Frente al anuncio de un paro nacional de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo, el Gobierno actuó rápidamente para evitar el conflicto y dictó la conciliación obligatoria. Por lo tanto, por 15 días hábiles, los gremios no podrán realizar medidas de fuerza y las empresas están impedidas de aplicar sanciones al personal.

Los sindicatos anunciaron un cese de actividades total a partir de este miércoles. Teniendo en cuenta el accionar gremial, se temía que la huelga se extendiera por tiempo indeterminado si no se retomaban las negociaciones salariales y había un cambio de postura de las cámaras patronales.

Qué actividad afectaba la medida de fuerza

Un conflicto en esta actividad apunta a una de las pocas actividades que funcionan a pleno, ya que concentra a las empresas exportadoras de cereales que generan dólares. Compañías como Cargill, Viterra, COFCO, ADM Agro, Bunge, LDC (Louis Dreyfus Company), Aceitera General Deheza (AGD), Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Molinos Agro y CHS, entre otras, fueron las que aportaron unos 7.000 millones de dólares hace pocos días, cuando el Ejecutivo había anunciado la quita de retenciones para el campo.

En paralelo, las conducciones de la FTCIODyARA y el SOEA San Lorenzo venían discutiendo con los directivos de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA), la Cámara Industrial de Aceites Vegetales de Córdoba (CIAVEC) y la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO) una actualización de los salarios.

Los representantes gremiales señalaron que después de varios encuentros con los empresarios y ante la falta de acuerdo, acordaron iniciar un plan de lucha con un cese de actividades hasta «asegurar un ingreso fundamentado en el derecho a un Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición constitucional y legal«.

Nueva reunión para llegar a un acuerdo: satisfacción empresarial

Con el paro al caer en un sector fundamental para la Casa Rosada, se activaron las alertas y la Secretaría de Trabajo dispuso la conciliación obligatoria —de acuerdo a la Ley 14.786— a pedido de los empresarios y convocó a las partes a una nueva audiencia para el martes próximo, a las 12 en la sede de la cartera laboral, en avenida Leandro N. Alem 628, CABA.

En este sentido, la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) celebró la decisión de la cartera laboral para abrir una mesa de diálogo con los dos sindicatos aceiteros y reafirmó su compromiso histórico con el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores. El titular de CIARA, Gustavo Idígoras, resaltó la importancia de que las organizaciones gremiales «mantengan una vocación de acuerdo» y presenten propuestas alineadas con la dinámica inflacionaria, «tal como es la práctica habitual en esta industria».

En un documento, los empresarios indicaron: «Queremos transmitir la decisión de mantener los salarios aceiteros sin perder frente al índice de inflación mensual. Como venimos haciendo desde hace años y ya hicimos todos estos meses».

Sostuvo además que, pese a las tensiones recientes, la industria aceitera mantuvo durante los últimos años un esquema de actualización salarial vinculado a la evolución de los precios al consumidor y agregó que permitió mantener un equilibrio entre los intereses de los trabajadores y las posibilidades de las empresas en un contexto económico desafiante.

Cuál es el reclamo de las organizaciones gremiales

El reclamo de ambas organizaciones gremiales está fundamentado en el derecho a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que «asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo la satisfacción de las 9 necesidades allí contempladas: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión».

En un comunicado, explicaron que «según los estudios basados en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) del INDEC, el valor del SMVM según su definición constitucional y legal es de $2.344.728 para septiembre, que es cuando se abrió la revisión del acuerdo firmado el pasado 9 de abril».

Los gremios apuntaron que «pasadas más de dos semanas de presentado nuestro reclamo, la pretensión expresada en la audiencia realizada en la Secretaría de Trabajo de la Nación por las cámaras patronales es insuficiente y provocadora, tal como hemos manifestado en el acta», y destacaron: «Más cuando se trata del mismo sector que acaba de recibir un beneficio extraordinario de 1.540 millones de dólares tras la medida dispuesta por el Gobierno Nacional sobre las retenciones a las exportaciones».

Por último, expresaron que «frente a esa apropiación de renta extraordinaria, la respuesta patronal resulta vergonzosa. Incluso, desde la perspectiva del costo laboral que suelen invocar en su negativa, destacamos que el mismo se redujo en 2024 —alcanzando entre 1,7 a 2,4 por ciento de acuerdo a cada empresa— y que aún si aceptaran el aumento que pretendemos, el impacto sobre ese costo sería nulo».

