ECONOMIA
Estados Unidos postergó la publicación de los datos de empleo debido a la parálisis presupuestaria

Estados Unidos suspendió este viernes la publicación de un informe clave sobre el empleo, a raíz de la parálisis presupuestaria que afecta al gobierno desde el miércoles.
El portal del servicio de estadísticas del Departamento de Trabajo de Estados Unidos donde debía aparecer el informe no fue actualizado a las 08:30 locales (12:30 GMT). Un mensaje explica que esto se debe a “la suspensión de los servicios del gobierno federal”.
El reporte mensual del Buró de Estadísticas Laborales es clave para conocer la marcha de la economía estadounidense y tiene un importante peso en las decisiones de la Reserva Federal en materia de política monetaria.
El Gobierno Federal permanece cerrado desde el 1 de octubre debido a la falta de acuerdo en el Senado para aprobar un presupuesto que mantenga abierta la Administración. Demócratas y republicanos permanecen divididos a cuenta del gasto en sanidad para poder elaborar un nuevo presupuesto que levante el cierre Federal.
A su vez, el Gobierno del presidente Donald Trump ha amenazado con ampliar los despidos de funcionarios públicos aprovechando el cierre si los demócratas no conceden los siete votos que necesita la propuesta republicana para prosperar en la Cámara Alta.
El 1 de octubre de 2025, el Gobierno federal de Estados Unidos inició la suspensión de servicios en distintas agencias y programas debido a la falta de acuerdo político para aprobar el presupuesto que garantizara el funcionamiento del Estado durante el nuevo año fiscal, según documentación oficial de la Oficina de Personal de Administración (OPM) y reportes de USA TODAY. Más de 1,6 millones de empleados públicos se ven directamente involucrados bajo distintas modalidades: trabajadores enviados a licencia sin sueldo y personal considerado esencial que cumple funciones sin remuneración inmediata.
La paralización, también denominada “shutdown”, obliga a suspender la mayoría de los servicios y pagos de actividades no esenciales, mientras sectores críticos como control aéreo, correo y seguridad prosiguen bajo protocolos de contingencia y sin nuevas asignaciones presupuestarias, de acuerdo con las directrices de la OPM y la información suministrada por la Federal Aviation Administration (FAA) y USPS. Las entidades afectadas y el tiempo que durará la interrupción dependen de la resolución legislativa en el Congreso de Estados Unidos, mientras se mantienen normativas extraordinarias regidas por la Government Employee Fair Treatment Act of 2019.
De acuerdo con la OPM y datos oficiales citados por TIME, aproximadamente 900.000 empleados fueron enviados a casa sin goce de sueldo, mientras 700.000 más permanecen en funciones consideradas críticas, sin recibir salario de inmediato. La Government Employee Fair Treatment Act of 2019 obliga a reintegrar retroactivamente el salario a todos los afectados, aunque el pago no se realiza hasta que se reanude el financiamiento.
Según GovExec, “ambos grupos, los exceptuados y los cesados, verán sus sueldos compensados cuando se restaure la financiación federal” e indica que la cobertura médica y aportes de jubilación siguen en vigencia, aunque los descuentos se aplicarán después.
El Smithsonian Institution informó que utilizará fondos propios remanentes para mantener abiertos sus museos y el Zoológico Nacional de Washington, D.C. al menos hasta el 6 de octubre. Explicaron públicamente: “Continuaremos abiertos hasta agotar los recursos institucionales disponibles”. Si el shutdown se prolonga, la operación se reducirá o suspenderá, según las actualizaciones anunciadas en la página oficial del ente. Parques nacionales permanecen habitualmente accesibles, pero sin guardaparques ni asistencias, limitando la experiencia y la seguridad, según la NPS.

El USPS confirmó en un comunicado que sus servicios operan normalmente durante un shutdown. “Somos una entidad independiente que se financia principalmente mediante la venta de productos y servicios”, señaló USPS en una declaración oficial (“Postal Service not affected by a government shutdown”). Las entregas de correo y el funcionamiento de las sucursales no experimentan modificaciones bajo este escenario.
