El 42% de los argentinos considera que su situación económica actual es peor que la de sus padres. Esta percepción, arraigada principalmente en los niveles socioeconómicos más bajos, está asociada a una década de crisis recurrentes y deterioro social.

Así surge del último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA- UCA), que al mismo tiempo destaca: “Mirando hacia el futuro, el 82% cree que sus hijos o nietos tendrán más oportunidades que ellos”.

Esta expectativa positiva se acentúa en los sectores más vulnerables.

Un estudio de la Fundación Pensar confirma esta tendencia, destacando que actualmente son más los argentinos que sienten que tienen un peor pasar económico que sus padres (41%), que los que creen que es igual (27%) o mejor (27 por ciento).

Solo el 25% de los jóvenes y adultos de entre 30 y 49 años piensa estar en una condición más favorable que sus padres, cifra que se repite entre los de 16 a 29 años. Entre los encuestados mayores de 50 años, el porcentaje asciende al 30 por ciento.

De acuerdo a Nuria Susmel, economista de FIEL, el PBI per cápita promedio de los últimos 10 años es un 25% superior al de la década de 1990, y el salario real formal también se posiciona por encima de aquel período.

Además, la tasa de informalidad laboral es más baja, la distribución del ingreso se mantiene similar, la desocupación es menor y el porcentaje de trabajadores asalariados formales sobre el total del empleo es más alto.

Así, los indicadores sugieren que, en promedio, esta generación no está peor que la anterior.

Sin embargo, el panorama cambia al analizar lo ocurrido en la última década: el PBI per cápita entre 2020 y 2025 cayó casi un 10% respecto a 2010-2019, el salario real formal se redujo cerca de un 20% y el porcentaje de asalariados formales sobre el total de empleo disminuyó.

A esto se suma que, a diferencia de los años 90′, hoy resulta más difícil acceder al crédito para la vivienda, lo que contribuye a que esta generación se perciba económicamente más limitada.

Susmel remarcó: “Creo que la razón por la que muchos argentinos perciben estar peor que sus padres es el deterioro de los últimos años y la idea que será difícil revertir la tendencia”.

En el ámbito laboral, los jóvenes enfrentan un alto grado de precarización: además de percibir salarios más bajos, registran una tasa de informalidad significativamente superior a la de otros grupos etarios.

En el primer trimestre de 2025, alcanzó el 63%, casi 21 puntos porcentuales por encima del promedio general. Es decir, 6 de cada 10 trabajadores de entre 16 y 24 años tienen un empleo “en negro”.

Desde otra perspectiva, Jorge Colina, presidente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), sostuvo que en realidad los padres sienten que los jóvenes están peor que ellos cuando tenían su edad. “Esto es producto de que la Argentina atravesó un proceso de decadencia desde principios de la década del 70′ hasta la actualidad», precisó el experto.

Y agregó: “Hace 15 años que la economía está estancada y hemos pasado ya por 3 hiperinflaciones. Vivir 50 años así provoca que los adultos pensemos de que los jóvenes viven peor que cuando nosotros éramos niños. Pero lo cierto es que ellos ya tienen otras expectativas y no se fijan si sus padres tuvieron más o menos oportunidades”.

La dificultad para acceder a la vivienda propia se vuelve más notoria con el paso del tiempo. Colina explicó que “la comparación suele hacerse cuando una persona busca estabilidad alrededor de los 40 años y observa que sus padres pudieron comprar una casa, algo que hoy resulta inalcanzable para muchos”.

Según el informe de la UCA, poco más del 40% de los argentinos espera una situación económica peor para el país en 2026, mientras que solo 24% anticipa un empeoramiento para sí mismo o su familia.

Por nivel socioeconómico, las perspectivas futuras son más negativas a medida que el estrato de ingresos es más bajo, y la brecha entre lo que prevén para el país y para sí mismos es menor: en los sectores más vulnerables aparece menos margen para “escapar” a un escenario adverso.

Se acerca diciembre y muchos hogares argentinos ya planifican las compras para la cena de Navidad. El corte peceto se presenta como una opción ideal para quienes buscan carne vacuna de calidad sin gastar en los cortes más caros. Conociendo dónde comprar y el momento adecuado, es posible lograr un ahorro significativo en la mesa navideña.

¿Cuánto cuesta el peceto hoy?

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), con datos a octubre 2025, indica que los cortes bovinos aumentaron 3,3% respecto a septiembre, y acumulan un alza interanual del 61,8%.

En noviembre de 2025, la carne vacuna en general subió más de 15% respecto al mes anterior, debido a menor oferta de hacienda y presión exportadora. Dentro de los cortes que más subieron en ese análisis figura el peceto (+ 66,5% interanual).

En ese contexto, algunos comercios mencionan precios «por kilo» para cortes vacunos. Por ejemplo, un medio informa que «el kilo de peceto» ronda los $20.000 en la previa a las fiestas.

