ECONOMIA
Esto te saldría comer, vestirte y comprarte un auto en una Argentina con menos impuestos

La Argentina es uno de los países con mayor carga impositiva a nivel mundial. A lo largo de toda la cadena de producción, distribución y comercialización, los bienes que llegan a manos del consumidor final acumulan impuestos nacionales, provinciales y municipales que terminan representando un porcentaje significativo del precio que se paga en góndola. Este fenómeno no distingue rubros: afecta tanto a productos básicos de la canasta alimentaria como a bienes durables, indumentaria, calzado o vehículos. En muchos casos, más de la mitad del precio corresponde a tributos, distorsionando los precios relativos y desalentando el consumo. La presión tributaria no solo encarece, sino que también fragmenta y vuelve opaco el sistema de precios.
En este contexto, surge una pregunta inevitable: ¿cuánto bajarían los precios si se redujera sustancialmente la presión fiscal? Reducir impuestos al consumo no solo aliviaría el bolsillo, sino que representa una de las grandes materias pendientes del nuevo gobierno, que ha prometido avanzar hacia un sistema tributario más simple, transparente y menos distorsivo.
Precios de productos con más y menos impuestos
Para medir el impacto real de una reducción impositiva en los precios, tomamos productos concretos y trazamos una simulación simple pero ilustrativa. A partir del precio final que paga hoy un consumidor en Argentina, estimamos cuánta carga impositiva está embebida en ese valor. Luego, calculamos cuánto costaría ese mismo producto sin impuestos, y finalmente, le aplicamos una nueva estructura tributaria más liviana, que elimina tributos como Ingresos Brutos y el impuesto al débito y crédito, reduce el IVA a la mitad y fija Ganancias en un 20%. El resultado no pretende ser exacto al centavo, pero sí representativo del orden de magnitud que podría implicar un alivio fiscal bien orientado.
Cuando los impuestos bajan, los precios también
Un litro de leche, que hoy cuesta alrededor de $2.650, tiene una carga impositiva cercana al 24%. Aplicando la nueva estructura impositiva, ese porcentaje se reduce a poco más del 11%, y el precio baja a $2.232. Lo mismo ocurre con el pan (de $1.700 a $1.470 por kilo), los fideos (de $1.571 a $1.323 por medio kilo) o la carne vacuna, que en el caso del peceto podría pasar de $12.999 a $10.761 por kilo. En todos los casos, el recorte impositivo representa una mejora directa y visible para el bolsillo. Y aunque los márgenes pueden variar según la cadena de valor, la diferencia es clara: cuando los impuestos bajan, los precios también.
La preocupación por la carga fiscal no es solo un tema técnico; también es una advertencia constante del sector privado. Las principales cadenas de supermercados vienen alertando sobre el avance de nuevos tributos provinciales y municipales que, lejos de moderarse, se han intensificado en los últimos meses. Aumentos que superan ampliamente la inflación, creación de tasas sin contraprestación y el uso de impuestos como Ingresos Brutos o la Tasa de Seguridad e Higiene con fines claramente recaudatorios son solo algunos de los reclamos más frecuentes. Estas distorsiones no solo encarecen los productos de la canasta básica, sino que también neutralizan los esfuerzos del Gobierno nacional por reducir la inflación y recuperar el poder de compra.
El reclamo no se limita a las góndolas: también alcanza al crédito al consumo. Desde el sector mayorista se advirtió que, en algunos casos, casi la mitad del monto de un préstamo personal se va en impuestos, lo que reduce notablemente el acceso al financiamiento para millones de personas. En este contexto, las entidades del comercio vienen pidiendo que provincias y municipios se sumen a un esquema de transparencia fiscal y alivio impositivo. La discusión ya no es ideológica: se trata de corregir una estructura de costos que hoy condiciona tanto a las empresas como a las familias.
