El Decreto 2417/1993 había sido implementado en un período en el que el Ministerio de Educación nacional centralizaba la supervisión del sistema educativo. Con el tiempo, las competencias sobre la educación de gestión privada fueron transferidas a las jurisdicciones provinciales, lo que llevó a la coexistencia de distintos criterios de control sobre los aranceles y las cuotas.
En ese marco, el Ejecutivo plantea que la derogación del decreto busca uniformar criterios y eliminar requisitos considerados «obsoletos», al dejar en manos de las provincias la fiscalización de los institutos de su territorio.
La nueva disposición se enmarca en una serie de reformas impulsadas por el Gobierno en distintos sectores regulados, con el propósito de reducir la intervención estatal en la fijación de precios y promover esquemas de competencia.
En el caso del sistema educativo, la medida podría implicar que cada provincia defina sus propios mecanismos de supervisión, mientras que las instituciones privadas tendrán la posibilidad de ajustar sus tarifas de manera autónoma, de acuerdo con sus costos y estructura.
Próximos pasos
Con la publicación del Decreto 787/2025, el Ministerio de Capital Humano deberá presentar una propuesta de actualización del Decreto 2542/1991, que establezca un nuevo marco de referencia para la relación entre el Estado y los establecimientos de educación privada.
Hasta que ese proceso se complete, los colegios privados quedarán sujetos a la normativa provincial vigente en cada jurisdicción, sin la obligación de solicitar autorización nacional para modificar sus aranceles.
La derogación del decreto de 1993 marca así el fin de un régimen de control estatal que se mantuvo durante más de treinta años, y abre paso a una etapa de revisión normativa orientada a redefinir el vínculo entre el Estado y el sector educativo privado en Argentina.
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ECONOMIA
“Reglas más claras y previsibles”: los empresarios del Grupo de los Seis celebraron la aprobación de la reforma laboral

El Grupo de los Seis (G6), que nuclea a las principales entidades empresariales del país, expresó su “satisfacción” por la aprobación de la reforma laboral en el Congreso de la Nación y argumentó que constituye “un paso significativo hacia la modernización del marco normativo que regula las relaciones de trabajo en la Argentina”.
“La actualización del régimen laboral representa una oportunidad para establecer reglas más claras, previsibles y equilibradas, capaces de promover la generación de empleo formal, reducir la litigiosidad y acompañar el proceso de transformación productiva que atraviesa el país. También provee el marco para lograr acuerdos entre trabajadores y empresas mutuamente convenientes”, expresaron las entidades en un comunicado.
En tal sentido, el documento rubricado por la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA) remarcó que “este nuevo marco no es un punto de llegada, sino el inicio de una etapa en la que el diálogo entre trabajadores y empleadores será fundamental”.
“Solo a través de un proceso de diálogo institucional, maduro y responsable podremos construir consensos duraderos que consoliden un régimen laboral moderno, que preserve y fortalezca los derechos de los trabajadores, al tiempo que promueva la productividad y competitividad que necesitan las empresas para crecer, invertir y generar empleo de calidad”, agregaron.
Bajo la perspectiva de las seis cámaras empresarias, la Argentina “necesita reglas que fomenten la formalización, impulsen la inversión y contribuyan a una economía más dinámica e integrada al mundo”.
“En ese camino, el compromiso y la cooperación entre los distintos actores sociales será clave para asegurar que este nuevo marco normativo se traduzca en más empleo, más desarrollo y mayores oportunidades para todos. El Grupo de los Seis reafirma su vocación de diálogo y su disposición a trabajar junto a todos los sectores para consolidar un sistema laboral que combine equidad, previsibilidad y competitividad, como base de un crecimiento sostenido e inclusivo”, concluye el documento oficial.
En la antesala del tratamiento del proyecto del oficialismo en el Senado, el Grupo de los Seis se había reunido con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Del encuentro participaron Nicolás Pino (SRA), Francisco Gismondi (Adeba), Adelmo Gabb (Bolsa de Comercio de Buenos Aires), Mario Grinman (CAC), Gustavo Weiss (Camarco) y Rodrigo Pérez Graziano (UIA).
