ECONOMIA
El Gobierno eliminó 71 normas comerciales, incluyendo “Precios Justos” y la “Ley de Góndolas”

En el marco de su política de simplificación y desregulación, el Gobierno Nacional anunció la derogación de 71 normativas vinculadas a la actividad comercial. La medida quedó plasmada por medio de la Resolución 357/2025 publicada en el Boletín Oficial e incluye regulaciones asociadas a programas ya desarticulados como Precios Justos y la Ley de Góndolas, además de disposiciones complementarias de la ya derogada Ley de Abastecimiento y del disuelto Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC).
Según informó la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, el objetivo es eliminar trabas burocráticas y transparentar el comercio interno. “Se trata de normativas que obstaculizan las relaciones comerciales entre consumidores, habilitan controles de precios abusivos, exigen información sin ningún fin específico y regulan programas que ya habían sido dados de baja”, señaló la dependencia en un comunicado.
En la resolución publicada, se remarcó que “corresponde propiciar la derogación de aquellas normas que han quedado obsoletas derivadas de dichos marcos jurídicos, con el fin de reducir la carga administrativa y burocrática tanto para el gobierno como para los ciudadanos”. De ese modo, “lograr una gestión más eficiente de los recursos públicos”.
De las 71 disposiciones alcanzadas por la resolución que se publicará en los próximos días, 27 corresponden a resoluciones complementarias de la Ley de Abastecimiento, que había sido eliminada a comienzos de la actual gestión mediante el DNU 70/23. Estas normas habilitaban al Estado a fijar precios y márgenes de ganancia en sectores sensibles como alimentos, hidrocarburos y materiales de construcción.

Entre los ejemplos incluidos en el listado oficial, figura la Resolución 605/2020, que intimaba a las empresas de insumos para la construcción a incrementar la producción al máximo de su capacidad; la Resolución 100/2020 y la Resolución 1050/2021, que establecieron precios máximos en el marco de la pandemia de COVID-19; y la Resolución 25/2006, que regulaba la comercialización y distribución de gasoil.
También quedaron sin efecto disposiciones más antiguas, como la Resolución 226/1986, que suspendía temporalmente el derecho de importación sobre la papa, o la Resolución 18/1989, que obligaba a productores y comercializadores de algodón a remitir información a la entonces Secretaría de Comercio Interior.
Otra parte significativa del paquete alcanza a 24 normas vinculadas al Coprec, el organismo de conciliación previa en las relaciones de consumo que había sido eliminado por considerarse burocrático y superpuesto con otras instancias.
En este grupo se incluyen resoluciones que regulaban la admisión de reclamos, la homologación de acuerdos y el pago de honorarios a los conciliadores. Entre ellas se encuentran la Resolución 48/2015, que fijaba los criterios de admisión de reclamos; la Resolución 480/2015, que establecía los parámetros para abonar honorarios; y la Resolución 340/2021, que aprobaba el código de “Buenas Prácticas Comerciales”.
También se derogaron disposiciones relacionadas con el funcionamiento de audiencias y la presentación de documentación, como la Resolución 616/2020, que permitía a los consumidores elegir la modalidad de las audiencias, y la Resolución E 157/2017, que obligaba a ingresar reclamos por mesa de entradas.
El Gobierno también eliminó 20 normas que daban sustento a programas y esquemas ya discontinuados, entre ellos Precios Justos, El Mercado en tu Barrio y el Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos.
En relación con Precios Justos, quedaron sin efecto las resoluciones que aprobaban convenios específicos de colaboración con municipios para fiscalizar su cumplimiento, como las Resoluciones 75/2022, 118/2022 y 12/2023.

Respecto de la Ley de Góndolas, la Secretaría de Industria y Comercio derogó las disposiciones que regulaban la disposición de productos en supermercados. Esta normativa, establecida en 2020, buscaba garantizar la competencia de segundas y terceras marcas en los espacios de venta, pero había sido eliminada formalmente por el mismo DNU que dio de baja la Ley de Abastecimiento.
También se incluyeron en la resolución otras normas como la Resolución 115/2021, que aprobaba convenios para el programa El Mercado en tu Barrio, y las resoluciones del programa de estímulo a pequeños productores de granos dictadas entre 2007 y 2015.
