Tras la victoria electoral oficialista en las elecciones de octubre y el repunte de las cotizaciones de los bonos soberanos argentinos el Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, analiza en estos días distintas opciones para conseguir los dólares con los que hacer frente a los vencimientos de enero por USD 4.200 millones sin casi reservas en el Banco Central (BCRA) ni divisas en las cuentas del Tesoro.

Entre ellas, la posibilidad de volver a los mercados internacionales por primera vez desde 2018 y que, en la historia reciente, resultó posible para la Argentina solo en ocasiones muy puntuales, como el breve período durante la presidencia de Mauricio Macri.

Los antecedentes al respecto son pocos. En enero y marzo de 2005, bajo el empuje de una negociación política y financiera compleja, Argentina reestructuró cerca del 76% de los bonos que seguían en default desde la crisis de 2001, por un monto de alrededor de USD 82.000 millones. Aquel canje, ejecutado bajo ley extranjera en múltiples jurisdicciones y monedas, surgió como una salida urgente al aislamiento financiero. El objetivo principal fue regularizar la situación de mora y mostrar capacidad de instrumentar pagos ordenados, no generó fondos frescos.

Ese año y el siguiente, la coyuntura internacional favoreció al país. El nivel del índice de riesgo país, que en los momentos más tensos de la cesación de pagos superó los 7.000 puntos básicos, inició un descenso progresivo. En 2006, el EMBI de Argentina cayó hasta 185 pb, situándose por debajo del de Brasil por un breve período.

Según explicó Juan Manuel Pazos, economista de One618, ese año marcó un hito: “En 2006 el riesgo argentino tocó un mínimo histórico. 185 basis points y queda 5 basis points abajo de Brasil”. Esas condiciones facilitaron la emisión de Bonar 10 en 2007, aunque ese instrumento se encontró bajo ley local y no internacional, y no implicó una colocación global.

A partir de entonces, la realidad interna complicó la situación de acceso al financiamiento. Pazos remarcó que después de 2007 “no hubo mucho más, empezaron los líos”. El gasto público escaló 55% hacia 2008, y la crisis doméstica se conjugó con el cambio en los precios internacionales y el contexto de crisis global. Néstor Kirchner y posteriormente Cristina Fernández de Kirchner no impulsaron nuevas emisiones de deuda bajo ley extranjera.

Sí hubo ventas de bonos en pesos que adquirieron inversores no residentes, mientras el índice de riesgo país empezó a escalar nuevamente: En la primavera de 2008, el EMBI osciló entre 600 y 900 puntos básicos, y superó largamente los 2.000 pb ante la combinación del conflicto agropecuario, las restricciones crecientes y la nacionalización del sistema jubilatorio.

El perfil de las operaciones varió recién una década después. En abril de 2016, Argentina volvió a asomarse al mercado internacional, tras destrabar el conflicto legal con los acreedores holdouts o “fondos buitre”. El equipo de Mauricio Macri colocó más de USD 16.000 millones en distintas monedas y plazos, incluyendo títulos a 5, 10 y 30 años con tasas del 4,625%, 6% y 6,95% anual, respectivamente. En ese momento, el riesgo país se ubicó cerca de los 450 puntos básicos, una cifra que reflejaba tanto oportunidades como limitaciones para un emisor emergente. Durante mayo y junio de ese año, el EMBI fluctuó en torno a 500 puntos básicos.

A lo largo de 2016, el Tesoro realizó además otras emisiones menores y reabrió series previas, siempre bajo la presión de financiar el déficit fiscal y regularizar pasivos. En enero de 2017, la economía global vivió a mostrar cierto optimismo hacia los emergentes, reflejado en tasas de interés decrecientes para la región. Argentina emitió títulos tanto en euros como en dólares, por cerca de USD 7.000 millones equivalentes, y avanzó en marzo con ampliaciones sucesivas.

El episodio más recordado de aquel ciclo ocurrió en junio de 2017, con la emisión del Bono Centenario, un título a 100 años por USD 2.750 millones y cupón de 7,125% anual. Durante estos meses, el índice de riesgo país se mantuvo en una franja de 380 a 450 puntos básicos, mientras de enero de 2016 a septiembre de 2017, según estimaciones de operadores, las colocaciones totales en los mercados internacionales sumaron cerca de USD 42.000 millones.

Estos niveles se destacaron frente a períodos previos y permitieron acceder a tasas consideradas competitivas, aunque con riesgos subyacentes asociados a la permanencia de desequilibrios fiscales y cambiarios.

