El inicio de 2026 abre un nuevo capítulo para las estrategias de inversión con fondos líquidos, en un mercado doméstico que no da respiros y, por regla general, se niega a convalidar consensos.

Las apuestas de mercado apuntan a expectativas de devaluación moderadas, proyecciones de crecimiento de la actividad -aunque dispares según el sector- y tasa de inflación en descenso que contagiará a las tasas de interés.

El triunfo del oficialismo en los comicios de medio término brindó mayor base política en el Congreso al presidente libertario Javier Milei, condición que le permitirá ahondar en 2026 en su plan de gobierno basado en reformas y desregulaciones sin empeñar el equilibrio fiscal.

Un dato valorado por los inversores fue que el Congreso aprobó en el epílogo de diciembre el Presupuesto 2026, que incluye el gasto de $148 billones (equivalentes a unos USD 101.800 millones), expansión de la economía del 5% y tasa de inflación anual del 10,1% -entre extremos-.

Desde el primer día de 2026 comenzó a regir la nueva banda de flotación cambiaria que sigue el ritmo de la inflación mensual, que comenzará con un 2,5% desde el 1% actual, al tiempo que el próximo 9 de enero el Tesoro nacional deberá afrontar vencimientos de deuda por unos USD 4.300 millones.

El año anterior fue decepcionante para los activos líquidos. Las acciones quedaron dispares medidas en sus valuaciones en dólares -el S&P Merval porteño descontó 6% en moneda dura-, mientras que los bonos en dólares recuperaron sus niveles máximos, aunque con un índice de riesgo país elevado que aún bloquea nuevas emisiones del Gobierno.

Sin embargo, para los analistas están sentadas las bases para un entorno positivo para las acciones por sus resultados operativos, con varios sectores atractivos para aquellos inversores en busca de dividendos.

“Después de la volatilidad preelectoral, el escenario para los activos en Argentina está cambiando y mostrando la consolidación necesaria para que 2026 sea un año bueno para los activos domésticos en general ya que tanto las dinámicas locales como internacionales se alinean en este sentido”, vaticinó Balanz Capital.

En un reporte, sus expertos de research “ven valor en los bonos soberanos en dólares, particularmente en los de largo plazo, a medida que el riesgo país continúe reduciéndose. En los bonos en pesos les gusta la parte larga de la curva, mientras que los bonos corporativos en dólares tienen menos ‘jugo’ que el soberano, a la vez que los retornos de convergencia favorecen a las acciones argentinas. Dentro de la renta fija soberana en dólares, el atractivo estaría en los bonos con vencimiento en 2041, a la vez que el bono de Córdoba 2032 luce atractivo”.

Balanz puntualizó: “Las acciones argentinas parecen algo rezagadas en comparación con el desempeño del resto de los activos locales. Simplemente una vuelta a los máximos de este año generaría retornos de dos dígitos en dólares, aunque no de manera uniforme en las empresas que componen al Merval. Los bancos deberían verse beneficiados ya que parecen haber dejado atrás su momento más difícil en términos de calidad de balance y, desde una óptica bottom-up, destacamos Vista Energy (VIST), Central Puerto (CEPU), Telecom Argentina (TEO) y Ternium Argentina (TXAR)”.

José Ignacio Thomé, analista senior de Equity del Grupo SBS, destacó al sector utilities (servicios públicos), el cual de la mano de la normalización tarifaria ha logrado recomponer sus ingresos que, en combinación con balances que ya venían sanos financieramente, habilitan a que continuemos viendo por los próximos años una distribución estable de dividendos. Además, resaltó: “Dado que aún actualmente no cotizan a ratios exigentes versus comparables de la región, vemos en este sector dividend yields (rentabilidad por dividendo) muy atractivos hacia 2026 que en varios casos alcanzan los dos dígitos».

Entre sus favoritos, Thomé mencionó a Transportadora Gas del Norte (TGN) que, si bien distribuyó como adelanto del Ejercicio 2025 un dividendo cercano a los $160 por acción, espera un dividend yield total que supere el 12% una vez concluida la distribución de dividendos hacia el segundo trimestre de 2026.

