Lo peor ya pasó, pero la batalla cultural no debe descuidarse, porque el enemigo sigue al acecho: esa es la síntesis del mensaje que dará Javier Milei el próximo domingo al inaugurar la sesión legislativa en el Congreso.

En el auditorio estarán los legisladores de La Libertad Avanza, que expresarán su euforia por haber logrado, por fin, imponer leyes de la agenda libertaria. Y las cámaras de televisión se regodearán, como de costumbre, en las figuras que aparezcan en los palcos, como Karina Milei, Santiago Caputo y otros integrantes de la «mesa chica» del presidente.

Pero lo interesante será la presencia de legisladores y gobernadores provinciales del «peronismo dialoguista», en definitiva el sector que hizo posible que Milei pudiera reponerse de la seguidilla de derrotas parlamentarias del año pasado y que haya quedado en una inédita situación de control del Congreso.

Por eso, la parte políticamente más fuerte del discurso estará dedicada a las reformas «federales», principalmente al nuevo sistema tributario y de relacionamiento fiscal entre la Casa Rosada y las provincias.

No es, por cierto, un tema novedoso, sino que ya había formado parte de los dos mensajes anteriores: el discurso de 2024, cuando planteó el Pacto de Mayo, y luego en 2025, cuando pidió apoyo legislativo para votar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y prometió un nuevo trato con las provincias que se mostraran colaborativas.

Pacto federal y baja de impuestos

Ante la casi segura presencia de los gobernadores más allegados, Milei retomará su idea de un nuevo sistema federal, inspirado en el régimen tributario de Estados Unidos, en el que cada provincia cuente con una mayor autonomía para la recaudación y dependa menos de la discrecionalidad de las transferencias del gobierno central.

Pero la contraparte de esa reforma será el pedido del compromiso para avanzar a la eliminación de lo que el gobierno considera como gravámenes distorsivos, como el impuesto a los Ingresos Brutos y las tasas municipales, temas que están en el centro de las quejas de las pymes del interior.

Desde ya que no será un tema de fácil negociación, porque esos impuestos son, en varias provincias, lo que asegura la liquidez suficiente como para cubrir los gastos corrientes, como ya quedó demostrado el año pasado durante la pulseada por los Adelantos del Tesoro Nacional y este año en la negociación por el recorte del impuesto a las Ganancias de grandes empresas.

En los últimos meses quedó clara la estrategia del gobierno, que elogia públicamente a los gobernadores que anuncian recortes impositivos -como el caso de Neuquén, Entre Ríos, Chubut o Córdoba-.

Claro que los gobernadores no viven de los elogios, por lo que esas provincias han sido beneficiadas, ya sea con el impulso para la radicación de inversiones o por la concreción de obras públicas mediante el plan nacional de concesiones para la red vial.

En cuanto a las transferencias no automáticas -es decir, las que no son coparticipables sino que dependen de la firma de Toto Caputo-, el último trimestre de 2025 muestra notables diferencias entre las provincias. Así, Buenos Aires recibió en términos reales un 1,9% menos que un año atrás, mientras que otras tuvieron un alza superior al 100%, como Chaco, Catamarca y San Luis.

Chicanas listas para el debate industrial

El nuevo marco impositivo implica dar satisfacción a reclamos de larga data, como la eliminación del impuesto al cheque y a las retenciones a la exportación. Claro que es difícil que estas medidas se apliquen de manera instantánea: la recaudación por estos impuestos significó, respectivamente, un 7,6% y un 4% de los ingresos fiscales del año pasado.

Es decir, el mensaje implicará el rumbo del alivio progresivo en la carga tributaria, dado que de otra manera se pondría en riesgo el equilibrio fiscal, principal pilar de la política económica.

Pero Milei necesita dar el mensaje de la vocación por el recorte de impuestos, sobre todo en este momento en el que el gobierno está bajo la acusación de inducir una crisis de empleo, ante la dificultad de la industria argentina para competir con los productos chinos -a los que los empresarios acusan de vender a precio de dumping-.

En el ámbito político se prevé que ese sea uno de los temas fuertes del mensaje presidencial, que está abocado a desmentir la idea de que el país ya esté en una situación de «estanflación» con pérdida de empleo.

Para ello, el presidente tiene a mano algunas estadísticas favorables, como la reciente publicación del EMAE -que confirmó el crecimiento de 4,4% en la actividad- y las cifras de empleo, que marcan una desocupación en un relativamente bajo nivel de 6,3% en el tercer trimestre de 2025, el último censado por el Indec.

Pero, sobre todo, tendrá argumentos para responderles a las previsibles chicanas de la bancada peronista. Como él mismo adelantó, en la «batalla cultural» contra los empresarios que reclaman protección, ha sido favorecido por «las contribuciones enormes que han hecho Don Chatarrín de losTubitos Caros, Don Gomita Alumínica y el Señor Lengua Floja».