Dónde conviene comprar carne para Navidad

• 1. Mercados mayoristas / ferias barriales

El Mercado Central sigue siendo la referencia de precios más baja. Ideal si podés ir temprano, llevar conservadora o freezer, y aprovechar mercadería entera. Comprar ahí puede significar un ahorro notable frente a los mostradores de carnicerías o supermercados.

• 2. Carnicerías de barrio, sobre todo en zonas periféricas o menos céntricas

Muchas veces los supermercados o carnicerías de cadenas trasladan la suba de precios al cliente. En cambio, las carnicerías de barrio o de zonas populares pueden tener precios más accesibles, sobre todo si comprás en volumen.

• 3. Carnicerías que adhieran a descuentos bancarios o promos especiales

Para 2025, una herramienta clave es la promoción del Cuenta DNI (del Banco Provincia), que volverá a ofrecer descuentos en carnicerías en diciembre. Se espera que el sábado 20 de diciembre haya un 35% de reintegro con tope de $7.000 por persona.

Estrategias para ahorrar y que el peceto te rinda

Comprá piezas grandes y dividilas en casa

Comprar un peceto entero o una nalga permite pagar menos por kilo que si compras por porción — y podés cortar para milanesas, mechados, asado al horno, etc. Esto rinde más si congelás parte.

Combiná compras con descuentos de apps / bancos

Las promociones como las de Cuenta DNI pueden bajar hasta un 35-40% el precio final, una diferencia enorme para una compra grande.

Compará varios comercios antes de decidir

Un corte barato en un comercio barrial puede ser mucho más caro en un supermercado de cadena. Siempre conviene chequear precios en 2 o 3 carnicerías.

Comprá con anticipación y freezá lo que no usarás de inmediato

Si planeás con tiempo, podés aprovechar ofertas del mes — incluso si no cocinás de inmediato, la carne congelada te servirá para varias comidas navideñas o verano.

Considerá cortes alternativos o mezclá con otras proteínas

Si el peceto sigue caro al momento de comprar, cortes menos populares (como paleta, nalga, carne para guiso) pueden servir. También pescado, pollo o cerdo (cuando tienen buen precio) pueden ayudar a compensar el presupuesto.

¿Por qué elegir peceto estas fiestas?

El peceto tiene varias ventajas: es un corte magro, con buen rendimiento, ideal para milanesas, vitel toné, o asados navideños; además se cocina bien en horno o cacerola.

En un diciembre inflacionario, planificar las compras para Navidad y apostar por cortes moderados como el peceto permite lograr ahorro sin resignar la carne en la mesa.

Un nuevo incremento de tasas a nivel municipal recalentó las tensiones con las cadenas comerciales, que vienen advirtiendo desde hace más de un año del fuerte aumento en la presión tributaria en diferentes localidades de todo el país. En este caso, se trata del Municipio de Pilar, que aplicó un incremento significativo en la Tasa de Protección Ambiental que cobran por cada ticket emitido en las grandes cadenas de supermercados y que terminarán pagando los consumidores.

La nueva normativa dejó atrás el esquema de monto fijo por módulos y estableció una alícuota del 2% sobre cada operación, calculada sobre el importe neto del Impuesto al Valor Agregado. Las cadenas comerciales recibieron la notificación oficial con efectos desde el 1 de diciembre de 2025, lo que desencadenó un fuerte malestar en el sector y motivó el envío de una carta formal a la Secretaría de Hacienda de la localidad para pedir una revisión urgente del régimen.

La modificación surgió de la Ordenanza Fiscal e Impositiva N°112/25, que definió la eliminación del sistema de módulos para todas las operaciones perfeccionadas desde el 1 de diciembre en adelante. Según la comunicación municipal, los agentes de percepción -las cadenas- tienen tiempo hasta el 15 de diciembre de 2025 para adecuar sus sistemas y volver a cumplir sus obligaciones de manera habitual. Esa instrucción generó preocupación inmediata entre los supermercados, que sostuvieron que el plazo establecido los dejó sin margen para realizar los cambios necesarios.

La novedad tomó especial relevancia porque la nueva percepción del 2% se aplica sobre cada venta realizada en supermercados, hipermercados, shoppings, hoteles, industrias, empresas de servicios y universidades privadas designadas como agentes de recaudación. El tributo impacta de manera directa en el precio final que pagan los vecinos de Pilar, ya que se suma a cada ticket sin un mínimo no imponible. Ese punto produjo un fuerte cuestionamiento del sector porque todas las operaciones, incluidas las de bajo monto, quedaron alcanzadas.

La noticia sobre el incremento motivó que la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) enviara una carta a la secretaria de Hacienda, Anahí Moretti, para solicitar una audiencia “en forma urgente”. En el documento, firmado por el director ejecutivo Juan Vasco Martínez, la entidad informó que la aplicación de la alícuota del 2% genera “graves perjuicios” para los vecinos de Pilar y expuso que los supermercados enfrentarán problemas operativos severos por la falta de tiempo, especificaciones técnicas y reglamentación complementaria.