Índice Big Mac
Uno de los termómetros económicos más conocidos -y también más llamativos- es el índice Big Mac, elaborado por la revista The Economist. Su lógica es simple: comparar el precio de una Big Mac en diferentes países para estimar el poder adquisitivo de sus monedas y la distorsión de precios a nivel internacional. Aunque su objetivo original es medir el tipo de cambio real, en países como Argentina también permite ilustrar hasta qué punto los impuestos y distorsiones internas influyen en los precios
En ese ranking global, Argentina no pasa desapercibida. Según los últimos datos disponibles, el país aparece en el segundo lugar entre las Big Mac más caras del mundo, apenas por debajo de Suiza. En otras palabras, un combo mediano en Argentina cuesta más en dólares que en casi cualquier otro lugar del planeta, incluso en economías desarrolladas con ingresos per cápita muy superiores.
Para entender mejor qué hay detrás de ese precio, tomamos el valor actual del combo mediano de Big Mac en el país: $10.900. De ese monto, aproximadamente un 47% corresponde a impuestos. Si se aplicara el esquema de alivio fiscal que venimos proponiendo —reducción del IVA, baja de Ganancias, eliminación de tributos distorsivos—, el precio podría descender hasta los $7.192. Es decir, una diferencia superior a los $3.700 por combo.
El precio de vestirse en Argentina
Continuando el análisis, si vestirse siempre fue un gasto relevante en cualquier economía, en Argentina lo es aún más por el peso de la carga impositiva. Tomamos cuatro ejemplos representativos: una prenda nacional, una prenda importada, un par de zapatos nacionales y otro importado.

Una prenda nacional que hoy cuesta $30.000 podría bajar a poco más de $19.000
Los resultados son contundentes. Una prenda nacional que hoy cuesta $30.000 podría bajar a poco más de $19.000. En el caso de indumentaria importada, donde se acumulan derechos de importación, IVA, percepción de Ganancias y demás tributos, el impacto es aún mayor: de $70.000 podría reducirse a $9.765.
El mismo patrón se repite en el calzado: el nacional pasaría de $115.000 a unos $72.000, mientras que el importado, con una presión fiscal actual cercana al 90%, caería de $200.000 a poco más de 30.000 pesos.
La presión fiscal sobre el consumo, especialmente en productos importados, no solo encarece el acceso a bienes básicos, sino que también distorsiona la competencia en el mercado local. La discusión de fondo no es si deben existir impuestos, porque sin duda deben, sino qué tan razonables son sus niveles actuales y cuánto margen queda para alivianarlos sin comprometer las cuentas públicas
Auto: más de la mitad del precio son impuestos
Por último, si hay un producto que sintetiza la carga impositiva argentina, ese es el automóvil. Ya sea nacional o importado, cero kilómetro o usado, el peso de los tributos en su precio final es altísimo. No se trata solo del IVA, sino también de impuestos internos, tasas específicas, Ingresos Brutos y retenciones indirectas en la cadena productiva. Tomamos como ejemplo un modelo de gama media cuyo valor en concesionaria ronda los $31.087.000. Más del 54% de ese precio corresponde a impuestos.

En el caso del auto, el peso de los impuestos en su precio final es altísimo
Aplicando la misma metodología utilizada en los otros casos, ese vehículo podría costar $18.973.000. En otras palabras, una reducción del 39% en el precio final. La rebaja no solo sería significativa, sino que también tendría efectos colaterales positivos: activaría la demanda, reduciría el costo de reposición y mejoraría el acceso al crédito para miles de consumidores hoy excluidos del mercado.
El sector automotor ya viene siendo objeto de algunos ajustes impositivos por parte del Gobierno, como la eliminación de los impuestos internos para ciertos modelos. Sin embargo, la estructura fiscal sigue siendo pesada, y buena parte del costo final sigue vinculado a impuestos de diferente jurisdicción. En un país donde el auto cumple una función clave, no solo como bien de consumo sino también como herramienta de trabajo, este es otro ejemplo donde una reforma impositiva sería más que un gesto económico: podría implicar un cambio concreto en el día a día de millones de personas.