En enero de 2018, tras la última colocación voluminosa, el riesgo país tocó un piso de 360 pb, el valor más bajo de la gestión iniciada en 2015. El Tesoro nacional logró emitir cerca de USD 9.000 millones en diferentes tramos y plazos, tanto en dólares como en euros.

Desde mayo de ese año, sin embargo, la situación cambió abruptamente: el índice de riesgo país superó los 500 pb y ascendió a medida que creció la desconfianza en la sostenibilidad financiera local. La volatilidad del mercado financiero mundial, junto a problemas de competitividad y la falta de reservas sólidas, cerró de hecho el acceso del Estado argentino al financiamiento voluntario. Solo restó la negociación de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que implicó condiciones de ajuste y reconfiguración de vencimientos.

Juan Manuel Truppia, operador de renta fija, sintetizó la diferencia entre ese ciclo y el escenario actual: la Argentina de 2018 emitía sin urgencias inmediatas sino para aprovechar ventanas y sumar reservas, mientras que hoy la posibilidad de financiamiento externo aparece vinculada a la necesidad de cubrir vencimientos, en un contexto de mucha mayor incertidumbre. “No estás seguro de que va a ir afuera y le van a dar USD 5.000 millones. O una tasa como la gente. Obviamente, a alguna tasa hay plata, pero no quiere emitir a dos dígitos”.

En la visión de Gabriel Caamaño, de la consultora Outlier, el costo financiero que enfrenta el Gobierno difiere de modo relevante frente a episodios anteriores. “Estás en peores condiciones objetivas dada la tasa externa que te piden, EMBI más tasa libre de riesgo. La explicación de por qué tiene razones externas (contexto externo) y propias (no terminaste de salir del CEPO y ni tenés un régimen monetario-cambiario que se pueda juzgar como algo distinto a una transición)”.

El deterioro en las condiciones continuó hasta 2019, cuando una nueva crisis disparó el índice de riesgo país por encima de 2.000 pb y lo mantuvo en valores elevados durante la renegociación de la deuda tras las elecciones presidenciales de ese año.

El acuerdo de 2020 supuso la reestructuración de los títulos bajo ley extranjera y la aparición de una nueva familia de “Globales” (GD29, GD30, entre otros), que desde entonces representan los títulos soberanos de referencia para el mercado internacional. Tras la finalización del canje de 2020, el EMBI retrocedió, pero permaneció en niveles de 1.100 a 1.200 pb, valores que se consideran altos dentro del universo emergente.

Juan Manuel Pazos remarcó otra diferencia estructural entre el ciclo actual y los anteriores: “A diferencia del Gobierno de Macri, el ajuste fiscal hoy está hecho, el ajuste externo no. A este tipo de cambio uno presume que no tenés déficit, pero no lo sabe: lo presume. Con las bandas de flotación estás apreciando el tipo de cambio y, con eso, en cualquier momento vuelve el déficit de cuenta corriente”.

Pazos explicó que el acceso voluntario puede abrirse “si está la decisión de emitir, se puede hacer y se puede hacer a un dígito de tasa. La duda es si 6 meses después vas a seguir teniendo acceso al mercado o fue algo de una sola vez. Y, de nuevo, que tengas al mercado abierto cada vez que lo necesitás es mucho más importante que salir una sola ve. Y eso depende de que empieces a comprar reservas”.

En los últimos meses, el índice de riesgo país descendió de su máximo, que superó 3.000 pb al término del canje de 2020, hasta rondar actualmente los 650 pb. La mirada de los analistas y operadores apunta a esa variable como clave para que la próxima colocación internacional resulte sostenible.

Gabriel Caamaño observa que el país enfrenta desafíos internos ligados a la falta de un entorno cambiario y monetario estable, sin haber completado el proceso de salida de controles y regulaciones.

Los últimos datos de actividad divulgados por el Indec revelaron que la economía mostró mayor fortaleza que la esperada incluso en los meses preelectorales. El piso de incremento del PBI para 2025 ya estaría en niveles de 4,5%. Las proyecciones para el año próximo también se están revisando al alza. Mientras las consultoras esperan un piso de 4%, en el equipo económico piensan que la expansión será incluso mayor, arriba del 5% para 2026.

Más allá del buen resultado electoral y la expectativa por las reformas que se tratarán en el Congreso, los planetas parecen alineados para darle un mayor impulso a la economía.

