“Si estás en Neuquén en el sector energético, la economía vuela. Si estás en el norte, en Salta, Jujuy, San Juan, vinculado al sector minero, la economía vuela. Si estás en el conurbano y sos fabricante de zapatos, la demanda te cayó (pero) los números agregados muestran que la economía tracciona. Las estimaciones de crecimiento (del PBI para este año) son del 2,5%, pero mi sensación es que vamos a estar arriba del 3%, el contexto internacional nos dará una ganancia extra por el sector energético”.

La frase de Dante Sica, quien fue ministro de Producción durante el gobierno de Mauricio Macri, expresa en gran medida su visión sobre la transición, el “cambio de régimen” que está viviendo la economía argentina y lo que entraña para diferentes sectores de actividad.

Entrevistado en el programa “No vale arrugar”, por radio Splendid, Sica enfatizó la dualidad del momento actual. “Tenés amesetamiento en el consumo masivo, por los salarios que están amesetados y la resistencia de la inflación a bajar del 2% (mensual), pero también récord de ventas de pasajes de cabotaje. Hay cambios en el comportamiento del consumo”, expresó.

Según el economista, el gobierno es pragmático: venía usando la política monetaria “para doblegar expectativas inflacionarias y movimientos de precios relativos, como el de la carne, que tiene un tiempo biológico”, pero reaccionó en las últimas semanas y pasó de una política restrictiva a dar “un poco más de liquidez”. En ese contexto, agregó, los bancos empezaron a dinamizar oferta de créditos, lo que debería tender a la recuperación de ciertos niveles de consumo.

Sucede, explicó Sica, que la Argentina hay un proceso de reconversión en marcha debido a un “cambio de régimen económico”. Años de economía cerrada, describió, generaron decisiones “muy distorsivas”. Esa transición, dijo, es más lenta y difícil debido a la escasa profundidad financiera del mercado local. En otros países, dijo, una reconversión productiva la financia el mercado de capitales, cosa que aquí no sucede, lo que lentifica ese proceso.

Reconversión productiva

“Las empresas se están reconvirtiendo, lamentablemente a veces se ven los datos malos de empresas que cerraron, pero en el mundo empresarial se ven empresas que ahora pueden importar insumos y mejorar la productividad y están bajando precios o reorientándose. Tal vez hoy ya no es negocio ser proveedor de línea blanca, sino de energía y minería, que son grandes demandantes de bienes de capital. Ves empresas que cierran porque el mercado sin competencia daba para que tengas cierto tamaño de empresa, pero cuando tenés competencia a lo mejor no tiene sentido. Llegamos a tener más de 10 fábricas de heladeras cuando por unidad productiva ninguna tenía competitividad, por el tamaño del mercado. Podía hacerlo, porque con una economía cerrada con alta inflación, la ineficiencia la paga el consumidor”.

El contexto internacional

En cuanto al contexto internacional y el efecto de la guerra en Medio Oriente, Sica señaló que se vive un proceso de fricción y cambio que va más allá de la guerra. El énfasis, subrayó, pasó de la búsqueda obsesiva de eficiencia y competitividad en el marco de la globalización a la seguridad y confiabilidad de las cadenas de las cadenas de valor. “Incertidumbre es la palabra fuerte que estás mirando en el mercado internacional”. En ese marco, agregó, “la Argentina dejo de ser el país que ponía trabas a los negocios a ser proveedora de los principales bienes que el mundo va a tener que garantizarse en los próximos años”.

Hoy el país tiene problemas de precios e incluso de abastecimiento, dijo, citando los casos de los fertilizantes y los fletes navieros, pero -concluyó- “la Argentina va a ser un gran proveedor global. Ya se está viendo. Si se mira a mediano plazo, lo veo muy positivo en los próximos años”.

Las tasas de interés de los plazos fijos están descendiendo en el sistema financiero, por la mayor liquidez de pesos, hecho que impacta de manera directa en los ahorristas, que siguen ganando con este instrumento debido a que el precio del dólar se encuentra estable en los últimos meses. Para calcular cuánto se gana con un depósito, se consideró al BBVA, una de las entidades privadas con más cantidad de clientes del país.

Por lo tanto, para realizar el cálculo, se tomó como ejemplo un depósito inicial de $2 millones a un período de 30 días, que es el tiempo mínimo de encaje de los fondos requerido por el Banco Central para este instrumento de inversión.

