La Corte Suprema de Estados Unidos concluyó que los aranceles-Trump son ilegales, en concordancia con decisiones anteriores adoptadas por jueces en casos específicos.

Según la Constitución de Estados Unidos, la autoridad para imponer aranceles reside en el Congreso (Artículo I, Sección 8); sin embargo, desde su sanción en 1787, el Poder Legislativo ha ido delegando en el Presidente ciertos poderes vinculados a políticas comerciales, como la “Trade Promotion Authority”, que faculta al Presidente para negociar tratados comerciales.

Entre muchas otras delegaciones del Congreso se encuentra la International Emergency Economic Powers Act (Ieepa) de 1977, empleada por Trump para justificar los aranceles del “Día de la Liberación”.

Tras el anuncio de la implementación de los aranceles-Trump, empresas nacionales afectadas acudieron a la justicia y los jueces determinaron que los daños ocasionados debían ser reparados. Finalmente, uno de esos casos llegó a la Corte Suprema (Learning Resources Inc. vs. Trump), que resolvió que la Ieepa no otorga al presidente el tipo de facultades requeridas para aplicar los aranceles-Trump.

Esta legislación establece que el mandato delegado permite “regular el comercio” (“regulate trade”), y de ninguna manera este poder puede utilizarse para imponer aranceles de diferentes valores contra cualquier país en cualquier momento.

La tradición legal sobre poderes delegados indica que, en cuestiones fundamentales, si la transferencia de facultades no es explícita, el poder debe ejercerse con cautela. Si el Congreso hubiera querido transferir al Presidente la capacidad de imponer los aranceles del “Día de la Liberación”, lo habría expresado así.

Este no es el primer caso en el que la Corte Suprema delimita el alcance del poder delegado: por ejemplo, en una de las numerosas causas citadas por el máximo tribunal, el presidente Joe Biden intentó condonar la deuda estudiantil adquirida para financiar estudios, y la Corte sancionó que no existía un poder delegado que habilitara tal política.

En 1977, al momento en que el Congreso sancionó la Ieepa, Estados Unidos y los miembros del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) ya habían participado en siete negociaciones multilaterales, habiéndose reducido notablemente los aranceles respecto de los vigentes al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Además, para ese entonces Estados Unidos y numerosos países contaban ya con diversos instrumentos regulatorios del comercio, como salvaguardias, medidas antidumping y disposiciones recogidas en el Artículo XX del GATT-OMC.

En la página 13 del fallo, la Corte Suprema afirma que el Presidente debe justiciar de manera clara por qué la Ieepa le otorgaría el poder invocado, concluyendo que esto “no puede probarlo” (“He cannot”). A partir de esa conclusión, el tribunal descargó una batería de argumentos legales que demostraron por qué Trump no podía justificar las maniobras y abusos cometidos con los aranceles. Previamente, el expresidente había declarado que una sentencia contraria sería devastadora.

Según medios especializados, la decisión representará un fuerte golpe financiero para la Tesorería de Trump. Estados Unidos ahora se encamina a varios años de litigios, involucrando tanto a quienes pagaron aranceles inconstitucionales como a quienes lanzaron proyectos de inversión bajo el estímulo de los aranceles-Trump y a los países que sufrieron daños en sus exportaciones.

Aunque podría pensarse que este fallo histórico de la Corte Suprema conduciría a que la política comercial estadounidense retorne al statu quo anterior al “Día de la Liberación” -es decir, a cumplir las normas comerciales vigentes-, por el momento esto no ocurrirá. Tras descalificar severamente a la Corte Suprema, Donald Trump anunció que, amparado en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, impondrá un arancel del 15% sobre los valores vigentes previos al “Día de la Liberación”.

Por motivos de desequilibrio de la balanza de pagos, y bajo condiciones y obligaciones específicas, esta sección autoriza al presidente a aplicar un arancel de ese porcentaje por un período que no debe superar los 150 días.

El destino de esta y otras posibles medidas de Trump, así como el desarrollo de los litigios, aún está por verse. Las estimaciones sobre los daños económicos, tanto los ya sufridos como los que puedan producirse, serán publicadas a medida que dispongan de los informes de consultoras internacionales y organismos multilaterales, con el fin de evidenciar la magnitud de los costos ocasionados.