El aumento del precio de la soja es uno de los datos significativos de las últimas semanas. El acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y China permitió el reinicio de compras por parte del gigante asiático. Como resultado, el precio de la tonelada saltó desde USD 390 hasta USD 420, cerca del 8 por ciento. Según estimó la consultora LCG, este salto de precios implica que el valor de la producción argentina de soja aumentará cerca de USD 1.400 millones.

“La suba de precio internacional es una buena noticia para el gobierno argentino; podría compensar parcialmente la menor producción esperada para la cosecha 2025/26, estimada en 47 millones de toneladas, frente a los 49,5 millones de toneladas de la cosecha 2024/25”, agregaron desde LCG.

En la Bolsa de Comercio de Rosario estimaron, por otra parte, que la producción de la próxima campaña, incluido el maíz y el trigo, aumentará un 10%, llegando al máximo de los últimos años. El efecto combinado de la suba de precios y de la mayor producción implica un incremento de USD 4.000 millones para la cosecha que se avecina por sobre la del último año.

Quizás suene exagerada aquella frase de Javier Milei, cuando dijo que “los dólares nos van a salir por las orejas”. Pero se avecina un año de significativo ingreso de divisas: el campo, el superávit energético, las colocaciones de deuda internacionales y mayores inversiones para Vaca Muerta, minería e infraestructura.

A los mejores precios internacionales y la buena cosecha se suma otro factor que jugará a favor de la Argentina el año próximo: la reducción de las tasas en Estados Unidos. La Reserva Federal ya bajó dos veces los rendimientos y se encamina a una tercera disminución en su reunión del 10 de diciembre. Y la perspectiva es que habría al menos otras tres bajas el año próximo, de un cuarto de punto cada una.

La rebaja es de por sí una buena noticia para Argentina. Significa la posibilidad de financiarse a menores rendimientos en dólares cuando se abra el mercado. Pero además impulsa a los inversores a buscar alternativas para conseguir mejores tasas con compras de bonos. Y allí es donde la deuda argentina se vuelve muy atractiva.

El riesgo país actual de 650 puntos básicos y tasas superiores al 10% anual en dólares lucen exageradas para el avance conseguido por el Gobierno en los últimos dos años. Todo apunta a una convergencia, que lleve ese nivel a un rango de 400 a 450 puntos en cuestión de meses.

¿Por qué hay el riesgo país sigue mostrando resistencia a bajar más, cuando el Tesoro de EEUU no dudó en respaldar a la Argentina en medio de una fuerte presión cambiaria? Claramente. las dudas de los mercados se relacionan con la vulnerabilidad que todavía presenta el Banco Central.

Las reservas netas siguen negativas en alrededor de USD 11.000 millones. El lunes el gobierno debe pagar otro vencimiento, en este caso de una serie de Bopreal, por cerca de USD 1.000 millones, lo que empeora todavía más los números.

Luis “Toto” Caputo no parece apurado en dar una respuesta, aun cuando se avecina otro fuerte vencimiento, los USD 4.300 millones que habrá que pagar el 9 de enero próximo.

Se está negociando un nuevo repo con bancos internacionales, es decir financiamiento fresco garantizados con bonos.

Sin embargo, los inversores esperan que el Central empieza a acumular reservas de manera genuina. Esto sería clave para reducir el impacto de shocks externos. Incluso Domingo Cavallo volvió a advertir sobre esta debilidad: “Un esquema de bandas cambiarias no es creíble si el Banco Central no tiene poder de intervención para defender el techo”.

Esta situación ya se vio en las semanas previas a las elecciones. Cuando el tipo de cambio tocó el techo de la banda cambiaria fue Scott Bessent quien tuvo que intervenir para que la cotización no lo supere. Ahora el Tesoro norteamericano divulgó oficialmente que la intervención en el mercado argentino ascendió a USD 2.500 millones para evitar la disparada del dólar oficial.

El economista Fernando Marull destacó que en la última semana el gobierno recompró USD 3.700 millones de cobertura cambiaria. Una parte fue el propio Tesoro sacando bonos dollar-linked del mercado por USD 2.300 millones y lo otro correspondió al Central, al dar de baja contratos de dólar futuro por USD 1.400 millones.

Esto refleja que la demanda de dólares o por cobertura cambiaria se redujo notablemente luego de las elecciones legislativas. Incluso en este momento de vacas flacas en lo que a oferta de divisas se refiere, el tipo de cambio se mantuvo sin mayores cambios.

