La economía volvió a mostrar señales de vulnerabilidad desde abril, principalmente por las consecuencias de las decisiones políticas y la ausencia de consensos, más que por insuficiencias en la gestión para revertir el prolongado ciclo de alta inflación, aumento del déficit fiscal y pérdida de competitividad externa.

Los principales indicadores macroeconómicos exhibieron avances durante los primeros 21 meses de la presidencia de Javier Milei, con una reducción de la pobreza del 41,7% al cierre del gobierno anterior al 31,6% en el primer semestre de 2025, tras un pico de 52,9% doce meses atrás. Sin embargo, empresarios y dirigentes opositores perciben que estas mejoras aún no impactan en la microeconomía -es decir, en pymes y trabajadores-.

Además, a la escasa acumulación de reservas en el Banco Central, consecuencia de la prioridad oficial por atender pagos a importadores y bonistas en un mercado internacional todavía cerrado, se suma el impulso legislativo de iniciativas que elevan el gasto público sin financiamiento genuino, así como un resultado adverso para el oficialismo en las elecciones legislativas locales de la provincia de Buenos Aires. Estos factores provocaron inestabilidad en los mercados cambiarios, de bonos y acciones, y pusieron en riesgo la estabilidad del plan económico.

El firme respaldo que Milei y su equipo económico recibieron por parte del gobierno de Estados Unidos, con gestiones del presidente Donald Trump y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, permitió en los últimos días un cambio de tendencia y preparó el terreno para un clima político y financiero más favorable, tanto de cara a las próximas elecciones legislativas de medio término como para profundizar el programa de ordenamiento macroeconómico y reformas estructurales en la segunda mitad del mandato.

En este contexto, Infobae entrevistó a Fausto Spotorno, economista y director del Centro de Estudios Económicos de OJ Ferreres y del Instituto de Economía de la UADE, además de profesor en UADE y Ucema y miembro de la Fundación Norte y Sur, para analizar la coyuntura y sus expectativas para los próximos meses.

— Desde mediados de julio, la confianza en los mercados se deterioró, acentuándose en agosto y empeorando tras el resultado electoral en Buenos Aires. ¿A qué factores atribuye este cambio en el clima de los mercados?

— Lo que se generó en los mercados es lo que se llama una crisis de confianza. Las crisis de confianza ocurren cuando el mercado asume que el rumbo económico que antes consideraba sostenible ya no podrá mantenerse. Generalmente, esto sucede ante desbalances macroeconómicos que requieren financiamiento y, por determinadas razones, (cambios en los mercados, crisis financieras, etc.) se asume que ese financiamiento dejará de estar disponible.

Esto puede provocar salida de capitales, caída de activos y devaluación de la moneda. En este caso, la particularidad reside en que las dudas surgieron desde el aspecto político. Las preguntas sobre la sostenibilidad del programa no vinieron tanto por el lado de cómo se financiarían los desbalances, sino por el riesgo de que, si el apoyo político se debilitaba, se volviera a déficits difíciles de financiar, o incluso a una eventual reestructuración de la deuda.

— Muchos analistas atribuyen la reciente inestabilidad a factores políticos, pero al mismo tiempo destacan “errores” de política económica. ¿Por qué cree que ponen el foco en las decisiones económicas incluso cuando el trasfondo parece político?

—Hay un vínculo. Está claro que algunos efectos del programa tuvieron impacto negativo sobre una parte de la sociedad y sectores económicos. Eso no es sorprendente: los planes de estabilización suelen tener efectos negativos o costos en términos de actividad económica en algún momento.

Adicionalmente, se puede argumentar que algunos efectos recesivos se intensificaron por determinadas decisiones de política económica, como la forma de eliminar las LEFI o el intento de forzar hacia abajo el tipo de cambio al momento de unificar el mercado cambiario. No existe un plan de estabilización perfecto y, de ninguna manera, esas medidas explican la volatilidad total de los mercados.

Pero sí es cierto que los impactos negativos de un plan de estabilización, como el enfriamiento de la economía o la apreciación cambiaria en un contexto complicado para muchas personas y empresas, pueden derivar en efectos políticos.

Por eso, es fundamental contar con solidez política para respaldar el programa cuando se sienten sus costos de corto plazo, especialmente si la oposición política no es constructiva o, peor aún, es destructiva y tiene un historial de manejo irresponsable de la economía.

— En casi dos años de gestión, algunos indicadores macroeconómicos muestran mejoras: aumento del superávit comercial, reducción de la deuda pública, descenso de la inflación, baja en la pobreza y crecimiento del PBI. ¿No son estos logros suficientes para inspirar confianza en los mercados?

