La reciente recategorización de oficio de monotributistas por parte del sistema Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) generó inquietud y consultas masivas en el sector tributario. El foco está puesto en qué movimientos detectó el fisco nacional y cuáles parámetros se activaron para disparar miles de notificaciones. Y el eje del debate gira en torno a los regímenes de información, los umbrales de ingresos y la manera en que las billeteras virtuales informan los movimientos de sus usuarios.

El tributarista Sebastián Domínguez explicó que existen dos regímenes de información distintos, cada uno con sus normas y alcances. El primero corresponde al denominado “Título I” de la Resolución General 4614/2019, que establece la obligación de informar comisiones que cobraron con servicios de gestión de pago electrónico. En este grupo se encuentran las ventas realizadas a través de terminales tipo posnet y los pagos con tarjetas de crédito, débito, compras, links de pago y sistemas QR. Según Domínguez, en estos casos, las entidades informan las comisiones cobradas y las ventas correspondientes a cada usuario.

Por otro lado, el “Título II” abarca un régimen diferente, en el que se deben informar todos los ingresos, egresos y saldos finales al cierre de cada mes, siempre que se cumpla alguna de las tres condiciones clave: ingresos totales iguales o superiores a $50 millones, egresos que alcancen o superen ese mismo monto, o que el saldo final supere el umbral de $50 millones. Estas exigencias aplican únicamente para personas humanas. Domínguez detalló que si ninguna de estas variables supera el piso establecido, no se informa ningún dato adicional. Pero si uno solo de los parámetros se activa, corresponde informar los tres conceptos: ingresos, egresos y saldo final, siempre mes a mes.

Es decir, las billeteras, bancos, tarjetas y otros sujetos obligados ya no informan consumos o saldos debajo de los $50 millones, pero si informan los cobros que hicieron para sus clientes.

La mecánica de estos regímenes cobra relevancia en el contexto de las recategorizaciones de oficio que el fisco realiza mediante controles sistémicos. Según el tributarista, ARCA puede utilizar toda la información que posee en sus sistemas, pero aclaró que en esta oportunidad fue por la información que recibió por el “Titulo I”. Así, las ventas procesadas a través de medios electrónicos —como tarjetas o links de pago— entran en el radar del fisco por el título uno, mientras que transferencias, movimientos por alias o CBU integran el marco del título dos, que, según la interpretación vigente, no se utiliza para recategorizar en estos controles actuales.

La gerente de Lisicki, Litvin & Abelovich, Noelia Girardi, precisó que la Resolución General 4614/2019 establece una diferenciación entre el Título I y el Título II, regulando situaciones y alcances claramente distintos. El límite de $50 millones mensuales para personas humanas —y $30 millones para personas jurídicas— rige exclusivamente para el Título II, que se aplica a los proveedores de servicios de pago (PSP) encargados de administrar cuentas virtuales y billeteras. Ese umbral define a partir de qué montos los usuarios deben ser informados por su saldo, ingresos y egresos totales. Si no se superan esos montos, la información no se reporta bajo ese título.

En cambio, el “Título I” no contempla ningún umbral mínimo. Girardi señaló que este régimen aborda los servicios de procesamiento de pagos electrónicos y comprende a las plataformas que gestionan cobros comerciales mediante tarjeta, débito o QR. Aquí, lo que se reporta es el monto total operado por cada contribuyente y las comisiones cobradas, en directa vinculación con la actividad económica del sujeto. La especialista remarcó que, si una persona cobra tan solo $1 a través de un QR comercial, esa operación ya se encuadra en el Título I y puede ser informada a ARCA, sin importar lo bajo del monto. Lo relevante es la naturaleza del movimiento: si se trata de un cobro comercial procesado electrónicamente, queda abarcado por ese régimen.

Girardi advirtió que, en la práctica, se identificaron casos de contribuyentes que aseguran no haber realizado cobros con tarjeta, débito o QR comercial y, de todos modos, figuran con un monto informado bajo ese encuadre. Esto podría deberse a una incorrecta calificación del movimiento por parte de la plataforma o a una interpretación que asimila transferencias a cobros comerciales. La gerente de Lisicki, Litvin & Abelovich sostuvo que resulta esencial analizar cada situación en particular y verificar qué tipo de operación se reportó efectivamente. En todas las notificaciones revisadas figuraba el Título I, vinculado a QR, y remarcó que es correcto que ese régimen no tenga tope, aunque la mayoría de los monotributistas afirman no operar con QR ni cobran con tarjeta y aún así fueron recategorizados.

