ECONOMIA
El titular de ARCA respondió a las quejas de productores por retenciones: “Siempre que tomamos una medida nadie la sabe”

El debate por la breve duración de las retenciones cero a la exportación de granos volvió al centro de la escena tras la reacción de Juan Pazo, titular de la Agencia de Regulación y Control Agropecuario (ARCA), frente a las acusaciones por parte del sector agropecuario. El funcionario negó que la decisión que permitió suspender el cobro transitorio de tributos a las ventas al exterior se haya conocido en el círculo de las grandes cerealeras antes de su anuncio formal, y sostuvo que la asignación de cupos no benefició a ciertos jugadores de forma exclusiva.
El Gobierno nacional anunció el lunes una medida que dispuso retenciones cero para la exportación de todos los granos. Por decreto, la vigencia de la política quedó atada a una condición: se mantendría hasta el 31 de octubre o hasta cubrir un cupo de 7.000 millones de dólares, lo que sucediera antes. Desde ese momento, el sector exportador dispuso con rapidez la presentación de solicitudes de ventas, proceso que finalizó en sólo 72 horas con la totalidad del cupo comprometido.
La situación generó un inmediato malestar entre dirigentes rurales y productores. En ese contexto, Juan Pazo se presentó en un canal de streaming oficialista y afirmó: “Cuando tomamos una medida, no la sabe nadie”. Explicó que las empresas exportadoras no contaban con el volumen de stock para cumplir los compromisos, por lo que durante los próximos noventa días deberán adquirir aproximadamente 4.000 millones de dólares en granos a los productores.
El jefe de ARCA remarcó la importancia de la transparencia y aseguró que “siempre que tomamos una medida de fondo, nunca nadie sabía”. Sostuvo que el proceso no incluyó filtraciones ni preferencias, alejándose de versiones que atribuían a empresas del sector ventajas para anticipar movimientos y operar en beneficio propio.
A las declaraciones oficiales se sumaron voceros de la estructura económica nacional. Felipe Núñez, asesor en el Ministerio de Economía, coincidió y explicó que no hubo acuerdos previos con operadores. Núñez sostuvo que “no hay ninguna complicidad”, y reiteró que las definiciones económicas corresponden a equipos cerrados donde solo participan unos pocos funcionarios antes de su anuncio público. Subrayó que “nadie sabía de la medida, se tomó el domingo”. Insistió en que el equipo que lidera Caputo no utiliza prácticas de filtraciones o negociaciones fuera de agenda. Como ejemplo de su política mencionó el caso del cepo, cuando el Gobierno tomó decisiones relevantes bajo la misma lógica de confidencialidad.
El martes y el miércoles, las principales seis empresas cerealeras registraron casi el 90% de las toneladas solicitadas para exportación en las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE). En ese corto período, la totalidad del cupo de 7.000 millones de dólares se agotó. Ese desenlace dejó fuera a una amplia cantidad de productores, tanto pequeños como medianos, que no lograron aprovechar el esquema excepcional de retenciones cero. Las críticas desde el agro no se hicieron esperar, y dirigentes de diferentes entidades reclamaron explicaciones sobre la metodología y la equidad de la asignación.
Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, manifestó su preocupación por el escenario. En distintas declaraciones cuestionó que los beneficios de la medida no alcanzaron a todos los actores del sector y puso en duda la forma en que la exportación presentó tantas declaraciones en un lapso tan acotado. Dijo: “Queremos ver si el productor realmente pudo aprovechar este beneficio. ¿Cómo puede ser que la exportación haya emitido en tan poco tiempo tantas declaraciones juradas para cubrir semejante cantidad de dinero?”. Pino también expresó que muchos quedaron excluidos del sistema y el ánimo favorable entre los productores solo duró unos días. Expresó la sorpresa del gremio por la velocidad con la que el sistema alcanzó el tope, dejando la situación igual que antes del decreto.
En la misma línea, Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria, consideró que “al productor pequeño y mediano no lo benefició, y ni siquiera cerca le pasó de la tranquera”. Sarnari subrayó que la última cosecha estuvo fuera de disponibilidad al momento de la medida, y que el grueso de los beneficiados provino de los grandes operadores con mayor capacidad y acceso inmediato a los documentos y las bolsas de cereal.