Otras de las voces empresarias que sonaron en las últimas horas fueron las de la Cámara Empresaria de Desarrollores Urbanos (CEDU) y la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV), que manifestaron su apoyo público a la iniciativa que fue sancionada a última hora del viernes por parte del Senado de la Nación.
En un texto conjunto, CEDU + AV brindaron su “beneplácito por los avances tendientes a la aprobación de la reforma laboral, y a toda acción que promueva la creación de empleo formal, brinde previsibilidad y mejore la competitividad del sector productivo”.
“En particular, también celebramos la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para el financiamiento de las indemnizaciones, que estará integrado por las cuentas de las contribuciones patronales”, agregaron las cámaras.
A propósito del FAL, remarcaron que la principal virtud “será la de darle mayor entidad al mercado de capitales y ello resultará especialmente positivo para que uno de los pilares de nuestra actividad, el crédito hipotecario, pueda crecer en el futuro de modo sostenible a través de securitizaciones”.
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ECONOMIA
Vuelven a subir los alquileres: de cuánto serán los ajustes en marzo y cómo están los precios

Al margen de la mejoría derivada de la derogación de la ya antigua ley de alquileres, los contratos siguen acumulando ajustes que varían de acuerdo al tipo de acuerdo establecido entre el inquilino y el propietario. Si bien la previsibilidad es el rasgo predominante en el mercado locativo residencial, lo cierto es que continúan aplicándose incrementos a partir de las oscilaciones que muestran el Índice de Contratos de Locación (ICL) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En esa línea, y con vistas a marzo, representantes del sector inmobiliario anticiparon que las subas previstas para el mes próximo en el caso de los acuerdos por ICL serán del 6.2% para los pactos trimestrales, mientras que quienes ajusten por semestre enfrentarán un incremento del 12.6 por ciento. Hoy por hoy, la cotización promedio de un departamento de un ambiente en alquiler se ubica en torno a los $450.000 mensuales y sin expensas.
Según datos aportados por el Foro Profesional Inmobiliario, en lo que respecta a los acuerdos cuatrimestrales por ICL los incrementos serán de casi el 8 por ciento. En lo que refiere a los pactos con subas anuales, el indicador para marzo alcanzará al 33.8 por ciento.
Las subas, moderadas respecto de otros años
Por el lado de los contratos bajo el paraguas del IPC, el estimativo para los pactos trimestrales es de una suba del orden del 8.8% para los primeros días del mes próximo. Ya en lo que respecta a los acuerdos semestrales, el incremento será del 11.8 por ciento. Por el lado de los entendimientos con ajuste anual, el parámetro de aumento estará en torno al 33.3 por ciento.
Respecto de cómo está la situación del mercado de alquileres en este primer tramo del año, Marta Liotto, actual titular del Colegio Inmobiliario porteño, dijo recientemente a iProfesional: «Comenzamos 2026 con buenas ofertas de alquileres para vivienda en la Ciudad. Sin dudas, la oferta fue creciendo de forma significativa en el último tiempo, con un aumento que supera ampliamente los niveles de años anteriores».
«Esto significa más opciones para quienes buscan alquilar y menos presión por encontrar vivienda. Las immobiliarias contamos con buenas ofertas que actualmente satisfacen bien la demanda. Gran parte de esa oferta está concentrada en barrios atractivos como Palermo, Belgrano, Recoleta, Barrio Norte y Caballito«, agregó.
Ya en lo que respecta a la evolución de los valores, Liotto dijo que, comparado con el segundo semestre de 2025, «los precios sufrieron aumento mínimo y que corre de la mano de la inflación».
De acuerdo a un informe de Reporte Inmobiliario del que dio cuenta este medio, en el año más reciente los valores de alquiler registraron un incremento promedio del 28,08% lo cual, en concreto, consolidó la desaceleración de los precios que comenzó a observarse a partir de diciembre de 2023.