Tambien Domínguez advirtió sobre posibles errores en el procesamiento de la información por parte de las billeteras virtuales. Señaló que algunas plataformas podrían haber informado operaciones que no corresponden al Título I, “no por desconocimiento, sino muchas veces por el procesamiento de la información”, dado el volumen de datos involucrados. En este sentido, mencionó que pueden existir problemas en la preparación de los reportes que se entregan a la AFIP para cumplir con los regímenes de información, lo que podría derivar en errores de categorización.

Y otra fuente en off the record apuntó en el mismo sentido. “Aparentemente las plataformas informaron transferencias y movimientos del ‘Título II’ como si fueran del I. Y de ahí las recategorizaciones que se dispararon. Se reunieron con las plataformas para ver qué pasó y como lo pueden arreglar a futuro”, confirmó a Infobae. Este dato refuerza la hipótesis sobre la confusión al informar operaciones, que habría provocado que muchos monotributistas reciban recategorizaciones automáticas que no se ajustan a su verdadera situación fiscal.

Ante este escenario, el tributarista recomendó a monotributistas y comercios revisar cuidadosamente la información sobre cobros (o lo que es lo mismo, los pagos que les hicieron sus clientes) en sus billeteras virtuales, cuentas bancarias y otros medios de pago para saber con qué información cuenta el fisco. El sistema cruza los datos informados de todo el período fiscal 2025, por lo que resulta clave detectar posibles errores en los reportes y, de ser necesario, solicitar la rectificación de las presentaciones. La verificación de los reportes es especialmente relevante para quienes recibieron notificaciones de recategorización, dado que los controles automáticos se sustentan en esas bases de datos.

El procedimiento ante una notificación de recategorización exige a los monotributistas presentar un recurso dentro de los quince días hábiles administrativos. De no hacerlo, la recategorización queda firme y, aunque AFIP puede reevaluar la situación si se aportan datos nuevos, no existe garantía de que el organismo lo haga de manera espontánea. Por este motivo, Domínguez subrayó la importancia de apelar en los casos pertinentes, para evitar que quede consolidada una recategorización basada en datos incorrectos.

La revisión de los datos presentados y la presentación de recursos en tiempo y forma se posicionan como los mecanismos disponibles para quienes consideran que la recategorización realizada por ARCA no refleja su realidad fiscal. El cruce de información, la automatización de los controles y la interpretación de los regímenes continúan alimentando el debate en el universo de los monotributistas y profesionales del ámbito tributario.

La indumentaria en Argentina ha sido históricamente un tema de discusión por la tensión que genera entre los costos para producir y los precios para consumir. No ha sido extraño ver argentinos cruzar la cordillera para comprar ropa, aprovechar unas vacaciones en el exterior para abastecer el armario o, más recientemente, recurrir a la importación directa a través de plataformas digitales, en su mayoría asiáticas.

El debate vuelve a tomar fuerza por un cambio en el contexto: luego de años de restricciones, una mayor apertura comercial y diferentes medidas económicas dejaron al sector expuesto a la competencia externa.

Como punto de partida, se toman datos elaborados por Focus Market, que comparan cuánto cuesta vestir a dos personas (un hombre y una mujer) en 2026 en Argentina frente a países seleccionados, medido en dólares. Para ampliar el análisis, se retoman los datos relevados en 2024 y se reconstruye la evolución de la misma canasta a lo largo de dos años.

La canasta de indumentaria utilizada incluye, para el hombre, una camiseta estampada, jeans de moda, zapatillas urbanas y un perfume de 100 ml EDT; y para la mujer, una blusa o camisa informal, bermuda o short, sandalias, un perfume de 50 ml EDP y un bolso o cartera.

En 2024, el conjunto de prendas y calzado considerado costaba USD 1.049 en Argentina. En 2026, ese mismo conjunto pasó a USD 936, una disminución del 10,8%. Este descenso se explica principalmente por la apreciación del dólar respecto al peso y por una mayor competencia de la ropa importada.

En el resto de los países los precios se incrementaron: en Chile un 31,3%, Brasil 24,3%, Uruguay 19,6% y en Paraguay 10,1%. Así, vestirse en Argentina sigue costando más (en dólares), pero la distancia respecto de los países vecinos es menor a la de hace dos años, con brechas reducidas en hasta 70 puntos porcentuales, como ocurre respecto a Chile.

La pregunta relevante es por qué se achicó la brecha y allí se abren distintas aristas del debate. El consumidor busca precios razonables y el productor busca evitar quebrar:

• Desde la demanda, la lógica es simple: se comparan los precios y se compra donde el dinero rinda más.
• Del lado de la oferta, se explica que los precios locales responden a la estructura de costos, la carga impositiva, los costos laborales y la litigiosidad, las dificultades de financiamiento y otros factores que afectan la competitividad.

Es conveniente en este punto evitar la lectura de “buenos y malos”, porque ambos agentes describen restricciones reales. No explica el problema por sí solo reducir la discusión a que la apertura comercial es la causa.

