ECONOMIA
Extendieron el plazo para adherir al régimen de facilidades de pago del impuesto a las Ganancias
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso una serie de modificaciones en el régimen de facilidades de pago para el impuesto a las Ganancias, extendiendo los plazos de adhesión y reduciendo la tasa de interés para quienes regularicen su situación fiscal antes de fin de noviembre. La medida, formalizada a través de la Resolución General 5788/2025, fue publicada en la madrugada de este viernes en el Boletín Oficial.
De esta manera, los contribuyentes podrán regularizar saldos de declaraciones juradas del impuesto a las Ganancias, correspondientes a períodos fiscales no prescriptos.
En línea con lo dispuesto, el régimen está dirigido a quienes hayan computado quebrantos de manera incorrecta, ya sea por utilizar valores actualizados no permitidos o por cualquier otra causa que haya alterado la correcta imputación, y que hayan rectificado sus presentaciones.
Además, abarca la regularización de saldos de impuesto a las Ganancias de ejercicios comerciales cerrados entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, en los que se computen quebrantos a valores históricos, tanto en declaraciones originales como rectificativas.
La resolución también impacta sobre la refinanciación de planes de facilidades de pago vigentes, regulados por la Resolución General 5.742 y sus modificatorias. En ambos casos, el plazo de adhesión, que originalmente vencía el 28 de noviembre de 2025, se extiende hasta el 30 de diciembre de 2025.
En paralelo, ARCA dispuso una reducción de la tasa de interés de financiación para los planes de facilidades de pago presentados hasta el 30 de noviembre de 2025. La nueva tasa será del uno por ciento (1%) mensual, reemplazando la tasa anterior prevista en la normativa vigente.
La decisión se fundamenta en la necesidad de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y en razones de administración tributaria. Además, se consideró oportuno reducir la tasa de interés para quienes presenten sus planes antes de fin de noviembre.
Días antes de que se oficialice la prórroga, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno evalúa modificaciones en el impuesto a las Ganancias, aunque descartó una reducción inmediata de la carga impositiva para no comprometer el superávit fiscal.
Caputo detalló que la reforma tributaria, que el oficialismo enviará al Congreso durante las sesiones extraordinarias, buscará eliminar los impuestos más distorsivos, como Ingresos Brutos a nivel provincial, el impuesto al cheque, las retenciones y el impuesto a las Ganancias en empresas, que, según sus palabras, “nos hace poco competitivos respecto a otros países del mundo”.
No obstante, advirtió que cualquier cambio en estos tributos resulta “muy caro” para el equipo económico, ya que representan una parte significativa de la recaudación: el impuesto al cheque equivale a 1,5% del Producto y las retenciones a 1,2%.
El ministro anticipó que se analiza “subir fuertemente las deducciones al impuesto a las Ganancias de personas humanas” para fomentar la formalidad laboral, aunque reconoció que esta medida podría resultar insuficiente para el sector privado, que esperaba una baja más significativa de la presión fiscal.
El sector privado, representado por la Unión Industrial Argentina (UIA), mantiene su reclamo de una menor presión tributaria y una mejora en la infraestructura, demandas que se intensificaron tras la asunción de Martín Rappallini como presidente de la entidad.
Según un relevamiento de la UIA, los saldos a favor de Ingresos Brutos que las provincias adeudan a las empresas alcanzan actualmente $54.000 millones, y un 57% corresponde a jurisdicciones donde las compañías no tienen establecimientos.
Además, el informe señala que las alícuotas efectivas de Ingresos Brutos rondan el 4% a nivel nacional, cuando el máximo debería ser 1,5%, y que más del 10% de las empresas considera irrecuperables esos saldos, mientras que 40% reporta demoras de hasta un año para la devolución.
declaración de la renta
El frigorífico General Pico, creador de las reconocidas hamburguesas Paty, desvinculó a 194 trabajadores. La firma, propiedad del empresario Ernesto “Tito” Lowenstein, atraviesa una delicada situación financiera, con una deuda que supera los $30.000 millones.
Los despidos alcanzaron a empleados de las tres plantas que la firma tiene en la provincia. Unos 156 fueron en General Pico, cerca de 30 en Trenel y ocho en Arata, según confirmaron fuentes con conocimiento del caso.
Hace menos de un mes, la compañía ya había suspendido a la totalidad de su plantel, integrado por más de 450 trabajadores, como consecuencia de una fuerte baja en las exportaciones, la presión de los costos locales y los vaivenes macroeconómicos propios de la Argentina.
