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ECONOMIA

El objetivo que persigue el Gobierno subestimando la inflación y el precio del dólar en el Presupuesto

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El discurso de Javier Milei para anunciar el presupuesto generó elogios por el cambio de tono, la invitación al diálogo y cierto esbozo de autocrítica. Pero la impresión inicial cambió ni bien se dieron a conocer las proyecciones económicas, plagadas de datos que a los economistas y operadores del mercado les parecieron inverosímiles.

En realidad, lo más grave no son los números previstos para 2026, sino el hecho de que las propias proyecciones para el 2025, a menos de cuatro meses de terminar, son de muy difícil cumplimiento. Y las cifras de este año conforman la base para el cálculo del próximo, lo cual pone en riesgo la credibilidad de todos los cálculos.

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El dato que primero sorprende es la inflación de este año, que se prevé en 24,5%. Hasta agosto, la inflación acumulada del año era de 19,5%. Eso implica que, para que se cumpla el pronóstico oficial, en los últimos cuatro meses del año se debería acumular una inflación total de 4,3%. Dicho de otra forma, todos los meses hasta fin de año se debería dar un IPC promedio de 1,1% mensual.

Son, por cierto, números muy inferiores a los que prevén los economistas y banqueros que participan en la encuesta REM del Banco Central. El acumulado proyectado para el período septiembre – diciembre es de 7%, lo cual llevaría la inflación de todo el año a 27,9%.

¿Un objetivo imposible?

Es probable que, tal como ocurrió el año pasado, los funcionarios minimicen la importancia de las proyecciones contenidas en el presupuesto, a las que consideran hipótesis de trabajo más que como objetivos de cumplimiento obligatorio.

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Después de todo, en el proyecto de presupuesto presentado hace un año se preveía que el año 2024 terminaría con una inflación de 104,4% y que en 2025 el IPC sería de 18,3%. El resultado real, como todo el mundo preveía, estuvo bien por encima: la inflación del 2024 fue de 117,8%, mientras que en el período enero – agosto de 2025 ya se superó toda la inflación que se había previsto originalmente para este año.

En lo que respecta a 2026, los economistas que participan en la encuesta REM creen que la inflación acumulada del año será de 17,8%. Ya esa proyección de los consultores privados luce de difícil cumplimiento -implicaría un IPC de 1,37% de promedio mensual. Así que ni qué hablar sobre la proyección oficial, que implicaría un IPC promedio mensual de 0,81%.

No es que un 10,1% resulte imposible -de hecho, la mayoría de los países de la región están bien por debajo de esa marca- pero requeriría un esfuerzo adicional de ajuste fiscal y un apretón monetario que traería el riesgo de una recesión. Es, según expuso Milei, lo que el gobierno quiere evitar, dado que espera otro año con crecimiento del 5% en el PBI.

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¿Cómo se explica el hecho de que un presupuesto esté subestimando -otra vez- la inflación que ve el mercado? Lo cierto es que no se trata de una práctica exclusiva de la gestión Milei: más bien al contrario, en prácticamente todos los últimos gobiernos se incurrió en ese «error».

Algunos economistas lo atribuyen a una intención de incidir sobre las expectativas de la opinión pública: si ya ahora se está avisando que la inflación del año próximo será de apenas 10,1%, en teoría eso debería funcionar como un disuasorio para las industrias y comercios que estén planificando su política de precios. Por lo pronto, obligaría a los empresarios a dar explicaciones sobre aumentos que a priori serán vistos como injustificados.

Una carta en la mesa salarial

Pero hay más motivos de peso para subestimar la inflación. Uno de los principales es la capacidad de incidencia sobre las negociaciones salariales, y en particular las del sector público.

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Es un detalle importante si se considera que la masa salarial de los empleados públicos representa actualmente un 15% del gasto corriente -sin considerar a los funcionarios provinciales y municipales-.

Lo que se busca, a la hora de sentarse a negociar salarios, es que los sindicatos tomen como referencia no a la inflación pasada -que implicaría apegarse a un mecanismo de indexación- sino a la futura, probablemente con cláusulas de revisión si finalmente el IPC no coincidiera con la previsión.

Es un tipo de política que no sabe de ideologías ni de banderas políticas: todos, desde Cristina Kirchner hasta Mauricio Macri y Sergio Massa, han intentado, de alguna forma, convencer al mercado de que cada ajuste de precios debe ser progresivamente inferior, porque la inflación irá en un camino descendente.