En la actualidad, un plazo fijo tradicional en el banco BBVA ofrece 21% de tasa nominal anual (TNA) para colocaciones minoristas de individuos a un mes. Un nivel que se encuentra en línea con el resto de las entidades líderes argentinas, que han descendido esta referencia alrededor de 2 puntos porcentuales durante marzo.

De esta manera, la renta generada será de 1,73% en 30 días, una tasa que queda por debajo de la inflación mensual registrada a lo largo del 2026, que ronda el 3%.

El lado positivo es que el plazo fijo tradicional le está ganando, en rendimiento, al movimiento del precio del dólar, que en todo marzo cae cerca de 3% y en todo 2026 el billete estadounidense desciende 6%.

Respecto al plazo fijo en BBVA, si se prefiere realizar una colocación a 60 días, la tasa ofrecida es más elevada, debido a que asciende a 22% de TNA. Y en caso de optar por 90 días, o más, se recibirá 23% de TNA.

Plazo fijo en BBVA: cuánto ganás con $2 millones

Con la calculadora en mano, el ahorrista que constituya un plazo fijo tradicional en banco de BBVA por con un capital inicial de $2 millones, tomados como ejemplo, por el período mínimo requerido por el sistema financiero de 30 días, obtendrá tras aguardar este tiempo un monto total de $2.034.520.

En base a esta situación, se ganará mediante un depósito del dinero indicado unos 34.520 pesos extras. Por ende, esta cifra equivale a una renta de 1,73% mensual, o bien, un 21% de TNA.

Al momento de decidir hacer un plazo fijo tradicional, tanto en BBVA como en cualquier otra entidad, lo primero que se debe resolver es por medio de qué canal se va a constituir. 

Esto quiere decir que se podría hacer esta inversión por medio del home banking de la página web oficial, la aplicación (app) para dispositivos móviles, o bien, de forma presencial al concurrir a los cajeros automáticos de las sucursales de los bancos de esta firma, a través de las tarjetas de crédito o débito. 

Desde lo práctico, la colocación se constituye desde el menú de operaciones, donde se debe seleccionar este tipo de inversión, y el requisito a tener en cuenta es que el capital mínimo que se debe invertir debe ser superior a los simbólicos $1.000.

El plazo fijo tradicional puede ser realizado tanto por clientes como no clientes del BBVA, y también se puede conocer previamente cuánto se ganará en el período de la inversión realizada mediante un simulador que tiene disponible la entidad bancaria en su página web. Para ello, se debe indicar la cantidad de pesos que se desean destinar y el tiempo de encaje que se los dejará «rendir».

En definitiva, un plazo fijo tradicional permite a los ahorristas ganarle al dólar, el activo que siempre miran los argentinos a la hora de invertir.-

Javier Milei ubica a la propiedad privada como un eje central de su gobierno. El respeto a la misma deriva de los principios de libertad y de no agresión: que cada individuo pueda acrecentar sus activos sin que nadie se los arrebate. Es la base del progreso. Por eso, toda exacción o confiscación constituye un atentado contra la libertad y contra el desarrollo.

En el Pacto de Mayo, el Presidente de todos los argentinos, acompañado por 18 gobernadores, ubicó como primer punto el del respeto de la propiedad privada. No es una cuestión abstracta. Es lo que permitirá el crecimiento en sectores como energía, minería, agro y forestación, con encadenamientos que alcanzarán a toda la economía y a todos los argentinos.

En ese marco, uno de los primeros proyectos enviados al Congreso busca restituir la plena vigencia de este derecho. Tiene cinco ejes: expropiaciones, desalojos, tierras rurales, Ley del Fuego y barrios populares. Su contenido no debiera sorprender: el borrador ya estaba disponible desde diciembre en la página del Consejo de Mayo. Veamos.

En expropiaciones, se modifica la ley 21.499 para precisar supuestos, requisitos e indemnizaciones, resolviendo ambigüedades. Se establece que el valor debe determinarse antes de cualquier distorsión generada por la propia expropiación, se incorpora el lucro cesante y se limita la ocupación temporánea anormal.

En desalojos, se propone corregir las demoras estructurales del sistema vigente, donde los procesos contra ocupantes sin título se extienden por largos períodos, inmovilizando activos y desincentivando la oferta. El nuevo esquema establece trámite sumarísimo con acreditación del título o posesión legítima, reduciendo tiempos y corrigiendo incentivos que hoy benefician al ocupante ilegítimo.