«Este comportamiento ratifica el ingreso del mercado en una fase de ajuste más pausada, donde los aumentos tienden a alinearse con variables macroeconómicas de referencia y dejan atrás la volatilidad extrema que caracterizó a períodos anteriores», indicó la consultora.
Precios de alquileres según el barrio de Buenos Aires
En cuanto a los valores vigentes en la Ciudad, el monitoreo de Reporte Inmobiliario detalló hace escasas semanas que, respecto de las unidades de un ambiente con mayor cotización, las cotizaciones más altas corresponden a Núñez ($630.000), Saavedra (595.000), Palermo (580.000) y Villa Crespo (550.000).
Del otro lado se alinean La Boca ($410.000), Liniers (420.000), Centro y Microcentro ($435.000) y Congreso (437.000).
Respecto de los dos ambientes, los precios más elevados se dan en Núñez, Parque Chas y Saavedra ($700.000), Palermo (690.000), Chacarita, Coghlan y Colegiales (680.000).
En la vereda de enfrente se ubican Constitución y La Boca ($480.000), Centro y Microcentro (510.000), San Cristóbal (520.000) y Boedo (547.500).
En lo que refiere a los departamentos de tres ambientes, Reporte Inmobiliario afirma que los inmuebles más caros están en Parque Chas y Villa Urquiza (más de $1 millón), Recoleta (995.000), Retiro (990.000) y Mataderos (980.000)
Los precios de menor valía se distribuyen entre Centro y Microcentro, Congreso, San Nicolás y Tribunales ($700.000), Villa General Mitre (715.000) y Constitución (730.000).
Por último, y en lo que hace a los inmuebles de cuatro ambientes, los precios más altos están en Colegiales ($1.360.000), Recoleta (1.350.000), Palermo (1.300.000) y Belgrano (1.250.000).
Los más «accesibles», en cambio, se ubican en Once ($800.000), Barracas y Tribunales (850.000), y San Telmo (865.000).
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ECONOMIA
Conflicto en Medio Oriente: qué pasará con el precio del petróleo y cómo impactará en Argentina

La estabilidad del mercado energético global se encuentra hoy supeditada a una franja marítima de apenas tres kilómetros de ancho. El recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente, con Irán e Israel como protagonistas directos, ha vuelto a poner bajo la lupa al Estrecho de Ormuz. Esta vía, fundamental para el tránsito de aproximadamente 20 millones de barriles diarios de crudo y refinados, además del Gas Natural Licuado (GNL) proveniente de Qatar, es el epicentro de una tensión que amenaza con reconfigurar el tablero económico mundial.
Especialistas consultados por Infobae coinciden en que, aunque la interrupción total del paso es un escenario extremo, la sola posibilidad de un bloqueo o el encarecimiento de la logística ya están operando sobre los precios. La combinación de ataques a instalaciones estratégicas y el aumento de los costos de seguros perfila un horizonte de volatilidad que podría llevar al Brent a quebrar la barrera de los tres dígitos.
Para Emilio Apud, ex secretario de Energía de la Nación, la situación actual presenta dos niveles de impacto. El primero es el “efecto especulación”, donde el precio sube por cobertura de riesgo ante la incertidumbre. El segundo, mucho más severo, sería el impacto real de un bloqueo físico.
“En el Estrecho de Ormuz hay una franja de tres kilómetros de ida y de vuelta donde pueden pasar los grandes barcos tanque. Con que se hunda un barco en uno de los dos canales, se genera un problema tremendo”, explicó Apud. Según el experto, la infraestructura de ductos existente no es suficiente para reemplazar el volumen que quedaría varado. Sin esta vía, los buques deberían desviar su ruta hacia el norte, rodeando el continente para ingresar por el Canal de Suez, lo que añadiría al menos dos semanas de viaje y un incremento sustancial en los costos operativos.