Por ahora el equipo económico se muestra cauto en la implementación del plan de “remonetización”, que consiste en comprar dólares con emisión de pesos, sin necesidad de salir a esterilizar. Esta idea fue esbozada por autoridades del Central en reuniones con inversores, pero es evidente que no quieren apurar los tiempos. El objetivo es evitar que se produzca mayor presión cambiaria o un salto inflacionario. Sobre todo teniendo en cuenta que en noviembre el índice mostraría un leve incremento adicional para ubicarse cerca del 2,5 por ciento.

Otra de las incertidumbres pasa por el modelo cambiario. Un informe de Delphos Investment advirtió que “el mercado no cree en el sostenimiento del ajuste de las bandas al 1% mensual”. Los precios de los bonos y de los futuros de dólar más bien esperan que ese techo acelere su ajuste a algo más parecido al 2% mensual, lo que evitaría una mayor apreciación del tipo de cambio.

Por ahora Caputo tampoco muestra apuro por introducir cambios. Posiblemente otorgue mayor relevancia a la necesidad de seguir bajando la inflación en los meses venideros. Y para eso es importante que el dólar se mantenga estable.

La recuperación económica, la estabilidad cambiaria y el mayor optimismo de los inversores, sin embargo, contrastaron con una noticia preocupante en la última semana: el cierre de la planta de Whirlpool en Pilar, que dejó 220 personas desempleadas.

Lo más llamativo es que la noticia se conoció en paralelo con un informe del Indec sobre la evolución en la venta de electrodomésticos y línea blanca. Allí surge que en el tercer trimestre la venta de lavarropas llegó a un récord, con un incremento de 25% respecto al mismo período del año anterior.

Este incremento de las ventas va en paralelo con una disminución de precios notable del sector: el mismo lavarropas que se vendía a $800.000 a fines de 2023 ahora se consigue a $500.000. Dos años después es más barato en pesos.

La apertura importadora, la baja de precios y la reducción de márgenes tornan inviable fábricas como la de Whirpool en Pilar. Como sucede con muchas industrias, ahora optan por sustituir la producción directamente por artículos importados.

La economía argentina seguirá en 2026 moviéndose a dos velocidades. Por un lado, el campo, la energía y la minería continuarán con un impulso excepcional, que es lo que explicará otro año que apunta a mostrar una gran expansión. Pero por el otro lado aparecen sectores poco competitivos que se seguirán achicando, reemplazando producción nacional por importada y reduciendo empleo en la búsqueda de mejores márgenes.

Las reformas que se vienen tienen como objetivo reducir los costos laborales e impositivos para las empresas con el objetivo de darles mejores perspectivas. Se trata de la gran apuesta que Argentina tiene por delante en la búsqueda de mejorar el empleo y reducir los elevados niveles de informalidad, que lejos de reducirse continúan en franco aumento.

En medio del debate por la reforma laboral, la industria prevé que 2025 finalizará con cerca de 130.000 nuevas demandas por accidentes de trabajo. En caso de contemplar también los litigios por despidos y empleo no registrado que se abrieron a lo largo del año, la cifra total de la industria del juicio trepa a 260.000.

El sistema de riesgos del trabajo en Argentina sigue enfrentando una presión sin precedentes por la cantidad de juicios laborales iniciados en los últimos meses, una situación que amenaza la sostenibilidad del sector privado y complica la generación de empleo formal. De acuerdo con la información difundida por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), el volumen de demandas por accidentes laborales alcanzó un récord histórico y terminará el año con unas 130.000 demandas. Este fenómeno, que se mantiene desde hace años pese a los intentos de reforma, se traduce en un incremento de los costos empresariales y en una creciente incertidumbre para quienes buscan invertir en actividades intensivas en mano de obra.

La presidenta de la UART, Mara Bettiol, advirtió que ningún sistema puede sostener este nivel de judicialización y, en medio del debate por la reforma laboral destacó que “ninguna reforma, cualquiera sea su alcance, podrá cumplir sus objetivos si el Sistema de Riesgos del Trabajo continúa sometido a esta dinámica judicial”.

Bajo la perspectiva de la UART, el debate actual se centra más en los litigios por despidos, trabajo en negro e incidencias similares que en lo que ocurre con los procesos legales abiertos por riesgo laboral. En tal sentido, definen al esquema vigente de accidentes como obsoleto.

El contraste internacional es significativo: Argentina presenta un nivel de judicialidad 21 veces superior al de Chile y 15 veces mayor que el de España. Si se aplicara la tasa de España, el país debería tener 8.200 juicios por año, con la de Chile, solo 5.600, según datos de UART.