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El propio Luis Toto Caputo, en un gobierno que ha proclamado su preferencia por la libre negociación de los salarios, ha demostrado que, ante casos que percibe que podrían generar «efectos contagio», no tiene problema en imponer un techo salarial.

Es por eso que Caputo incurrió en una de las conductas que más irritó a la central sindical CGT: la no homologación de acuerdos salariales, algo que en términos concretos implica el veto a las paritarias que incurrían en «excesos».

El dólar contra corriente

El otro gran motivo de sorpresa en las proyecciones económicas de 2026 es el que hace a la política cambiaria. Anunciar que el dólar cotizará a $1.423 en diciembre del año próximo -cuando en este mismo momento está en $1.469 y amenazando con tocar el techo de la banda de flotación- es algo que puede calificarse de cualquier cosa menos de «creíble».

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De hecho, nadie en el mercado cree que esa cifra sea posible ni siquiera en diciembre de este año, aun si Milei tuviera una victoria apabullante en las elecciones legislativas.

Luego de que la proyección se hiciera oficial, abundaron los comentarios sarcásticos por parte de los analistas, incluyendo invitaciones a Milei y a Toto Caputo por parte de interesados en comprar hoy dólares al precio que supuestamente cotizará en un año y tres meses.

Nuevamente, el motivo para esta conducta es el intento de cambiar las expectativas del mercado. Y uno de los principales temas de incertidumbre en este momento es la viabilidad del esquema de banda de flotación cambiaria.

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Hay quienes dan por descontado que, tras las elecciones, el sistema será modificado, y que se terminará convalidando un salto devaluatorio. Otros, en cambio, creen que Milei está dispuesto a usar los dólares que el Fondo Monetario Internacional depositó en el BCRA, para pulsear contra el mercado en defensa del tipo de cambio en el techo de la banda. Y temen que esa situación pueda implicar un sacrificio de reservas que, como ya pasó en experiencias históricas recientes, finalmente sea inútil, porque el dólar terminará convergiendo al valor de equilibrio.

¿Tendrá éxito el gobierno en su intento por incidir sobre las expectativas? Las primeras señales indican que no. El dólar continuó su camino al alza después del discurso presidencial, mientras el Central sigue interviniendo en el mercado de futuros para aplanar la curva hasta el punto de dejar tasas implícitas negativas -es decir, quien se cubre de la devaluación tiene un premio-, en una típica estrategia de incentivo para que los inversores se queden en títulos de deuda en pesos.

En definitiva, lo que el presupuesto muestra es que ciertas costumbres argentinas son difíciles de cambiar, por más que quien ocupe la Casa Rosada se defina como keynesiano o liberal: ante la proximidad de una elección, el manual del político en campaña indica que siempre se debe anunciar un dólar tranquilo y precios bajo control.

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ECONOMIA

Se completó la primera colocación del nuevo bono: Caputo tomó 1 de cada 5 dólares que le ofrecieron

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El ministro de Economía, Luis Caputo (Reuters)

La Secretaría de Finanzas concretó una colocación total de USD 250 millones con el nuevo bono en dólares (AL27), lo que resultó en una operación sumamente victoriosa para el equipo económico. Este jueves, en la segunda adhesión, logró ampliar por USD 100 millones a los USD 150 millones que adjudicó ayer, tras recibir numerosas propuestas de inversores institucionales y particulares interesados en instrumentos nominados en dólares. El proceso se desarrolló en medio de un escenario caracterizado por la búsqueda de alternativas de resguardo y financiamiento en el mercado local.

Esta semana se conoció la decisión del Ministerio de Economía de optar por colocar un bono en dólares denominado Hard Dólar, identificado como AO27, con vencimiento el 29 de octubre de 2027 de cara a los duros vencimientos de julio por USD 4.200 millones. Y pese a las dudas que se generaron en la previa, la operación del miércoles fue un éxito y en la segunda adhesión también, porque la demanda alcanzó un total de USD 348 millones, lo que obligó a aplicar un prorrateo que limitó el acceso de los inversores al monto adjudicado. El comunicado oficial precisó que el factor de prorrateo se ubicó en 28,74%, lo que implicó que, por cada cinco dólares ofertados, solo uno fue finalmente asignado.

