ECONOMIA
El Gobierno redujo los impuestos a la importación de juguetes
El Gobierno Nacional modificó el esquema tributario de entrada a catorce tipos de juguetes importados en la Argentina. Desde el 31 de octubre de 2025, los aranceles que pagaban estos artículos al ingresar al país bajaron de 35% a 20%. La medida se aplicó a través del Decreto 781/2025, firmado en la Ciudad de Buenos Aires, y busca estimular la competencia en el sector, disminuir los costos para el consumidor argentino y equiparar los aranceles aplicados a los del bloque regional MERCOSUR. Así, la administración central apuntó a revertir una tendencia que situó a Argentina como el país con los valores más altos de juguetes de la región.
Hasta la fecha mencionada, la importación de juguetes en Argentina tributaba un 35% de arancel, cifra superior a la establecida en otros mercados miembros del MERCOSUR. El nuevo tope del 20% ahora es idéntico al nivel de la región. Según documentos oficiales, los cambios afectan a catorce categorías que incluyen triciclos, patinetas, muñecos y muñecas, coches para muñecas y muñecos, bloques de construcción y rompecabezas, entre otros.
La medida fue comunicada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, que subrayó la necesidad de aumentar la oferta local para reducir los precios al consumidor. El texto oficial sostiene que el Gobierno resolvió la actualización “a fin de incrementar la competencia en el sector y alentar una baja sustentable de los elevados precios locales”.
La información recabada de la gacetilla oficial y documentos del ministerio señala que el mercado argentino muestra precios notablemente superiores al resto de Latinoamérica en la mayoría de los rubros, sobre todo en términos de juguetes vinculados con franquicias internacionales. Un muñeco transformable de una marca global ronda los 60.000 pesos argentinos; ese mismo producto cuesta aproximadamente 40.000 pesos en Colombia, 20.000 en Brasil y Chile, y 15.000 en México. Estos valores implican diferencias de hasta un 75% en contra del consumidor argentino.
En los bloques de construcción infantiles se observa el mismo patrón: el precio de referencia en el país es de 50.000 pesos, mientras que en Chile, México y Colombia los valores van de 25.000 a 35.000 pesos, es decir, entre un 30% y un 50% menos. Otro caso es el de una muñeca que, en el mercado argentino, se vende en 50.000 pesos, pero el valor se reduce a 45.000 en Chile, 40.000 en Colombia y 35.000 en Brasil. El documento oficial también indica que en artículos sin marca internacional, como los patines infantiles, la diferencia es relevante: los consumidores en Argentina abonan 87.000 pesos, y los mismos patines cuestan 50.000 pesos en Brasil, Chile y Colombia.
Desde 2012, las importaciones de juguetes en la Argentina estuvieron reguladas por un esquema de aranceles que el Gobierno de esa época fijó en 35%, un 15% por encima del límite definido por el MERCOSUR. Según la documentación, este incremento pretendía proteger la industria nacional y aumentar la recaudación fiscal, aunque también derivó en una menor competencia, menos incentivos a la inversión y un aumento progresivo en los valores finales a los que acceden los consumidores internos. Así, el país perdió competitividad en el acceso a bienes de calidad internacional y se observó un deterioro de la oferta y de los precios a lo largo de más de una década.
Este contexto llevó a las autoridades nacionales a regular el mercado local, según el resumen publicado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. La decisión de actualizar los aranceles se vinculó con la intención de restaurar el acceso a productos de mejor calidad y ofrecer un mercado más equilibrado para el sector. Organismos públicos también destacaron que el objetivo es alinear la política arancelaria del rubro a los estándares internacionales y “mejorar la competitividad del mercado argentino”.
El Decreto 781/2025 también incorporó novedades en la Lista Nacional de Excepciones al arancel del MERCOSUR relacionadas con las baterías con acumuladores interconectados de hasta 18 módulos y con tensión máxima de hasta 2.500 V por módulo, que ahora tributan con un arancel de importación cero. Esta excepción responde a la necesidad de simplificar importaciones de componentes clave para proyectos energéticos y alinear la descripción arancelaria con los estándares globales. Además, el documento destaca la intención de favorecer el desarrollo de la convocatoria “Almacenamiento AlmaGBA”, planteando un marco más flexible para el ingreso de equipos y tecnologías relacionadas.
El comunicado oficial puso en foco las diferencias de precios entre Argentina y los demás países del área regional, detallando ejemplos precisos para varios tipos de productos. Las cifras se utilizaron como argumento central para justificar la revisión a la baja de los tributos a la importación de juguetes, vinculando la medida con la situación de los precios minoristas en el país.