La discusión sobre la carga tributaria en la Argentina no es nueva, pero sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes. La clave será lograr un sistema más ágil y equitativo, que alivie al consumidor sin poner en jaque la solvencia del Estado. El nuevo gobierno ha manifestado su intención de revisar la estructura tributaria para hacerla más eficiente y menos distorsiva, y todo indica que ese podría ser el próximo objetivo en su hoja de ruta. En definitiva, una reforma fiscal inteligente no solo aliviaría el bolsillo, sino que también puede convertirse en una palanca concreta para el crecimiento económico y la mejora del bienestar.
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ECONOMIA
De Electrolux a Lumilagro: qué fábricas quebraron, se achicaron o se volcaron a lo importado

La decisión oficial de promover una apertura sin límites de las importaciones, en combinación con un escenario de consumo retraído y dificultades para reducir los costos de fabricación local, empujan a más y más empresas a cambiar su modelo de negocios por la compra de productos elaborados en el exterior o, directamente, optar por la reducción de actividades con lo que eso implica en términos de pérdidas de empleos.
Es en esa línea que se inscribe, por ejemplo, la reciente decisión de Lumilagro de vender termos de vidrio y acero hechos en India, Vietnam y China, o el cierre de líneas de producción en Moura, que comenzará a traer baterías desde Brasil.
En el mercado de la electrónica, el reemplazo de lo producido en el país por lo generado fronteras hacia afuera explica la reducción de operarios en Electrolux, Whirlpool, Aires del Sur y Neba, entre otras firmas.
La perspectiva, reconocen en ese segmento, es de una participación cada vez más amplia de importados en detrimento de la fabricación nacional. La pregunta que se hace el sector es qué alternativas se generarán en términos de empleos y cómo mantener a raya el clima de conflictividad laboral que viene brotando a partir de este nuevo y desafiante escenario comercial.
El cambio de modelo de negocios hacia un esquema basado en la exportación se hace por demás visible en el nicho de la electrónica del hogar, donde la reducción de operaciones y la proliferación de suspensiones y despidos se intensifican semana tras semana.
Importaciones alientan suspensiones y despidos
Una muestra de esto corresponde a la decisión de Electrolux de abrir un programa de retiros voluntarios y avanzar con la reducción del 25% de su plantel de 400 empleados.
Como detalló iProfesional, la puesta en marcha de esa opción dio lugar a una auténtica estampida por parte de sus trabajadores, que buscan asegurarse pagos ante una inminente ola de despidos. En concreto, la compañía lanzó un plan que comprendía 100 retiros de base para su planta en Rosario, pero la opción ya acumula 130 inscriptos y el número sigue subiendo.
La compañía viene de bajar de 900 operarios a sólo 400 en los últimos dos años y medio. Tanto la merma en las ventas como la irrupción de los importados se mencionan como las variables que impactaron en el negocio de la compañía.
Por estos días, la planta que Electrolux posee en el barrio Las Delicias, en Rosario, funciona a menos del 50% de su capacidad instalada. «Se vende muy poco desde que empezaron a entrar las mercaderías chinas», declaró al respecto Adrián Cartazo, secretario de prensa de la seccional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) seccional Rosario.
«Electrolux es una multinacional, lo que le permite importar porque hay fábricas en Brasil de la empresa, pero en un momento se pensó que fabricar acá podía llegar a ser un negocio viable. El tema es que la gente hoy por hoy no compra porque no tiene plata. Incluso si importás barato, tampoco es negocio», agregó.
El achique de Electrolux coincide con la decisión de Moura, el gigante de las baterías, de dejar de fabricar ese tipo de productos para camiones en su planta industrial de Pilar. La novedad se conoció a principios de esta semana: la compañía en cuestión desactivará dos líneas de producción de sus instalaciones en ese distrito y pasará a importar todo desde Brasil.
La compañía aún debate en qué otros sitios de su planta reubicará a los 25 operarios dedicados a la producción de las baterías que ahora se importarán. Pero los gremios de ese sector sostienen que los empleos en riesgo podrían ascender a 200 entre operarios, administrativos y encargados de logística.
Empleos afectados por el cambio de modelo productivo y comercial.
La electrónica, golpeada por la importación
A la par de Electrolux y Moura, otras empresas dedicadas a la producción de electrónica del hogar y electrodomésticos en general también dejaron de lado la producción nacional y se multiplican los despidos en ese sector.
