Desde el comienzo del conflicto en Medio Oriente, el precio internacional del petróleo aumentó un 55% y alcanzó picos cercanos a los USD 120 por barril. Esta situación impulsó a los gobiernos de todo el mundo a intervenir con rapidez en sus mercados internos para limitar el impacto de la escalada en los combustibles.

Más allá del propio conflicto, que de por sí altera los mercados internacionales, una de las consecuencias -económicas- más graves de la guerra es la tensión en el estrecho de Ormuz, responsable del tránsito de cerca de un tercio de la producción mundial de petróleo.

El freno casi total del angosto canal que, en su punto más estrecho, separa a Omán de Irán por tan solo 33 kilómetros, volvió indispensable la adopción de estrategias nacionales para contener el traslado de las subidas internacionales hacia los consumidores, según consignó un estudio del Instituto Argentina Grande (IAG).

Por ejemplo, en México, el gobierno pactó con las estaciones de servicio para establecer límites al precio de la nafta, una forma directa de control sobre el traslado de la variación internacional. Austria, en tanto, redujo los márgenes de los minoristas y recortó los impuestos aplicados tanto a la nafta como al diésel. En la misma línea, Brasil optó por otorgar subsidios a productores e importadores de combustibles y disminuyó el gravamen sobre la energía en el diésel.

En el caso de Chile, se implementó el congelamiento de precios del kerosene, la suspensión de créditos diferenciados para la compra de combustibles y la fijación de tarifas en el transporte público urbano, sumado a nuevas líneas de crédito dirigidas a la adquisición de vehículos eléctricos para taxis.

En España, la reacción incluyó la reducción del IVA de los combustibles, la suspensión del impuesto especial sobre hidrocarburos y la revisión de la normativa para favorecer fuentes alternativas de energía. Suecia, por su parte, aplicó una rebaja temporal de los impuestos a los combustibles automotores, mientras que Tailandia congeló el costo de los combustibles para cocinar hasta mayo y distribuyó subvenciones por medio del Fondo de Combustibles de Petróleo.

Turquía estableció un impuesto reducido para el petróleo, y el Reino Unido brindó asistencia especial a consumidores vulnerables mediante ayudas a la calefacción y la aceleración del Plan de Hogares Cálidos, junto a acciones específicas para desalentar la especulación en el sector energético.

La reacción de Argentina

Mientras tanto, en la Argentina, el litro de nafta superó los $2.000 pesos en marzo, en el marco de políticas de “micropricing” que buscan acompasar el mercado local con el salto del barril. Según el estudio de IAG, desde la asunción del actual gobierno, el precio de la nafta registró un incremento acumulado del 514%, lo que, en términos reales, representa un avance del 56,9 por ciento.

En tanto, durante los primeros meses de 2026, la suba fue del 18,7%, es decir, el doble de la inflación acumulada para el período (5,9%), “lo que anticipa una presión intensificada sobre el índice general de precios”, analiza el IAG.

Respecto a los aumentos derivados del conflicto armado, el camino que adoptó la Argentina incluyó, inicialmente, la postergación hasta mayo del aumento de los impuestos a los combustibles dispuesto por el Poder Ejecutivo bajo el decreto 217/2026, que dejó sin efecto incrementos sobre la nafta sin plomo, nafta virgen, gasoil y sobre el gravamen al dióxido de carbono.

Al comunicar la medida, fuentes del Gobierno afirmaron a Infobae: “No vamos a aumentar el impuesto a los combustibles en abril. Por la suba del precio internacional del barril y para mitigar impacto en surtidor. Es una medida más para proteger al consumidor”.

Según la normativa vigente, el impuesto a los combustibles líquidos (ICL) y el impuesto al dióxido de carbono deberían actualizarse trimestralmente, siguiendo la variación de la inflación. No obstante, el gobierno optó nuevamente por suspender este régimen automático, tal como se repitió en años previos, aplicando incrementos parciales y diferidos para contener el traslado total a los precios internos.

En paralelo, YPF informó que no modificará el precio de los combustibles por 45 días, una medida que empezó a regir el pasado 1° de abril. La petrolera con participación mayoritaria estatal abastece más de la mitad del mercado nacional y cuyas decisiones de precios marcan el ritmo del resto de los jugadores del mercado. De hecho, en las últimas horas se conoció que tanto Shell como Axion adhirieron a la estrategia de la compañía.

