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ECONOMIA

Fuertes críticas del establishment a la clase política: «Cada dos años destruyen todo»

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Si bien los reclamos del establishment a la clase política argentina tienden a ser repetitivos y se evidencian todos los años, no por eso dejan de ser válidos.

De hecho, que los mismos pedidos se repitan cada 365 días es un síntoma de que la Argentina no logra avanzar en la agenda de temas a resolver y, por el contrario, incorpora nuevos desafíos a los que ya viene atravesando.

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Reducir la evasión; eliminar impuestos distorsivos: simplificar el sistema tributario; acechar el gasto público; dictar una nueva ley de coparticipación y fortalecer la justicia son algunos de los reclamos que se repiten de manera permanente.

Pero no son los únicos, ya que para los principales hombres de negocios del país también hace falta mejorar funcionamiento judicial; modificar las leyes laborales; combatir la informalidad institucionalizar acuerdos clave como el déficit cero; superávit fiscal; la estabilidad macroeconómica y monetaria; la sostenibilidad de la deuda y fortalecer las instituciones para que sean más eficaces, transparentes y confiables.

Por lo menos así surge de analizar los debates y discusiones que se generaron durante los tres días en los que se llevó a cabo el 61 Coloquio de IDEA en los salones del hotel Sheraton de Mar del Plata.

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Empresarios en el Coloquio de IDEA: urgencia por inversiones

Se trata del mayor evento empresario del año que, en esta ocasión, reunió a más de 1.000 participantes bajo el lema de «repensar la Argentina» y el de «salir a jugar el partido», y que, a modo de conclusiones, dejó algunas propuesta para que la dirigencia política pueda sumar a su hoja de ruta, como reducir la carga tributaria y la informalidad laboral; modernizar marcos laborales y relaciones sindicales; mejorar la eficacia del sistema judicial laboral e impulsar las reformas educativas, entre otras.

Para los hombres de negocios que estuvieron presentes en el evento, que se desarrolló entre el 15 y el 17 de octubre pasados, está claro que la Argentina necesita atraer inversiones de manera urgente para crecer y desarrollarse de forma sostenible.

Para lograrlo, reclaman que la clase política genere un entorno de confianza, basado en seguridad jurídica, instituciones sólidas y una Justicia independiente.

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Es decir, de un país previsible y adecuado para el dinero, en el que se cumplan las normas, se construyan acuerdos políticos duraderos y se observe una verdadera eficacia de las políticas públicas.

Sin embargo, la historia reciente del país, marcada por recurrentes crisis macroeconómicas y cambios arbitrarios en las reglas de juego ha socavado profundamente la confianza, logrando que los grandes capitales globales frenen sus planes par la Argentina o dejen al país totalmente de lado.

El círculo rojo advierte por políticas sin continuidad

En este sentido, los empresarios de IDEA consideran que la degradación de la Argentina también se vincula a que medidas excepcionales se transformaron en permanentes, y políticas fiscales y cambiarias se modificaron de manera imprevisible.

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Esto trajo como consecuencia que las políticas públicas de un gobierno no tengan continuidad en el siguiente, lo que refuerza la volatilidad, genera incertidumbre entre los actores económicos y sociales, desalienta decisiones de inversión y activa mecanismos de autoprotección en lugar de cooperación.

Varios de los hombres de negocios presentes en el Coloquio de IDEA advirtieron que los efectos económicos de la falta de credibilidad son evidentes y se transforman un mayor riesgo percibido implica tasas de interés más elevadas, impactando en las oportunidades de financiamiento y funcionando como un freno a la competitividad del país.

Es más, según el Índice Kearney de Confianza para la Inversión Extranjera Directa 2025 (Kearney, 2025), los dos factores más relevantes para los inversores al momento de decidir en qué país colocar capital son la eficiencia de los procesos legales y regulatorios y el desempeño económico interno.

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En esta línea, los bajos niveles de inversión que ha recibido la Argentina en la última década reflejan cómo las crisis recurrentes y la inestabilidad macroeconómica incidieron de manera negativa en la confianza y en las decisiones de localización de capitales.

Lo demuestra un informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, 2024), en el cual se observa que entre 2014 y 2024 el flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) hacia la Argentina promedió el 1,8 % del PBI, muy por debajo de los niveles registrados en países como Brasil, Colombia, Perú y Chile, donde los ratios se ubican entre el 3 % y el 5 % del producto de cada país.

País poco transparente

El inestable escenario macroeconómico descrito por el establishment local se completa con los bajos niveles de transparencia de la gestión pública que, para los ejecutivos, también constituyen un factor crítico en el proceso de erosión.

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En una de las charlas del Coloquio se presentó el llamado Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International 20245, en el cual Argentina obtuvo 37 puntos sobre 100.