El corazón del proyecto reside en la modificación de la Ley de Tierras Rurales 26.737. La norma vigente limitaba el derecho de propiedad al restringir la venta a extranjeros, violaba principios constitucionales básicos y representaba una regresión extraordinaria desde aquel país “para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”, donde nuestros abuelos o bisabuelos vinieron de otras tierras para crecer, invertir y hacerse propietarios. Pero, más allá de lo conceptual, desde un sentido utilitarista y práctico, la ley implicaba ponerle un bloqueo a las inversiones en el sector rural y reducía el valor de la tierra.

Comparto una anécdota personal. En 2022, mientras daba clase en una escuela de negocios en Qatar, el principal empresario lácteo de ese país me consultó sobre la posibilidad de migrar su producción de leche a Argentina, ya que ofrecía condiciones mucho más apropiadas que las de su país. Hubiera sido una inversión inédita: ¡se trataba de la producción para alimentar a un país entero! Sin embargo, cuando comenté de la existencia de la Ley 26.737, me dijo: “Olvidate… con ese dato ya sé todo lo que necesito saber de tu país, ese no es el lugar para invertir”.

La derogación elimina ese obstáculo y habilita nuevas inversiones, manteniendo controles cuando intervienen Estados o entidades con participación estatal.

La Ley del Fuego se reordena para volver a su objetivo original: la protección de bosques nativos. La extensión de restricciones a tierras productivas carecía de sentido, penalizando al productor luego de un incendio. La reforma elimina esa distorsión y focaliza la protección donde corresponde.

Si precisar los derechos de propiedad es algo que catapulta el progreso, hacerlos más difusos produce el efecto contrario. Quizás el ejemplo más increíble de cómo hacer menos precisos los derechos de propiedad lo representa la Ley 27.453 de barrios populares (barrios Renabap). Hace casi 10 años esta ley buscaba proveer un marco jurídico para la regularización dominial de lo que conocemos como villas. Pero 10 años después, los éxitos de la ley son prácticamente nulos. Al ritmo que lleva, considerando que a la fecha se regularizó menos del 0,1% de la superficie administrada por Renabap, tardaríamos 12.500 años en completar la tarea.

El fracaso no puede atribuirse exclusivamente a deficiencias de gestión de las tres sucesivas administraciones que debieron aplicarla. Es que la arquitectura normativa revela que el propio diseño de la ley generó un equilibrio de inacción estructural que hizo prácticamente inviable el avance en la regularización dominial, con independencia de la voluntad de los organismos de aplicación.

La ley articuló tres piezas interdependientes que, tomadas en conjunto, produjeron incentivos contradictorios entre sí.

En primer lugar, se declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación la totalidad de los bienes inmuebles en los que se asientan los barrios populares relevados en el Renabap. En segundo lugar, se suspendieron por el plazo de diez años todas las acciones y medidas procesales que conduzcan al desalojo de los bienes inmuebles afectados. En tercer lugar, se condicionó el inicio efectivo de las expropiaciones a la existencia de fondos en el fondo FISU. Más allá de los problemas de corrupción asociados a su manejo, las expropiaciones quedaron supeditadas a una decisión presupuestaria que nunca se adoptó, sin que la omisión generara consecuencia jurídica alguna para los organismos responsables.

El resultado fue un equilibrio de inacción. Los ocupantes obtuvieron protección pero sin acceso a la propiedad plena. Los propietarios no pudieron desalojar ni negociar. El Estado no enfrentó consecuencias por no ejecutar las expropiaciones. Ningún actor tenía incentivos para romper ese equilibrio.

A esto se suma el problema de la nacionalización del abordaje. Se desplazó la resolución hacia un nivel alejado de la realidad territorial, excluyendo a provincias y municipios, que son quienes tienen capacidad efectiva de intervenir. Sin el involucramiento de esos actores esenciales, la regularización resulta inviable. El proyecto busca corregir este esquema. Restituye incentivos, reincorpora a los actores relevantes, abre el abanico de instrumentos posibles para posibilitar una resolución efectiva.

Este proyecto busca recuperar el valor de la propiedad privada e implica restituir el principio más básico sobre el que se construyen las sociedades prósperas: que el esfuerzo individual tiene que tener protección y horizonte. Durante años, nuestro país erosionó ese principio hasta volverlo difuso, negociable, condicionado e incierto. La visión del presidente Javier Milei plantea exactamente lo contrario: reglas claras, derechos exigibles y un Estado que deja de ser árbitro discrecional para convertirse en garante.

En definitiva, es un proyecto que consolida, en distintos ámbitos, los derechos de propiedad en la República Argentina. Sin derechos de propiedad definidos no hay libertad. Y sin libertad no hay progreso. ¡VLLC!

El autor es ministro de Desregulación y Modernización del Estado