Con esta nueva tanda, la Secretaría de Industria y Comercio suma más de 240 normas derogadas desde el inicio de la gestión. Previamente se habían eliminado requisitos de comercio exterior, como las licencias automáticas y no automáticas, el SIRA y el DJCP, que generaban costos por unos USD 5 millones y más de un millón de declaraciones juradas anuales. También se había dado de baja el programa Precios Cuidados y el régimen informativo Sipre, que obligaba a empresas a reportar precios y cantidades.
“Estas medidas representan un paso más en el objetivo de conformar un ordenamiento jurídico que permita eliminar trabas burocráticas y promover la libre competencia”, indicó la cartera que encabeza la Secretaría de Industria y Comercio en su comunicado.
En total, la resolución deroga 40 resoluciones y sus 31 modificatorias, distribuidas entre normas complementarias de leyes derogadas, regulaciones de entes disueltos y programas en desuso. La medida se enmarca dentro de la estrategia de simplificación del Estado impulsada por el Ministerio de Economía.
ECONOMIA
Jornada financiera: rebotó el dólar, las acciones volvieron a caer y subió el riesgo país

El dólar tuvo una leve reacción alcista este viernes, después de seis sesiones consecutivas en declive, un movimiento que dejo entrever que el Banco Central estaría cómodo en sostener el tipo de cambio oficial en torno a los 1.400 pesos.
Para las acciones y los bonos argentinos se ratificó la hipótesis de una alta dependencia de los movimientos de los mercados del exterior, que se encuentran en pleno proceso de corrección tras recientes máximos.
Mientras que el volumen de operaciones en el mercado mayorista volvió a crecer a importantes USD 569,7 millones en el segmento de contado -una cifra alta para esta época del año-, el dólar comercial experimentó un leve incremento e interrumpió una serie de seis bajas consecutivas, cuando alcanzó su nivel más bajo en los últimos cuatro meses.
El dólar mayorista ganó 4,50 pesos o 0,3%, a $1.399,50, para redondear una semana con baja de 32,50 pesos o 2,3%, que coincidió con fuertes posturas compradores del Banco Central en el mercado.
“La divisa mayorista abrió la jornada en niveles de su cierre previo y operó de manera equilibrada durante buena parte del día. Si bien el desarrollo inicial mantuvo la dinámica de ruedas anteriores, con predominio de la oferta presionando los precios, a lo largo de la jornada comenzaron a observarse leves señales de recuperación”, consignó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.
La entidad monetaria fijó para la fecha una banda superior de su régimen cambiario en los $1.584,95, que dejó al tipo de cambio mayorista a una distancia de 185,45 pesos o 13,3% de ese límite de libre flotación. El jueves la brecha con la banda superior había alcanzado el 13,6%, un máximo desde julio de 2025.
Detrás del movimiento interbancario, el dólar al público ganó cinco pesos o 0,4% en el día, a $1.420 para la venta en el Banco Nación. El billete al público bajó 30 pesos o 2,1% a lo largo de la semana.
El dólar blue quedó sin variantes, a $1.440 para la venta. En la última semana esta cotización informal avanzó cinco pesos o 0,3 por ciento.
El Banco Central absorbió este viernes USD 42 millones en el mercado de cambios, con lo que acumuló un saldo a favor de USD 932 millones en el transcurso de febrero. Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 102 millones, a 45.158 millones de dólares.
Los activos bursátiles reflejaron inestabilidad ante un contexto externo volátil, tras nuevos datos económicos en los EE.UU. Los índices bursátiles estadounidenses pasaron de caídas iniciales a una suba de hasta 0,5% en la media rueda, pero finalmente se decantaron nuevamente por las pérdidas sobre el cierre, pese a que un informe sobre la inflación más suave de lo esperado mantuviera a la Reserva Federal en la senda de los recortes de las tasas de interés este año.
Con esta influencia, el índice accionario líder S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires revirtió una baja inicial y pasó a subir al promediar los negocios, pero cerró con una caída de 1,2%, en los 2.816.127 puntos, luego de derrumbarse un 5,5% en la sesión previa por el contexto global adverso.
En tanto, los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- finalizaron mixtos, con un riesgo país de JP Morgan que subió 12 unidades, a 519 puntos básicos para Argentina.