—Al parecer, no. A pesar de todo ello, es necesario completar el programa; aún restan desafíos. La inflación bajó pero no se eliminó, la economía se estabilizó aunque no crece, la inversión sigue baja, el problema de las Leliqs persiste, los dividendos de las empresas siguen “encepados”, el salario real recuperó niveles de finales de 2023 pero continúa debajo de los valores de 2017. Queda mucho por avanzar y los desafíos para Argentina aún son grandes. La economía salió de terapia intensiva, pero no del hospital.

Lo que está en juego ahora es la continuidad y sostenibilidad de estos logros, así como el avance en la resolución de los problemas que todavía persisten. Dado un gobierno políticamente frágil y una oposición que no presenta propuestas claras, más allá de oponerse, resulta razonable que existan dudas sobre la continuidad de todo el programa.

Los inversores en industrias y servicios analizan el futuro y, en este contexto, es esencial que el Gobierno, ganando elecciones o vía acuerdos, pueda al menos dar garantías de que se intentará avanzar hacia ese futuro.

— Han surgido críticas por la falta de acumulación de reservas internacionales. Sin embargo, el Gobierno privilegió el pago atrasado de deudas, la eliminación de restricciones como las SIRA y la capitalización del BCRA. ¿Considera que esa estrategia fue errónea o hay otros factores más relevantes?

—La situación en ese aspecto no es sencilla de resolver. Las alternativas eran pocas. El pedido de acumular reservas responde a que estas son una garantía para el pago de la deuda externa y ayudan a reducir la volatilidad del mercado de cambios. Sin embargo, la forma más genuina y tradicional de acumularlas es a través de un aumento en la demanda de dinero, provocado por ingreso de capitales, algo que se vio muy poco.

La otra opción es a través de superávit fiscal para evitar emisión monetaria, aunque lograr un mayor superávit es muy difícil, aunque se avanzó algo en esa dirección.

La única alternativa posible para el Gobierno es comprar reservas con emisión monetaria, lo que traería más inflación de la esperada, menos crecimiento, porque se restringen dólares para importaciones, y un tipo de cambio más alto.

La cuestión actual es si esto puede hacerse de forma moderada, de manera que la inflación se desacelere más despacio y que el impacto negativo sobre la actividad por menos importaciones pueda compensarse con mejora en las actividades exportadoras o no transables, de modo que el efecto sea imperceptible.

Algunos consideran que es posible con una política muy cauta, como la subasta diaria. Otros piensan que es muy riesgoso, especialmente porque puede comprometer el proceso de desinflación debido a los rezagos de la emisión sobre la inflación.

Hay que tener en cuenta que quienes poseen títulos argentinos preferirían ver más reservas, que “garanticen” el pago de la deuda, mientras que probablemente el Gobierno prefiere un proceso de desinflación lo más rápido posible.

— ¿Ve factible una recuperación de reservas en un contexto de tipo de cambio real alto, pero con la aprobación de leyes que incrementan el gasto, debilitan el flanco fiscal y pueden llegar a acelerar tanto la inflación como la pobreza?

— Sí, es posible. Si resulta necesario acumular más reservas y se tiene un tipo de cambio real más alto, lo más probable es que la actividad económica se vea perjudicada, porque los insumos importados se encarecerán y, como sabemos, hay una fuerte correlación entre la expansión de la actividad y las importaciones.

Aunque si suponemos que la operación es tan delicada que la sola expansión de las exportaciones compense este efecto, lo que pondría en riesgo la ecuación sería que se inestabilice la situación fiscal. Para financiarlo, se requeriría aumentar tasas de interés o emitir más moneda: es decir, recesión o inflación, ambos escenarios negativos, sobre todo para los sectores más pobres.

— ¿El aval del Tesoro de Estados Unidos para ayudar al país a cumplir con los vencimientos de deuda en 2026 sería suficiente para estabilizar los mercados?

— De aquí a las elecciones, seguro ayudará. Pero en el fondo, Argentina necesita consolidar credibilidad en los mercados. Estos programas de asistencia son solo un puente hasta que los mercados internacionales vuelvan a confiar en el país como destino seguro para invertir, donde no se asumen riesgos innecesarios y se cumplen las reglas.

— ¿Qué impacto cabe esperar de la sorpresiva decisión de eliminar las retenciones para los cereales y oleaginosos hasta el 31 de octubre, en términos de reservas y recaudación?

— En números, la baja temporal de retenciones le costará al Gobierno unos USD 1.000 millones, considerando después el Impuesto a las Ganancias sobre las cerealeras. En cuanto a reservas, debería impulsar una acumulación inmediata de unos USD 7.000 millones, dada la velocidad de la liquidación reciente. Pero, esta liquidación ahora representará faltantes a futuro.