ASU explicó que la medida provocará un encarecimiento directo de los productos vendidos dentro del municipio, ya que el 2% se suma a cada operación y se traslada de inmediato al consumidor. La entidad subrayó que los vecinos perderán poder adquisitivo, especialmente en compras habituales de bajo monto. También remarcó que la ausencia de un mínimo no imponible perjudicó a quienes realizan operaciones pequeñas, porque la tasa aplica sobre cualquier importe.

Así como lo hicieron cuando se aplicó un monto fijo -que fue subiendo y ahora se ubicaba en torno a $60-, los supermercados informarán a los consumidores respecto de estos cambios mediante cartelería, excepto que el municipio desista de la medida.

Otro de los efectos señalados en la carta fue el impacto sobre las campañas comerciales con precios redondos, una práctica central en diciembre. La entidad dio como ejemplo una caja navideña publicada a $10.000, que pasará a costar $10.165,28 al incluir la percepción. Vale aclarar que el 2% se aplica sobre el precio neto de IVA. Según ASU, esa diferencia generará malestar en los clientes y provocará que algunos cancelen compras en la línea de cajas por no contar con el dinero extra o por el enojo generado por el cargo adicional.

De hecho, la modalidad que regía hasta ahora de un monto fijo generaba malestar entre los consumidores, muchos de los cuales cuestionaban en línea de caja la tasa, precisaron las fuentes consultadas.

El documento de ASU también mencionó que la nueva percepción contradijo los principios del Régimen de Transparencia Fiscal, que exige que el cliente conozca de antemano cuánto pagará por cada concepto incluido en el precio. Como la tasa se aplica en la línea de cajas, los supermercados afirmaron que pierden claridad en la comunicación de precios y enfrentan un escenario de confusión entre los compradores.

En cuanto a los aspectos operativos, la entidad planteó que el Municipio informó el fin del sistema por módulos recién el 3 de diciembre, aunque la medida rige desde el día 1. Esa simultaneidad, según las cadenas, las dejó sin tiempo para “desconectar” el régimen anterior y preparar el nuevo. La carta detalló que cualquier cambio en los puntos de venta requiere un proceso extenso que incluye diseño, cotización, aprobación presupuestaria, desarrollo, instalación en laboratorio, validación, correcciones y roleo en todas las tiendas. Por ese motivo, la asociación pidió un plazo mínimo de tres meses desde que el Municipio entregue las especificaciones técnicas completas.

ASU también informó que, al 4 de diciembre, no recibió reglamentación sobre mínimos no imponibles, exclusiones ni los diseños de registro necesarios para confeccionar los archivos que se deberán presentar en el Portal de Autogestión. Sin esa información, los equipos de sistemas no pueden iniciar ningún desarrollo. La entidad señaló que incluso determinar el importe neto en ventas a consumidor final presenta dificultades técnicas, porque los tickets no discriminan ese cálculo.

El sector alertó sobre un problema adicional: la competencia desleal. El nuevo régimen alcanza sólo a supermercados, hipermercados y otras actividades específicas, mientras que comercios como almacenes, locales de electrodomésticos, casas de deporte, pañaleras, bazares, ferreterías, pinturerías, pet shops, jugueterías y carnicerías no deben cobrar el 2%. Según la entidad, esa diferencia afecta directamente a los supermercados, sobre todo en productos de alto valor. Para ilustrar la situación, mencionó que una heladera de $1.500.000 suma casi $25.000 adicionales por la percepción, lo que desalienta la compra frente a comercios no alcanzados.

ASU también analizó el impacto en operaciones con billeteras digitales y promociones bancarias. En el caso de Modo, los reintegros se calculan sobre el total cobrado sin distinguir conceptos, por lo que el supermercado recibe un monto menor, pero debe ingresar igualmente el 100% de la percepción al Municipio. Ese desfasaje genera costos adicionales para las cadenas.

Otro punto señalado fue el posible encarecimiento de compras a proveedores radicados en Pilar, que pueden aplicar la percepción del 2%. La asociación recordó que una resolución previa había excluido a los supermercados cuando actuaban como agentes, pero informó que el Municipio todavía no definió si mantendrá esa exclusión. Si el régimen no contempla excepciones, los costos de abastecimiento aumentarán.

Además, ASU indicó que el artículo 323 de la Ordenanza Fiscal menciona los servicios vinculados a la tasa, pero el artículo 331 establece que los fondos integran recursos de Libre Disponibilidad, lo que amplía el margen de uso de la recaudación.

Ante ese conjunto de factores, ASU solicitó dejar sin efecto la nueva aplicación del tributo. En caso de no recibir una respuesta favorable, pidió suspender o prorrogar la entrada en vigencia hasta el 1 de marzo de 2026 para disponer del tiempo técnico necesario de adecuación.