El autor es Miembro Academia Nacional de Ciencias Económicas

Uno de los mayores logros de este gobierno es dejar atrás un modelo económico cerrado y expulsivo que incentivó durante años la emigración de capital humano: cerca del 5% de la población, es decir, unos dos millones de argentinos, reside hoy en el exterior, en muchos casos atraída por economías con mayores niveles de ingreso y oportunidades, como Irlanda.

El caso irlandés ofrece un punto de comparación útil para pensar los desafíos argentinos.

A comienzos de los años 90, Irlanda era considerada uno de los países más rezagados de Europa Occidental. En 1988, la revista The Economist la describía como el país más pobre entre los ricos: su PBI per cápita era apenas el 60 % del promedio de la entonces Comunidad Económica Europea. Una década después, la misma publicación dedicaría otra portada a la economía irlandesa con el título “La luz que brilla en Europa”.

A comienzos de los años 90, Irlanda era considerada uno de los países más rezagados de Europa Occidental. En 1988, la revista The Economist la describía como el país más pobre entre los ricos: su PBI per cápita era apenas el 60 % del promedio de la entonces Comunidad Económica Europea. Una década después, la misma publicación dedicaría otra portada a la economía irlandesa con el título “La luz que brilla en Europa”.

Irlanda venía de una crisis de deuda masiva en los años 80 debida a políticas fiscales expansivas mal implementadas, con la deuda pública alcanzando un máximo de 115% del PBI en 1987. El desempleo llegó al 17% y la emigración era masiva: la principal exportación de Irlanda era su gente.

Entonces ocurrió el “milagro del tigre celta”. Entre 1995 y 2007, Irlanda pasó de ser uno de los países más pobres y estancados de Europa Occidental a convertirse en uno de los más prósperos del mundo, registrando tasas de crecimiento del PBI que en algunos años superaron el 9 por ciento.

La disciplina fiscal permitió reducir rápidamente el peso de la deuda, que cayó al 75% del PBI en 1995 y descendió por debajo del 40% antes de la crisis financiera global de 2008. A la vez, una combinación de baja carga impositiva, estabilidad macroeconómica y acceso pleno al mercado de la Unión Europea convirtió al país en un polo de atracción para la inversión extranjera directa.

Muchas empresas multinacionales eligieron Irlanda como plataforma para producir y exportar al resto del continente, lo que impulsó el empleo, la productividad y los ingresos. Hoy, el país se ubica entre los de mayor ingreso per cápita del bloque europeo.

La experiencia irlandesa muestra cómo la integración económica, acompañada de estabilidad macroeconómica y reglas pro-inversión, puede transformar la estructura productiva de un país pequeño y abierto. Para Argentina, integrarse a la Unión Europea significaría no solo acceder a un mercado de 700 millones de consumidores, sino también una oportunidad para atraer inversiones, financiamiento y tecnología que refuercen el crecimiento de largo plazo.

El acuerdo Mercosur-Unión Europea abre oportunidades para el agro, la energía y los servicios argentinos

El tratado comercial tendrá un impacto amplio sobre la estructura exportadora argentina, con beneficios que alcanzan desde la producción de alimentos hasta la minería, la industria y los servicios basados en el conocimiento. La reducción de aranceles, el reconocimiento de estándares y una mayor previsibilidad normativa aparecen como los principales mecanismos de impulso.

En la agroindustria –uno de los sectores con efectos más inmediatos– la baja de barreras de acceso mejora la competitividad de los productos argentinos en el mercado europeo:

• La carne vacuna, que hoy enfrenta aranceles de entre 20% y 60%, pasará a tributar entre 0% para cuotas específicas y 7,5% para nuevos cupos.
• En pesca, exportaciones como langostinos, calamar y merluza dejarán de pagar gravámenes que actualmente llegan hasta el 15%. Para La Pampa, es una oportunidad visible para la ganadería, los lácteos y la miel.
• El vino también se verá favorecido por la eliminación de aranceles y el reconocimiento europeo de 96 indicaciones geográficas argentinas, un reclamo histórico del sector para diferenciar calidad y origen.
• A esto se suman las economías regionales –cítricos, peras, arándanos, miel, frutos secos, legumbres, tabaco, yerba mate y té– que ganarán acceso preferencial a un mercado de alto poder adquisitivo.
• En biocombustibles, el biodiesel reducirá progresivamente su arancel de 6,5% hasta alcanzar el 0% en un plazo de diez años.