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La operación se realizó con una tasa interna de retorno efectiva anual (TIREA) de 5,89% y una tasa nominal anual (TNA) de 5,74%, que se fijó en la primera adhesión y marcó un costo financiero menor al que el mercado anticipaba para este tipo de colocaciones (cercano al 7%). La jornada mostró una fuerte disposición de los participantes a suscribir títulos en moneda dura. En total, la Secretaría de Finanzas adjudicó USD 100 millones en la licitación más reciente, una cifra notable en relación con la demanda verificada.

El bono AO27 ofreció una
El bono AO27 ofreció una tasa interna de retorno efectiva anual de 5,89%, por debajo de lo que anticipaban los analistas de mercado.

Tras su debut, el bono AO27 se consolidó como una de las alternativas más requeridas por el segmento de inversores institucionales, que participaron de manera activa en la licitación. De acuerdo con los datos oficiales, el instrumento adjudicado representa una de las principales herramientas de financiamiento en dólares para el Tesoro.

Dentro del mercado local, la emisión de títulos en dólares se interpreta como una señal de confianza en la capacidad de pago del Estado y en la estabilidad relativa de las condiciones macroeconómicas. Operadores consultados por Infobae remarcaron que la tasa obtenida se ubicó por debajo de las proyecciones iniciales, lo que sugiere que los participantes del mercado percibieron un riesgo moderado en la operación.

El proceso de licitación se desarrolló con la participación de bancos, fondos comunes de inversión y entidades financieras, que presentaron propuestas por montos superiores a los disponibles. El factor de prorrateo de 28,74% significó que buena parte de los interesados solo accedió a una fracción de los títulos solicitados. Según el detalle oficial, la suscripción del bono AO27 representó una de las mayores concentraciones de demanda en el segmento de deuda en dólares.

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Los datos oficiales comunicados por Economía reflejaron la magnitud del interés: este jueves se presentaron ofertas por USD 348 millones, mientras el monto finalmente adjudicado fue de USD 100 millones (límite). Este desfasaje evidenció la preferencia de los inversores por activos considerados seguros dentro del espectro de instrumentos ofrecidos por el Estado.

Pero se trata de la primera licitación del bono AO27, que va a formar parte de una secuencia de licitaciones quincenales junto con las de deuda pública orientadas a diversificar las fuentes de financiamiento, que tendrán como límite máximo captar USD 250 millones en cada una de ellas y en total USD 2.000 millones. En el mercado calculan que, de llevarse a cabo siete más de la misma manera, Caputo conseguiría los dólares que busca.

Nicolás Cappella, Sales Trader en Grupo IEB, precisó en la previa de la licitación: “El monto es de hasta USD 150 millones por licitación, con una segunda ronda ampliable de USD 100 millones. Es ampliable a USD 250 millones. La idea es captar USD 2.000 millones. El mejor escenario sería, en ocho licitaciones, captar los 2.000 millones. Son cuatro meses aproximadamente; si lo van a usar para el pago de julio, tiene lógica porque las cuatro licitaciones te dan aproximadamente para junio”.

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La próxima licitación del bono
La próxima licitación del bono AL27 se llevará a cabo dentro de 15 días, el 12 de marzo.

La demanda verificada en la licitación reflejó la confianza de los inversores en la sostenibilidad de los instrumentos propuestos. El prorrateo implementado por la Secretaría de Finanzas buscó equilibrar el interés de los participantes y garantizar una asignación proporcional a las ofertas presentadas. El proceso se caracterizó por la transparencia y la aplicación de criterios objetivos en la distribución de los títulos.

El Gobierno mantuvo su estrategia de financiamiento en moneda extranjera como respuesta a las condiciones prevalecientes en el mercado local e internacional tras la suba del riesgo país a más de 540 puntos básicos en los últimos días. El éxito de la colocación del AO27 se sumó a las iniciativas previas orientadas a captar fondos bajo condiciones favorables. La continuidad de este tipo de operaciones dependerá de la evolución de las variables macroeconómicas y de la capacidad oficial para sostener la confianza de los inversores.