Las referencias a Paolo Rocca, CEO de Techint, a Javier Madanes Quintanilla, líder de Fate y Aluar, y a Roberto Méndez, director de la cadena de neumáticos Neumen, tienen el objetivo de mencionar otra vez el «principio de revelación». En este caso, para que lo que la oposición califica como «industricidio» sea vista como la eliminación de privilegios empresarios que encarecían el consumo interno.

Ratificación del presupuesto «base cero»

Claro que la promesa de un alivio impositivo implica, necesariamente, la ratificación de otro lema libertario: el de la vigencia de la «motosierra». Dadas las dificultades para equilibrar las cuentas mediante la recaudación tributaria -que lleva seis meses consecutivos de caída-, sigue siendo necesario el recorte del gasto público.

El principal rubro candidato a sufrir ese recorte es el de los subsidios económicos, algo que ya se está percibiendo con los aumentos de tarifas en los servicios públicos. Pero también habrá revisiones en rubros como el gasto de personal del Estado, uno de los de mayor peso en el presupuesto nacional.

Por eso, se espera que Milei ratifique en su discurso lo que había anunciado en septiembre pasado en cadena televisiva: que el gobierno mantendrá a rajatabla la regla del presupuesto con déficit cero.

Eso implica que, ante cada aprobación de un incremento en el gasto por parte del Congreso, se deberá especificar qué rubro se recorta para compensar, sin que esté permitida la aprobación de nuevos impuestos.

La vigencia del «riesgo kuka»

En definitiva, el mensaje político que dejará Milei es el de la nueva etapa de su gestión, en la que, tras salir de la incómoda situación de minoría parlamentaria en la que se encontraba hasta el año pasado, ya puede avanzar con una ambiciosa agenda reformista.

En los últimos días, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, adelantó que hay sobre la mesa 50 proyectos de ley, que van desde políticas de salud hasta un nuevo código penal, pasando por una reforma electoral y por el avance en acuerdos comerciales.

La intención de Milei es que, en una especie de espejo con lo que le ocurrió el año pasado -cuando en pocas semanas la oposición le impuso reformas jubilatorias, de financiación universitaria, de política de discapacidad y otras que el gobierno calificaba como un atentado al equilibrio fiscal-, ahora haya una andanada de proyectos oficialistas.

Milei no dudó en calificar aquella ofensiva opositora como la causante de la dolarización de los ahorristas argentinos y de la disparada en el índice de riesgo país. Y ahora, el argumento es el mismo: sin ir más lejos, tras la colocación de un bono en dólares a una tasa menor al 6%, el presidente argumentó que el «verdadero» riesgo país es de 230 puntos -la diferencia entre esa tasa y la de los bonos estadounidenses-. Y que si Argentina sigue teniendo un riesgo superior a 500 puntos no es por otra cosa que por el «riesgo kuka».

La aprobación de la reforma laboral en el Congreso abrió un debate técnico y jurídico sobre el impacto de las nuevas normas para quienes ya están empleados bajo la regulación previa. Según especialistas y el propio texto legislativo, uno de los puntos más sensibles es cómo se aplicarán las modificaciones en materia de contratación, despido y registro a las relaciones laborales en curso, ya que estos cambios incidirán directamente en la estructura de costos de las empresas y en los derechos adquiridos por los empleados de planta permanente.

La reforma, tal como fue aprobada, prevé que las nuevas reglas también alcancen a los vínculos anteriores a su sanción, en especial en lo referido a la terminación del contrato. Si bien el principio general en el derecho argentino es que las leyes no tienen efecto retroactivo y no pueden afectar situaciones ya consolidadas, en el terreno laboral existen matices cuando el contrato sigue en ejecución y aún restan consecuencias pendientes.

Uno de los aspectos más discutidos es la modificación del sistema de indemnizaciones. La iniciativa habilita la sustitución del esquema tradicional de compensación por despido por nuevos fondos de cese laboral o modalidades de capitalización, como ocurre actualmente en la construcción. Para quienes ya estaban contratados antes de la reforma, la entrada en vigencia de la ley marca un antes y un después: si un trabajador con años de antigüedad resulta despedido después de su promulgación, la liquidación se calculará según las nuevas condiciones aprobadas.

Expertos en derecho laboral y previsional sostienen que las posibilidades de cuestionar judicialmente esta aplicación inmediata son limitadas. El argumento es que, aunque la relación laboral haya comenzado bajo una normativa anterior, el hecho del despido tiene lugar bajo la vigencia de la nueva ley. En consecuencia, los criterios para calcular indemnizaciones, la eliminación de sanciones por falta de registración y los topes previstos en la reforma se aplicarían íntegramente a los trabajadores antiguos, con el efecto de reducir las sumas que las empresas deberán pagar en concepto de desvinculación.