La indumentaria era cara con medidas proteccionistas y el sector ya mostraba fragilidades previas. La apertura contribuyó a acelerar tensiones, pero no inventa de cero un esquema de precios altos ni una estructura productiva vulnerable.

El comportamiento de los precios en dólares no se explica únicamente por lo que ocurrió dentro del sector, sino también por la dinámica cambiaria regional. Durante el período considerado, en Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay, las monedas locales se apreciaron respecto al dólar, mientras que en Argentina el peso se depreció. Esta diferencia es relevante porque, cuando una moneda se aprecia, los precios expresados en moneda local se traducen a un valor mayor en dólares, aun cuando la inflación interna sea moderada.

Parte del aumento en dólares observado en los países vecinos se debió menos a un salto de precios y más a un tipo de cambio que se movió a favor de sus monedas. Al mismo tiempo, la caída en dólares de la canasta argentina se vio influida por una dinámica inversa y por el efecto de la competencia importada.

Una fuerte señal de la debilidad estructural del sector se observa en los indicadores del nivel de actividad industrial. Según la última publicación disponible de Indec que refleja la utilización de la capacidad instalada, el rubro “Productos textiles” opera a menos de un tercio de su potencial. En noviembre de 2024, el uso de la capacidad instalada era de 48,2%. En el mismo mes de 2025 cayó a 29,2%. Es un desplome de casi 19 puntos porcentuales interanuales.

Cuando una industria trabaja tan por debajo de su capacidad, no es una simple desaceleración, sino una retracción profunda de la producción, con efectos directos sobre los costos unitarios, el empleo y la sostenibilidad empresarial.

En paralelo, los datos ayudan a comprender por qué la baja en dólares no necesariamente implica una mejora estructural: en pesos y en términos mayoristas el sector siguió aumentando sus precios. En diciembre de 2025, los precios mayoristas de prendas de materiales textiles subieron 6,1% y los de cuero, marroquinería y calzado aumentaron 11,8%, ambos interanualmente. Incluso con una brecha regional menor medida en dólares, el sector no muestra una dinámica de precios compatible con una ganancia de productividad, ya que los costos internos siguen empujando al alza y la corrección relativa parece deberse a otra dinámica.

En términos económicos, la baja en dólares puede explicarse por la combinación de tipo de cambio y competencia importada, pero la estructura de costos domésticos y la dificultad para ganar eficiencia siguen ejerciendo presión. Si la industria pierde escala, trabaja con elevada capacidad ociosa y enfrenta costos crecientes, la consecuencia natural es una competitividad débil. La apertura comercial orientada a la competencia no crea el problema, pero sí expone con mayor crudeza lo que antes quedaba amortiguado por barreras.

El empleo completa el panorama. La evidencia de largo plazo sugiere que las medidas comerciales proteccionistas no sostuvieron el empleo formal. Un informe reciente de Idesa, en base a la Secretaría de Trabajo y la EPH, muestra que los asalariados no registrados y cuentapropistas pasaron de 204.000 a 261.000 entre 2012 y 2023. Mientras que de 2023 a 2025, los asalariados registrados disminuyeron de 105.000 a 97.000, y los no registrados junto con los cuentapropistas lo hicieron en 13.000 personas.

La tendencia es consistente: el empleo formal cae y persisten las modalidades informales que precarizan. Los salarios reales del sector cayeron un 31% entre 2012 y 2025, sumando al análisis que incluso bajo un esquema más cerrado, el empleo formal no creció y, además, perdió poder adquisitivo.

En la misma línea, datos del Ministerio de Capital Humano muestran que en el segundo trimestre de 2025 los puestos de trabajo asalariados registrados tuvieron una caída interanual del 2,1% en “Confecciones” y del 11,2% en “Cuero y calzado”.

El empleador evita riesgos, el trabajador acepta condiciones precarias porque ‘es lo que hay’.

El autor es Analista Económico y director de Focus Market

Tras la misión en Buenos Aires a mediados de febrero, una comitiva del Ministerio de Economía, encabezada por el viceministro José Luis Daza, partió la última semana a Estados Unidos para encarar la etapa final de las negociaciones de la segunda revisión del acuerdo y así destrabar el desembolso por USD 1.000 millones, que robustecerá las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Ese giro dependerá de los tiempos administrativos en Washington D.C.

Durante los últimos días, los equipos técnicos del FMI y la delegación argentina mantuvieron encuentros presenciales en Estados Unidos. Según fuentes oficiales del Ministerio de Economía consultadas por Infobae, la intención es concluir la revisión en los próximos días.