A pesar de este contexto, el balance a 29 años de funcionamiento ininterrumpido del sistema muestra avances significativos: la mortalidad laboral se redujo un ochenta y uno por ciento, la siniestralidad bajó cincuenta y cinco por ciento y la gravedad de los accidentes cayó treinta y nueve por ciento.

El tema se tocó este viernes en Infobae en Vivo, donde la periodista Lucrecia Eterovich remarcó que “Argentina tiene una tasa de juicios laborales desproporcionadamente alta a pesar de registrar una tendencia decreciente en accidentes laborales, lo que evidencia que hay un funcionamiento judicial que incentiva la demanda”.

Eterovich analizó el clima de expectativas que genera la próxima discusión sobre la reforma laboral, así como la demanda del sector empresarial de reducir costos y bajar la incertidumbre jurídica. También planteó dudas sobre el alcance de las modificaciones que el Gobierno llevará al Congreso Nacional.

“El oficialismo intentará mantener hermetismo en lo que resta de semanas para evitar filtraciones y no anticipar el contenido de la reforma”, detalló Eterovich y agregó que el eje central estará en definir si el proyecto contempla regulaciones sobre la llamada ‘industria del juicio’ en la Argentina.

Datos de mediados de este año muestran que la distribución de estos litigios no es homogénea en el territorio nacional. La Provincia de Buenos Aires concentra el 40% del total de causas, superando los valores registrados en 2024. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires también muestra un aumento respecto al año anterior, mientras que Santa Fe experimentó un crecimiento interanual del veintiocho por ciento en junio, muy por encima del promedio general. En contraste, provincias como Salta y Río Negro, que implementaron Cuerpos Médicos Forenses dependientes del Poder Judicial, exhiben índices de litigiosidad considerablemente más bajos, lo que sugiere que la aplicación plena de la normativa vigente podría contribuir a reducir el volumen de causas judiciales y aportar mayor previsibilidad al sistema, según sostienen en el sector.

La legislación actual, en particular la Ley 27.348 de 2017, establece la creación de estos cuerpos médicos forenses para garantizar criterios periciales objetivos y uniformes. Sin embargo, salvo excepciones como Mendoza —donde se conformó un cuerpo médico con cinco peritos bajo la órbita judicial, aunque continúan operando otros peritos controlados por este cuerpo— y la reciente convocatoria en Santa Fe para integrar un nuevo equipo de peritos, la mayoría de las provincias no ha avanzado en este sentido. En estos distritos, los peritos actúan por listados y perciben honorarios calculados en función del porcentaje de incapacidad asignado, lo que, según la UART, genera un “circuito perverso de incentivos”.

Este esquema ha derivado en que las pericias determinen porcentajes de incapacidad superiores a los establecidos por la normativa oficial, con un promedio que excede en 12,5 puntos los valores del baremo vigente. Además, las tasas de interés judiciales elevadas convierten los juicios en una apuesta financiera de retorno asegurado, advierte el sector. En 2024, el stock de juicios en curso llegó a 290.000 casos, y se estima un flujo de 260.000 nuevos para 2025, lo que representa una carga significativa para el sistema, las aseguradoras y los empleadores.

El costo promedio del seguro de riesgos del trabajo se ubica en 2,77% de la nómina salarial, y aunque este porcentaje aumentó en el último año, no lo hizo al ritmo de la litigiosidad.

El impacto de esta situación sobre el sector privado es directo: la judicialización creciente eleva el valor de las primas de seguros, afecta la competitividad de las empresas y actúa como un freno para la generación de empleo formal. Según la UART, este fenómeno genera incertidumbre y limita la capacidad de planificar inversiones, especialmente en sectores que requieren gran cantidad de mano de obra.

Un dato que ilustra la magnitud del problema es que el 88% de los juicios ingresados corresponde a casos sin incapacidad reconocida, lo que evidencia una litigiosidad que no se corresponde con un daño efectivo en la salud del trabajador. Además, el sesenta por ciento de las demandas se presenta fuera del plazo legal establecido, lo que contribuye a la acumulación de causas y a la saturación de los tribunales.

El costo económico de la litigiosidad impacta de lleno en el sector productivo. Según la UART, tomando como referencia el Salario Mínimo de junio de 2025 ($313.400), la litigiosidad anual equivale a 6.891.653 salarios mínimos. Este factor se suma al denominado ‘costo argentino’, encareciendo la contratación y desalentando el empleo registrado.