La primera de ellas es Aires del Sur, dueña de las marcas Electra y Fedders, que acaba de presentar su pedido de quiebra directa ante la Justicia y viene de concretar 140 despidos. Con base en Tierra del Fuego, en esa provincia se señala que la firma reorientará su apuesta comercial por un modelo basado directamente en el ingreso de productos elaborados en el exterior.
Recientemente, y a través de un escrito judicial, la empresa aseguró encontrarse en «estado de cesación de pagos actual, generalizado e irreversible», describió su crisis como de carácter «estructural» y admitió que el plan de continuidad productiva implementado no logró revertir la situación.
También en Tierra del Fuego, y a raíz de la avalancha de dispositivos ingresados desde el exterior, Newsan viene de despedir a 150 trabajadores de su planta de Ushuaia.
Al mismo tiempo, la entrada en vigencia del arancel 0 para la importación de teléfonos celulares, en continuidad con las rebajas porcentuales establecidas a mediados del año pasado, abre interrogantes respecto de qué ocurrirá con la producción local de ese tipo de dispositivos.
En esa provincia temen que el ingreso irrestricto de celulares importados complique la continuidad de numerosos empleos. La industria electrónica genera unos 10.000 puestos de trabajo y la categoría celulares representa el 40% de ese total, siendo la que más peso tiene en el total.
Ya en zona cordillerana, la fábrica de heladeras Neba dejó de operar en Catamarca a fines de febrero último y despidió a 56 operarios. Los empleados de esta última ocuparon las instalaciones de la firma en el parque industrial de El Pantanillo, cercano a la capital catamarqueña.
Los cesanteados en Neba optaron por poner en marcha una medida de fuerza que ya acumula más de una semana vigente y que , de acuerdo a medios de esa provincia y regionales, permanecen en asamblea dentro del predio de la fabricante a la espera de respuestas oficiales.
Peabody y Lumilagro, también migran hacia lo importado
Por el lado de Peabody, su controlante Goldmund SA comunicó a clientes y proveedores -a través de una carta fechada el 2 de marzo- que inició un proceso de reestructuración de pasivos. Desde la compañía evitaron profundizar en los motivos y se limitaron a señalar que «será un proceso largo».
Goldmund SA ya venía importando buena parte de su portafolio de electrodomésticos directamente desde Asia, y todo indica que esa alternativa ganará más fuerza con el correr de los meses. La compañía posee una planta en La Matanza con más de 60 empleos que ahora se mantienen en suspenso. La firma redujo 140 puestos de trabajo en el último año.
En paralelo, Longvie también atraviesa un momento por demás complicado en términos financieros. En los últimos 24 meses la compañía, que basa buena parte de su producción de electrodomésticos en insumos importados, acumuló pérdidas por 17.000 millones de pesos y mantiene activo un esquema de suspensiones rotativas con alcance al 50% de sus casi 300 empleados. Los trabajadores suspendidos perciben entre el 75 y el 80 por ciento de cada salario neto.
Aunque al margen del segmento de la electrónica, Lumilagro es otra compañía que acaba de poner fin a su producción nacional para comercializar productos importados. La firma comenzó a ingresar termos de vidrio y acero hechos en Vietnam, India y China, y en los últimos dos años recortó 170 empleos de un total de 220. Afirma que sus ventas cayeron al menos 50% en el mismo lapso.
«Hace 4 años decidimos fabricar en China, nos quisimos prevenir. Queríamos tener el mejor termo para mate del mundo. Tardamos un año en elegir la fábrica en China, en el medio la competencia fue y compró la fábrica y les prohibió que trabajen para nosotros», declaró al respecto Martín Nadler, director ejecutivo y dueño de Lumilagro.
«En China el 90% de las fábricas no son buenas, por eso tardamos 6 meses más en encontrar la nueva planta. Mandarlas a fabricar afuera es un salto en calidad por la economía de escala y el ahorro en el costo es de un 15%. En nuestro caso tuvimos que cerrar nuestra fábrica pero el argentino puede tener un termo más barato y de mejor calidad«, añadió, en una entrevista con iProfesional que puede leerse aquí.
