La crisis que atraviesa la cadena de farmacias Dr. Ahorro, la compañía propiedad del grupo mexicano Fénix y dirigida por Xavier González Zirión, sigue alimentando la controversia y el conflicto con sus trabajadores y exempleados suma capítulos cada semana. A la par, la empresa en cuestión continúa acrecentando su rojo financiero y generando polémica por sus manejos bancarios: la firma debe más de $2.400 millones sólo en concepto de cheques sin fondos. La cadena viene de bajar la persiana de sucursales en Mendoza, Córdoba, Salta y la Ciudad de Buenos Aires, entre otras plazas comerciales. La firma en cuestión viene de pedir el concurso de acreedores y aplicó más de 100 despidos en semanas recientes. Dr. Ahorro atraviesa un contexto de protestas de exempleados que denuncian que la firma sólo pretende cubrir el 50% de los montos correspondientes a indemnizaciones por despido.

En cuanto a la desactivación de sucursales, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los cierres de puntos de venta se vienen dando en barrios como Caballito, Pompeya, Villa Devoto, Villa Lugano, Balvanera, Constitución y Saavedra.

Conflicto laboral en Dr. Ahorro

Por el lado de los exempleados, la mayoría alega haber recibido el telegrama en plena temporada festiva, sin cobrar el último sueldo, aguinaldo ni vacaciones adeudadas.

«Nos echaron entre el 22 y el 24 de diciembre, hasta el momento somos más de 90 empleados los afectados», indicaron recientemente a iProfesional representantes de los extrabajadores de Dr. Ahorro en Capital Federal. La cifra, hoy por hoy, se ubicaría en torno a las 110 personas cesanteadas.

«Primero cerraron cuatro sucursales del interior, en Córdoba, Salta y Mendoza. Ahí los trabajadores llegaron a sus puestos y se encontraron con el candado», comentó, al respecto, Claudia Jatimliansky, en dichos radiales.

La representante de los exempleados de Dr. Ahorro aseguró que, también en Capital Federal, los dueños de la cadena «despidieron personal de administración y casa central, que funciona como depósito».

Señaló que los recortes de personal son causa de la crisis económica imperante, la cual «obviamente afecta a todos los comercios y a todas las farmacias».

En paralelo, otras fuentes ligadas al personal de Dr. Ahorro comentaron que «la empresa no quiere pagar el total de las indemnizaciones, sólo el 50% de cada monto«.

«Dr. Ahorro presentó el concurso preventivo como paso previo para declararse en quiebra. Para, justamente, no pagarnos nada a nosotros y a los que aún trabajan en la compañía», declararon exempleados.

Las fuentes aseguraron que, hasta el momento, «son más de 10 farmacias las que se cerraron pero habrá más. Dr. Ahorro debe más de tres meses de alquiler en varios locales y se vienen órdenes de desalojo. Después hay locales donde aún funciona la farmacia que ya comenzaron a ofrecerse en alquiler«.

En su mejor momento, la empresa llegó a contar con al menos 50 sucursales en todo el país. En el seno de quienes reclaman respuestas, se señala además la pasividad del gremio ADEF, la Asociación De Empleados de Farmacias de la CGT, que no se ha pronunciado sobre la situación en Dr. Ahorro y otras compañías del sector que vienen aplicando recortes de personal.

Dr. Ahorro y una situación financiera muy complicada

Según pudo comprobar iProfesional en la base de deudores del Banco Central (BCRA), Dr. Ahorro emitió 271 cheques sin fondos en los últimos tres meses por un monto del orden de los 2.402 millones de pesos.

Además, la compañía posee deudas con bancos como el Santander, el COMAFI y el Galicia, pero también presenta incumplimientos con YPF y MercadoLibre.

A principios de enero, este medio detalló que la cadena realizó una presentación judicial donde detalló que su negocio comenzó a decaer a partir de la pandemia de Covid-19, pero que la fuerte reducción en la venta de medicamentos que tuvo lugar en los últimos dos años complicó su operatoria de un modo casi irreversible.

Según el detalle de acreedores expuesto en la presentación judicial, la cadena mantiene deudas con firmas como Generia —$623 millones—, Vannier —400 millones—, Savant Pharm —283 millones—, Droguería Java —147 millones— y Rospaw —109 millones—, entre otras.