Carlos Castagnani de Confederaciones Rurales Argentinas también opinó que la mayoría de los productores quedó al margen y que la metodología de cupos no contempló vías de acceso directo a la rebaja de retenciones.
El tema continuó con repercusiones y defensas desde la administración pública. Juan Pazo insistió en que el procedimiento obliga a las cerealeras a acudir al mercado para comprar los granos prometidos, permitiendo así que los productores participen en defensa de precios y condiciones. En sus intervenciones, reiteró que lo diferente respecto a experiencias anteriores -como las ventanillas de dólar soja 1, 2 y 3- radicó en que no hubo alertas previas ni arreglos informales previos con sectores corporativos. Señaló que la transparencia en la asignación y la igualdad de oportunidades para acceder a los beneficios continúan como premisas del equipo económico.
Desde el Ministerio de Economía resaltaron que el Gobierno mantuvo la eliminación de retenciones para exportaciones de carne aviar y bovina, una modalidad que, según sostienen los funcionarios, puede alcanzar a mayor cantidad de productores que el segmento de cereales beneficiado inicialmente por el decreto.
El debate por la metodología de cupos y la capacidad de los principales operadores para acceder a los beneficios fiscales sigue en el centro de la discusión. El reparto de los resultados, la rapidez de las transacciones y la posibilidad de participación real de pequeños y medianos productores son ahora eje de reclamos dentro del sector agrícola. Mientras tanto, exportadores y representantes de entidades gremiales aguardan nuevas definiciones y la evolución de los contratos de compra correspondientes a los próximos meses.
ECONOMIA
Prestige Auto confirmó una inversión de UDS 100 millones para producir una nueva versión del furgón más vendido en Argentina

Pocos meses después de tomar el control total y definitivo de la operación comercial y industrial de Mercedes-Benz Argentina, Prestige Auto anunció el comienzo de la producción en su planta de Virrey del Pino, provincia de Buenos Aires, de una nueva y esperada versión de su vehículo de fabricación nacional, el furgón Mercedes Benz Sprinter equipado con transmisión automática.
El modelo iniciará la producción en serie en febrero de 2026 y se comercializará tanto en el mercado local como en países de la región en simultáneo con las actuales versiones de caja de cambios de comando manual.
Aunque es una noticia de relevancia para el sector del transporte liviano de cargas y pasajeros, la llegada de Sprinter automática era un secreto a voces del que ya se estaba hablando en el sector, y así lo reflejó Infobae en febrero pasado, cuando se oficializó el cambio de titularidad de la representación de Mercedes Benz en Argentina.

Este sistema de transmisión automática para los furgones Sprinter fue desarrollado con tecnología alemana y se incorporará como una nueva opción de movilidad para el mercado nacional y regional. El proyecto fue validado en conjunto con técnicos de Mercedes Benz AG, quienes participaron activamente en las pruebas y del proceso de evaluación y puesta en marcha. La nueva versión fue presentada este martes a los directivos de la casa matriz que viajaron desde Alemania y Estados Unidos, en el marco del balance de los primeros cuatro meses de gestión de Prestige Auto.
La delegación de Mercedes Benz estuvo representada por un equipo de ingenieros especialistas en la gestión de proyectos internacionales y coordinación global con las distribuidoras de la marca. Además de participar del anuncio, los ejecutivos alemanes recorrieron la planta. Durante la jornada, las autoridades de la empresa argentina confirmaron el aumento de producción para 2026, proyectado en 20.000 unidades.
Esta noticia es un hito para el desarrollo de nuevas soluciones de movilidad en el mercado local, ya que incorpora una tecnología innovadora para el segmento de las van que lideran las ventas en el mercado local. Sprinter registra un volumen de 3.104 unidades patentadas en los primeros 8 meses del año, lo que representa un crecimiento del 8,4% en relación al mismo período del año 2024.