La FAA y Airlines for America (A4A) advirtieron que los controladores aéreos y el personal de la TSA laboran sin pago inmediato, lo que puede traducirse en retrasos, menor eficiencia y reducción de operativos si el shutdown se extiende por más días. De acuerdo con Reuters, la paralización afecta la capacitación de nuevos controles y detiene programas de modernización de infraestructuras.
“La seguridad se mantiene, pero pueden incrementarse las demoras y las interrupciones en horarios”, declaró A4A en un comunicado institucional, solicitando una pronta resolución legislativa para evitar afectaciones continuadas en terminales.
El shutdown suspende datos oficiales y reportes económicos nacionales, como los informes de empleo y desempleo, herramienta clave para entes como la Reserva Federal. Programas sociales como el WIC dependen de remanentes y su viabilidad más allá de los primeros días se encuentra en revisión, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
Los organismos federales instan a la población y a los empleados a consultar actualizaciones en portales oficiales y canales institucionales. Los procesos administrativos, como solicitud de visas y emisión de pasaportes, experimentan retrasos y cancelaciones, según la información publicada por la OPM y USA TODAY.
La reactivación plena del gobierno federal está supeditada a la resolución parlamentaria. Las asociaciones de trabajadores y portavoces institucionales solicitan respuestas rápidas para restablecer los servicios y funciones regulares, mientras continúan los comunicados de contingencia.
North America,Washington
ECONOMIA
Guerra en Irán dispara precio del gas cuando Argentina define importación para enfrentar el invierno

La volatilidad extrema regresó a los mercados energéticos globales y puso a la Argentina frente a un escenario de máxima tensión. El conflicto armado en Medio Oriente no solo disparó señales de alerta sobre los precios del crudo que en el caso del Brent se acerca peligrosamente a la barra de los u$s100 por barril, sino que se extiende al comercio global del Gas Natural Licuado (GNL), del cual el país es aún comprador estacional.
En este contexto, el país se prepara para cubrir el pico de demanda invernal bajo una modalidad inédita en dos décadas a partir del traspaso del control de las importaciones de GNL hacia manos privadas, mediante una licitación pública internacional en marcha. Este giro en la política energética local ocurre en un momento de fragilidad logística internacional.
El cierre virtual del Estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del gas y petróleo mundial, paralizó el despacho en Qatar, uno de los mayores exportadores del planeta. Como resultado, el indicador TTF de Europa -referencia clave para las compras argentinas- registró un salto del 70% desde el 24 de febrero al 6 de marzo, lo que obliga a recalcular los costos de un suministro que el país necesita asegurar en cuestión de semanas.
El proceso de desregulación, oficializado mediante el Decreto 49/2026, estableció que un «agregador-comercializador» privado reemplace el rol histórico que cumplía la estatal Enarsa en la compra de cargamentos. Esta nueva figura debe gestionar la logística y el financiamiento de los buques regasificadores, asumiendo riesgos de mercado que hasta el año pasado recaían exclusivamente en el Tesoro Nacional.
GNL de importación para la Argentina
Juan Bosch, presidente de SAESA, advierte sobre la particularidad de esta crisis en comparación con el mercado del petróleo. Según el directivo, «aunque el estrecho de Ormuz ve pasar a diario un quinto del petróleo mundial, hay más fuentes y rutas para el petróleo que para el GNL, lo que hace que el impacto en el gas sea más pronunciado», con lo cual es mucho más sensible al bloqueo de arterias marítimas estratégicas.
Para la Argentina, a pesar del estremecimiento global, el mercado local se encuentra en una posición ventajosa al pasar de ser deficitaria a superavitaria en energía, principalmente por las exportaciones de petróleo, lo que significa mayores ingresos al subir el precio del crudo. Además, se posiciona para convertirse en pocos años como un proveedor de GNL confiable y alejado de las zonas de conflicto y rutas afectadas.