En los EE.UU. la inflación se enfrió más de lo esperado en enero, según mostraron los datos publicados el viernes por la Oficina norteamericana de Estadísticas Laborales.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró que los precios al consumidor aumentaron un 0,2% en enero con respecto al mes anterior y un 2,4% interanual. Los economistas encuestados por Bloomberg esperaban un aumento mensual del 0,3% en los precios al consumidor y un incremento anual del 2,5 por ciento.
“El oficialismo consiguió en el Senado la aprobación de la reforma laboral y sumó un hito político relevante en el inicio del año legislativo. La mayoría negociada reforzó la percepción de gobernabilidad y aportó a la estabilidad financiera en una semana clave”, describió GMA Capital.
“En paralelo, el frente macro mostró avances. El BCRA extendió la racha compradora y acumuló más de USD 2.000 millones en lo que va de 2026, el dólar se mantuvo calmo y el carry en moneda dura volvió a destacarse. El Tesoro obtuvo financiamiento neto positivo y absorbió liquidez, con un mercado inclinado a duration corta y tasa fija”, añadió la ALyC.
Los mercados financieros domésticos permanecerán cerrados lunes y martes por las celebraciones de Carnaval.
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ECONOMIA
Por qué un IPC al alza complica el plan de Caputo de mover los dólares del colchón hacia los bancos

Fue una jornada de sentimientos encontrados para Toto Caputo: por un lado, el dólar cayó a su mínimo real en varios meses, lo cual dio pie para que celebraran los partidarios del gobierno, dado que es raro que una caída del dólar ocurra en simultáneo con una masiva compra de dólares por parte del Banco Central. Pero, por otro lado, el dato del IPC de enero fue un baldazo de agua helada en el discurso desinflacionario del gobierno.
Lo curioso de la situación es que, en cierto sentido, para Caputo fue una confirmación de que tenía razón con su recordada frase «compra, campeón, no te la pierdas». Desde aquel momento -inicio de julio del año pasado- hasta ahora, el dólar al público subió un 15,4% -claro que con bruscos altibajos en el medio-. Y la inflación acumulada de esos siete meses fue de 17,6%.
O sea que quien le haya llevado la contra al ministro y haya comprado dólares en aquel momento, se encuentra con que tuvo una pérdida real si dejó los billetes verdes «bajo el colchón». Y, si se compara con el costo de oportunidad por no haber colocado pesos en otras colocaciones, como plazos fijos o bonos, la pérdida es mucho mayor.
Pero esa caída del dólar no le dejó mucho margen de festejo al ministro, porque todo queda empañado por la aceleración inflacionaria. La invitación del ministro a blanquear los ahorros y poner los dólares en el banco, ahora que regirá el principio de «inocencia fiscal» se encuentra con el problema de un mal «timing».
Porque la aceleración inflacionaria le da mayor relevancia a los economistas que se quejan de que el tipo de cambio continúa atrasado. Y, además, se expone a críticas como las del economista Roberto Cachanosky, que recordó que si se aplicara el «método Milei» para proyectar la inflación, entonces habría que decir que los precios están viajando a un 41% anual -que es el resultado de elevar 2,9 la potencia 12-.
IPC mata dólar barato
Lo cierto es que si en enero la cotización del dólar bajó un 1,3% y los precios subieron un 2,9%, entonces los dólares del colchón perdieron un 4% real. En otro país que no se llamara Argentina, esta situación dispararía una venta masiva de dólares por parte del público. O, al menos, llevaría a que los ahorristas atendieran el consejo de Caputo y llevaran los dólares al banco para obtener una tasa de interés.
Pero en el mercado local las reacciones defensivas apuntan en el sentido inverso. Al amplificarse el argumento del atraso cambiario, hay más chances de que el precio actual del dólar sea percibido como «artificialmente barato» y eso estimule a una mayor dolarización de los ahorros.
Y no es el único castigo que está recibiendo Caputo por estas horas. El principal tema con el que se ensañan los analistas es el del «ancla cambiaria». El argumento que más se escucha es que se nota un agotamiento en el método de reprimir el tipo de cambio como forma de frenar los precios.
Ese cuestionamiento no sólo renueva los reclamos por un mayor grado de flotación cambiaria, sino que además supone una crítica a la suba de tasas de interés en pesos, que por un lado controlan el exceso de liquidez pero, por otra parte, encarecen el crédito en la producción y el consumo.
¿Hay más demanda de pesos?
