Tras conocerse el dato de inflación de enero de 2026, el equipo económico mantuvo una reunión con la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que llegó al país la semana pasada para revisar el cumplimiento de las metas del acuerdo por 20.000 millones de dólares. Además del cumplimiento del objetivo fiscal en 2026, el foco de los enviados está puesto en la meta de acumulación de reservas internacionales netas por parte del BCRA.

Desde el Palacio de Hacienda destacaron que el encuentro con los técnicos del organismo internacional fue positivo y que se extendió durante buena parte de la jornada. Poco antes de las 18, la delegación del FMI, encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi, se retiró del Ministerio de Economía sin hacer comentarios.

La visita representa un desafío para el Gobierno argentino, que necesita obtener un nuevo “waiver” (perdón) y renegociar la meta de reservas para acceder a un desembolso de USD 1.000 millones, monto que en el mercado ya consideran prácticamente asegurado.

El jueves pasado, voceros oficiales del Fondo Monetario Internacional informaron que Cubeddu y Joshi estaban en Buenos Aires para mantener reuniones sobre la segunda revisión del programa bajo el Servicio Ampliado del Fondo, así como para abordar la consulta del Artículo IV correspondiente a Argentina.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) tenía el compromiso de cerrar el cuarto trimestre de 2025 con reservas netas positivas por 2.400 millones de dólares. Tras la primera revisión, ese objetivo pasó a ubicarse en USD 2.600 millones negativos. El equipo económico no alcanzó la nueva meta, en parte por la política cambiaria que priorizó contener el precio y por las ventas realizadas durante la inestabilidad previa a las elecciones legislativas del año pasado.

Después de afrontar el pago de USD 4.200 millones a bonistas a comienzos del año, el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, tuvo que enfrentar un nuevo desafío en los primeros días de febrero: el vencimiento de más de USD 800 millones con el Fondo. Según explicó el propio ministro, el Gobierno adquirió Derechos Especiales de Giro (DEGs) a Estados Unidos y utilizó esa moneda para cancelar los compromisos.

Caputo recurrió a sus redes sociales para explicar el mecanismo empleado por la administración libertaria en el pago de intereses al organismo multilateral. “Si se pagaran en dólares, le transferiríamos directamente los dólares al Fondo, pero como se pagan en DEGs, hay que comprarlos. Se los compramos a Estados Unidos porque son vendedores de DEGs. Una operación común, que se hace a precio de mercado”, señaló.

Los DEGs constituyen un activo internacional emitido por el Fondo Monetario Internacional bajo la dirección de Kristalina Georgieva. Funcionan como reserva de valor y unidad de cuenta entre los países miembros, su cotización se determina a partir de una canasta de monedas principales y pueden emplearse para incrementar las reservas internacionales de los Estados.

Este pago se reflejó en una caída de las reservas internacionales del BCRA. Pese a haber incumplido con la meta fijada por el fondo, la autoridad monetaria activó un plan de compra de divisas a comienzos de 2026 que le permitió adquirir, hasta el momento, 1.692 millones de dólares. No obstante, esas adquisiciones no se tradujeron en un incremento lineal de las tenencias del Central en moneda extranjera, ya que en el medio tuvo que enfrentar vencimientos con organismos internacionales.

Este martes, la entidad conducida por Santiago Bausili absorbió USD 42 millones por su participación cambiaria, el 8,3% de la oferta, que superó los 500 millones en el día. En tanto, las reservas internacionales brutas restaron USD 91 millones, a USD 45.232 millones, afectadas por la caída del precio del oro (-0,6%, a USD 5.049,60 la onza).

Las proyecciones oficiales para 2026 sitúan las compras netas de divisas entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, en función del avance de la remonetización. Bausili, señaló que la consolidación de reservas dependerá tanto de la demanda de pesos como del flujo de dólares. La autoridad monetaria ya superó el 14% del objetivo anual.

El INDEC dio a conocer este martes el dato de inflación de enero y una variación llamó la atención, más allá de la aceleración del IPC general al 2,9%. Es que el rubro «Prendas de vestir y calzado» presentó una variación negativa.

Luego de los dichos de Luis Caputo, quien se quejó de los precios locales de la ropa y dijo que compraba en el exterior, en enero los precios de la indumentaria cayeron -0.5%. Incluso, al analizar por regiones, se observa que en el GBA la caída de precios fue -1,5%.

Al desagregar el rubro, se destaca que las «prendas de vestir y materiales» cayeron 2,5% en enero, mientras que el rubro calzado subió 1,8%, igualmente por debajo del IPC.

En tanto, en la comparación interanual, la suba del rubro fue del 15,6%, la mitad del nivel general. Lo que marca que, más allá de que los precios son más elevados en el país que en el exterior, en el último tiempo subieron por debajo de la inflación.

Según informó INDEC, la división con mayor alza mensual en enero fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,7%), escoltada por Restaurantes y hoteles (4,1%). Por su parte, comunicación aumentó 3,6% y «vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles» treparon 3%, también por encima del nivel general.

Por el contrario, el rubro «Prendas de vestir y calzado» presentó variación negativa: los precios bajaron 0,5%, en medio del debate por la importación de prendas textiles.

Además, detalló que en enero de 2026, Noreste fue la región de mayor suba mensual (3,8%).

Las críticas de Luis Caputo al sector textil por los precios de la ropa

El ministro de Economía, Luis Caputo, criticó al sector textil días atrás y lo graficó con una frase que generó polémica: «Nunca compré ropa en la Argentina porque es un robo». Luego, en otro mensaje, celebró que algunos empresarios reconozcan públicamente que los precios de la indumentaria en la Argentina son elevados, en el marco del debate por la apertura de importaciones y la competitividad de la industria local.