La situación productiva de la compañía se deterioró rápidamente. Hace más de 15 días que la faena pasó de un promedio diario de 600 vacunos a apenas 50 cabezas, una retracción que también impactó en productores, transportistas y comercios de la región.
La empresa justificó los despidos por un “cúmulo de factores”, entre ellos la caída del convenio de exportación con China, el retiro de subsidios energéticos y la devaluación de diciembre de 2023.
Ese escenario llevó a la firma a solicitar un procedimiento preventivo de crisis en enero, que no fue homologado por el gremio y venció el 31 de ese mes. En la presentación, la compañía reconoció que no contaba con fondos para afrontar la totalidad de los salarios de enero y propuso un pago de $500.000 por trabajador.
Según informaron medios locales, las notificaciones de despido llegaron a los domicilios de los empleados mediante telegramas, bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habilita el pago del 50% de la indemnización en contextos de crisis.
La crisis de Frigorífico Pico se da en un contexto de retracción del negocio exportador de carne. De acuerdo con datos del Indec, las exportaciones cárnicas argentinas cayeron 7,3% en volumen durante 2025.
La baja fue más marcada en los envíos a China, principal destino del sector, que redujo sus importaciones un 12,3% interanual, al pasar de 569.000 toneladas en 2024 a unas 498.000 toneladas en 2025. Su participación dentro del total exportado cayó del 74% al 70%, con un precio promedio cercano a los USD 3.800 por tonelada.
Pese a la caída en los volúmenes, la facturación del sector mostró una mejora, ya que en 2025, los ingresos por exportaciones de carne vacuna crecieron 28,5% interanual, impulsados por precios entre 20% y 30% más altos en mercados como Estados Unidos, Israel y la Unión Europea.
Aun así, ese mayor ingreso de dólares no alcanzó para compensar el impacto negativo en frigoríficos con una alta dependencia del mercado chino. En plantas orientadas al comercio exterior y con estructuras diseñadas para grandes volúmenes de faena, la reducción de la demanda golpeó de lleno sobre la rentabilidad y la continuidad operativa.
Ernesto “Tito” Lowenstein es uno de los empresarios más influyentes del sector agroindustrial y alimenticio argentino. Nacido en Entre Ríos y formado como ingeniero industrial, impulsó la modernización de la industria cárnica, promoviendo la elaboración de productos con mayor valor agregado en un rubro tradicionalmente enfocado en la exportación de cortes básicos.
Durante los años ochenta, Lowenstein lideró el nacimiento de Paty, consolidando la hamburguesa como un producto de consumo masivo en el país. A través de Quickfood, la empresa que fundó, desarrolló una línea de producción que abarcó tanto el mercado interno como la exportación de alimentos congelados.
Con el paso del tiempo, Quickfood ganó relevancia en la industria alimenticia argentina. En 2009, la compañía y la marca Paty pasaron a manos del grupo brasileño Marfrig, que absorbió las operaciones y desde entonces maneja la marca en el plano regional.
De hecho, Marfrig aclaró que el frigorífico Pico no tiene vínculo con la marca ni con su situación actual, de manera que la marca Paty mantiene sus operaciones y liderazgo en el mercado sin verse afectada por el conflicto.
Fuera del ámbito alimenticio, Lowenstein también se involucró en el desarrollo del centro de esquí Las Leñas, en Mendoza, considerado uno de los principales destinos turísticos del país.
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ECONOMIA
Sueldo empleado de seguridad privada: cuánto gana cada categoría en febrero 2026 tras nuevo aumento
La actividad de seguridad privada volvió a actualizar sus ingresos en la Argentina. A partir de enero de 2026, los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 507/07 perciben nuevos salarios tras el acuerdo paritario firmado entre la Unión del Personal de Seguridad Privada de la República Argentina (UPSRA) y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI), que regirá durante el primer semestre del año.
El entendimiento establece nuevas escalas salariales mensuales entre enero y junio de 2026, sumas no remunerativas escalonadas, un adicional vacacional especial y la continuidad del convenio colectivo durante todo el año, en un contexto de inflación aún elevada y con negociaciones previstas para la segunda mitad del año
Cuánto gana un empleado de seguridad privada en enero, febrero y marzo de 2026
Con la entrada en vigencia del nuevo acuerdo, el salario de un vigilador general, categoría testigo del sector, quedó conformado desde enero de la siguiente manera:
Febrero 2026
Sueldo básico: $876.000
Adicional por presentismo: $165.000
Viático: $473.800
Suma no remunerativa: $25.000
Salario total bruto: $1.539.800
Este monto marca el piso salarial del sector para el primer mes de 2026 y sirve como referencia para el resto de las categorías, que presentan ingresos superiores según función, responsabilidad y especialización.