Como ya lo viene haciendo desde hace meses, Caputo insiste con el argumento de que, en realidad, no hay un proceso de inflación al alza -por eso destaca que el «IPC núcleo» fue de 2,6%– y culpa a los «cambios de precios relativos» por los malos números que viene registrando la medición del Indec.
Esto tiene un mensaje entrelíneas: una vez que haya pasado el impacto por la recomposición de tarifas y las distorsiones de las subas estacionales, todo está dado como para que la inflación vuelva a caer.
Su planteo es que está aumentando la demanda de pesos por parte del público -y por eso el BCRA puede comprar dólares sin que haya una presión al alza de la cotización-, y que eso, sumado al esfuerzo de equilibrio fiscal, hará que se vuelva al camino de desinflación.
Sin embargo, es un tema que sigue siendo discutido por los economistas. Varios rechazaron la afirmación de Caputo en el sentido de que la suba en la cotización de los bonos CER fuera un síntoma de confianza del mercado.
«Si los bonos ajustados por inflación suben es porque el mercado espera, equivocado o no, una mayor inflación, usando el índice que usen», afirma Diego Giacomini, uno de los mayores críticos del plan económico, que afirma que la relativa calma actual obedece a una exacerbación del «carry trade».
En la misma línea apuntó apuntó Carlos Rodríguez, ex viceministro de economía, que durante la campaña electoral comandó el equipo de asesores de Milei. Tras conocerse el dato del IPC, propuso que el gobierno cambiara su política, con una eliminación total del cepo remanente y sin que se sigan convalidando altas tasas de interés por parte del Tesoro.
En cuanto al movimiento de los pesos en el mercado, un informe del economista Santiago Bergese afirma que la compra de dólares por parte del BCRA tuvo como contracara un aumento del volumen en la cuenta del Tesoro, que se logró, con la transferencia de $2,4 billones desde la banca pública, además de los $2 billones que Caputo absorbió en la última licitación de deuda.
Es lo que lleva a que muchos analistas pongan en duda la vigencia efectiva a un «ancla monetaria». Así, un informe de la Fundación Mediterránea indica que, si bien la base monetaria medida «punta a punta» en el mes de enero tiene una leve contracción -de 0,3% nominal y 2,7% real-, el panorama luce diferente cuando se mide el promedio mensual. En ese caso, se observa una expansión nominal de 6% –un crecimiento de 3,1% descontando el efecto inflacionario.
La paradoja del índice contrariado
Y, para mayor paradoja, los economistas que hacen relevamientos de precios están de acuerdo en que, si se hubiese cambiado la canasta del Indec, como estaba previsto desde el año pasado, el IPC habría dado algunas décimas menos que en diciembre.
Esto ocurre por la inesperada suba de precios en el rubro de alimentos, que es precisamente el que iba a tener una ponderación menor -pasaría del actual 26,9% a un 22,7% del presupuesto familiar-.
Igualmente, Caputo tendrá su compensación en marzo, un mes para el que se espera que se vea el máximo impacto de la suba de tarifas en servicios públicos -su ponderación en la canasta del IPC seguirá siendo un 9,4%, y no el 14,5% del índice suspendido-.
Al menos, quedará un consuelo para el ministro tras la jornada negativa: ya nadie podrá acusarlo de que su pelea con Marco Lavagna tenía el objeto de «dibujar» la inflación de enero. Lo cual, no obstante, no significa que los sindicatos no usen algún tipo de «IPC blue» en los próximos meses, para mejorar sus condiciones de negociación salarial.
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ECONOMIA
Reforma laboral: las fintech insistirán en Diputados para que los salarios puedan cobrarse en billeteras virtuales

Tras la eliminación del artículo que permitía el pago de salarios en billeteras virtuales del proyecto de reforma laboral que obtuvo media sanción en el Senado, el sector fintech anticipó que insistirá con la normativa cuando el debate llegue a la Cámara de Diputados y consideró que el país necesita “con urgencia una modernización laboral profunda”.
El proyecto inicial de reforma laboral contemplaba la posibilidad de que los salarios se acreditaran tanto en cuentas bancarias tradicionales como en billeteras digitales. No obstante, en el dictamen que se debatirá en el Senado, los legisladores decidieron eliminar la mención a los Proveedores de Servicios de Pago (PSP). De este modo, las cuentas bancarias y las entidades oficiales de ahorro quedaron como las únicas opciones legales para el pago de haberes.