«Un impacto negativo es que Argentina, a pesar de ser superavitaria en energía y gas natural en general, sigue siendo importadora de GNL durante los picos de consumo en invierno (junio-julio). Los precios de importación son muy elevados, y este será el primer invierno en que la gestión de importación y comercialización de GNL estará en manos de una empresa privada», resalto Bosch.
Es que la tensión global se dio en momentos en que «la administración de las importaciones de gas ya no estará a cargo de la empresa estatal ENARSA, sino de una empresa privada a través de una licitación. Aunque es pronto para evaluar, se espera que una gestión privada sea más diligente y eficiente, lo que podría generar eficiencias en la asignación de costos y el análisis de riesgos, aunque el éxito dependerá también de factores como la severidad del invierno», advirtió.
La invasión rusa de Ucrania en 2022 disparó los precios del gas, afectando severamente a Europa. En ese momento, Argentina se vio obligada a comprar GNL a precios altísimos que llegaron hasta 22 USD/MBTU, comparado con los 2-3 USD/MBTU actuales al no haber anticipado las compras. Sin embargo, la guerra también favoreció comercialmente a Argentina al disparar los precios de los productos agrícolas.
Un cambio de paradigma en la gestión
El principal desafío para el futuro operador privado reside en un complejo desfasaje temporal de precios. El esquema diseñado por el Gobierno y la complejidad misma del mercado obliga al comercializador a cerrar los principales contratos de compra con los comercializadores internacionales durante los meses de marzo y abril, cuando no es posible anticipar si la volatilidad por el conflicto en Irán podrá bajar o seguirá en alza.
Sin embargo, ese recurso se venderá a las distribuidoras locales recién dos o tres meses después, durante el pico de consumo invernal, lo que puede generar una renta extraordinaria en caso de que el combustible mantena esta volatilidad alcista o generar un bache financiero que requiere de una espalda de capital considerable, explicaron voceros del sector.
Este escenario expone al adjudicatario a un riesgo cambiario y de mercado que podría volverse inmanejable. Mientras el precio de adquisición queda cristalizado en el momento de la contratación internacional, el precio de venta final en el mercado interno debe responder a una estructura de tarifas que no siempre se ajusta con la misma celeridad. Sin mecanismos de cobertura claros, el operador privado corre el riesgo de sufrir un estrangulamiento de caja, advierten los analistas.
La ingeniería financiera se vuelve aún más compleja al observar el mecanismo de selección de la licitación. Al basarse en la oferta de la menor tarifa en USD/MMBTU, el modelo busca eficiencia, pero deja un margen de error casi inexistente, poniendo en duda la sustentabilidad de toda la operatoria para este primer invierno sin Enarsa.
Para mitigar estos riesgos, la Secretaría de Energía introdujo una «cláusula de seguridad» que le permite al Estado adquirir volúmenes adicionales ante cualquier amenaza al suministro. Esta reserva es una admisión implícita de que la capacidad de respuesta del sector privado podría verse desbordada por factores exógenos. Si el agregador no logra utilizar plenamente la capacidad de regasificación de las terminales de Escobar o Bahía Blanca, o si las ventanas de arribo de los buques se ven alteradas por la logística global, será el Estado quien deba volver a intervenir de emergencia.
El costo de importación en invierno
Para entender la magnitud del mercado que el Gobierno decidió delegar, basta observar el desempeño de la balanza energética en los últimos dos años. Durante 2024 de acuerdo a las cifras públicas de Enarsa, la Argentina importó un total de 30 cargamentos de GNL por un monto aproximado de u$s672 millones. En aquel invierno, el precio promedio por cada millón de BTU (MMBTU) se ubicó en torno a los u$s10,7, una cifra que permitió un ahorro significativo respecto de los picos históricos de la pospandemia.
Sin embargo, el escenario de 2025 mostró una dinámica diferente que sirve de advertencia para el nuevo operador privado. El año pasado, la cantidad de buques se mantuvo en niveles similares —se adjudicaron finalmente 27 barcos— pero el costo total ascendió a cerca de u$s740 millones. Este incremento respondió a un precio promedio de importación más elevado, que osciló entre los u$s12,5 y los u$s13,6 por MMBTU en las licitaciones de Enarsa.