Pienso que ante la necesidad de estabilizar el mercado de cambios, se tomaron decisiones rápidas y se generó mucho ruido. Ese es uno de los riesgos de las medidas transitorias. Sin embargo, resulta clave entender que es necesario avanzar en la eliminación de retenciones a las exportaciones.

— Con la actual incertidumbre, que se mantendría al menos hasta las elecciones de medio término, ¿tiene sentido analizar los supuestos macroeconómicos presentados en el Presupuesto 2026?

— Algunos sí. Nosotros somos algo menos optimistas en general. Pero al final, si no es optimista el Gobierno, ¿quién lo será? El problema es que a veces un exceso de optimismo puede llevar a suponer que habrá recursos que finalmente no estarán.

— Desde su perspectiva, ¿la economía argentina ya entró en un nuevo ciclo recesivo y le costará salir?

— La economía llegó a un techo que no logra superar desde hace más de una década. Con la suba de tasas y los cambios en la estructura, hay sectores muy golpeados. Probablemente veamos un estancamiento de algunos trimestres, en vez de una recesión profunda.

Puede haber dos trimestres de caída, lo cual técnicamente es una recesión, pero pensamos que en la práctica será estancamiento con leves fluctuaciones, hasta que se termine de ordenar la macroeconomía y clarificar el horizonte.

— El Gobierno implementó baja de impuestos y retenciones, redujo aranceles de importación, promovió mayor apertura y mejoró el tipo de cambio real. ¿Por qué estas medidas no alcanzaron para mejorar el clima de negocios, en particular en el sector industrial?

— El principal inconveniente es que sectores que funcionan con márgenes altos, bajos volúmenes y fuerte protección necesitan transformaciones profundas para adaptarse a una economía con menor inflación y mayor apertura. Así como los mercados financieros no perciben con claridad que el proceso tendrá éxito, por desorden político y dudas sobre el consenso social, lo mismo se observa a nivel productivo.

Transformar un negocio requiere inversión y decisiones de largo plazo, pero si existe incertidumbre sobre el futuro, las empresas retrasan esas transformaciones.

— Los indicadores sociales y de calidad de vida, como la pobreza y la creciente informalidad laboral, siguen mostrando cifras muy preocupantes. ¿Qué efecto cree que tendrá la coyuntura sobre estos indicadores y sobre la vida cotidiana de la población?

— Si la inflación continúa descendiendo, veremos mejoras en algunos indicadores, como la pobreza, sobre todo para quienes perciben ingresos más bajos. Sin embargo, los sectores medios podrían verse perjudicados por la baja del empleo industrial y cierto estancamiento del salario real formal.

Es crucial avanzar con una reforma laboral, ya que una economía con baja inflación exige otras reglas y nuevas demandas laborales. Algunas industrias cambiarán drásticamente y, por lo tanto, su requerimiento de trabajadores también. Eso puede causar tensión en el mercado laboral y una reforma es fundamental para suavizar esa transición.

— Mirando hacia la segunda parte del mandato de Milei, ¿cuáles son, desde su perspectiva, los escenarios más probables para la economía argentina y qué debería hacer el Gobierno?

— Creo que el Gobierno tiene que avanzar en cuatro ejes:

1. Reformas laboral y tributaria, para permitir una mayor competitividad y facilitar transformaciones productivas.
2. Fortalecimiento político, logrando consensos claros para avanzar.
3. Mejorar la gestión en aspectos que no son prioritarios hoy pero lo serán, como infraestructura y procesos estatales ligados al sector productivo, lo que implica mejorar de forma definitiva la institucionalidad (Presupuesto, autonomía del Banco Central, etc.).
4. Acceder a los mercados financieros internacionales es clave, además de eliminar lo que resta del cepo cambiario.

— Para cerrar, ¿podría compartirnos una reflexión final sobre el panorama económico y político argentino?

— Argentina está ante un proceso de estabilización y transformación. Lograr la estabilización no significa mantener la misma economía de siempre, pero sin inflación. Significa que muchas cosas van a cambiar: este país fue adicto al déficit fiscal, la emisión monetaria y el proteccionismo, prácticas que no benefician el desarrollo ni el crecimiento de la sociedad.

Pero no resulta fácil abandonar esos hábitos, ya que forman parte de características profundas del sistema político y económico local. Eso requiere transformaciones y cambios que pueden tener costos económicos iniciales para algunos sectores, pero que son indispensables si queremos alcanzar una economía más ordenada y pujante.

La cuestión de fondo es si, finalmente, habrá un consenso político y social suficiente para llevar adelante estas transformaciones.