La información compara el precio de un muñeco transformable: 60.000 pesos en Argentina, 40.000 en Colombia, 20.000 en Brasil y Chile, 15.000 en México. Igualmente, los bloques de construcción figuran en el país a 50.000 pesos, mientras que, en Chile, México y Colombia, el mismo modelo se consigue a 25.000 a 35.000 pesos. Los juguetes que no forman parte de franquicias internacionales replican el fenómeno, y los patines infantiles se presentan con una diferencia de, al menos, 42,5% para el consumidor argentino respecto a los mercados vecinos.
De acuerdo con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Argentina cuenta actualmente con los juguetes más caros de la región. La infografía oficial puntualiza que hace 13 años las autoridades incrementaron “arbitrariamente” el arancel más allá del tope regional, lo que terminó por desalentar las importaciones y reducir la competencia.
El alineamiento total con los aranceles del MERCOSUR fue una de las motivaciones principales para la reforma normativa. Antes de la decisión, solo Argentina mantenía aranceles por encima del 20% aplicados a productos del sector. El nuevo esquema no solo iguala la carga tributaria aplicada en los países asociados, sino que también responde a reclamos sectoriales sobre la estructura de costos y la calidad de la oferta.
El decreto también menciona la importancia de actualizar la Lista Nacional de Excepciones, un instrumento que permite regular de modo específico algunos rubros. Desde el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, relacionaron esta acción con la necesidad de fomentar la inversión en almacenamiento energético, adecuando descripciones técnicas y facilitando la importación de insumos claves.
Al frente de la comunicación de esta medida se ubicó el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, según la información consignada en las notas oficiales y gráficas institucionales. Los funcionarios remarcaron que la variación arancelaria busca “alinear la política nacional con la del MERCOSUR” y ampliar las posibilidades para los consumidores, al tiempo que se mantiene el compromiso de proteger la producción local y fortalecer el acceso de los niños y niñas a bienes recreativos.
El documento del Ministerio de Economía, Industria y Comercio resalta que la actualización del arancel se trató de una decisión de política pública que lleva el arancel a los niveles históricos del bloque y “pone fin a una anomalía que se mantuvo activa durante 13 años”.
El ajuste despertó expectativas en el sector minorista y entre los consumidores, por la posibilidad de ampliar la variedad y acceder a bienes a valores comparativamente más bajos. Aunque la medida apunta principalmente al segmento importador, las autoridades enfatizaron el impacto positivo esperado en la competitividad del mercado interno.
Las referencias estadística en el informe oficial dan cuenta de un encarecimiento sistemático del sector, con valores que triplican los de algunos mercados vecinos. Las series de productos relevados, entre ellos bloques de construcción y juguetes de marcas internacionales o genéricas, muestran una dispersión de precios que provocó preocupación entre asociaciones de consumidores y familias compradoras.
La nueva estructura arancelaria, según lo indicado por los portavoces oficiales, representa un cambio estructural destinado a revertir los altos costos y la baja disponibilidad de artículos de ocio para la infancia argentina.
El sector industrial local expresó su postura tras la reducción de aranceles anunciada por el Gobierno Nacional. El presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, Dr. Matías Furió, reconoció la armonización del derecho de importación en el nivel del Arancel Externo Común (AEC) del MERCOSUR. De acuerdo con declaraciones distribuidas en un comunicado institucional, Furió afirmó: “Hasta ahora, Argentina era el único país del bloque que mantenía un derecho de importación extrazona del 35%, el nivel máximo consolidado ante la Organización Mundial del Comercio (OMC)”.
La entidad empresaria indicó que esperaba esta convergencia arancelaria con los socios regionales y consideró positiva la aplicación del Decreto Nº 225/2025. Según el comunicado, en reuniones previas con el Secretario de Industria y Comercio, Pablo Lavigne, Furió solicitó la baja de los aranceles sobre materias primas al 6%. El texto sostiene que esta medida ya entró en vigencia y que el Ejecutivo se comprometió a avanzar en nuevas reducciones de impuestos e insumos, con el fin de reforzar la competitividad nacional.
El titular de la Cámara remarcó que uno de los principales efectos esperados es la retracción de la informalidad en el comercio de juguetes, área que, según estimaciones de la organización, representa cerca del 30% del mercado argentino. En esa proporción se incluyen prácticas como contrabando, subfacturación y saltos de posición arancelaria. Furió advirtió que el incremento de tales maniobras genera competencia desleal y afecta la seguridad de los consumidores infantiles, debido a la circulación de juguetes no certificados.