También el analista ve con buenos ojos a las distribuidoras de gas ya que tanto Ecogas (ECOG) como Camuzzi Gas Pampeana (CGPA) y también Naturgy BAN (GBAN) han estado adelantando dividendos del Ejercicio 2025 en las ultimas semanas, y proyectamos que sus dividend yields terminarán estando en torno al 11-14 por ciento.

“El otro sector que se perfila como distribuidor constante de dividendos en el corto y mediano plazo es el de ´Mercados Financieros’, integrado tanto por Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA) como A3 Mercados. Ambos salen favorecidos del actual proceso de desregulación y de un contexto más pro mercado que facilita la expansión de sus negocios, estimamos un dividend yield que se encontrará en la zona de 8-10%“, según Thomé.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) destacaron: “Tras el respaldo holgado que consiguió el oficialismo para aprobar el Presupuesto 2026, incluida la restitución de la facultad del Poder Ejecutivo para acceder a los mercados internacionales sin pasar por el Congreso (Ley Guzmán), los Globales retomaron impulso”.

Los analistas de PPI agregaron: “El retorno del soberano al mercado de crédito internacional debería ser propulsor de un alza en las acciones, al permitir ‘rollear’ vencimientos sin usar dólares adquiridos por mercado, lo que facilitaría la acumulación de reservas, y reduciría el índice de riesgo país. Ello, a su vez, disminuye el riesgo percibido sobre los corporativos, aminorando no solo la tasa de descuento -mayor valor presente para igual flujo-, sino también la tasa de interés demandada sobre su deuda, lo que impulsa la viabilidad y rentabilidad de diversos proyectos en cartera”.

El analista Salvador Di Stefano expresó: “Cada compra de dólares que el Banco Central haga en el mercado contra emisión de pesos incrementara las reservas en el activo, y la base monetaria en el pasivo, esto va a generar un efecto neutro sobre el patrimonio. No obstante, el mercado ve con buenos ojos tener más reservas, y esto podría hacer disminuir la tasa de riesgo país. Si este escenario ocurre, no sería descabellado ver el índice de riesgo país debajo de 400 puntos básicos para el segundo semestre. Esto traería aparejado una fuerte suba en bonos y acciones”.

Di Stefano subrayó: “En este contexto, 2026 está llamado a mostrar fuertes subas en bonos y acciones locales, tasa de inflación en baja, tasas de interés positivas contra la inflación, y un dólar estable aumentando menos que la inflación. Todos los caminos conducen al mercado de capitales como la mejor opción financiera 2026″.

Los analistas de IOL (InvertirOnline) observaron que “las elecciones legislativas de octubre funcionaron como un catalizador de confianza. A pesar de la histórica recuperación del último trimestre, la suba aún no fue suficiente para volver a los máximos históricos en dólares del Merval”, registrados en enero de 2025.

Los analistas de IOL (InvertirOnline) remarcaron: “Reforzamos nuestro view positivo sobre el sector de Oil & Gas en Argentina a pesar de la evolución poco positiva del precio del petróleo. Creemos que no perder de vista el horizonte de largo plazo resulta clave. Así, tanto YPF como Vista Energy -así como también otras compañías como Pampa Energía o TGS- continúan avanzando con ambiciosos planes de expansión en Vaca Muerta, con expectativas de incrementar exponencialmente su producción de petróleo y gas en los próximos años. En este sentido, consideramos que el potencial del sector trasciende el ruido político, producto de que constituye un factor trascendental para la cuenta corriente nacional».

Gustavo Ber, economista, aportó: “El objetivo a corto plazo parecería seguir focalizado en lograr profundizar la compresión del riesgo país, ya que a unos 150 puntos básicos adicionales podría empezar a reabrirse el mercado internacional de deuda para la refinanciación de vencimientos, más allá de que la intención de las autoridades sería ir desarrollando en el tiempo un mercado de capitales local más profundo”.

Ber dijo: “La expectativa que despierta entre los operadores la estrategia financiera hacia el 9-E, y posterior, así como el nivel de potencial reinversión de fondos de los inversores que se podría activar y ante ello contribuir a continuar reduciendo el riesgo país”.