En estado de alerta se encuentran buena parte de los pescadores artesanales chilenos, quienes acusan que una flota de barcos mayormente chinos está operando ilegalmente dentro de aguas nacionales depredando específicamente la jibia, recurso que, aseguran, desapareció hace ya tres meses de las costas.

De acuerdo a diversos dirigentes, se trata de unas 166 embarcaciones que traspasarían la Zona Económica Exclusiva de 200 millas sin ser fiscalizados por la autoridad marítima correspondiente, la que no daría abasto. Debido a esto, varias protestas se han desarrollado en los puertos de Coquimbo, Valparaíso y San Antonio, donde los hombres de mar han encendido barricadas y bloqueado calles, enfrentándose a la policía.

Según Hugo Poblete, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de la Bahía Narau de Quintero y Puchuncaví, en tiempos pasados “la Armada escoltaba a estos barcos hasta las 200 millas y ahí hacían sus faenas. Pero ahora están ingresando de a dos barcos hacia la costa, quedando apenas a 15 o 20 millas, justo donde se captura la jibia”, acusó en conversación con Radio Bío Bío Valparaíso.

“No hay jibia hace tres meses y creemos que este puede ser un factor. Hay más de 50 barcos pescando en las 200 millas, un enjambre que no deja entrar el recurso hacia las costas”, agregó.

De la misma opinión fue Alberto Olivares, presidente de la Federación de Pescadores de Iquique, quien sostuvo que dicha flota se comporta como “verdaderas termitas que destruyen todo, arrasan todo el ecosistema (…) Han sido denunciadas por traspasar las 200 millas en otros países y no tenemos certeza de que no lo estén haciendo acá”, esta vez en entrevista con Radio Bío Bío de Santiago.

“Prenden todas sus luces y parecen árboles de Pascua. La jibia se siente atraída por la luminosidad, por lo que podrían estar pescando dentro del territorio chileno”, complementó.

Olivares aseguró además que “Sernapesca (Servicio Nacional de Pesca) no tiene la logística para controlar estas flotas y la Armada no puede hacerlo las 24 horas del día. Por eso pedimos mayor monitoreo y que los buques sean escoltados cuando ingresen y salgan de puertos nacionales. Si desaparece la jibia, también se verá afectado el pez espada, del cual viven muchas familias en el norte”, exhortó.

Así las cosas, los pescadores artesanales anunciaron para esta jornada diversas manifestaciones a lo largo del país, a fin de visibilizar esta situación.

Sin embargo, desde la Armada y Sernapesca aseguraron que la flota china está siendo monitoreada constantemente y que ninguna embarcación ha sido detectada dentro de la Zona Económica Exclusiva.

“Tuvimos el caso de dos o tres embarcaciones que encendieron sus luces de pesca. Esa situación fue corregida, se le informó a esas naves que no están autorizadas a encender sus luces de pesca y, por lo tanto, lo que eventualmente se pudo haber apreciado es el encendido de estas luces, pero en ningún caso faenas de pesca”, aseguró a Cooperativa el contraalmirante Sigfrido Ramírez, director de Seguridad y Operaciones Marítimas de la Armada.

“Esta flota se dedica a la pesca del calamar rojo, la flota potera, que es principalmente de bandera china, bandera coreana y en menor número de banderas de Vanuatu. Es una flota dinámica que cambia sus áreas de pesca y va alternando el área del Pacífico, al sur de las Islas Galápagos, al Atlántico», detalló.

“Lo más probable es que esté próxima a hacer su cambio de áreas de pesca desde el Pacífico hasta el Atlántico. Por lo tanto, se está generando un desplazamiento hacia el sur y actualmente frente a las costas de Iquique tenemos 66 naves que están fuera de la Zona Económica Exclusiva, y si hacemos un un barrido más amplio, en total frente a las costas de Arica e Iquique, siempre por fuera de las 200 millas, aproximadamente 166 naves, que es el número habitual que hace el cruce desde el Pacífico al Atlántico», cerró Ramírez.

Por su parte, Esteban Donoso, director nacional de Sernapesca subrogante, indicó al medio citado que “en los últimos dos años, no hemos verificado operación de buques pesqueros extranjeros dentro de la Zona Económica Exclusiva (…) Todos los buques que recalan dentro de nuestros puertos tienen fiscalización y además son fiscalizados y monitoreados a través de la señal satelital: verificamos los tracks de navegación, verificamos la correcta transmisión de los instrumentos y verificamos además las bodegas para verificar efectivamente la condición de pesca o no pesca que ellos hayan declarado», aseveró.