A continuación, cuánto cobra cada categoría:
- Vigilador General 1.539.800
- Vigilador Bombero 1.611.300
- Administrativo 1.645.100
- Vigilador Principal 1.681.800
- Verificación de Eventos 1.611.300
- Operador de Monitoreo 1.611.300
- Guía Técnico 1.645.100
- Instalador Sist. Electrónicos 1.681.800
- Controlador de Admisión y Permanencia General 1.539.800
Marzo 2026
Sueldo básico: $884.800
Adicional por presentismo: $165.000
Viático: $473.800
Suma no remunerativa: $25.000
Salario total bruto: $1.548.600
Con esta actualización, el salario de bolsillo de los vigiladores continúa ajustándose de forma progresiva frente a la inflación, mientras se mantiene abierto el esquema de revisión para los meses siguientes.
A continuación, cuánto cobra cada categoría por marzo 2026:
- Vigilador General: $1.548.600
- Vigilador Bombero: $1.620.600
- Administrativo: $1.654.600
- Vigilador Principal: $1.691.700
- Verificación de Eventos: $1.620.600
- Operador de Monitoreo: $1.620.600
- Guía Técnico: $1.654.600
- Instalador de Sistemas Electrónicos: $1.691.700
- Controlador de Admisión y Permanencia General: $1.548.600
En categorías superiores —como vigilador principal, administrativo, operador de monitoreo o instalador de sistemas electrónicos— los ingresos mensuales superan estos valores y se acercan o superan los $1,65 millones brutos ya desde el primer trimestre de 2026.
Escalas salariales de seguridad privada: cómo evolucionan hasta junio
El acuerdo paritario prevé incrementos progresivos mes a mes, con sumas no remunerativas que se pagan entre enero y junio y que, en el caso de la correspondiente a junio, se incorporarán al salario básico en julio de 2026.
De acuerdo con las grillas oficiales, el salario total de un vigilador general alcanzará en junio de 2026 los $1.644.650, mientras que categorías como vigilador principal, administrativo o instalador de sistemas electrónicos superarán los $1,75 millones, siempre en valores brutos.
Este esquema busca acompañar la evolución de los precios durante el primer semestre, con una cláusula de revisión abierta ante eventuales cambios macroeconómicos.
Qué pasa con las sumas no remunerativas
Uno de los puntos centrales del acuerdo es el pago de sumas no remunerativas mensuales, identificadas como «Suma No Remunerativa – Acuerdo 2026».
Estas gratificaciones:
Se abonan de enero a junio.
No impactan en aguinaldo, vacaciones, horas extras ni indemnizaciones.
Sí están alcanzadas por aportes sindicales y de obra social.
La suma de junio se incorpora al básico en julio.
En el caso de trabajadores con jornada reducida, tareas discontinuas o ausencias injustificadas, el monto se liquida de forma proporcional.
Adicional vacacional: cuánto se paga por día de vacaciones
El acuerdo también estableció un adicional vacacional extraordinario, reconociendo el carácter esencial del servicio de vigilancia privada. Los montos varían según el mes en que se tomen las vacaciones:
El adicional se paga por hasta 21 días de vacaciones y tiene carácter remunerativo.
Fondo de Ayuda Solidaria: se mantiene hasta junio
De manera transitoria, las partes resolvieron mantener vigente el Fondo de Ayuda Solidaria (FAS) previsto en el artículo 31 del CCT 507/07.
Entre enero y junio de 2026, el aporte será del 1% mensual sobre el salario básico del vigilador general, aplicado exclusivamente durante ese período.
Cuándo vuelven a discutirse los salarios
El acta paritaria fija una nueva instancia de negociación a partir del 20 de mayo de 2026, cuando UPSRA y CAESI volverán a reunirse para definir los salarios del sector desde julio en adelante.
Además, se dejó abierta una cláusula de revisión, que habilita a reabrir la discusión salarial si se producen variaciones económicas significativas.
Afiliados a FATRASEP: acuerdo cerrado para el primer semestre de 2026
En paralelo, la Federación Argentina de Trabajadores de la Seguridad Privada (FATRASEP) informó que alcanzó un acuerdo salarial para el período enero-junio de 2026. El convenio establece aumentos escalonados a lo largo de los seis meses. Una vez aplicadas todas las correcciones, el salario de los vigiladores del sector nucleado en la federación alcanzará $1.644.650.