En paralelo, Dr. Ahorro debe casi $1.900 millones a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) bajo el concepto de «incumplimientos en el pago de aportes previsionales».

Tan sólo en el último año, Dr. Ahorro acumuló pérdidas del orden de los 2.000 millones de pesos. La compañía argumentó que ese monto es el resultado de las menores ventas, producto de la caída del poder adquisitivo, la suba del costo laboral y la aceleración que siguen mostrando los alquileres comerciales.

El precio de los combustibles volvió a instalarse en el centro del debate económico argentino, no solo por su impacto directo en el bolsillo sino también por su efecto multiplicador sobre toda la estructura de costos.

Detrás de cada litro de nafta hay un componente que suele quedar en segundo plano, pero que explica buena parte del valor final: la carga impositiva.

Tomando como referencia un precio de $2.000 por litro, promedio para lo que hoy cuesta en el AMBA, casi la mitad de ese valor corresponde a impuestos.

En concreto, unos $932, es decir, el 46,6% del precio final.

Se trata de una proporción elevada que permite entender por qué los combustibles en Argentina mantienen niveles altos en términos relativos, algo que queda más en evidencia en contextos como el actual, donde manda la volatilidad en el valor del petróleo por culpa de la guerra en Medio Oriente.

Cómo se reparte la carga

El grueso de la carga tributaria proviene del nivel nacional. Aproximadamente $830 por litro —un 41,5% del total de los $2.000 que vale la nafta súper— corresponden a impuestos como el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono, además del IVA. Estos tributos no solo tienen un objetivo recaudatorio sino también buscan financiar la construcción de infraestructura.

En menor medida aparecen los impuestos provinciales, que representan unos $60 por litro (3%), y las tasas municipales, que suman alrededor de $42 (2,1%). En algunos municipios esa tasa sobrepasa incluso el 3%.

Aunque su peso es significativamente menor frente a los tributos nacionales, también contribuyen a engrosar el precio final que paga el consumidor.

Tensión en los surtidores

Este esquema impositivo plantea varias tensiones. Por un lado, el Estado encuentra en los combustibles una fuente de recaudación relativamente eficiente, dada la baja elasticidad de la demanda: la nafta es un insumo difícil de sustituir en el corto plazo.

Por otro lado, el alto componente impositivo impacta en la competitividad de la economía, ya que encarece el transporte y, por ende, los precios de bienes y servicios.

Además, existe un efecto distributivo que no siempre se discute. Los impuestos sobre los combustibles son, en esencia, regresivos: afectan proporcionalmente más a los sectores de menores ingresos, que destinan una mayor parte de su presupuesto a transporte o a bienes cuyos precios dependen de la logística.

En este contexto, cada actualización de impuestos —muchas veces postergada y luego aplicada de manera acumulada— genera saltos en los precios que terminan trasladándose a la inflación. De hecho, en los últimos años, la dinámica de los combustibles ha estado fuertemente influida por decisiones fiscales, más allá de las variables tradicionales como el barril de petróleo o el tipo de cambio.

La discusión de fondo, entonces, no es solo cuánto cuesta la nafta, sino cómo se compone ese precio. Con casi la mitad del valor explicada por impuestos, cualquier estrategia orientada a aliviar el costo del combustible necesariamente deberá incluir una revisión del esquema tributario. El desafío es encontrar un equilibrio entre la necesidad de recaudar y la de no asfixiar a una economía que depende, en gran medida, de la movilidad.

En definitiva, cada vez que un automovilista carga combustible, no solo está pagando energía: también está financiando una parte significativa del funcionamiento del Estado.

El presidente Javier Milei intensificó su disputa con la industria nacional argentina este jueves a través de la publicación de una imagen en sus redes sociales, inspirada en la sátira del escritor y economista liberal francés Frédéric Bastiat, centralizó el conflicto entre el modelo de libre comercio y el proteccionismo defendido por sectores industriales tradicionales.

La pieza difundida presenta una caricatura en la que el sol simboliza la competencia perfecta y el libre comercio, mientras que una fábrica de velas identificada como “Kirchnerismo” representa el modelo de Sustitución de Importaciones. En la escena aparecen Cristina Kirchner y un no muy bien logrado Alberto Fernández cerrando cortinas, en alusión directa a medidas como los aranceles, cuotas y restricciones, utilizadas para “bloquear la competencia” y proteger a sectores industriales considerados poco competitivos. De fondo, el Congreso de la Nación resalta el carácter legislativo y político de las decisiones que afectan el rumbo económico.