La empresa informó que la decisión se adoptó como un “amortiguador” para proteger a los consumidores ante la baja del consumo, principalmente en el interior del país. Al término del plazo, la compañía prevé revisar la situación internacional y el impacto local antes de autorizar nuevos ajustes.

A su vez, la administración nacional complementó este paquete flexibilizando la normativa que permite a las petroleras incorporar en forma voluntaria hasta un 15% de bioetanol en las naftas, lo que reduce los costos de producción al tiempo que aumentó la proporción de combustibles de origen vegetal. Además, mediante la resolución 81 publicada en el Boletín Oficial, el precio del biodiésel para abril bajó de $1.842 a $1.808 por tonelada.

El stock de préstamos al sector privado alcanzó en enero de 2026  más que se duplicó diciembre de 2023, cuando asumió el actual Gobierno, con un rol destacado del financiamiento a los hogares. Si bien se trata de una gran noticia, pues el crédito es clave para sostener el nivel de actividad y el consumo, la mala noticia es que con su expansión creció vertiginosamente el grado de incuplimiento o dicho de otra manera la deuda en mora. De hecho, esta venía creciendo en forma sostenida a lo largo de 2025 y se aceleró en el arranque de 2026.

Según cifras oficiales emanadas del Banco Central, la cartera irregular total pasó del 2,7% en enero de 2025 al 10,6% en enero de 2026, casi cuadruplicándose en doce meses.

Si bien estos porcentajes son muestran la situación a nivel global, también se puede acceder a la información que determina la situación en que se encuentran tanto personas físicas como empresas. 

Ello es posible a través de la Central de Deudores del Sistema Financiero, que es una base de datos pública que administra el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y que reúne la información crediticia de personas y empresas en todo el país. En la práctica, es el «historial financiero» que consultan bancos, fintech y entidades antes de otorgar préstamos, tarjetas o cualquier tipo de financiamiento.

En tal sentido, es interesante conocer como funciona la Central de deudores, que en la práctica se asemeja al Veraz, aunque solo tiene fines informativos. Todos los meses, bancos, financieras, emisoras de tarjetas y otras entidades reguladas informan al BCRA el estado de sus clientes. Con esos datos, el organismo construye un registro actualizado que incluye:

• Préstamos personales, hipotecarios y prendarios
• Saldos de tarjetas de crédito
• Cheques rechazados
• Deudas en mora o refinanciadas
• Situación frente a cada entidad

La información suele publicarse con un pequeño rezago (aproximadamente 1 a 2 meses) y cualquier persona puede consultar su situación de manera gratuita con su CUIT o CUIL.

En la práctica el sistema cumple dos funciones clave:

1. Evaluación crediticia: las entidades lo usan para analizar el riesgo antes de prestar dinero.
2. Transparencia financiera: permite a los usuarios conocer su propia situación y corregir errores si los hubiera.

De hecho, tener una buena calificación le facilita al cliente bancario el acceso al crédito y mejores tasas. Por el contrario, un mal historial puede derivar en rechazos o condiciones más caras.

Qué significa cada «nota» o situación

El BCRA clasifica a los deudores en distintas categorías, que van del 1 al 6. Cada una refleja el nivel de cumplimiento de pagos:

• Situación 1: Normal. El cliente paga en término o con atrasos mínimos (hasta 31 días). Es la mejor calificación y la que buscan las entidades.
• Situación 2: Riesgo bajo. Atrasos de entre 31 y 90 días. Indica algunas dificultades, pero aún bajo control.
• Situación 3: Riesgo medio. Demoras de 90 a 180 días. Ya se considera una alerta importante para el sistema financiero.
• Situación 4: Riesgo alto. Atrasos de 180 días hasta un año. El cliente presenta problemas serios de cumplimiento.
• Situación 5: Irrecuperable. Más de un año de mora. Se presume que la deuda no será cobrada en condiciones normales.
• Situación 6: Irrecuperable por disposición técnica. 

Debe tnerse presente que cada una de estas notas incluye deudas que, por cuestiones legales o contables, se consideran incobrables (por ejemplo, deudores en quiebra).