La nueva ley también extiende el período de prueba, que hoy es de tres meses, a plazos mayores que podrían alcanzar los seis u ocho meses según el tamaño de la empresa. En este punto, la diferencia entre contratos nuevos y previos es clara: quienes ya superaron el período de prueba y cuentan con estabilidad laboral no pueden ser sometidos nuevamente a ese régimen. El derecho a la estabilidad conseguido bajo la ley anterior se mantiene como una garantía consolidada que la reforma no puede suprimir sin plantear un conflicto constitucional.

Otra de las novedades es la incorporación del sistema de “banco de horas”, que introduce flexibilidad en la jornada laboral permitiendo que las horas extra sean compensadas con descansos en lugar de pagos adicionales. Para las relaciones laborales existentes, la implementación de este mecanismo no será automática ni obligatoria, sino que requerirá acuerdo entre empleadores y empleados para su adopción.

El texto también redefine la responsabilidad solidaria en los esquemas de contratación y subcontratación. Actualmente, la empresa principal es responsable por las deudas laborales de las firmas contratistas. La reforma laboral acota esa responsabilidad a los casos en que se demuestre fraude o negligencia grave. Para quienes trabajan en empresas tercerizadas, esto implica una modificación inmediata en su protección jurídica, ya que una vez en vigencia la nueva ley, la posibilidad de accionar contra la empresa principal se verá limitada, sin importar la antigüedad del trabajador en el establecimiento. El fundamento, según la reforma laboral, es alentar la formalización y reducir la litigiosidad, aunque esto implica una reducción en el nivel de garantías para el personal.

El sector de plataformas digitales de reparto y transporte también queda alcanzado por la reforma, que propone excluir a estos trabajadores de la Ley de Contrato de Trabajo y otorgarles un régimen especial como independientes. Esto afectaría a miles de personas que actualmente litigan por el reconocimiento de la relación de dependencia, ya que la nueva ley consolidaría el modelo de autonomía defendido por las plataformas y dificultaría el acceso a fallos favorables bajo la normativa anterior.

La ley apunta a incentivar la formalización de trabajadores no registrados. Para quienes hoy se encuentran en la informalidad, facilitará su ingreso al sistema legal, condonando deudas y sanciones a los empleadores. Sin embargo, la regularización se hará bajo un esquema que contempla mayores posibilidades de desvinculación para las empresas en comparación con el régimen actual.

La reforma laboral, en síntesis, no se limita a los nuevos contratos sino que establecerá lineamientos para la resolución de conflictos, despidos y reorganización de vínculos laborales, incluso para relaciones iniciadas muchos años atrás, bajo condiciones más flexibles y con menores costos indemnizatorios para las empresas.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, lo expresó en términos contundentes: “La reforma laboral es para todos los empleos, no para los nuevos”. De este modo, ratificó que los cambios contemplados alcanzarán tanto a los contratos previos como a los que se celebren después de la promulgación de la ley.

Los cheques rechazados sin fondos experimentaron un salto de más de 100% interanual en enero de 2026, aunque se redujeron 15% en comparación con diciembre de 2025. Así se desprende del último informe de pagos minoristas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El volumen de cheques rechazados por falta de fondos se ubicó en 101.836 por un monto nominal de $310.290 millones y experimentó un incremento de 108,5% y 199%, respectivamente en enero, comparado interanualmente, lo que señala dificultades crecientes para cumplir con obligaciones bancarias. No obstante, al observar la comparación con diciembre de 2025, se evidenció una disminución tanto en la cantidad, cuando había sido de 119.285 operaciones.

En el primer mes del año se compensaron casi cinco millones de cheques por $21,7 billones. Los cheques electrónicos (Echeq) tuvieron un rol dominante: el 60,4% de los cheques compensados fueron electrónicos en cantidad y el 82,8% en montos.

La tasa de cheques rechazados por falta de fondos suficientes se ubicó en 2,1% sobre la cantidad total y en 1,4% respecto a los montos, cifras que disminuyeron con relación al último mes de 2025. El Echeq en dólares permitió en enero la compensación de veinticuatro cheques por un monto total de 3,9 millones de dólares.

Las transferencias inmediatas evidenciaron una expansión sostenida durante enero en el sistema nacional de pagos. Las operaciones en pesos sumaron 675,9 millones de transacciones, con un aumento del 24,2% interanual y un monto total de $81,2 billones (incremento del 19% interanual en términos reales).

El protagonismo de la clave virtual uniforme (CVU) fue relevante: el 76,2% de las operaciones tuvo como origen o destino una CVU, lo que impulsa la digitalización de los pagos y la utilización de cuentas de pago no bancarias.