Respecto a la renta fija, GMA Capital advirtió que “con un índice de riesgo país estacionado en 570 puntos, el margen para subas explosivas es naturalmente más acotado. Entonces, ¿qué podemos esperar para 2026 en la cartera del inversor? Por el lado de los activos en dólares, si el Global 2035 (GD35) comprimiera hasta rendir 8% en dólar MEP, la ganancia de capital sería del 8,5%. Mientras tanto, el carry trade ha rendido hasta un 16% anual en los últimos 20 años iniciando la posición al actual tipo de cambio real».

GMA Capital concluyó: “Estos números no están escritos en piedra y dependerán en gran parte del éxito del nuevo marco monetario y cambiario. El delivery político en el Congreso y la acumulación de divisas en las arcas del Central serán las variables críticas del 2026. Solo cumpliendo con estas premisas se podrá mantener al dólar a raya y sostener el índice de riesgo país de forma estable debajo de los 500 puntos básicos“.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, expresó que “el Gobierno concluyó su segundo año de gestión con un respaldo político y económico de peso: la aprobación del Presupuesto 2026, una señal relevante para los mercados. Sin embargo, la atención estará centrada en la capacidad del Tesoro para reforzar sus tenencias de dólares y enfrentar los próximos vencimientos de deuda (USD 4.200 millones para el 9 de enero). La sanción del Presupuesto habilita a Economía a avanzar con emisiones de deuda en dólares bajo legislación extranjera, en un escenario en el que el Gobierno busca reducir aún más el riesgo país para acceder a mejores tasas y facilitar el roll over de los compromisos en moneda dura”.

“En medio de versiones que comenzaron a circular en los últimos días, desde la Procuración del Tesoro de la Nación aclararon que la Argentina no se encuentra en desacato en el litigio vinculado a la expropiación de YPF que tramita ante los tribunales de Nueva York”.

Al filo del comienzo del 2026, la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), un organismo que encabeza Santiago Castro Videla, emitió un comunicado dando su opinión sobre las últimas novedades del juicio por la expropiación de YPF.

Se trata de una compleja y extensa demanda que tramita hace más de una década en EEUU y por la que el Estado ya fue condenado a pagar más de USD 16.000 millones por mala praxis expropiatoria. Esa condena está apelada y, en paralelo, Burford Capital, quien compró hace 10 años los derechos para litigar en esta causa y es el principal beneficiario del fallo, insistió con diversas medidas para cobrar. Entre ellas, pedir las acciones que el Estado tiene en la petrolera, o demostrar alter ego entre ambas –básicamente, que el Gobierno y la empresa son lo mismo– para intentar embargar activos del país en el exterior.

“La República Argentina está cumpliendo plenamente con todas las decisiones judiciales vigentes”, señalaron fuentes del organismo que defiende al Estado en el país y el exterior, y remarcaron que las afirmaciones en sentido contrario “son falsas y carecen de todo sustento jurídico”.

Desde la Procuración del Tesoro desmintieron de manera enfática las versiones sobre eventuales sanciones o un supuesto desacato. “Hablar de desacato es absolutamente falso y especulativo”, afirmaron. Detallaron que, a partir del 15 de enero, se acordó un cronograma procesal en el que ambas partes intercambiarán escritos, y que cualquier eventual decisión quedará exclusivamente sujeta a la evaluación razonada del tribunal.

La PTN –que lleva el caso por medio de los dos subprocuradores, Juan Ignacio Stampalija y Julio Pablo Comadira– se refiera a algunas decisiones que tomó la jueza Loretta Preska, que encabeza la causa principal y condenó al país en primera instancia.

Como detalló este medio, Burford se prepara para pedirle formalmente a Preska que declare al país en desacato en un proceso cuya agenda autorizó la jueza y se dará desde marzo. Restan saber aún los argumentos finales del demandante y si Preska decidirá en ese sentido, pero Burford argumenta que el país nunca presentó comunicaciones de chats y mail de funcionarios y ex funcionarios que demostrarían el alter ego, y por eso pide sanciones y que se declare al país en desacato.

Una desobediencia de ese calibre no sería buena noticia para la estrategia del gobierno de Javier Milei de hacer que los grandes inversores vuelvan a mirar al país o pensar en emitir deuda bajo legislación americana. Además, cuando Preska va a decidir sobre el tema se estará desarrollando en Nueva York la Argentina Week, un evento para inversores globales al que tiene planeado asistir el propio Presidente.