La supresión de este apartado obedeció a la presión ejercida por las cámaras bancarias, que advirtieron sobre el posible impacto negativo de canalizar los sueldos hacia billeteras digitales. Según el sector, los depósitos salariales representan un recurso central para financiar créditos destinados a pequeñas y medianas empresas.
En ese contexto, la Cámara Argentina Fintech difundió un comunicado asegurando que “el país necesita con urgencia una modernización laboral profunda, alineada con la realidad productiva y tecnológica del siglo XXI. Sin embargo, resulta contradictorio que, en ese mismo proceso, se haya excluido del debate un artículo que efectivamente introducía mayor libertad y competencia: la libre elección del canal de acreditación salarial”.

Acto seguido, los referentes del sector hicieron referencia a un informe reciente de la consultora Isonomía que exhibió que 9 de cada 10 argentinos considera que debería poder elegir dónde cobrar su sueldo. “Entre los jóvenes, 8 de cada diez cree que hacerlo en billeteras virtuales sería más práctico y 7 de cada 10 las percibe como una opción más segura. Además, el 64% de los trabajadores en relación de dependencia no eligió el banco donde hoy cobra su salario. La sociedad ya tomó una decisión”, consideraron.
A la vez, plantearon que la propuesta excluida “ampliaba alternativas” ya que “las billeteras virtuales operan dentro de un marco supervisado por el Banco Central, con normas de prevención de lavado, ciberseguridad, identificación de clientes y trazabilidad de operaciones”.
Y continuaron: “No hay vacío normativo ni informalidad. Hay competencia y un sistema plenamente integrado. Sostener la obligatoriedad bancaria en el cobro de salarios no responde a una necesidad técnica ni a la estabilidad del sistema. Responde a la preservación de un esquema que asegura a las entidades financieras tradicionales la administración de millones de cuentas sueldo”.
Bajo la perspectiva de la industria fintech, la libertad de elegir dónde cobrar el sueldo “no debilita al sistema financiero” sino que “lo obliga a competir por el cliente”. En ese mismo tono, sumaron que postergar la discusión “no elimina el problema de fondo: la normativa vigente ya no refleja cómo los argentinos usan su dinero ni qué modelo de libertad económica esperan”.
Por último, la Cámara Argentina Fintech aseguró que seguirá impulsando el debate cuando se discuta la reforma laboral en la Cámara de Diputados en los próximos días. En esa línea, informó que trabajará activamente para que el artículo de la discordia vuelva a ser incluido en la discusión legislativa.
“Estamos convencidos de que reconocer el derecho de los trabajadores a elegir no es una concesión sectorial, sino una actualización imprescindible que fortalece el espíritu de la reforma laboral y la modernización que la Argentina necesita. El salario pertenece al trabajador. La decisión sobre dónde cobrarlo también debería pertenecerle”, concluyó la entidad.

La controversia escaló a partir de las advertencias de las cámaras bancarias (ABA y Adeba), que sostienen que el traspaso de los depósitos salariales hacia las billeteras virtuales afectaría el financiamiento de la economía. Según sus estimaciones, la salida de estos fondos podría reducir el stock de préstamos al sector privado en un rango de entre 4 y 6 billones de pesos, impactando especialmente en el crédito a pymes y familias. Asimismo, los bancos remarcan que las entidades financieras tradicionales cuentan con seguros de depósito que brindan una seguridad adicional de la que carecen los PSP.
Desde el ámbito de las fintech se rechaza este argumento, señalando que la normativa actual del Banco Central ya obliga a las billeteras virtuales a depositar el 100% de los fondos de sus clientes en cuentas a la vista en bancos comerciales. Bajo este esquema de “encajes”, las empresas tecnológicas argumentan que el dinero no abandona el sistema financiero, sino que simplemente cambia su forma de administración. Además, subrayan que el nivel de adopción de estas herramientas es masivo, alcanzando a 8 de cada 10 argentinos.
El punto central del conflicto legislativo radica en la equiparación del CVU con el CBU para la recepción original de haberes, un cambio que fue retirado del proyecto tras intensas gestiones sectoriales. La industria tecnológica sostiene que la libre elección del canal de cobro es una demanda social que trasciende la competencia comercial. Por este motivo, el sector buscará que el debate se reabra en la Cámara de Diputados para reintegrar la posibilidad de que los trabajadores decidan de forma voluntaria dónde gestionar sus ingresos mensuales.
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