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ECONOMIA

El Gobierno inicia la privatización de ENARSA

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Así lo hizo a través de un decreto publicado en Boletín Oficial. Se trata de una compañía clave por el manejo del mercado energético

25/04/2025 – 08:37hs

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A través del Decreto 286/2035, el Gobierno inició el proceso de privatización total de Energía Argentina S.A. (ENARSA), que se llevará a cabo mediante la separación de las actividades y bienes de cada una de sus unidades de negocio.

Como primera etapa, se autoriza la venta del 100% de las acciones de ENARSA en CITELEC S.A., empresa controlante de Transener, responsable de la transmisión eléctrica en todo el país. Esta operación se realizará mediante concurso público nacional e internacional.

Durante años, ENARSA requirió transferencias millonarias del Tesoro para sostener una estructura que no logró resultados eficientes ni en calidad de servicio ni en administración. Este proceso apunta a ordenar el funcionamiento del Estado y permitir que el sector privado, con capacidad de inversión y experiencia, asuma la gestión de actividades clave como la transmisión eléctrica.

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La medida busca «mejorar el servicio, fomentar la competencia y garantizar precios reales y sostenibles para todos los argentinos.  El sector privado no solo puede hacerlo mejor, sino que además es el motor natural de la inversión, el empleo y la innovación. El Estado se enfoca en lo que debe hacer: organizar, regular y cuidar el buen funcionamiento del sistema energético». 

El fin de ENARSA, un emblema del kirchnerismo

En total, suman cerca de 17 las unidades de negocio en las que ENARSA interviene de alguna forma. 

La puesta en venta de la distribuidora tiene lugar en momentos en que se está por definir la Revisión Quinquenal de Trifas (RQT), la cual terminará por fijar la política de ajustes a los servicios energéticos por los próximos 5 años.

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Privatizaciones: el Gobierno cambia el status para vender otras empresas estatales

El cambio que viene para ENARSA no es el único promovido por LLA en el último tiempo. Durante la primera mitad de abril, el Ministerio de Justicia informó que, vía la Inspección General de Justicia (IGJ), transformó a un grupo de 5 empresas públicas en sociedades anónimas, lo cual abrió la posibilidad de una venta parcial o total de sus acciones.

Entre las compañías comprendidas se ubicaron Fabricaciones Militares, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), la Administración General de Puertos (AGP), Corporación Buenos Aires Sur y Télam, ya definida como «disuelta». Desde el Gobierno se indicó que el cambio en cuestión apuntaba a romper el «uso político» de estas firmas.

La novedad fue comunicada por la cartera de Justicia a través de sus espacios en redes sociales. En concreto, se indicó que «la Inspección General de Justicia, dependiente de la Secretaría de Justicia, inscribió la transformación de cinco empresas estatales en S.A.«.

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Este detalle fue compartido junto con un flyer titulado «Motosierra» y sigue a la decisión del oficialismo de redefinir el proceso de privatización de las represas hidroeléctricas de El Chocón, Cerros Colorados, Alicurá y Piedra del Águila, proceso para el que se busca una nueva fecha tras incumplirse los plazos fijados el año pasado.



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ECONOMIA

Se posterga la aplicación del nuevo esquema de subsidios a las tarifas de luz y gas

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La implementación del nuevo esquema de subsidios a las tarifas de gas, electricidad y garrafas fue postergada por cuestiones administrativas y, según confirmaron fuentes oficiales, recién entraría en vigencia en febrero. El impacto en las facturas se vería reflejado un mes después.

De acuerdo al sitio TN, aún resta la publicación de un decreto reglamentario y la posterior oficialización de los nuevos precios del gas y de la generación eléctrica por parte de la Secretaría de Energía. La falta de cumplimiento de estos pasos formales demoró la puesta en marcha del nuevo sistema.

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Una vez completado el proceso administrativo, el Gobierno prevé avanzar con el esquema de subsidios focalizados desde febrero, con efectos concretos en las boletas a partir de marzo.

Cómo funcionará el nuevo esquema de subsidios energéticos

El nuevo régimen fue establecido a través del decreto 943, publicado el 2 de enero en el Boletín Oficial. La norma puso fin al sistema de segmentación por niveles de ingresos vigente desde 2022 y lo reemplazó por un modelo simplificado con dos categorías de usuarios: hogares que reciben subsidios y hogares que pagan el costo pleno de la energía.