Este avance se enmarca en una etapa de expansión comercial: Prestige Auto anunció que ya cuenta con órdenes de compra confirmadas para exportar 11.000 unidades a mercados regionales en 2026, fortaleciendo el rol del Centro Industrial Juan Manuel Fangio como plataforma de producción y distribución para toda Latinoamérica.
“La llegada de este primer prototipo con caja automática es un paso clave en nuestra estrategia productiva y comercial, que forma parte de lo que dijimos el primer día: fortalecer el proyecto industrial con productos y servicios de excelencia para nuestros clientes”, afirmó Daniel Herrero, presidente y CEO de Prestige Auto.
Herrero también dijo que “recibir a los directivos de la casa matriz de Mercedes Benz en nuestra planta reafirma el trabajo conjunto y la confianza en el talento argentino”.

La nueva versión de la Sprinter con transmisión automática busca ofrecer mayor confort de marcha y conducción, pero a la vez aportar una mejora en la eficiencia y versatilidad del producto, acordes a una necesidad del mercado y los clientes, con el foco especialmente puesto en pymes y grandes empresas que buscan soluciones de transporte, modernas y confiables.
El desarrollo de este nuevo producto es parte de la inversión de USD 100 millones que realizó Prestige Auto para poner en marcha su gestión como representante exclusivo de Mercedes-Benz en Argentina. Ese capital también tuvo como premisas modernizar los procesos productivos de la planta de Virrey del Pino, expandir el Training Center de Malvinas Argentinas, e incrementar la oferta de vehículos importados que la marca comercializa en Argentina.
ECONOMIA
Este ranking de precios revela cuál es el supermercado más barato y el más caro de Argentina

En la Argentina comparar precios nunca fue ni será una opción. Aun cuando la inflación comenzó a desacelerarse, el bolsillo sigue obligado a ejercitar una gimnasia diaria: mirar etiquetas, recorrer góndolas —físicas y virtuales—, aprovechar promociones y, sobre todo, comparar.
Lo que muestra un relevamiento de 13 productos de consumo masivo en cinco grandes cadenas de supermercados que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) realizado por iProfesional es que, si bien las diferencias se achicaron, todavía hay dispersiones que pueden convertirse en un ahorro significativo para quienes se toman el trabajo de buscar.
El recorrido abarcó a Carrefour, Coto, Jumbo, Vea y Día, cinco nombres que se reparten buena parte de las compras en el AMBA. Cada uno con su historia, su origen y su público objetivo.
- Carrefour, de origen francés, combina hipermercados y locales express. Apunta a un público amplio: familias de clase media que buscan variedad de marcas líderes y también alternativas de su propia línea, Carrefour.
- Coto, empresa argentina con fuerte implantación en Capital y el conurbano, se dirige al mismo segmento, con una clientela fiel acostumbrada a las ofertas semanales y al «Coto, yo te conozco» que aún resuena en el imaginario.
- Jumbo, propiedad del grupo chileno Cencosud, es la apuesta «premium»: locales más grandes, mejor ambientados y con una oferta que incluye productos importados o de alta gama. Su target son los sectores medios y altos que valoran calidad, incluso pagando un plus.
- Vea, también parte de Cencosud, juega en otra cancha: supermercados más populares, precios competitivos y una marca blanca, Cuisine & Co., que se convirtió en alternativa real frente a las líderes.
- Día, de origen español, tiene un anclaje fuerte en barrios populares, con locales más chicos, precios bajos y su marca propia como estandarte. Allí conviven las grandes marcas con segundas líneas que muchas veces cuestan la mitad.
Este mosaico de identidades explica buena parte de lo que aparece cuando se comparan los precios: un mismo paquete de arroz o un mismo pan lactal puede costar lo mismo en todos lados o, según el caso, hasta un 15% más.
Precios al detalle: de la yerba al detergente
Los valores corresponden a precios finales regulares, sin descuentos ni promociones, relevados en las páginas oficiales de cada cadena.
- Arroz Gallo Oro 1 kg: $2.500 en Jumbo, Carrefour y Vea; $2.550 en Coto; $2.570 en Día.