Con ese resultado, el país se ubica en el puesto 99 de 180 a nivel global y en el 18 de 32 dentro de América Latina, cinco puntos por debajo del promedio regional.

«Esto evidencia un estancamiento en los avances contra la corrupción, lo cual no no solo implica el desvío de recursos públicos, sino que —como advierte el BID (2022)— debilita la legitimidad democrática, fomenta la inestabilidad política y desalienta la inversión al incrementar los costos y riesgos percibidos», destacó Mariano Bosch, presidente del Coloquio de IDEA y cofundador de Adecoagro.

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En este marco, el empresario entiende que la justicia adquiere un papel central como pilar del Estado de derecho, garante de la seguridad jurídica y de la transparencia.

«Sin un sistema judicial independiente, transparente y eficiente, la confiabilidad institucional se ve comprometida de forma estructural y se debilita el Estado de derecho», considera.

Por eso reclama por un sistema judicial eficiente que permita reforzar la confianza en las instituciones al garantizar el cumplimiento de contratos, proteger los derechos de propiedad, arbitrar los conflictos y sancionar prácticas corruptas.

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Más que nada si se analizan datos que aseguran que en Argentina la confianza en la Justicia es baja: según el Latinobarómetro 2024, solo el 20% de los argentinos confía en ella, frente al promedio regional de 28%, mostrando que uno de los poderes fundamentales para que rija el rule of law carece de la eficacia y la credibilidad necesarias.

Falta de consensos duraderos

En el mismo sentido, Santiago Mignone, presidente de IDEA, advierte que la consolidación de las instituciones requiere también la capacidad de establecer y sostener acuerdos fundamentales que trasciendan a los gobiernos de turno.

Un pedido que se contrapone a la constante realidad en donde se hace evidente la falta de consensos duraderos en torno a objetivos básicos como el equilibrio fiscal, la estabilidad macroeconómica o la sostenibilidad de la deuda.

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«Todo eso ha contribuido a la histórica volatilidad estructural de nuestro país, mientras que en otras regiones adoptaron reglas fiscales explícitas —como límites a la deuda o al déficit— que se mantuvieron más alláde los vaivenes políticos y funcionaron como un ancla de estabilidad. Casos de países como los de Perú, Chile y Paraguay son un buen ejemplo en este sentido», detalla el empresario.

En este sentido, un informe elaborado por los miembros de IDEA durante el Coloquio, advierte que «la implementación efectiva de este tipo de reglas requiere de un entramado institucional robusto y no de un contexto de institucionalidad débil y de incumplimiento sistemático en donde las reglas fiscales propuestas tuvieron un impacto limitado».

Por tanto, para el llamado «círculo rojo», el verdadero desafío no es simplemente aprobar nuevas normas, sino institucionalizar consensos fiscales básicos y garantizar mecanismos de cumplimiento, para que las reglas establecidas no dependan de la voluntad circunstancial de un gobierno.

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«Solo así será posible generar confianza, garantizar previsibilidad y sentar las bases de un crecimiento competitivo y sostenible», entienden los empresarios.

Igualmente, Bosch advierte que, a pesar de que en algunos factores hay mayor consenso, como con el equilibrio fiscal, la inflación y la estabilización de la economía, hace falta seguir construyendo una agenda que permita dotar de mayor competitividad al país.

«Como empresarios que queremos invertir y generar empleo, debemos exponer con claridad nuestra agenda en la discusión pública para que se conozca nuestra posición en cada uno de los temas que atañen a la Nación».

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Respetar los acuerdos

En este sentido, la agenda planteada desde el Coloquio de IDEA se basa en los 16 mensajes analizados durante el evento, y que tienen vigencia desde hace varios años.

También está plasmada en los puntos del Pacto de Mayo, que firmaron hace poco más de un año el Gobierno Nacional y 19 gobernadores pero que hasta ahora no se observa un avance hacia esos objetivos.

Por eso, los empresarios reclaman a la dirigencia política que «pasado el momento electoral, se retomen los puntos del Pacto y se acuerden las medidas para su ejecución».

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En esa línea, aseguran que el Estado también tiene un rol para jugar, que es dar previsibilidad económica y asegurar reglas claras y transparentes.

«Los gobiernos municipales, provinciales y nacional, en sus tres poderes, administran recursos de terceros, que son nuestros recursos, y por lo tanto se espera que lo hagan con responsabilidad», señaló Bosch.

En el mismo sentido, varios empresarios presentes en el evento reclamaron terminar «de una buena vez con los agravios y las discusiones», y advirtieron sobre la inestabilidad que pesa sobre la economía cada dos años, producto de un proceso electoral y por la irresponsabilidad de sus actores que por llevar agua para su molino no miden el daño que causan con su accionar.