Antecedentes de compañías que empezaron a caer por los importados
El derrumbe de la producción nacional de electrónica y su reemplazo por los importados comenzó a evidenciarse ya durante la segunda mitad del año pasado. En ese sentido, y durante el mes de noviembre, la multinacional Whirlpool bajó las persianas de su fábrica inaugurada en Pilar apenas dos años antes, en 2022.
El cierre afectó a 220 empleados del sector metalmecánico. La compañía cambió su modelo de negocios a uno basado directamente en el ingreso de mercadería generada en el exterior.
Por su parte, la mexicana Mabe, dueña también de marcas como Patrick y Drean, estableció un proceso de reorganización de sus operaciones en la Argentina también en ese lapso. Dicha iniciativa comprende retiros voluntarios para parte de su personal y el cierre de su fábrica de Córdoba, que fue reconvertida en depósito de importados y hub de distribución.
Mabe informó en su momentos que las instalaciones en Río Segundo se transformarían en apenas un centro de distribución, y que concentrará una producción menor de cocinas, lavarropas y secarropas en Luque, siempre en territorio mediterráneo. Además, la firma anticipó que continuará con la producción de heladeras en San Luis, aunque a un ritmo más acotado. En los últimos meses Mabe recortó al menos 50 puestos de trabajo.
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ECONOMIA
El conflicto en Medio Oriente sacude los precios de las materias primas: qué se espera para el trigo y el pan

El aumento de las tensiones en Medio Oriente volvió a agitar los mercados internacionales de materias primas internacionales. En el caso del trigo, las tensiones geopolíticas generaron episodios de volatilidad en los precios globales, aunque en Argentina el impacto fue limitado por la abundante cosecha local y la elevada disponibilidad de granos, que amortiguan las fluctuaciones internacionales y reducen la posibilidad de que la bonanza productiva se traduzca en ingresos extraordinarios para la economía.
Una de las razones que explica esta situación es el encarecimiento de insumos y costos logísticos, y el efecto sobre los precios FOB locales del trigo argentino, que permanece acotado: la cotización aumentó apenas 0,5% tras el inicio del conflicto en la región, frente a subas de hasta 5% en otros orígenes, detalló Emilce Terré, investigadora y economista de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).
Esta diferencia obedece, en parte, a la ubicación geográfica y a la capacidad de abastecimiento nacional, que ponen a Argentina como uno de los pocos países exportadores que atraviesan la coyuntura sin señales de preocupación ni por oferta interna ni por incrementos abruptos en el precio del cereal.
La abundante oferta local de trigo funciona como un factor de contención para el precio de la harina y limita la posibilidad de subas abruptas en el pan
En este entorno, distintos especialistas coinciden en que, al menos en el corto plazo, la abundante oferta local de trigo funciona como un factor de contención para el precio de la harina y limita la posibilidad de subas abruptas en el pan, aunque los panaderos advierten que los costos de servicios, combustibles, salarios y alquileres, siguen presionando sobre los precios y el consumo de los hogares.
Argentina alcanzó una producción histórica de 30 millones de toneladas de trigo, superando de forma considerable el anterior techo de 21 a 23 millones de toneladas, dijo Terré.
De ese volumen, cerca de 16 millones de toneladas ya fueron vendidas, y existe una disponibilidad exportable cercana a 17 millones de toneladas, según Gustavo Idígoras, presidente del Centro de Exportadores de Cereales (CEC). Estos niveles, inéditos en la historia del sector, explican por qué la volatilidad internacional produjo un impacto local moderado.
En síntesis, la Argentina logró una cosecha récord de trigo, maíz, cebada y girasol, pero ese salto productivo no se refleja en mayores ingresos de divisas. El principal motivo es el estancamiento de los precios internacionales, al que se suma el adelantamiento de liquidaciones que se produjo en septiembre de 2025, cuando la eliminación temporaria de derechos de exportación aceleró ventas y embarques.