La licitación del bono AO27 se inscribió en un contexto de alta demanda por instrumentos nominados en dólares, en el que la oferta resultó insuficiente frente al volumen de propuestas recibidas. El resultado evidenció la disposición de los agentes económicos a canalizar recursos hacia activos considerados de bajo riesgo, aun cuando el acceso estuvo limitado por la política de prorrateo implementada.



South America / Central America,Government / Politics

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ECONOMIA

Para Javier Milei, está probado que 315 puntos de riesgo país son «kuka»

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La buena demanda que recibió el nuevo bono en dólares no sólo le permitió a Javier Milei un panorama más desahogado para pagar los vencimientos de deuda, sino que, además, le dio un invaluable argumento político: que el «verdadero» índice de riesgo país argentino es de 230 puntos y no los 545 que marca el tradicional indicador del JP Morgan.

La argumentación es que, en la licitación por el nuevo bono, gracias a que los bancos ofrecieron casi seis veces el monto de u$s150 millones que ofrecía el Tesoro, la tasa real que se terminará pagando es inferior a la teórica de 6%. Más concretamente, el costo por endeudarse en dólares es de un 5,89% nominal anual.

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Javier Milei asegura que 315 puntos del riesgo país son «kuka»

Y, como la tasa de los bonos estadounidenses -los Treasury, en la jerga financiera- se ubica en torno a 360%, entonces la cuenta da que el costo de financiamiento argentino es de 2,3% -o 230 puntos básicos- por encima de lo que paga el gobierno de Estados Unidos.

Ese diferencial de 230 puntos está mucho más en línea con lo que pagan los países de la región. De hecho, Colombia y México están algo por encima de ese nivel de riesgo crediticio.Y otros países, con spread de 100 puntos, logran tomar deuda a una tasa muy baja para los estándares argentinos. Uruguay, por ejemplo, acaba de endeudarse por u$s1.850 millones y pagó por el tramo dolarizado una tasa anual de 4,7%, con plazo a 10 años.

Extrañando los viejos tiempos

A Toto Caputo, en cambio, tomar dólares prestados en el mercado le costaría no menos de 9%, una tasa que se considera demasiado alta, y que llevó a que el ministro declarara públicamente su deseo de «depender menos de Wall Street» y de fondearse con el mercado local. Fue un a frase que llevó a sus críticos a acusarlo de «hacer del defecto una virtud», porque en realidad el ministro no podría acceder al crédito de Wall Street ni aunque quisiera hacerlo.

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La mejor tasa que había conseguido hasta ahora el ministro había sido la del préstamo en modalidad «repo» otorgado por un grupo de bancos, que en enero le cobraron 7,4% por un crédito de u$s3.000 millones.

Pero ese no es el tipo de crédito que quiere Caputo. El «repo» es un préstamo, en el cual el financista toma activos en garantía, tal como ocurre con los préstamos prendarios para individuos. Eso es lo que posibilita la tasa menor que la del bono, donde el inversor asume el riesgo de las oscilaciones del valor en el mercado secundario.

Lo que quiere Caputo es emitir un bono y que se lo compren los fondos globales. No ocurre eso desde enero de 2018 cuando, siendo ministro de Finanzas de Mauricio Macri, sorprendió al colocar un título por u$s9.000 millones, dividido en tramos de cinco, 10 y 30 años, con tasas de entre 4,65% y 6,95%.

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Claro, en aquel momento el riesgo país argentino se encontraba en 350 puntos, que aunque superaba el promedio latinoamericano era considerado un lujo en el mercado argentino, donde hasta se permitía fantasear con la obtención de la calificación «investment grade» por parte de las agencias de riesgo crediticio. A Caputo también lo ayudó en ese momento las bajas tasas internacionales -el bono US Treasury a 10 años pagaba 2,45%-. 

Otra vez, la culpa del riesgo kuka

¿Por qué hoy no puede Argentina pedir crédito y pagar una tasa de interés parecida a la de sus vecinos? Gracias al bono que acaba de emitir Caputo, el gobierno encontró la posibilidad de dar su argumento favorito: es todo culpa del «riesgo kuka».

Según ese punto de vista, el temor a un sabotaje político por parte de la oposición, o a un cambio de gobierno tras la elección de 2027, es lo que mantiene a los inversores cautelosos e impide que inyecten dólares en Argentina, dado que perciben el riesgo de un eventual default.