En ese marco, la Cámara informó que presentó denuncias ante la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Lealtad Comercial por la presencia de artículos en el mercado nacional que no cumplen con normativas técnicas vigentes o fueron retirados por fallas en Estados Unidos y Europa, pero igual se encuentran disponibles en comercios, supermercados y plataformas en línea. El comunicado concluyó que la Secretaría de Comercio se comprometió formalmente a sancionar y bloquear los CUITs de las empresas infractoras.
La industria anticipó que abrirá una agenda de trabajo junto al director adjunto de Aduana, Esteban Marzorati, destinada a tratar estos puntos y robustecer el control sobre la comercialización. El sector renovó su compromiso para avanzar en un entorno industrial más transparente, competitivo y orientado al desarrollo, a través de regulaciones y controles acordes a los estándares internacionales.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Sector Público Nacional (SPN) logró un superávit financiero en febrero, lo que representa el segundo mes consecutivo en el que las cuentas públicas cierran con saldo positivo. De acuerdo al comunicado oficial, el superávit primario alcanzó $1.410.640 millones y el superávit financiero sumó $144.421 millones, mientras los pagos de intereses netos totalizaron $1.266.218 millones en el mismo período.
Según la información difundida por Caputo, en el primer bimestre del año, el SPN acumuló un superávit primario equivalente a aproximadamente 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB) y un superávit financiero de 0,1% del PIB. Estos datos reflejan la política de ajuste fiscal impulsada por el actual Gobierno, que busca consolidar el equilibrio de las cuentas públicas a través del control estricto del gasto y la reducción de impuestos.
La reducción del gasto primario total se ubicó en 8,8% interanual en términos reales, lo que constituye uno de los principales componentes del resultado fiscal positivo. En el mismo informe, el ministro subrayó que los recursos destinados a jubilaciones y pensiones contributivas crecieron 1,8%, mientras la Asignación Universal por Hijo (AUH) experimentó un aumento del 11,3% respecto al año anterior.
El Ejecutivo sostiene que el resultado fiscal favorable se apoya en una combinación de recorte del gasto y reorientación de los recursos hacia áreas prioritarias. El comunicado enfatizó que la administración nacional priorizó en el primer bimestre el sostenimiento de prestaciones sociales básicas, como jubilaciones y asignaciones, que mostraron variaciones positivas frente a la evolución general del gasto.
Pero el dato se vuelve más positivo aún cuando se da en un contexto de caída de los ingresos tributarios. Con el último informe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de febrero, el Gobierno acumula siete meses seguidos de baja en los ingresos, lo que se encuentra ligado a la baja y/o eliminación de impuestos, pero sobre todo al no repunte del nivel de la actividad.
La estrategia oficial incluye, además, el impulso de nuevas herramientas legislativas que, según el Gobierno, permitirán consolidar los avances en materia fiscal. Entre ellas, la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal y la Reforma Laboral se presentan como instrumentos clave para favorecer la formalización de la economía, fortalecer el crecimiento económico y dotar de mayor sostenibilidad a las cuentas públicas.
Aunque todavía resta por verse si los argentinos están dispuestos a sacar los dólares del colchón, depositarlos en los bancos (con la posibilidad de giro a ALyCs) para consumir. El ministro Caputo sostiene que están dadas todas las garantías jurídicas para que los contribuyentes lo hagan y que es importante que ello suceda porque marcará el ritmo al que va a salir la Argentina cuando todavía hay “gente que la está pasando mal”.
Si bien el equipo económico salió a festejar el nuevo dato positivo en las cuentas públicas, la meta fiscal aún se encuentra en negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En el Argentina Week, que se desarrolló la semana pasada en Nueva York, el Gobierno hizo trascender que a fines de abril debería estar aprobada la segunda revisión del acuerdo. En esa instancia es donde se conocerá la nueva meta fiscal para el 2026, ya que la que se encuentra vigente es imposible de cumplir para los analistas.
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ECONOMIA
Retiro voluntario en ANSES: quiénes pueden anotarse y cuánto cobrarán por dejar el organismo
El Gobierno nacional aprobó un nuevo plan de retiro voluntario destinado al personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La medida fue formalizada mediante la Resolución 68/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.
La iniciativa forma parte de la política de reorganización del Estado que impulsa la administración de Javier Milei. El objetivo declarado es modernizar la estructura pública y reducir el gasto estatal.
El programa busca avanzar en la reducción de la planta de empleados estatales mediante acuerdos de desvinculación voluntaria con parte del personal del sistema previsional argentino.
Cómo funciona el Plan de Retiros de Voluntad Recíproca
El programa se denomina Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR). Se basa en el Artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Este artículo establece la posibilidad de extinguir el vínculo laboral por «voluntad concurrente» de ambas partes. Es decir, mediante un acuerdo mutuo entre el organismo y el trabajador.