El esquema, denominado Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), tiene como objetivo trasladar de manera gradual los costos reales de la energía a los usuarios, promover un consumo más eficiente y garantizar el acceso a un nivel básico de energía para los sectores más vulnerables.

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Según lo dispuesto, el acceso a la asistencia estatal quedará limitado a los hogares con ingresos mensuales inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), de acuerdo con los valores informados por el Indec a noviembre de 2025.

El Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) unifica los criterios para otorgar beneficios en electricidad, gas natural por redes, gas propano y garrafas de 10 kilos de gas licuado de petróleo (GLP), reemplaza los mecanismos anteriores y establece una diferenciación clara entre los hogares que reciben subsidios y los que no, según el nivel de ingresos, el patrimonio y la situación socioeconómica del grupo familiar.

Los hogares que cumplen con los requisitos acceden a un descuento directo en la factura de luz o gas, mientras que quienes quedan fuera del régimen deben abonar el costo pleno del servicio.

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Subsidios de luz y gas: cuál es la web oficial y para qué sirve

El Ministerio de Economía habilitó el sitio oficial argentina.gob.ar/subsidios, donde los usuarios pueden:

  • Consultar si tienen subsidio energético.
  • Ver el estado de una solicitud ya iniciada.
  • Pedir una revisión del beneficio en caso de cambios en su situación.

El sistema centraliza toda la información vinculada al acceso a los subsidios y funciona de manera integrada con la plataforma Mi Argentina.

Quiénes deben hacer el trámite y quiénes no

Las personas que ya están inscriptas en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no necesitan volver a realizar el trámite.

En cambio, deben inscribirse nuevamente:

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  • Quienes utilizan garrafas.
  • Beneficiarios del Programa Hogar.
  • Usuarios que cobraban la Tarifa Social de Gas.
  • Residentes de determinadas localidades de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Mendoza, Misiones, Santa Fe, Santa Cruz, Formosa y Chubut, detalladas en la web de la Secretaría de Energía.

Cómo funciona la nueva página para tramitar subsidios

La web de la Secretaría de Energía ofrece tres opciones principales:

  • Consultar si recibís el subsidio: se realiza a través de la app Mi Argentina. Es necesario contar con usuario, CUIL y contraseña.
  • Consultar el estado de la solicitud: el sistema solicita el número de gestión, el DNI y el correo electrónico informado al iniciar el trámite.
  • Solicitar una revisión del subsidio: está destinado a quienes consideran que su situación debe ser reevaluada. Se requiere el número de gestión original, disponible en Mi Argentina o en el correo electrónico recibido.

Qué datos se necesitan para hacer el trámite

Antes de iniciar cualquier gestión, se recomienda tener a mano:

  • Número de medidor y número de cliente, servicio, cuenta, contrato o NIS (figuran en la factura).
  • DNI vigente.
  • CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.
  • Correo electrónico personal de uso frecuente.

Quiénes pueden acceder a los subsidios energéticos

Para recibir los subsidios focalizados, los hogares deben cumplir con los siguientes requisitos, considerando el total de sus integrantes:

También pueden acceder hogares que, aun sin cumplir ese tope, presenten alguna de estas situaciones:

  • Al menos un integrante con Certificado de Vivienda del ReNaBaP.
  • Al menos un integrante con Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
  • Al menos un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Cómo se aplican los descuentos en luz y gas

El nuevo esquema fija precios anuales de referencia y concentra los subsidios en los períodos de mayor consumo, con una reducción gradual.

Electricidad: bonificación del 50% durante todo el año para los hogares beneficiarios.

Gas por redes: subsidio del 50% en los meses de mayor demanda y sin bonificación en los períodos de bajo consumo.

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Durante 2026, de forma excepcional, se sumará una bonificación adicional del 25% en enero, que se reducirá progresivamente hasta desaparecer en diciembre.

Cambios en los programas vigentes y subsidios a las garrafas

El decreto 943 también dispuso la derogación del Programa Hogar, destinado a la compra de garrafas, y de la Tarifa Social Federal de Gas. En ese marco, se estableció un plazo de seis meses para que la ANSES y la Secretaría de Energía concreten la migración de los beneficiarios de ambos programas al nuevo esquema de subsidios.

En el caso específico de las garrafas, la Secretaría de Energía quedó facultada para instrumentar los beneficios mediante acuerdos con entidades financieras, billeteras digitales u otros proveedores de servicios de pago, a través de mecanismos de descuento o reintegro.