Qué pasa si se está en una mala categoría

Figurar en situación 3, 4 o 5 complica fuertemente el acceso al crédito, ya que en muchos casos ello implica que, según el caso, se rechazan solicitudes de préstamos o tarjetas, se ofrecen tasas mucho más altas o se limitan los montos disponibles. Sin embargo, la calificación no es permanente.

Si el deudor regulariza su situación, con el tiempo puede mejorar su historial, para lo cual es necesario pagar las deudas atrasadas o refinanciarlas, evitar atrasos reiterados en tarjetas o préstamos, mantener niveles de endeudamiento razonables y revisar periódicamente el informe para detectar errores. Además, si hay datos incorrectos, se puede iniciar un reclamo ante la entidad que informó la deuda para que la corrija.

En síntesis, la Central de Deudores es una herramienta central del sistema financiero argentino. Refleja el comportamiento de pago de cada usuario y define, en gran medida, sus posibilidades de acceder a crédito. Entender qué significa cada «nota» y mantener un buen historial es clave para evitar costos financieros elevados y aprovechar oportunidades de financiamiento.

Todo confluye a que abril se transforme en el mes bisagra para la inflación. Aunque todavía no se conoce el dato final, se estima que marzo podría arrojar un pico de 3% o incluso un poco más. En caso de confirmarse, sería el undécimo mes consecutivo en el que el índice no afloja, arrancando por el 1,5% registrado en mayo del 2025 (piso del gobierno de Javier Milei).

La expectativa de una desaceleración inflacionaria pasa por varios frentes. Algo que sería de ayuda es el anuncio del titular de YPF, Horacio Marín, de dejar en suspenso cualquier aumento adicional de la nafta por 45 días. Es decir, no trasladar la suba del barril de petróleo Brent a los surtidores.

Aunque la suba de 20% de marzo deja un arrastre para abril, si el precio se mantiene estable en las estaciones de servicio a lo largo del mes, sería de ayuda para que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) presente un incremento mucho más reducido este mes.

El economista Fernando Marull proyectó en su último informe que la inflación podría desacelerar en forma significativa en abril. “Para marzo esperamos 3% o podría incluso ser una décima mayor. Para este mes creo que pueda caer a 2,4%, especialmente si la nafta se mantiene estable y sigue cayendo el precio de la carne”.

Un dato clave para este mes es la evolución de alimentos y bebidas. La consultora LCG mide semanalmente el comportamiento del rubro y ya midió una desaceleración en las últimas semanas de marzo. Será clave que en abril el precio de la carne se mantenga estable para ayudar a la desaceleración del índice.

La estabilidad del dólar también resulta un dato fundamental que permite mirar con más optimismo la inflación no solo de abril sino la de los próximos meses. El tipo de cambio vuelve a actuar como un ancla para frenar la suba de precios como ya ocurrió en otras oportunidades. Por lo pronto, la inflación mayorista fue de solo 1% en febrero, especialmente por la caída en precio de insumos importados.

Retomar la desaceleración de la inflación es fundamental para que la gente mantenga una expectativa alta de mejora en la economía. Si bien los datos oficiales muestran niveles de actividad en valores máximos, en realidad son unos pocos sectores los que están en máximos. Muchos otros vienen muy rezagados, como industria, construcción o comercio minorista.

Retomar la senda de desinflación también permitiría que los salarios recuperen terreno perdido en los últimos meses. De los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) surge que en realidad los únicos que le siguen ganando a la suba de precios son los ingresos informales. Pero es difícil que esta dinámica se pueda mantener si la inflación no cede.

Por otra parte, las paritarias se están cerrando en torno al 2% mensual y en algunos gremios con alguna suma no remunerativa adicional. Por lo tanto, es necesario que el índice confluya a esos niveles o los perfore lo antes posible que se produzca esa recuperación del poder adquisitivo.

La inflación interanual en Argentina alcanzó el 33,1% en febrero. El indicador refleja la variación de precios acumulada en los últimos doce meses y confirma una marcada desaceleración respecto de los niveles registrados en años anteriores.

En términos mensuales, el IPC registró un incremento de 2,9% respecto de enero, repitiendo el mismo valor del primer mes del año y acumulando un 5,9% en el primer bimestre de 2026.

Entre los rubros que más incidieron en la suba de precios durante febrero se destacaron vivienda, servicios públicos y alimentos y bebidas, categorías que continúan mostrando incrementos por encima del promedio general de la inflación.