Más allá del agro, el acuerdo apunta a consolidar a la energía y la minería como motores exportadores de largo plazo. Se prevé un mayor dinamismo en litio y cobre, junto con un impulso a los hidrocarburos, favorecido por la demanda europea y por reglas de juego más estables para la inversión.

La industria manufacturera también podría experimentar un salto relevante. Se estima que las exportaciones industriales crecerían cerca de 30%, especialmente en autopartes, insumos químicos y petroquímicos.

Además, el acceso más barato a maquinaria y bienes de capital europeos permitirá mejorar la productividad local. El sector automotor tendrá una apertura gradual, con plazos de desgravación de hasta 15 años para vehículos convencionales y de hasta 30 años para nuevas tecnologías, como autos eléctricos o a hidrógeno.

El acuerdo también incorpora a los servicios basados en el conocimiento –software, tecnología y servicios profesionales– como un área de alto potencial, al facilitar la inserción de empresas argentinas en el mercado europeo bajo marcos regulatorios más previsibles.

Actualmente, la Unión Europea no es un actor nuevo en la economía local: es la principal fuente de Inversión Extranjera Directa (IED) en Argentina. Con un stock que ronda los USD 75.000 millones, los capitales europeos representan cerca del 40% del total de las inversiones en el país.

El tratado está diseñado para complementarse con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), intensificando los beneficios para las empresas que decidan apostar por proyectos de gran escala en suelo argentino. Se espera que el flujo de capitales se concentre en sectores estratégicos para la transición energética global: minería (especialmente litio y cobre), energía y economía del conocimiento.

Un beneficio adicional: la importación de instituciones. El nuevo marco regulatorio busca otorgar la certidumbre y seguridad jurídica que los operadores económicos demandan para proyectos de largo plazo. El acuerdo funciona como un “anclaje institucional” que alinea a la Argentina con las mejores prácticas internacionales.

El economista Jorge Ávila, profesor de Ucema, afirma que acuerdos como este y el logrado con Estados Unidos traen un beneficio adicional al estrictamente comercial: permiten “importar instituciones”.

Según Ávila, la experiencia histórica muestra que países que decidieron incorporarse a un gran club de naciones con reglas estables no solo ampliaron su comercio, sino que también lograron reducir el riesgo país y converger, en términos de ingreso per cápita, hacia los niveles de las economías avanzadas. La pertenencia a ese club implica adoptar marcos institucionales previsibles: protección de la propiedad, apertura económica y reglas claras para la inversión, que funcionan como ancla de credibilidad.

En el caso de Argentina, este fenómeno ya se observó a fines del siglo XIX, cuando el país vivió un crecimiento fenomenal fruto de integrarse al comercio internacional bajo un esquema de libre intercambio, incorporando normas y prácticas que favorecieron la expansión económica de largo plazo.

El autor es economista, diputado por La Pampa y presidente de La Libertad Avanza La Pampa; la autora es economista y asesora en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación

Tras la aprobación de la ley de Inocencia Fiscal, la competencia por captar los depósitos en moneda extranjera dentro del sistema financiero local ha ingresado en una nueva etapa. En un contexto de mayor flexibilidad regulatoria y ante la necesidad de las entidades de incrementar su liquidez en divisas, los bancos y las plataformas digitales han consolidado una oferta de productos que permiten a los ahorristas generar rendimientos sin perder la disponibilidad de sus fondos.

A diferencia del plazo fijo tradicional, donde el capital debe permanecer inmovilizado por un período mínimo de 30 días, las cuentas remuneradas en dólares funcionan bajo un esquema de liquidez inmediata. El usuario deposita sus ahorros en una caja de ahorro habilitada y, por el solo hecho de mantener el saldo, comienza a percibir intereses que se calculan y, en la mayoría de los casos, se acreditan de forma diaria o mensual.

La oferta actual muestra una convergencia en las tasas de interés, que promedian el 2% de Tasa Nominal Anual (TNA), aunque las condiciones de aplicación varían significativamente según la institución, especialmente en lo que respecta a los montos máximos sobre los cuales se aplica el beneficio.

El Banco Nación mantiene una propuesta con una TNA del 1,80%. No obstante, esta remuneración no se aplica sobre la totalidad de los fondos si estos son elevados: la entidad estableció un tope de saldo de USD 10.000. De esta manera, si un cliente posee un excedente sobre ese monto, los intereses se calculan exclusivamente sobre los primeros diez mil dólares.