Para concretar la desvinculación, el acuerdo deberá formalizarse mediante escritura pública o ante la autoridad judicial o administrativa del trabajo. Posteriormente, el trámite deberá ser presentado ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) para su ratificación y homologación.
Este mecanismo garantiza que ambas partes expresen su conformidad de manera formal. También asegura que el proceso cuente con el respaldo de las autoridades laborales correspondientes.
Quiénes pueden adherirse al retiro voluntario de ANSES
El régimen está dirigido al personal de ANSES que cuente con al menos dos años de antigüedad en el organismo. Sin embargo, la normativa aclara que la adhesión al plan es estrictamente voluntaria.
La aprobación queda sujeta a la evaluación exclusiva del organismo. Por lo tanto, no genera un derecho automático a acceder al beneficio.
Además, se establecieron una serie de exclusiones específicas. No podrán adherirse al plan quienes se encuentren en alguna de estas situaciones:
- Estén procesados o condenados por delitos contra la administración pública
- Se encuentren involucrados en procedimientos disciplinarios
- Hayan iniciado su trámite jubilatorio o presentado previamente su renuncia
- Tengan más de 62 años de edad
- Mantengan litigios laborales pendientes, salvo que desistan expresamente de las acciones judiciales
En el caso de los empleados que cuenten con mandatos sindicales vigentes, la normativa exige que renuncien previamente a su cargo gremial y a la tutela sindical para poder participar del plan.
Esta situación deberá acreditarse de manera formal ante la Dirección de Relaciones Sindicales. La medida busca evitar conflictos legales relacionados con la protección especial que gozan los dirigentes gremiales.
Cuánto cobrarán los empleados que acepten el retiro de ANSES
Los trabajadores que acepten el retiro voluntario recibirán una gratificación extraordinaria única de egreso. El cálculo será equivalente al 90% de la remuneración mensual por cada año de antigüedad efectiva en ANSES, o fracción mayor a tres meses.
La base de cálculo incluirá los conceptos brutos mensuales normales, regulares, permanentes y habituales del salario. La compensación tendrá además un tope máximo equivalente a 24 haberes brutos.
En cuanto a la modalidad de pago, el régimen establece que la gratificación se abonará en una única cuota, siempre que el monto total no supere los $80 millones.
En los casos en que el importe exceda esa cifra, el pago se realizará en dos cuotas mensuales, iguales y consecutivas. Este esquema busca facilitar la liquidación de las compensaciones más elevadas.
Para ejemplificar: un empleado con 10 años de antigüedad en ANSES y un sueldo bruto de $1,5 millones recibiría una compensación de $13,5 millones. Si el sueldo fuera de $3 millones, el monto ascendería a $27 millones, pagaderos en dos cuotas.
Hasta cuándo está abierta la inscripción al plan
El período de adhesión al programa se extenderá hasta el 5 de abril de 2026 inclusive. Los empleados interesados tienen aproximadamente dos meses para evaluar la propuesta y tomar una decisión.
Para aquellos trabajadores que se encuentren de licencia anual ordinaria o por maternidad, la normativa prevé que la firma del acuerdo pueda diferirse hasta la finalización de la licencia.
De este modo, no pierden la posibilidad de adherirse por encontrarse en uso de una licencia legal. Esta disposición busca garantizar la igualdad de oportunidades para todos los empleados.
Qué papel cumple este plan en la reducción del Estado
La implementación de este plan se inscribe en el proceso de reducción y reorganización de la estructura del Estado que viene desarrollando el Gobierno nacional desde el inicio de la gestión.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca avanzar en la optimización del funcionamiento de los organismos públicos, al tiempo que promueve acuerdos de desvinculación voluntaria con parte del personal del sistema previsional.
ANSES es uno de los organismos estatales con mayor cantidad de empleados en todo el país. El plan de retiro voluntario representa una herramienta clave dentro de la estrategia oficial de modernización.
La medida se suma a otras iniciativas similares implementadas en distintas áreas del Estado nacional durante los últimos meses. El Gobierno apuesta a reducir el gasto público mediante esquemas de desvinculación consensuada con los empleados.
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El economista e investigador de Fundación Mediterránea, Jorge Vasconcelos, advirtió que el principal desafío que atraviesa actualmente el Gobierno argentino es un “dilema entre más inflación o menos actividad”.
Durante su participación en Infobae en Vivo, subrayó que la escalada del conflicto en Medio Oriente ejerce presión sobre los precios y reduce el margen de maniobra local, mientras el país intenta posicionarse como proveedor energético en un contexto global inestable.