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Y, no por casualidad, el nuevo bono de Caputo tiene como fecha de vencimiento octubre de 2027, coincidiendo con la elección presidencial. Es una señal al mercado en el sentido de que, aun cuando a Javier Milei le vaya mal en su intento reelectoral, ya estará devuelto en su totalidad el capital de estos bonos, sin riesgo a un «reperfilamiento».

Ya se había recurrido a esa explicación para explicar por qué el dólar se había disparado y por qué el riesgo argentino había trepado hasta 1.500 puntos en el cierre de la campaña electoral, y ahora vuelve a ser el lema para justificar por qué el spread argentino no baja de los 500 puntos.  

El propio Milei retuiteó un comentario de Felipe Núñez -uno de los principales asesores de Caputo-, en el que argumentaba: «Sin riesgo kuka, el riesgo país es aproximadamente 230 puntos».

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Es, sin embargo, un tema que está lejos de suscitar consenso en el mercado. Porque, a diferencia de lo que ocurrió con el tipo de cambio, que experimentó una abrupta baja una vez que Milei ganó las elecciones legislativas, no ocurrió lo mismo con el riesgo país. El gobierno había previsto que, ya disipado ese riesgo electoral, podría caer por debajo de 400 puntos, el mismo nivel que le había permitido a Caputo emitir u$s9.000 millones hace ocho años.

Sin embargo, las puertas del mercado de crédito siguen cerradas. Y los informes de los bancos de inversión no apoyan el argumento del «riesgo kuka» sino que apuntan a falencias del programa económico. Principalmente, las dudas sobre si el Banco Central será capaz de acumular reservas para hacer frente al desafiante calendario de vencimientos de deuda.

¿Riesgo «kuka» o falencias del modelo?

Entre los críticos del programa económico, el punto más discutido es el del mantenimiento de controles cambiarios, lo que hace que sea discutible si el actual precio del dólar es «de equilibrio«. Más bien, lo que se argumenta desde la vereda opositora es que la actual estabilidad se está logrando al costo de una crisis a mediano plazo, con el viejo método de la «bicicleta financiera».

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El gobierno también discute ese punto, dado que en las últimas semanas se notó una compresión de tasas, y en la última licitación se colocó una letra ajustable por CER a una tasa real del 1,9% anual.

El festejo por el buen resultado de la licitación aparece junto con el de la difusión del EMAE, en el que se confirma que la economía creció un 4,4% durante 2025. Pero tampoco ese dato tiene la capacidad de terminar con el debate. Porque cuando se hace la apertura por sectores, hay rubros como la industria manufacturera que muestran caídas interanuales de casi 4%.

A juzgar por las decisiones que ha tomado en las últimas semanas, todo indica que el ministro Caputo está resignado a que el índice de riesgo país no caiga debajo del «piso psicológico» de 500 puntos. Sin embargo, luego de la demostración de confianza que implicó el nuevo bono en dólares colocado en el mercado local, hay quienes se entusiasman con un contagio de optimismo hacia el exterior y eso se refleje en una caída del índice de riesgo país.

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ECONOMIA

Los controladores aéreos levantaron el paro para hoy y mañana pero sostienen las medidas para los días siguientes

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(Maximiliano Luna)

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), el gremio que reúne a los controladores aéreos levantó los paros de este jueves 26 y viernes 27 de febrero.

De acuerdo con el cronograma que había presentado el sindicato, en el marco de la falta de acuerdo con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) tras el vencimiento de la conciliación obligatoria, el reclamo de este jueves estaba previsto para iniciar a las 15 y concluir a las 18, mientras que también se encontraba programada una medida similar para mañana, entre las 19 y las 22 horas.

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Ambas medidas fueron levantadas. En los dos casos, la huelga estaba planeada para afectar a toda la aviación (vuelos domésticos e internacionales) en todos los aeropuertos del país.

“Informamos que, en el marco del conflicto colectivo en curso, se ha avanzado a una mesa de diálogo real con el objetivo de continuar las negociaciones y avanzar hacia un acuerdo que permita dar respuesta al reclamo que venimos llevando adelante”, informó el gremio en un comunicado.

No obstante el sindicato confirmó que “continúan plenamente vigentes las medidas notificadas para los días 28 de febrero, 1 y 2 de marzo, conforme al cronograma oportunamente presentado, a la espera de avances concretos en la negociación”.

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