- Aceite Cañuelas 900 ml: $3.150 en Jumbo; $3.000 en Vea; $2.850 en Coto, Carrefour y Día.
- Yerba Mañanita 1 kg: $5.200 en Jumbo y Vea; $4.690 en Coto; $4.239 en Carrefour; $4.542 en Día.
- Café Nescafé Dolca 170 g: $11.225 en Jumbo; $11.225 en Vea; $10.610 en Coto; $10.240 en Carrefour; $9.554 en Día. Aquí, la brecha supera los $1.600.
- Pan Bimbo 610 g: $6.800 en Jumbo; $6.450 en Vea; $6.434 en Coto; $6.430 en Carrefour y Día.
- Detergente Cif 500 ml: $3.450 en Jumbo; $3.300 en Vea; $3.255 en Carrefour; $3.253 en Coto; $2.774 en Día.
Si se suman los trece artículos de la canasta, la diferencia total entre el supermercado más caro y el más barato puede superar los $5.000, suficiente para una compra extra de carne o verduras en la semana.
Cuando el precio es el mismo… pero no del todo
Hay productos donde las cinco cadenas coinciden: los fideos Matarazzo Tallarín N°5, por ejemplo, figuran a $1.750 en todas. Lo mismo la Coca-Cola de 1,75 litros sabor original, que se mantiene en $3.800 sin importar el supermercado.
Pero incluso en esos casos hay letra chica. Jumbo, que suele ubicarse en el segmento alto, ofrece la segunda Coca-Cola al 50%. Así, comprando dos, el precio por unidad baja a $2.850, más barato que en Día, Carrefour, Vea o Coto. Un recordatorio de que mirar promociones puede cambiar el resultado final de la compra.
El impacto de la inflación más baja
El fenómeno de la dispersión de precios fue más notorio cuando la inflación corría al 10% mensual: cada cadena remarcaba con distinta velocidad y la diferencia podía ser del 30% o más. Hoy, con la inflación más baja, esas brechas se achicaron.
Esto no significa que desaparecieron. El mercado minorista argentino es libre, y cada cadena define su política de precios según su estructura de costos, acuerdos con proveedores, posicionamiento y público. Para el consumidor atento, eso es a la vez un desafío y una oportunidad: implica dedicar tiempo a comparar, pero también la posibilidad concreta de ahorrar.
Otro dato del recorrido es el contraste entre las marcas líderes y las marcas propias. Día y Vea, por ejemplo, ofrecen paquetes de arroz o botellas de aceite con su etiqueta propia a precios sensiblemente menores que los de Gallo o Cañuelas. Y aunque no estaban en este relevamiento —centrado en productos idénticos—, conviene tenerlo presente: en algunos casos la brecha supera el 40 por ciento.
En el otro extremo, Jumbo empuja en sentido inverso: a la góndola de marcas tradicionales suma opciones prémium, importadas o gourmet, que elevan aún más el ticket final.
Lo que queda claro
El ejercicio de comparar demuestra que, aun en un escenario de menor inflación, los precios no son homogéneos. Hay diferencias mínimas en algunos rubros y diferencias notables en otros. Para una familia que compra con atención, esa búsqueda puede traducirse en varios miles de pesos menos cada mes.
Mismos productos, distintos precios
La conclusión es clara: conviene comparar antes de comprar. Y si además se aprovechan las promociones, el ahorro se multiplica.
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ECONOMIA
Apelación en EEUU por YPF: cuáles fueron los argumentos que presentó Argentina para no perder el 51% de acciones de la petrolera

La República Argentina presentó anoche, en la Corte de Apelaciones del Distrito Sur de Nueva York, sus fundamentos de apelación contra la orden de entrega de las acciones de YPF.
La medida se da luego del fallo de primera instancia de 2023 de la jueza Loretta Preska que obligó al estado local a pagar USD 16.000 millones -cifra que escaló a más de USD 18.000 millones por los intereses que corren desde entonces– a Burford Capital, el estudio ingles que compró los derechos de litigio en esta causa y es el principal beneficiario.