Las declaraciones del funcionario se produjeron luego de que afirmara que nunca compró ropa en el país y mientras representantes del sector advierten por el impacto de los costos internos y la competencia con productos importados.

A través de su cuenta en la red social X, Caputo sostuvo: «Esto en privado te lo reconocen todos los empresarios textiles. Excelente que algunos ya se animen a hacerlo también públicamente». El comentario fue una respuesta a declaraciones recientes del presidente de la Confederación General Empresaria (CGERA), Marcelo Fernández.

Fernández había señalado que los precios de la indumentaria aumentaron un 11% desde 2023 y reconoció que el sector estaba caro. «Hicimos una mea culpa como empresariado nacional de que estábamos caros«, expresó en diálogo con TN.

Según explicó, los proveedores de materias primas aplicaban fuertes remarcaciones, en parte debido a las medidas de protección a las importaciones vigentes durante el gobierno anterior. Esa falta de competencia externa, afirmó, permitió que se consolidara un mercado con precios elevados.

Caputo ya había cuestionado previamente al sector textil al calificarlo como uno de los más protegidos de la economía. «Se ha protegido durante muchísimos años con el argumento de que hay 150.000 familias que trabajan en esto, pero hay 47 millones de argentinos que han tenido que pagar textiles y calzado dos, tres, cuatro o hasta diez veces lo que valen en el mundo«, afirmó.

En declaraciones radiales, el ministro calificó al proteccionismo como «una medida zonza» que perjudica a los sectores de menores ingresos y sostuvo que quienes tenían la posibilidad de viajar compraban ropa en el exterior debido a los precios locales.

Consumo, competencia y diseño

Caputo planteó que una mayor competencia permitiría liberar recursos para otros consumos. «Si pagás cinco dólares una remera en vez de 50, tenés 45 dólares para gastar en otra cosa», señaló, y agregó que esos recursos podrían destinarse a otras actividades económicas.

También consideró que la Argentina debería competir a nivel internacional a través del diseño y sostuvo que el país tiene condiciones para desarrollarse en el sector de los hilados, al contar con algodón y energía.

Las declaraciones del ministro generaron malestar entre los empresarios del rubro. Desde la Fundación Pro Tejer señalaron que los impuestos representan alrededor del 50% del precio final de una remera. A ese porcentaje se suma un 30% correspondiente a alquileres comerciales y costos financieros, un 12% destinado a logística, marketing y rentabilidad, y solo un 8% vinculado directamente a la industria.

El presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), Claudio Drescher, expresó «desilusión y tristeza» por los dichos del ministro y cuestionó el tono utilizado. Consideró inapropiado que un funcionario de alto rango afirme con sarcasmo que no compra ropa en el país.

Drescher sostuvo que el problema de los precios elevados no se limita al sector textil y enumeró otros productos que, según indicó, son más caros en la Argentina que en otros mercados, como automóviles, alimentos y neumáticos.

El empresario también criticó la comparación con países asiáticos y afirmó que no se tuvo en cuenta la carga impositiva local. «Se quiere comparar a Bangladesh con la Argentina y se omiten todos los impuestos que en dos años no han logrado desarmar», señaló, al tiempo que cuestionó la falta de reformas estructurales en materia fiscal.

En la recta final de las negociaciones para lograr la aprobación de la reforma laboral en el Senado, el Gobierno decidió dar marcha atrás con uno de los puntos más sensibles del proyecto. Se trata del artículo 190 del dictamen, que proponía una reducción del Impuesto a las Ganancias para grandes empresas, al bajar la alícuota del 30% al 27%. La medida formaba parte del capítulo fiscal de la iniciativa y fue retirada tras el rechazo explícito de gobernadores y sectores de la oposición, que advirtieron sobre el impacto negativo en la recaudación provincial.

La eliminación de ese artículo fue presentada como una concesión política para destrabar el tratamiento del proyecto. Mientras las provincias celebraron la decisión por el alivio fiscal que implica, el sector empresario quedó sin uno de los beneficios que venía reclamando desde hace años. El resultado dejó en evidencia las tensiones entre la necesidad de construir mayorías legislativas y el objetivo oficial de reducir la carga tributaria sobre el sector privado.

El artículo 190 establecía una reducción de tres puntos porcentuales en la alícuota del Impuesto a las Ganancias que pagan las grandes empresas. La iniciativa apuntaba a equiparar la carga tributaria local con la de otros países de la región y, según el argumento oficial, a mejorar la competitividad y estimular la inversión privada.

Sin embargo, el punto generó una rápida reacción de los gobernadores, ya que el impuesto a las Ganancias es uno de los tributos coparticipables. Esto implica que una baja en la recaudación impacta directamente en los ingresos que reciben las provincias.

Desde la Casa Rosada argumentan que la rebaja de Ganancias tendría un costo fiscal del 0,65% del PBI, que recaería en un 0,5% para Nación y 0,15% en las provincias. Pero advierten que esta caída se vería compensada por el aumento de la actividad y por los 400 mil trabajadores que serían formalizados. Pese a esto, desde varias jurisdicciones plantearon que la reducción no contaba con una compensación clara y que afectaba recursos clave para financiar gastos corrientes.

La resistencia no se limitó a un signo político en particular. Mandatarios de distintos espacios coincidieron en rechazar el capítulo fiscal, aun cuando estaban dispuestos a acompañar otros aspectos de la reforma laboral. Esa posición se trasladó a senadores y diputados, que advirtieron que el artículo no contaba con los votos necesarios para ser aprobado.

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