Según la BCR, el ingreso proyectado por exportaciones del sector para 2026 en el Mercado Libre de Cambios rondará USD 34.530 millones, prácticamente idéntico al valor alcanzado en 2025, a pesar del aumento en los volúmenes exportados. El impacto adicional de esa liquidación anticipada se hizo notorio, ya que el ingreso de divisas del agro en el último trimestre de 2025 fue el menor registrado desde 2005 para igual período.
Los últimos datos de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y CEC informaron que el sector liquidó USD 1.289 millones en febrero de 2026, lo que significó una reducción del 30% respecto de enero y un total anual de USD 3.140 millones acumulados.
El ingreso proyectado por exportaciones del sector para 2026 en el Mercado Libre de Cambios rondará USD 34.530 millones, prácticamente idéntico al valor alcanzado en 2025 (BCR)
Esta caída responde al anticipo de ingresos y a un entorno internacional menos favorable en materia de precios, así como por diversos paros y menos días de actividad. En enero, el sector había registrado USD 1.850 millones, monto un 82% superior al de diciembre de 2025, sostenido por embarques de trigo, cebada, maíz y subproductos de la soja.
La volatilidad global en los precios de insumos energéticos y fertilizantes, como urea y gas, representa una presión adicional sobre los márgenes de la producción nacional. Más del 33% de los fertilizantes circula por el estrecho de Ormuz, epicentro logístico amenazado por la crisis geopolítica, de manera que se encarecieron los fletes marítimos a la vez que disminuyó la competitividad argentina frente a otros mercados que obtienen mejores condiciones de venta desde países como Australia favorecidos por la cercanía.
El costo local para la cadena agroexportadora aumenta por la distancia a los centros de consumo, donde reside el 85% de la población mundial, y por la dependencia de insumos importados para la fabricación y la logística. “Hoy lo que más define este mercado es la volatilidad y la incertidumbre”, afirmó Terré.
El mercado global reaccionó con compras especulativas de contratos agrícolas: en el último mes, los fondos internacionales sumaron 540.000 contratos en el mercado de futuros de Chicago, empujando los precios internacionales en episodios puntuales. El trigo en esa plaza llegó a USD 218 por tonelada, el valor más alto desde febrero de 2025. Sin embargo, este impulso se asocia a movimientos financieros y no con variaciones reales en la oferta y demanda mundial.
A pesar de la estabilidad de los precios relativamente estables y elevada disponibilidad de trigo contrasta con la crisis que atraviesa el sector panadero en la provincia de Buenos Aires. El Centro de Panaderos de Merlo y la Cámara de Industriales Panaderos señalaron que el consumo de pan cayó 45% en el primer trimestre de 2026 respecto del año anterior.

Las causas principales son la caída generalizada de ventas vinculada a la pérdida de poder adquisitivo, mientras el sector enfrenta incrementos persistentes en insumos, servicios y combustibles.
Con vistas a la campaña 2025/26, Argentina espera una producción total de granos cercana a 160 millones de toneladas, según proyecciones de la BCR.
La cosecha fina estableció nuevas marcas con 29,5 millones de toneladas de trigo, 5,6 millones de cebada, mientras entre los granos gruesos el maíz alcanzaría 62 millones y el girasol marcaría su mayor cosecha del siglo con 6,6 millones de toneladas. La soja, con 48 millones de toneladas, se ubica por debajo de años anteriores, pero con rindes superiores, explicado por una menor superficie sembrada.
Hoy lo que más define este mercado es la volatilidad y la incertidumbre (Terré)
El aumento en la oferta podría llevar las exportaciones de granos y derivados hasta 113 millones de toneladas, superando en casi 10 millones el récord de la campaña 2018/19.
Este desempeño permite proyectar para 2026 un ingreso de USD 34.530 millones en el Mercado Libre de Cambios, mientras que el aporte por Derechos de Exportación para el Estado Nacional se estima en USD 4.650 millones, en niveles similares a los del año previo.
El complejo sojero aportará USD 3.420 millones en retenciones, el complejo maíz USD 720 millones (30% más que en 2025), trigo USD 300 millones (alza del 21%) y girasol USD 115 millones (suba del 60%), en función del mejor volumen exportado y precios internacionales favorables, señala la BCR.