En moneda extranjera, se registraron 2,4 millones de operaciones (4,7 % de aumento interanual), con una suma total de USD 3.420,7 millones y una caída del 2,4% en montos comparado con enero de 2025.

Las transferencias inmediatas “pull”, empleadas para ingresos de dinero, representaron 40,2 millones de operaciones en enero, con un monto total de $3,8 billones. Las variaciones interanuales resultaron del 4,3% en cantidades y del 12,5% en montos reales.

Los pagos con transferencia (PCT) interoperables continuaron en aumento, sobre todo a través del uso de códigos QR. En enero se realizaron 93,3 millones de operaciones de PCT, lo que implicó una suba del 48,1% respecto al mismo periodo de 2025, por un monto de $2,1 billones (51,8% de crecimiento interanual en términos reales).

El uso del código QR se consolidó aún más: el 98,8% de los PCT se inició a través de QR, equivalente a 92,1 millones de operaciones (crecimiento del 53% interanual) y un total de $2,1 billones (57,3% de suba interanual en montos reales).

Las cuentas a la vista (CBU) participaron en el 53,1% de estas operaciones, mientras que las cuentas de pago (CVU) lo hicieron en el 46,9 por ciento. En los comercios, el 54,3% de los montos acreditados correspondió a cuentas de pago y el 45,7% restante a cuentas a la vista.

El empleo de claves aleatorias para iniciar PCT disminuyó considerablemente. Esta modalidad representó solo el 1,2% del total, con 1,1 millones de operaciones (-58,7% interanual) y $36.500 millones (-50,3% interanual).

La infraestructura del sistema contaba con 86 billeteras digitales interoperables y 61 aceptadores de pagos con transferencia registrados ante el BCRA.

En diciembre de 2025, el canal de tarjetas exhibió diferentes dinámicas. El uso de la tarjeta de débito contabilizó 162,8 millones de operaciones por $4,9 billones; ambos indicadores registraron caídas del 28,4% en cantidad y 30,1% en montos reales de forma interanual. En moneda extranjera, hubo 9.700 operaciones por USD 6,1 millones, con el 98,9% tramitado mediante e-commerce.

Respecto a las tarjetas de crédito, la cantidad de pagos llegó a 181,6 millones por $10,6 billones, lo que se traduce en descensos interanuales del 1,8% en cantidades y del 7,9% en montos. Los principales canales de uso fueron POS y QR (38,8%), e-commerce (37,6%) y débito automático (14%). El pago en una sola cuota tuvo preeminencia, alcanzando el 85,1% en cantidades y el 61,8 % en montos.

En cuanto a la tarjeta prepaga, el total fue de 43,5 millones de transacciones por $0,7 billones, con un incremento del 16,2% en cantidades y una merma del 20,2% en montos reales frente al año anterior.

El uso de efectivo sigue siendo relevante en la operatoria minorista, aunque se observan preferencias marcadas por canal. En diciembre de 2025, el 89% de las extracciones se realizó mediante cajeros automáticos, con 55,5 millones de operaciones en Argentina, distribuidas entre 17.275 cajeros habilitados. El monto total fue de $5,3 billones, con un promedio de 3.212 retiros por cajero y una extracción media de 95.500 pesos.

Las extracciones extrabancarias, efectuadas con tarjeta de débito en comercios o empresas especializadas, sumaron 4,1 millones de operaciones por $0,3 billones, con un promedio de $66.600 por retiro. Aquellas realizadas desde cuentas de pago intra PSPCP (“closed loop”) alcanzaron 2,4 millones de extracciones y $0,14 billones, con un promedio cercano a $61.000 por operación.

El sistema de transporte urbano mostró una dualidad en los medios de pago. En diciembre, la tarjeta SUBE se utilizó en 305 millones de viajes, cifra que supone una baja interanual del 14,4% en cantidad de operaciones y del 7,1% en montos reales, totalizando $0,157 billones.

En enero de 2026, los pagos con código QR para el transporte registraron 15,9 millones de viajes, con una facturación de $ 16.200 millones. De estos, el 92,4% correspondió a colectivos (14,7 millones de viajes) y el 7,6% a subterráneos (1,2 millones).

En enero, la factura electrónica MiPyME (FCEM) se mantuvo como herramienta clave para el financiamiento de pequeñas y medianas empresas. El 85,7% de las operaciones fue en pesos, ingresando al sistema de circulación abierta unas 72.000 facturas por un total de 1,5 billones de pesos.

El informe del BCRA evidencia una evolución dispar dentro de los instrumentos de pago. Resalta, además, que el papel del ECHEQ entre los cheques compensados ha adquirido un peso notable, tanto por cantidad de operaciones como por montos, lo que implica un cambio de fondo en la forma en que las empresas argentinas gestionan sus pagos.