“Hace una semana devolvimos a un buque porque había declarado que no tenía pesca, bajamos a la bodega y tenía pesca que había hecho como resultado de sus operaciones pesqueras en la Zona Económica Exclusiva, y lo aclaró“, remató la autoridad marítima.

(Desde Washington, Estados Unidos) Hasta anoche en Washington, el salvataje financiero prometido por Donald Trump a Javier Milei tendría la siguiente forma:

1. Swap de 20.000 millones de dólares integrado -en su mayoría- por los Derechos Especiales de Giro (DEG´s) que el FMI entregó a la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos.
2. Compra de bonos durante octubre para estabilizar los mercados y bajar el riesgo país.

Pero ésta ingeniería financiera del salvataje enfrentaría ciertos dilemas técnicos:

1. Quién compra los DEG´s de Estados Unidos a cambio de dólares.
2. Una vez que la Secretaría del Tesoro envía al Banco Central de la República Argentina esos 20.000 millones de dólares para la compra de los bonos, cómo hace la autoridad monetaria para girarlos al Ministerio de Economía.

Estos dilemas técnicos anoche tenían una respuesta posible.

Los DEG´s de Estados Unidos podrían ser comprados por la Reserva Federal (FED), y Caputo tendría la posibilidad de acceder a los USD 20.000 millones depositados en el Banco Central, con una Letra Intransferible.

Al margen de los detalles técnicos, la administración republicana y el gobierno de la Libertad Avanza trajinan distintas hipótesis de trabajo para evitar que la oposición en los parlamentos de cada país traben el salvataje que despliega Trump a favor de Milei.

“Trump realmente quiere hacernos creer que no hay suficiente dinero para arreglar las primas de atención médica de la ACA (Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio), no hay suficiente dinero para los controladores aéreos, ¿¡pero de alguna manera hay US$20.000 millones disponibles para rescatar a la Argentina?!“, escribió Chuck Schumer, influyente senador demócrata, en su cuenta oficial en X.

El Congreso de Estados Unidos no tendría facultades explícitas para trabar el salvataje a la Argentina, pero la bancada demócrata del Senado explora antecedentes jurídicos destinados a quebrar el acuerdo que negocian Caputo y Bessent.

De todas maneras, por la Mexican Debt Disclosure Act aprobada en 1995, Trump y Bessent deberán informar al Capitolio sobre el salvataje financiero para la Argentina.

En este contexto, Kristalina Georgieva -directora gerente del FMI- ya habría encargado a la burocracia del organismo multilateral que prepare un informe técnico que facilitaría las explicaciones de Trump y Bessent al Congreso de los Estados Unidos.

Georgieva habría dado la tarea al Departamento de Investigación del FMI (SPR, en sus siglas en inglés), y la consigna del paper técnico es simple: debería afirmar que Argentina está en condiciones de honrar la deuda que contraerá con Estados Unidos.

Además de la instrucción al Departamento de Investigación del FMI, la directora gerente ya se prepara para una nueva negociación con la Argentina.

Si Bessent acelera el paso como anticipó a su staff técnico, el actual programa con el Fondo sería papel mojado antes que concluya 2025.

Y esta posibilidad pondrá en máxima alerta al Congreso argentino, que por ahora es controlado por la oposición peronista.

Las bancadas kirchneristas en Diputados y el Senado ya anticiparon que se opondrán al salvataje porque implicaría más deuda con más tasa de interés.

En la Casa Rosada explicaban ayer que no habrá más deuda publica que la actual contraída y que la tasa de interés será menor a la que cobrarían los mercados a la Argentina para acceder a USD 20.000 millones con un riesgo país inestable.

Trump definirá cuándo será el anuncio formal del salvataje financiero, aunque hay una fecha límite que es obvia: el 14 de octubre, ya que ese día Milei estará sonriendo en el Salón Oval.

Entonces, si Bessent cree que es mejor anunciarlo antes de la bilateral, Trump aceptará ese punto de vista en favor de la Argentina.

En cambio, y asumiendo que hay pocas rondas en el mercado y una fuerte expectativa por la propuesta de Bessent, podría ocurrir que Trump anuncie el salvataje financiero durante la audiencia con Milei.

“Nada está definido hasta que el presidente Trump defina. Pero si él ordenó que se haga el salvataje, ¿porque no haría el anuncio junto a Milei?”, comentó a Infobae un funcionario clave de la Casa Blanca.