“La Argentina exporta energía por solo USD 300 por habitante al año, una cifra considerablemente inferior a la de países como Australia, que alcanza los USD 4.500 per cápita en productos energéticos», reconoció Vasconcelos a la vez que remarcó que esta diferencia “obliga a moderar las expectativas respecto de los posibles beneficios que la coyuntura internacional podría aportar a la economía argentina”.
En este sentido, dijo que “el Gobierno no tiene muchos instrumentos hoy para afrontar el dilema de inflación versus nivel de actividad”. Este escenario, resaltó, se ve agravado por el aumento del riesgo país, que actualmente se sitúa en 580 puntos.
Vasconcelos puntualizó que la única salida inmediata para que la política económica recupere margen pasa por “retomar la idea de un canje de deuda”, tomando como ejemplo el caso de Ecuador: “Bajó el riesgo país a través de un canje por el que emitieron bonos por unos USD 4.000 millones a 2034 y 2040, rescatando bonos de vencimiento inmediato”.
Sin embargo, la posibilidad de colocar deuda en los mercados internacionales se mantiene limitada para la mirada oficial, mientras que, según Vasconcelos, persisten “apuestas por los petrodólares” que resultan inciertas ante la volatilidad mundial y las restricciones existentes para las exportaciones de crudo por motivos geopolíticos.
El economista planteó que el Gobierno argentino enfrenta una disyuntiva determinante: si opta por subir las tasas de interés para contener la inflación, la actividad económica se resentirá; en cambio, si decide bajar las tasas para reactivar la economía, las expectativas inflacionarias podrían desanclarse. Todo esto en un contexto en el que la morosidad de las familias más que se triplicó en el último año y tocó el punto más alto desde 2010, que es hasta donde llegan los registros del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
El economista agregó que el elevado riesgo país limita el acceso a financiamiento y obstaculiza la puesta en marcha de medidas efectivas. Para Vasconcelos, “si se despejaran los vencimientos externos de cara a 2026 y 2027, que suman USD 31.000 millones excluyendo los compromisos con el BID y el Banco Mundial, el Gobierno ganaría grados de libertad para utilizar el resto de los instrumentos de política económica”.
El especialista sostuvo que el actual precio del barril de petróleo, que ronda los USD 100, presiona al alza los mercados, aunque todavía “no provocó un pánico financiero global. Sin embargo, si el barril llega a superar los USD 120 o USD 125, podría ocurrir una retirada masiva de activos financieros a nivel internacional”.
Para la Argentina, el aumento de las cotizaciones internacionales del petróleo y la energía representa oportunidades y límites. Vasconcelos analizó que el país podría recibir mayores ingresos por exportaciones, pero la magnitud de este impacto es reducida debido a la baja base exportadora en comparación con otras naciones. Destacó, además, que el incremento de los combustibles repercute de manera directa en los costos internos y en la inflación.
En cuanto a los recursos estratégicos, Vasconcelos subrayó que tanto Vaca Muerta como el sector minero argentino juegan un papel central para el desarrollo a mediano y largo plazo. Precisó que “hoy estamos en una etapa de sembrar en términos de energía y minería, no en una etapa de cosechar”.
Vasconcelos advirtió que el Banco Central acumuló más de USD 3.000 millones en los últimos dos meses y medio, pero, a pesar de ello, “las reservas netas cayeron 2.000 millones”, atribuido a la falta de refinanciación de vencimientos y a la necesidad de cubrir pagos de capital de deuda.
Señaló que la falta de un programa monetario definido y la volatilidad de la tasa de interés complican el panorama. Explicó, además, que endurecer la política monetaria mediante una suba de tasas se toparía con los “índices de morosidad muy elevados en el sistema crediticio”, profundizando así el estancamiento de la economía. Por otra parte, relajar la política podría provocar un mayor desanclaje de las expectativas inflacionarias, especialmente porque “el piso de inflación es muy alto”.
En este sentido, resolver el problema del riesgo país constituye la única vía para que el Gobierno logre mayor margen de acción en el resto de sus herramientas de política económica.
Vasconcelos repasó los datos recientes: “La política fue muy exitosa en bajar rápido la inflación. El año que terminó (2025) mostró un nivel de actividad muy heterogéneo en cuanto a recuperación, pero con una inflación que bajó mucho, de más de 120% a fin de 2024 a 31% a fin de 2025”. Sin embargo, advirtió que “la inflación de 2026 no va a mejorar en forma significativa”. El ritmo de la actividad se mantendrá moderado y el empleo seguirá “frío”.
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