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ECONOMIA

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 15 de enero

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El auge de las tasas de interés de corto plazo en pesos garantizan la estabilidad del tipo de cambio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tesoro renovó casi todos los vencimientos en la primera licitación de deuda en pesos del año, pero al costo de secar la plaza y elevar las tasas para las LECAP que vencen a fin de febrero a 3,39% efectivo mensual, lo que equivale a un rendimiento de casi 50% efectivo anual. Este título tuvo un premio de 5 puntos con relación a la cotización en el mercado secundario donde rendía 2,87%. La letra que vence a fin de mayo paga 2,86% efectivo mensual. Entre estos dos plazos absorbieron $5,81 millones, el 62% de lo licitado.

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ECONOMIA

Fracasó la paritaria de la UTA: cuándo podrían paralizar el transporte de colectivos en el AMBA

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Lejos de resolverse, la paritaria de los choferes de colectivos se profundiza tras cada reunión entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresariales. El último encuentro se llevó a cabo este martes y el gremio ratificó el estado de alerta y advirtió con disponer un paro general que afectará el servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En la audiencia realizada en forma virtual bajo el monitoreo de la Secretaría de Trabajo, el sindicato rechazó la oferta del 1 por ciento mensual, en tanto que el titular de la UTA, Roberto Fernández calificó la propuesta como una «burla». Fuentes gremiales señalaron que «las patronales no están haciendo ningún esfuerzo y vinieron con el mismo ofrecimiento que en la anterior reunión; es decir, no mejoraron nada».

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Según las empresas, no pueden dar un aumento por encima del 1%

Los representantes de las cámaras empresariales sostienen que otorgar un incremento por encima de la pauta del 1 por ciento mensual provocaría el colapso de la actividad. Remarcaron la situación de «extrema fragilidad» que vienen atravesando y apuntaron al «estrangulamiento financiero» por la falta de actualización tarifaria como así también a la actualización de los mecanismos de compensación económica por parte del Estado.

Desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA) apuntaron a «la suba constante combustibles, repuestos y seguros».

Agregaron que «estamos frente a una situación cuasi terminal que compromete el pago de salarios, cargas sociales y proveedores estratégicos» y avisaron que, «mientras no se reconozca una nueva estructura de costos por parte de las autoridades, no podrán realizar ofrecimientos que satisfagan las aspiraciones sindicales».

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Una protesta que afectaría a miles de usuarios del AMBA

La UTA, en tanto, aclaró su posición: «Estamos abiertos al diálogo, pero no podemos permitir que el ajuste de la actividad lo paguen los trabajadores con sus ingresos» y amplió: «La herramienta que tenemos para que nuestro reclamo se escuche es el paro de los servicios» que en este caso afectaría a los miles de usuarios del AMBA.

Fernández no solo criticó a los empresarios, sino también al gobierno, exigiendo una respuesta de parte del Estado a la situación. Alertó que «sabemos que el 40 por ciento de las empresas que operan en el sector se encuentran al borde de la quiebra». Sin embargo, subrayó que «no podemos ser rehenes de las patronales y el Ejecutivo, que se tiran la pelota mientras se deteriora el poder de compra de los trabajadores».

En esa línea, pidió formalmente que, ante «la dilación de la negociación y el impacto que puede tener una afectación del servicio o una profundización de la precaria situación en la que se encuentran los trabajadores», en la próxima audiencia se encuentre presente el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

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Cuándo es la fecha «limite» para decidir la huelga

Ante el riesgo inminente de una huelga que deje a millones de usuarios sin transporte, el ministerio de Capital Humano, a través de la dirección nacional de Relaciones del Trabajo, exhortó a las partes a mantener la «paz social» y extremar los esfuerzos para evitar el conflicto. Por ese motivo convocó a una nueva audiencia virtual para el martes 20 de enero a las 14.

La organización gremial tomó nota horas del cónclave, aunque los voceros indicaron que «se trata de una fecha límite, ya no podemos esperar más. Si no hay un acuerdo que satisfaga nuestras demandas, llamaremos a una protesta que paralice totalmente las actividades en todas las líneas del AMBA».

El último acuerdo paritario data de julio y finalizó en noviembre, y también se dio en un marco conflictivo con paros. El incremento salarial consistió en una suba del 11,5 por ciento (liquidado en cuotas), con un salario básico que hoy quedó en 1.682.000 pesos, sin adicionales como antigüedad y presentismo.

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