En el anuncio formal, la conducción de FATRASEP también comunicó que se resolvió prorrogar durante todo 2026 los convenios colectivos de trabajo vigentes y sus anexos complementarios. La continuidad incluye las condiciones laborales actualmente establecidas para las distintas ramas de la actividad de seguridad privada.
Seguridad privada: empleo estable y demanda sostenida
Más allá de la negociación salarial, el sector de la seguridad privada continúa mostrando niveles estables de empleo en todo el país. La demanda se concentra especialmente en:
Vigilancia de edificios y empresas
Eventos masivos
Monitoreo remoto y seguridad electrónica
Transporte y custodia
Control de accesos y admisión
A esto se suma la capacitación obligatoria y los reentrenamientos periódicos, exigidos por las provincias, que refuerzan la profesionalización del rubro.
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El gasto público descendió 5,1 puntos porcentuales del PBI entre 2023 y 2025, alcanzando el 14,4% del Producto. Este nivel representa el registro más bajo de la última década y equivale a una reducción cercana al 25% respecto al gasto del año anterior.
Según el análisis de Fundación Libertad, el ajuste fiscal impulsado por el actual gobierno se enfocó especialmente en partidas ajenas a las políticas de ingresos y prestaciones sociales. La obra pública fue la más afectada, al caer 1,24% del PIB, situándose cerca de mínimos históricos.
Las prestaciones sociales no contributivas, excluyendo jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH) y asignaciones familiares, retrocedieron 1,12% del PIB. Los subsidios económicos —que abarcan energía y transporte— pasaron a representar cerca del 1% del PIB, la mitad del nivel registrado en 2023.
Los salarios públicos y las transferencias corrientes a provincias y universidades reflejaron caídas parecidas, de aproximadamente 0,7% del PIB cada una.
En contraste, las jubilaciones y pensiones aportaron solo una reducción de 0,13% del PIB. Sin embargo, su valor real se encuentra por debajo del de años anteriores. La única partida que exhibió crecimiento real fue la de asignaciones familiares y AUH, que se incrementaron 0,22 puntos porcentuales del PIB.
Considerando valores constantes de diciembre de 2025, los fondos para AUH y asignaciones familiares crecieron de 8,3 billones de pesos en 2023 a 10 billones en 2025, lo que implica un alza real cercana al 20%.
La caída de los subsidios económicos se mantuvo sostenida durante los dos últimos años. Fundación Libertad señaló que la suma destinada en 2025 llegó al 1% del PIB, por debajo del 1,4% de 2024 y casi la mitad del 2% de 2023. Entre 2020 y 2023, los subsidios superaron el 2% del PIB.
En este lapso reciente, los subsidios energéticos bajaron hasta representar alrededor del 0,6% del PIB y los referidos al transporte disminuyeron hasta el 0,3%, cerca de la mitad en solo dos años.
La composición del gasto público muestra transformaciones notables. El peso de las partidas sociales —jubilaciones, asignaciones familiares, AUH y pensiones— aumentó desde poco más del 54% del total del gasto en 2023 hasta alcanzar el 66% en 2025.
En paralelo, los recursos asignados a transferencias corrientes y obra pública se redujeron de forma considerable.
El rediseño en la distribución del gasto público refleja un cambio de prioridades: la protección social gana centralidad, mientras se recortan recursos para subsidios, obras y transferencias a provincias y universidades.
Fundación Libertad destaca que esta nueva estructura marca el inicio de una etapa fiscal caracterizada por la menor participación de partidas alejadas de los beneficios sociales.
De acuerdo también a un informe de Analytica, en 2025 el gasto público se mantuvo en mínimos históricos, con una variación anual leve que fue de apenas 0,1% una vez descontada la inflación.
Los mayores aumentos del gasto se concentraron en las transferencias corrientes a las provincias, que crecieron un 22%, impulsadas principalmente por las erogaciones asociadas al cumplimiento de la medida cautelar 1864/2022 a favor de la Ciudad de Buenos Aires, cuya ejecución comenzó en septiembre de 2024. También se registró un incremento en el gasto en bienes y servicios, con una suba del 14,2%.
El gasto en asignaciones familiares y por hijo registró un incremento del 12%. Este aumento se atribuye principalmente al crecimiento de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que subió un 18,9%. En contraste, las asignaciones familiares presentaron un alza del 2%.
Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, esta partida muestra una tendencia ascendente, lo que se refleja en el poder adquisitivo de los beneficiarios. Según el economista Nadin Argañaraz, la AUH duplicó su capacidad de compra en los últimos dos años y sus destinatarios experimentaron el mayor aumento en el ingreso real.
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