En 2024, el país logró reducir las importaciones en más de u$s1.000 millones respecto del año anterior porque la engrada en oepración de nueva infraestrutura de transporte como el gasoducto Perito Moreno permitió un mayor abastecimiento del mercado local. Aquel año fue el primero en que estuvo operativo durante los 12 meses el nuevo gasoducto que aportó más de 20 MMm3/d.
En 2025 esa tendencia se estancó, pero en este caso parte de las importaciones de GNL no fueron para el abastecimiento de la demanda prioritaria (usuarios residenciales) sino a desplazar parte de los combustibles más caros y contaminantes como el gasoil y el fuel oil que utilizan las centrales térmicas.-
Así, a pesar de los récords de producción en el yacimiento neuquino, la Argentina sigue atada al mercado spot global para superar los meses de frío extremo, una dependencia que ahora el sector privado deberá gestionar con sus propios recursos. El nuevo comercializador privado debutará con el riesgo de enfrentar un mercado internacional con precios sensiblemente altos, como ya ocurrió en 2022 cuando se llegaron a pagar hasta 28,8 dólares por MMBTU tras la invasión rusa en Ucrania.
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ECONOMIA
El economista Fernando Marull estimó que si sube la nafta la inflación de marzo va a rondar entre 2,7 y 2,8%

El economista Fernando Marull analizó en diálogo con Infobae en Vivo el impacto que tendrá en la inflación una posible suba de los combustibles en los surtidores, a partir del aumento de los precios internacionales del petróleo por el conflicto en Medio Oriente.
En primer lugar, para febrero, en el mercado esperan una inflación en torno al 2,7%. “Nosotros proyectamos 2,7% y el consenso del mercado está en un rango similar. Algunos colegas estiman cerca de 2,8% o incluso algo más”, señaló Marull.
En lo que respecta a marzo, explicó, no se esperan aumentos en tarifas de luz y gas. En cambio, los ajustes se concentrarían en educación y en los combustibles, cuya actualización dependerá de la decisión que tomen las petroleras.
Según estimaciones de Marull, si el precio de la nafta no registra subas, la inflación de marzo podría ubicarse entre 2,4% y 2,5%. En cambio, si hay incrementos en los combustibles, el índice podría acercarse a un rango de entre 2,7% y 2,8%.
Ocurre que, de acuerdo al economista, si el precio internacional del petróleo se estabiliza en torno a los USD 90 por barril, el impacto en la inflación podría rondar los 0,6 puntos porcentuales, dependiendo del momento en que se traslade a los surtidores. “Hay petroleras que tendrán que ajustar los precios casi de manera inmediata, por lo que es probable que en algunas estaciones de servicio el aumento se vea rápidamente”, explicó.
Sin embargo, otras compañías tendrían más margen para dosificar la suba. En el caso de YPF, por ejemplo, parte de ese impacto podría postergarse. La empresa, asegura Marull, obtiene ingresos adicionales por exportaciones de crudo y mantiene buenos precios en los combustibles premium, lo que le permitiría administrar el traslado a los surtidores.
Por otro lado, Marull destacó que la suba del petróleo tiene otros tres impactos principales para Argentina.
El primero es positivo: el país es ahora exportador neto de petróleo, y el aumento del 60% en el precio internacional podría generar 3.000 millones de dólares adicionales en exportaciones para 2026, lo que aporta más divisas y podría ayudar a moderar un poco la cotización del dólar.

El segundo impacto es negativo: según Marull, actualmente nadie quiere activos emergentes de Brasil o Argentina, y todos los inversores se vuelcan hacia los bonos del Tesoro estadounidense. Esto complica la situación si Argentina quiere salir a los mercados internacionales.