La urgencia por ese desembolso perdió intensidad ante un BCRA que mantuvo compras sostenidas en el mercado de cambios, lo que le permitió que las reservas internacionales volvieran a incrementarse hasta casi USD 47.000 millones -antes de los ajustes de encajes en divisas de las entidades bancarias propio de fin de mes- y acercarse a las recomendaciones del organismo internacional y reforzar la estabilidad cambiaria.

El cronograma de trabajo con el Fondo Monetario Internacional se activó a comienzos de febrero, cuando una misión del organismo arribó a Buenos Aires para iniciar la revisión. Los técnicos del Fondo analizaron el cumplimiento de metas fiscales y monetarias, con foco en los objetivos de acumulación de reservas internacionales netas.

Este último punto no pudo ser alcanzado por el ministro Luis Caputo tras un 2025 marcado por tensiones cambiarias, motivadas tanto por la cobertura previa a las elecciones legislativas como por la decisión oficial que prevalecía de no comprar reservas hasta que el dólar mayorista alcanzara el piso de la banda, una condición que no se cumplió, en un intento por priorizar la desaceleración de la tasa mensual de inflación.

Un ex director del Fondo Monetario Internacional contó a Infobae que la aprobación de un eventual acuerdo entre el Gobierno y el organismo podría demorarse hasta mediados o fines de marzo. El economista explicó que el proceso formal dentro del FMI abarca varias etapas que exceden la negociación técnica inicial.

El economista detalló que, una vez finalizadas las conversaciones técnicas entre el equipo argentino y el personal del FMI, el acuerdo debe ser revisado y aprobado primero por el staff del organismo, junto con la directora gerente Kristalina Georgieva. En esta instancia, los departamentos de seguimiento de programas con condicionalidad, fiscal y legal del FMI analizan la propuesta.

A continuación, el procedimiento requiere la elaboración de un documento formal y una carta de intención por parte de las autoridades argentinas, que luego se eleva a la Junta Directiva del FMI.

El ex directivo del FMI para América Latina afirmó: “Normalmente, este trámite puede llevar entre dos y tres semanas, aunque a veces puede resolverse en menos tiempo”. Existe además un plazo obligatorio para que los miembros de la Junta examinen el expediente antes de su tratamiento.

El economista remarcó: “Es muy difícil que esté aprobado a nivel de la Junta Directiva, board en términos del organismo, antes de mediados o fines del mes que viene”, en referencia al momento en que el directorio del organismo podría tratar el acuerdo. Esta proyección añade una nueva estimación temporal sobre los próximos pasos en la negociación entre Argentina y el FMI, mientras el Gobierno busca avanzar con el entendimiento en el contexto financiero actual.

La revisión técnica del programa con el Fondo Monetario Internacional constituye un paso fundamental para la continuidad del acuerdo y el acceso a los desembolsos programados. El monto pendiente, correspondiente a la segunda revisión, asciende a USD 1.000 millones y representa un refuerzo relevante para las reservas del BCRA. Con la ayuda de Santa Fe, que giró USD 800 millones colocados en Nueva York al banco de la provincia, las reservas superaron los USD 46.000 millones.

Debe resaltarse que el BCRA consolidó su estrategia de compras diarias y priorizó recomponer el nivel de activos externos, determinantes para la estabilidad macroeconómica y la credibilidad del programa, desde el inicio de la fase cuatro en enero de 2026. Pese a algunas ventas puntuales, la tendencia anual muestra una recuperación sostenida de reservas.

Las reuniones en Washington serán decisivas para la resolución de la negociación. El equipo económico argentino, liderado por José Luis Daza, presentará los últimos detalles técnicos y buscará obtener el aval del staff del FMI.

Si bien en Economía no precisan si hay fecha de regreso, Infobae pudo saber que Daza no permanecerá en Estados Unidos hasta el Argentina Week que se realizará en Nueva York del 9 al 11 de marzo, lo que anticipa que regresará al país antes de esa fecha. Queda por definirse si la rendición de cuentas estará cerrada a su retorno.

El acuerdo técnico, una vez cerrado, debe ser elevado al directorio del Fondo Monetario Internacional, que debe formalizar la aprobación del desembolso.

Ricardo Delgado, presidente de la consultora Analytica, explicó que los equipos técnicos del organismo informan periódicamente al directorio sobre el avance de las negociaciones. Cuando el board del Fondo trata el tema, ya cuenta con toda la información sobre el nuevo acuerdo o las revisiones. Una vez aprobada la revisión, se autoriza el desembolso.

Delgado destacó que los plazos suelen ajustarse a las necesidades y que, actualmente, la situación de la Argentina es más holgada a corto plazo.

El programa vigente entre Argentina y el Fondo contempla metas trimestrales de déficit fiscal, acumulación de reservas y reducción de la emisión monetaria. Cada revisión técnica implica una auditoría exhaustiva de los resultados alcanzados y la definición de los próximos pasos para el cumplimiento de los objetivos.