Pese a la gravedad del escenario, Apud considera que un bloqueo prolongado es poco probable debido a los intereses en juego, especialmente los de Estados Unidos. “A Estados Unidos lo que menos le interesa es que se dispare el petróleo y la inflación. Irán tampoco puede permitirse tener una fragata cortando el paso por mucho tiempo”, señaló, añadiendo que el principal interesado en mantener los precios estables es el propio Donald Trump. No obstante, fue tajante en su advertencia: “Si el estrecho efectivamente se bloquea de forma total, el barril superará ampliamente los USD 100”.
Desde una perspectiva técnica, Matías Togni, analista de la consultora Next Barrel, advierte que el cierre del estrecho puede ser “virtual” antes que físico, impulsado por el sector financiero y de seguros. “Lo que sube mucho es la prima de riesgo de los barcos petroleros y eso hace que, aunque haya tráfico, se den avisos de frenar las operaciones”, indicó.
La industria evalúa actualmente que una demora de apenas cuatro o cinco días en el tráfico hacia Asia —donde China e India son los principales compradores— generaría un estrangulamiento de la oferta. Togni estima una consecuencia inmediata: una suba del petróleo de casi el 5%, situándolo en torno a los 80 dólares por barril, niveles que no se registraban desde abril de 2025.
A diferencia de crisis anteriores, el analista destaca que la táctica de Irán de presionar a sus vecinos mediante bombardeos introduce una variable nueva y peligrosa. “Puede haber instalaciones, terminales o tanques comprometidos. Si la guerra escala a nivel regional, los precios elevados podrían mantenerse durante más tiempo. La clave es la duración de este conflicto, que parece ser diferente al escenario del año pasado”, analizó Togni.
Paradójicamente, la crisis en Medio Oriente presenta una “cara positiva” para la economía argentina, aunque matizada por los riesgos inflacionarios domésticos. En diálogo con este medio, los expertos señalaron que el país se encuentra en una posición particular debido al crecimiento de su capacidad exportadora de crudo proveniente de la cuenca neuquina.
Emilio Apud destacó que un aumento en el precio internacional “aumenta el flujo de caja a las petroleras que están exportando”. Actualmente, el crudo local se vende al exterior a un valor cercano a los USD 70 por barril. Un salto en la cotización internacional podría, en consecuencia, potenciar y acelerar los procesos de inversión en Vaca Muerta, al mejorar la rentabilidad de los proyectos no convencionales.
Por su parte, Matías Togni identificó lo que denomina un “doble beneficio” para el sector local. Hasta hace pocas semanas, el mercado global presentaba una sobreoferta que obligaba al petróleo argentino —y al de la región, como el brasileño— a venderse con un descuento de entre el 3% y el 4% respecto al Brent.
“Además de aumentar el precio del Brent por la tensión bélica, el conflicto también levantará parte o la totalidad de ese descuento que aplicaba el país para vender su petróleo en el extranjero”, explicó el analista de Next Barrel. De este modo, Argentina no solo ganaría por el aumento del precio base, sino por la valorización relativa de su crudo frente a un suministro global amenazado.
Sin embargo, esta mejora en los ingresos por exportaciones tiene su contraparte en el mercado interno. En una economía con alta inflación como la argentina, cualquier movimiento ascendente en el precio del petróleo presiona los costos de toda la cadena económica.
Apud aclaró que el precio del crudo no se traslada de forma total al valor que el usuario paga en la estación de servicio: “El petróleo forma parte del 40% del precio final del combustible”. Aun así, el impacto es ineludible. Un barril más caro encarece el transporte de cargas y pasajeros, lo que genera un efecto cascada sobre los precios de los productos básicos.
En conclusión, mientras que para la industria petrolera local y el ingreso de divisas el conflicto en el Golfo Pérsico actúa como un catalizador de inversiones, para el bolsillo del consumidor argentino representa un nuevo factor de presión inflacionaria. La duración de la tensión en Ormuz determinará si Argentina logra capitalizar los beneficios de Vaca Muerta o si el costo de la energía importada y el aumento de los combustibles terminarán opacando las ventajas de la coyuntura internacional.
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