El Estado local apeló ese fallo “madre” del que comenzará a haber presentaciones de las partes el mes que viene. Mientras tanto, y por que el sistema judicial así lo permite, Burford intenta cobrar accionando en el estrado de Preska. Así, entre otras medidas, pidió quedarse con las acciones que tiene el Estado (51%) en la empresa. Esa solicitud tuvo una serie de apelaciones y fallos, y Argentina presentó hoy los argumentos para no perder esa tenencia.

Son argumentos que Argentina ya había manifestado y que la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), el cuerpo de abogados del Estado que encabeza Santiago Castro Videla y que lleva la defensa del caso, junto a estudios de EEUU, resumió de esta manera:
- “Violación de la inmunidad soberana: la práctica y el derecho estadounidense reconocen que la propiedad de un Estado en el extranjero está absolutamente protegida frente a embargos o ejecuciones. El Congreso norteamericano, al sancionar la Ley de Inmunidades Soberanas (FSIA) en 1976, estableció excepciones a dicha inmunidad solamente para bienes situados en EEUU, nunca para bienes fuera de su territorio”.
- “Interpretación errónea del derecho de Nueva York: se aplicó indebidamente la norma de ‘turnover’, que jamás fue diseñada para obligar a un Estado soberano a transferir activos desde su propio territorio».
- Inaplicabilidad de la Ley de Inmunidades Soberanas (“FSIA”) al caso: las acciones de YPF no están ‘en los Estados Unidos’, nunca fueron ‘utilizadas en una actividad comercial en EEUU’ ni ‘en la actividad comercial que dio origen al reclamo’, requisitos exigidos por la FSIA.
- “Violación del derecho argentino e internacional: la orden judicial fuerza a Argentina a desconocer su propia legislación, que desde 2012 exige la aprobación del Congreso por mayoría especial para cualquier transferencia de esas acciones. Además, contradice el principio de cortesía internacional (’comity’) y la doctrina del acto de Estado (’act-of-state doctrine’), pilares de las relaciones entre naciones”.
En resumen, entregar las acciones violaría la inmunidad soberana argentina e imposibilidad de aplicación porque las acciones no están en EEUU ni fueron usadas con fines comerciales. El escrito lo presentaron Carmine D. Boccuzzi y Rathna J. Ramamurthi, del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.
“El Gobierno de los Estados Unidos, en sus dos presentaciones previas en apoyo de la posición argentina, ya advirtió que la orden de entrega “no tiene precedentes” y que, de confirmarse, pondría en riesgo los intereses norteamericanos en el exterior al abrir la puerta a represalias contra activos de EE.UU. en otros países», dijo la PTN.
“La República Argentina confía en que la Corte de Apelaciones revertirá esta decisión y reafirmará el respeto a la soberanía de los Estados y a las normas fundamentales del derecho internacional”, cerró el organismo local.
La causa sigue con un movimiento de fechas que pidieron en conjunto Argentina y Burford, que deberá aprobar Preska.
Las próximas fechas según el “expedite briefing” solicitado por la República Argentina: el 14 de noviembre vence el plazo para la presentación de argumentos escritos de los demandantes; y el 12 de diciembre es el vencimiento de plazo para argumentos de réplica de Argentina y solicitud de fijar la audiencia de resolución ”lo antes posible».
Claro, esas fechas se cruzan con el comienzo de la cuestión de fondo, el fallo condenatorio de primera instancia, que decidirá si la decisión de Preska es correcta o no (Burford también apeló que en 2023 YPF se haya quedado afuera de la causa). Esa instancia comenzará a ser tratada por la corte de Apelaciones –aún no se sabe con qué jueces– el mes que viene, la semana posterior a las elecciones legislativas. Se espera que si hay un fallo en ese sentido, la resolución de la entrega de las acciones quede supeditada a él.
Se trata de una maraña judicial de fallos, apelaciones y presentaciones cruzadas que lleva una década, pero parece estar cada vez más cerca de una resolución. Como sea, Argentina ya avisó que no negociará con Burford y agotará todas las instancias de apelación, incluso hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de EEUU.
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