“En relación con el proceso de discovery ordenado por la jueza Loretta Preska sobre comunicaciones personales de funcionarios y ex funcionarios, es preciso remarcar que dicha medida fue apelada por el Estado argentino por considerarla ilegítima e ilegal tanto bajo el derecho argentino como bajo el derecho estadounidense”, detalló la PTN, que remarcó que el país “actúa de buena fe”.

“Se vienen realizando entregas parciales y periódicas de la información relevada, y se está colaborando activamente para obtener el consentimiento de funcionarios y exfuncionarios involucrados”, indicaron, al tiempo que destacaron que “la gran mayoría ha prestado su colaboración de manera voluntaria”. Para Burford no es suficiente.

Sin embargo, el Gobierno cree que ese proceso de discovery es “un intento inadmisible de hostigamiento contra un Estado soberano y sus funcionarios” y que se trata de una maniobra “para desviar la atención del momento adverso que atraviesa en el litigio”.

Las autoridades remarcaron que las acciones de Burford se derrumbaron 29% en este año, sobre todo después de la audiencia por la apelación de la causa “madre”, la condena en primera instancia. Fue en octubre y el estado cree que salió beneficiado antes los jueces de la Cámara de Apelaciones del segundo Circuito de Nueva York.

“La defensa del interés nacional y del orden jurídico argentino exige seriedad, rigor y apego a la verdad”, concluyeron desde la Procuración del Tesoro, y remarcaron que “la Argentina está actuando conforme al derecho y dentro de los márgenes que impone la ley, lejos de cualquier escenario de desacato”.

El bolívar cerró 2025 con una devaluación del 82,7% frente al dólar estadounidense en el mercado oficial, registrando una brecha significativa respecto a la tasa paralela.

Al finalizar la última jornada laborable del año, el tipo de cambio oficial fue de 301,37 bolívares por dólar, un aumento notable frente a los 52,02 bolívares de inicios del año.

En contraste, en el mercado paralelo el dólar superó los 560 bolívares, ampliando la diferencia entre ambas tasas de cambio.

El dólar oficial en Venezuela sirve de referencia para la fijación de precios de bienes y servicios en el país. La disparidad entre la tasa oficial, determinada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV), y el valor del mercado paralelo genera incertidumbre y afecta la economía cotidiana de la población.

Mientras el BCV ubicó el dólar en menos de 302 bolívares en el cierre anual, la cotización paralela rebasó los 560 bolívares, lo que ha incrementado la dificultad para cubrir necesidades básicas.

El salario mínimo en Venezuela permanece estancado desde 2022 en 130 bolívares, lo que equivale a solo 0,43 céntimos de dólar, según el tipo de cambio oficial más reciente.

Para enfrentar las consecuencias de este bajo ingreso, las autoridades han implementado bonos gubernamentales de hasta 160 dólares mensuales, calculados al tipo de cambio oficial: uno denominado “ingreso de guerra económica” de 120 dólares y otro bono de alimentación de 40 dólares, que también se otorga a trabajadores privados.

A pesar del apoyo que ofrecen estas asignaciones, no forman parte del salario base ni impactan en el cálculo de los beneficios laborales.

El incremento de la brecha cambiaria y la rigidez de los ingresos ha tenido un efecto directo en los precios y en el poder de compra. El dirigente opositor y diputado electo Henrique Capriles señaló que “los precios se fijan al dólar más alto, pero los ingresos se ajustan al más bajo”, y advirtió que este diferencial actúa como un “impuesto silencioso” que incrementa la pobreza y deteriora las condiciones de vida de quienes perciben remuneraciones en bolívares.

Actualmente, el país afronta una falta de datos oficiales sobre inflación, ya que el Banco Central de Venezuela suspendió la publicación de estos indicadores desde octubre de 2024, coincidiendo con la expansión de la brecha cambiaria.

Esta ausencia de cifras limita el análisis sobre el comportamiento real de precios y el impacto en el poder adquisitivo de la población.

El sostenido diferencial entre el tipo de cambio oficial y el paralelo se consolida como un factor que profundiza la crisis para quienes dependen de ingresos en moneda local, restringiendo la capacidad de afrontar el aumento de los precios y acentuando las dificultades sociales y económicas en Venezuela.