La acompañó, apenas, con la palabra “Bastiat” acompañada de su habitual VLLC.

La imagen publicada por el presidente no surge de la nada. Retoma y adapta el argumento expuesto por Frédéric Bastiat en 1845, en el capítulo VII de Sofismas Económicos, titulado “Petición de los fabricantes de velas”. En ese texto, el economista francés utilizó la ironía para cuestionar el proteccionismo de su época, proponiendo que el Estado debería ordenar el cierre de todas las ventanas para que los fabricantes de velas pudieran prosperar, protegiéndolos de la competencia de la luz solar. Bastiat escribió: “Estamos sufriendo la ruinosa competencia de un rival extranjero que inunda nuestro mercado a un precio fabulosamente reducido” y “Pedimos que dicten una ley que ordene el cierre de todas las ventanas… por las que la luz del sol tiene la costumbre de penetrar”. Para Milei, la referencia funciona como denuncia de lo que considera un “sofisma” que solo beneficia a un grupo pequeño a costa de los consumidores, quienes pagan por productos que podrían obtener a menor costo o gratuitamente.

El contexto en el que se difundió la caricatura evidencia una escalada en el conflicto entre el Gobierno y los representantes de la industria nacional. Durante los primeros días de marzo, el presidente utilizó la apertura de sesiones ordinarias del Congreso para afirmar que “no habrá piedad” para los sectores que no logran competir en el mercado. Diez días después, en el marco del evento “Argentina Week”, Milei dirigió críticas directas a figuras emblemáticas del empresariado local, como Paolo Rocca —a quien apodó “Don Chatarrín”— y Javier Madanes Quintanilla —“Don Gomita Alumínica”—, asociándolos a prácticas vinculadas al proteccionismo y la intermediación estatal.

La reacción de la Unión Industrial Argentina (UIA) no tardó. El 11 de marzo, la central fabril emitió un comunicado donde calificó los dichos del presidente como “agravios injustos e infundados”. La tensión se incrementó a mitad de mes cuando la fábrica de neumáticos Fate anunció despidos, lo que derivó en acusaciones cruzadas: desde el Gobierno señalaron que se trataba de un intento de “extorsión política” por parte de la empresa, mientras que los industriales sostuvieron que las medidas oficiales ponían en riesgo la continuidad de miles de puestos de trabajo.

La decisión de situar el Congreso de la Nación en el fondo de la escena apunta a destacar el rol del Poder Legislativo en la imposición de barreras comerciales. Desde el punto de vista del oficialismo, la protección de la industria nacional responde a intereses corporativos que se valen del Estado para mantener privilegios, en detrimento del bienestar general. La sátira visual busca instalar la idea de que el verdadero perjudicado por el proteccionismo es el consumidor, obligado a aceptar productos más caros o de peor calidad.

El uso de la figura de Frédéric Bastiat no solo aporta un andamiaje teórico a la postura del Gobierno, sino que también funciona como herramienta de comunicación política. La elección de una referencia del siglo XIX permite a Milei conectar la discusión local con debates históricos sobre el libre comercio, el rol del Estado y los límites de la intervención pública en la economía. Al citar a Bastiat, el presidente busca legitimar su ofensiva contra lo que denomina “curros” o privilegios empresariales, presentando las medidas de apertura como una corrección a distorsiones históricas.

La confrontación con los principales actores de la industria nacional, entre ellos Rocca y Madanes Quintanilla, marca un quiebre respecto a la relación tradicional entre el empresariado y el poder político en la Argentina. El mensaje oficial busca reposicionar al Gobierno como garante del interés del consumidor, enfrentado a lo que describe como “empresarios prebendarios”.

Las medidas adoptadas recientemente, como la baja de aranceles y la facilitación de las compras en el exterior, encuentran justificación en la narrativa visual y teórica propuesta por el presidente. Desde la perspectiva oficial, la apertura de importaciones representa una herramienta para disciplinar a los sectores que, según Milei, sobreviven gracias al proteccionismo. El Gobierno sostiene que la liberalización permitirá acceder a productos de mejor calidad y menor precio, beneficiando al conjunto de la sociedad.