El inicio de la campaña gruesa a partir de marzo y la evolución de los costos logísticos y de insumos determinarán la capacidad de la agroindustria para transformar los volúmenes récord en divisas
Para los próximos meses, el inicio de la campaña gruesa a partir de marzo y la evolución de los costos logísticos y de insumos determinarán la capacidad de la agroindustria para transformar los volúmenes récord en divisas efectivas.
Mientras tanto, el sector agroexportador continúa representando 48% de los envíos argentinos al exterior. La tendencia de liquidación de divisas se proyecta al alza respecto del promedio de los últimos cinco años, sostenida por el volumen exportable y cierta estabilización de los precios internacionales, a pesar de la volatilidad en los mercados globales.
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ECONOMIA
Hugo Moyano firmó la paritaria de Camioneros dentro de la pauta que marca el Gobierno

El líder del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, firmó este mediodía un nuevo acuerdo salarial con las cámaras empresarias del sector, pese a que en las semanas previas había anticipado que no aceptaría incrementos trimestrales y reclamaba una compensación del 8% por el impacto de la inflación.
El entendimiento finalmente alcanzado se alinea con la pauta salarial impulsada por el Gobierno, ya que establece una vigencia semestral y subas por debajo de la inflación proyectada.
Cómo será el aumento de sueldo para los Camioneros que firmó Hugo Moyano
El convenio contempla una mejora salarial total del 10,5% para el período marzo-agosto, que se aplicará de manera escalonada. El esquema prevé aumentos del 2% en marzo, 1,8% en abril, 1,7% en mayo, 1,6% en junio, 1,5% en julio y 1,5% en agosto.
De esta manera, se ubicaría por debajo de la inflación estimada: según el REM del BCRA, el IPC evolucionará de la siguiente manera en los próximos meses: marzo 2,5%, abril 2,2%, mayo 1,9%, junio 1,8%, julio 1,7% y agosto 1,5%.
Además, el acuerdo incluye una suma fija no remunerativa de $53.000, que se abonará con los salarios de marzo.
El acuerdo también establece un premio mensual por presentismo y puntualidad de $60.000 destinado exclusivamente a los trabajadores de las ramas Clearing y Carga Postal y Operaciones Logísticas, que comenzará a pagarse a partir de abril. Ese monto absorberá cualquier pago similar que las empresas ya estuvieran otorgando.
Otro punto incorporado al entendimiento es una mejora en la contribución empresarial a la obra social del gremio, que pasará de $22.000 a $25.000 mensuales por trabajador.
Cláusula de revisión y compensación por inflación previa
Las partes acordaron incluir una instancia de revisión en la primera quincena de junio de 2026. En ese momento se evaluará únicamente la diferencia entre la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el período paritario analizado.
En el documento firmado también se detalla cómo se compensará la diferencia entre la inflación registrada y las pautas salariales acordadas en diciembre de 2025.
«Este acuerdo refleja la diferencia entre el IPC y las pautas paritarias acordadas en diciembre de 2025″, señala el texto. Además precisa que la suma de $53.000 se utilizará para cubrir las diferencias entre diciembre de 2025 y enero-febrero de 2026.
Según lo acordado, $49.471 de ese monto se incorporarán a los salarios básicos del chofer de primera categoría, y proporcionalmente al resto de las categorías del CCT 40/89, a partir de abril de 2026. A esas cifras se sumarán además los aumentos del 2% en marzo y del 1,8% en abril.
El acuerdo fue rubricado entre el Sindicato de Camioneros y tres entidades del sector: la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística, la Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas.
Fuentes empresariales destacaron especialmente la cláusula sexta del acuerdo, que establece que lo firmado tendrá vigencia para toda la actividad hasta el vencimiento del convenio colectivo, previsto para enero de 2027.
Ese punto podría impedir que el convenio se abra a negociaciones regionales o por empresa, una posibilidad que contempla la reciente Ley de Modernización Laboral.
La cláusula establece textualmente: «Las partes se reconocen recíprocamente representación colectiva ratificando en todos sus términos la vigencia plena de todas las cláusulas previstas en el CCT 40/89, modificaciones y anexos».
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