El tercero está vinculado al flujo de capitales: quienes tenían inversiones en pesos o monedas locales mediante carry trade enfrentan un dólar que sube a nivel global, y muchos prefieren moverse hacia la divisa estadounidense, lo que ya ha contribuido a que el dólar suba.
En este contexto, Marull señaló que el próximo vencimiento importante de deuda para Argentina es el 9 de julio, por un total cercano a 4.000 millones de dólares. “El país lo irá cubriendo a través de lo que compre el Banco Central, colocando unos 2.000 millones de dólares entre inversores locales esta semana, y también mediante ventas de empresas vinculadas a privatizaciones”, explicó.
Marull advirtió que, si se produce un problema económico global, como una estanflación, los inversores podrían retirarse de los mercados emergentes, afectando a países como Argentina, Brasil y Chile. “En ese escenario, Argentina no puede hacer mucho, solo continuar con las medidas que viene implementando para evitar un golpe más fuerte”, sostuvo.
Según el analista, la situación actual deja a Argentina relativamente mejor parada que en crisis anteriores. “Cuando la marea baja, se ve quién está mejor o peor parado. Este shock nos beneficia parcialmente, sobre todo por la suba del petróleo, que trae más dólares, a diferencia de hace seis años, cuando éramos importadores de energía y la situación era más crítica”, señaló.
Marull aclaró que, en el corto plazo, Argentina no tiene necesidad urgente de dólares para colocarse en el mercado. Sin embargo, advirtió que si la situación se prolonga por meses, podría complicarse durante el segundo semestre.
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ECONOMIA
Empleadas domésticas: cuándo es la próxima paritaria para aumentos

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares negociará otro aumento. Se espera una suba mayor a las últimas por la aceleración de la inflación
09/03/2026 – 09:15hs
La situación salarial de las empleadas domésticas en Argentina arrancó el año que novedades, tras los aumentos del primer trimeste en dos tramos para los meses de febrero y marzo de 2026. Sin embargo, mirando un poco más allá ya se apunta desde la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares a la negociación de paritarias de abril, para conseguir un nuevo incremento que impacte en el sueldo que se percibirá en los primeros días de mayo.
En esa negociación, que se desarrollará en las próximas semanas, se evaluará el impacto de la suba de precios del primer trimestre y se buscará definir un nuevo esquema de incrementos para el periodo abril-mayo, con el objetivo de que los salarios no queden por debajo de la canasta básica total. Con el dato de inflación de enero en torno al 2.9% y a la espera de los números de febrero, especulan una suba mayor que la última acordada, que fue en total de 3% dividida en dos meses.
Cuánto cobran las empleadas domésticas en marzo de 2026
Para el mes de marzo, el personal de casas particulares recibe el segundo tramo del aumento pactado, que consiste en un 1,5% sobre los salarios vigentes. Con esta suba, la escala salarial para la Quinta Categoría (personal para tareas generales), que es la más numerosa del sector, quedó fijada en $3.348,37 por hora para el personal con retiro y $3.599,86 para quienes trabajan sin retiro.
En términos mensuales, los sueldos básicos para esta categoría se ubican en $410.773,52 y $455.160,14, respectivamente. Es importante recordar que estos montos corresponden al piso legal obligatorio y deben ser tomados como referencia para la liquidación de haberes que, en muchos casos, se abona durante los primeros días de abril. Además, se mantiene vigente el pago del adicional por antigüedad, que representa un 1% por cada año trabajado con el mismo empleador, y el plus por zona desfavorable del 30% para quienes residen en el sur del país.
Empleadas domésticas: bonos extraordinarios que se pagan en marzo
Junto con el aumento porcentual, en marzo se debe abonar un bono extraordinario no remunerativo por única vez. El monto de este refuerzo depende exclusivamente de la carga horaria semanal declarada por el trabajador. Según lo dispuesto por la CNTCP, la escala es la siguiente:
$8.000 para quienes trabajan menos de 12 horas semanales.
$11.500 para jornadas de entre 12 y 16 horas por semana.
$20.000 para quienes superan las 16 horas semanales o trabajan bajo la modalidad sin retiro.
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