En el sector de la banca privada, el Banco Galicia ofrece una TNA del 2%. Al igual que la entidad oficial, el Galicia aplica un límite máximo de USD 10.000 para el cálculo de los rendimientos. Por su parte, el Banco Supervielle también se posiciona con una tasa del 2% anual, presentándose como una alternativa para quienes buscan rentabilizar sus saldos a la vista en moneda extranjera.

Una de las opciones con mayor margen en cuanto a volumen de ahorros es el Banco del Sol. Esta entidad digital permite remunerar saldos sustancialmente más altos, con un tope que alcanza los USD 30.000.

El ecosistema de las fintech y las Sociedades de Bolsa (Alycs) también ha ganado terreno en este segmento, ofreciendo procesos de apertura de cuenta simplificados y, en algunos casos, tasas levemente superiores.

Mercado Pago, a través de su infraestructura tecnológica, informa un rendimiento del 2,3% anual según los datos de su aplicación. Esta opción resulta atractiva para los usuarios que ya operan en la plataforma, ya que permite canalizar los dólares hacia fondos de inversión de bajo riesgo que liquidan intereses de forma periódica.

Por otro lado, Invertir Online (IOL) ofrece una TNA del 2 por ciento. Una particularidad de esta plataforma es su esquema de liquidación: los intereses generados por los dólares en cuenta se acreditan el primer día hábil de cada mes, lo que facilita el seguimiento de la rentabilidad mensual para el inversor.

En el ámbito de las billeteras que operan con tarjetas prepagas multimoneda, Prex compite con una tasa del 2% anual. El beneficio principal de esta alternativa es la frecuencia de acreditación, que se realiza de manera diaria, permitiendo que el interés compuesto actúe de forma más dinámica sobre el saldo disponible.

La expansión de estos instrumentos responde a un cambio en la estrategia de los bancos para atraer los denominados “dólares del colchón”. Tras la eliminación de diversas restricciones cambiarias y la implementación de normativas que favorecen la transparencia de los fondos, las instituciones financieras buscan que los ahorristas reingresen sus divisas al circuito formal.

Para el ahorrista, la cuenta remunerada actúa como un híbrido entre una caja de ahorro convencional y una inversión de bajo riesgo. Entre sus principales características técnicas se destacan:

• Disponibilidad de fondos: A diferencia de las Letras o los bonos, no hay una fecha de vencimiento. El dinero puede ser transferido, utilizado para compras con tarjeta de débito o extraído por ventanilla en cualquier momento sin penalizaciones.
• Automatización: En la mayoría de las entidades, el proceso es automático. Una vez que los dólares ingresan a la cuenta, comienzan a devengar intereses sin que el usuario deba realizar una suscripción manual cada día.
• Seguridad: Al tratarse de depósitos en entidades autorizadas por el Banco Central, cuentan con los marcos regulatorios de protección de depósitos vigentes, lo que reduce el riesgo en comparación con otras inversiones no garantizadas.

Es fundamental distinguir las cuentas remuneradas de otras opciones de inversión en moneda extranjera. Mientras que el plazo fijo en dólares suele ofrecer tasas levemente superiores, exige un compromiso de permanencia. En un escenario de volatilidad o necesidad de uso inmediato de los fondos, la cuenta remunerada ofrece una flexibilidad que el plazo fijo no posee.

Respecto a los Fondos Comunes de Inversión (FCI) en dólares, las cuentas remuneradas ofrecen una tasa fija o predeterminada (TNA), mientras que los fondos dependen de la fluctuación de los activos que los componen (como bonos soberanos o corporativos). Esto implica que, aunque un FCI podría eventualmente rendir más, también está sujeto a variaciones de mercado que podrían resultar en rendimientos negativos, algo que no ocurre con la tasa garantizada de una cuenta remunerada.

En conclusión, el abanico de opciones para obtener renta en dólares se ha diversificado. La elección entre un banco tradicional o una plataforma digital dependerá, fundamentalmente, del monto que el ahorrista desee remunerar y de la frecuencia con la que necesite disponer de sus divisas. Con tasas que rondan el 2% anual, estas cuentas se consolidan como una herramienta básica de gestión financiera para evitar la pérdida de valor adquisitivo de la moneda extranjera ociosa.