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«En cada uno de esos vaivenes se produce una enorme transferencia de recursos, afectando, normalmente a los menos favorecidos y generando mayor pobreza. Porque ya no hay espacio para seguir dilatando las soluciones», asegura Mignone.

Inteligencia y sensibilidad

El reclamo es «encontrar dirigentes responsables que trabajen por el bien de la Nación y que permitan seguir construyendo soluciones junto a los dirigentes que quieran transformar el país», con el objetivo de discutir en los ámbitos institucionales correspondientes, con respeto y ánimo constructivo.

El mensaje de los hombres de negocios a la clase política es que los gobiernos pasan, pero las empresas y sus empresarios continúan trabajando, invirtiendo y generando trabajo, más allá de los éxitos y fracasos de las gestiones de turno.

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Es por eso que reclaman reglas de juego permanentes, claras y transparentes», detalla Mignone, reiterando el pedido de responsabilidad a la política ya que «la economía no puede temblar cada dos años por un proceso electoral».

Todo un mensaje que también se pretende ampliar hacia la tarea de los gobernadores, teniendo en cuenta la presencia de Alfredo Cornejo, de Mendoza; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; y Leandro Zdero, de Chaco.

También los funcionarios Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado; y Julio Cordero, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

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Para ellos, el mensaje empresario también fue de contar con una macroeconomía ordenada, un gasto público responsable, un marco institucional sólido y reformas que promuevan la competitividad como condiciones esenciales para que las empresas crezcan, para atraer inversiones y generar empleo de calidad.

«Para no volver a un círculo de avances y retrocesos, la Argentina requiere inteligencia y sensibilidad para articular la secuencia y velocidad del ordenamiento macroeconómico, la apertura comercial y el desenvolvimiento microeconómico», detallaron los ejecutivos presentes en el Coloquio.

Se trata de temas incluidos en una hoja de ruta construida por el empresariado, a partir de la convicción de que Argentina puede y debe encontrar un rumbo sostenible y como un aporte al debate público y una invitación a construir consensos amplios.

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Trascender a las elecciones

«Solo con políticas estables, instituciones sólidas y un compromiso compartido podremos transformar las dificultades en oportunidades y alcanzar el futuro que sabemos la Argentina puede conseguir», advirtió Luciana Paoletti, directora Ejecutiva de IDEA.

En el mismo sentido, Sofía Vago, directora de IDEA y CEO de Accenture Argentina, sostuvo que el Coloquio sirvió como punto de encuentro y espacio de diálogo entre diferentes sectores.

«Esto mismo es lo que necesitamos en nuestro país para aprovechar la oportunidad que nos está dando nuestro potencial y el contexto ya que son necesarios consensos para alcanzar las reformas y las políticas de largo plazo, que deben suceder de manera rápida, para ser más competitivos y para crecer de manera sostenible», aseguró.

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Por su parte, Agustin Dranovsky, CEO de Compañía de Tierras (CTSA), enfatizó en los focos que ofreció el Coloquio estuvo bien a modo de guía para las empresas.

«Se trata de competir mejor, bajar costos y elevar la productividad. Hubo un debate sólido sobre la cuestión tributaria y fiscal —un tema con peso propio—, porque con esta presión impositiva es difícil ser competitivos, sobre todo frente a firmas del exterior y países de la región», detalló el empresario.

También consideró valiosas las presentaciones sobre tecnología, innovación y disrupción «ya que ayudan a definir qué apertura interna necesitamos para posicionarnos y traducir esa agenda en resultados».

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Para Dranovsky, más allá de la política y de qué ocurra el 26 de octubre, «la visión empresarial y los proyectos trascienden coyunturas porque puede haber ajustes, pero las compañías deben seguir operando y elevando niveles de productividad y competitividad».

A su turno, Gonzalo Agustín Gioja, general Counsel de Grupo Ayudín, entiende que la agenda para crecer está clara y que pasa por competitividad, productividad e innovación, a asegura que para ejecutarla «necesitamos reglas estables, previsibilidad y avanzar en reformas laboral e impositiva».

En este sentido, remarcó que el posible respaldo financiero de Estados Unidos «abre una ventana, aunque la decisión de invertir a escala dependerá de que se transforme en condiciones duraderas para la microeconomía: menos impuestos distorsivos, mercado laboral más moderno y seguridad jurídica».

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ECONOMIA

El “trilema” que desafía al Gobierno: la acumulación de reservas puede condicionar el aumento de la actividad y la desinflación

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El Banco Central compró más de USD 2.000 millones desde el inicio del año (Foto: Reuters)

La puesta en marcha de la fase 4 del programa económico del Gobierno se enfoca en la acumulación de reservas internacionales por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Si bien el ente monetario hilvanó 30 días consecutivos con compras por más de USD 2.000 millones en lo que va de 2026, analistas advierten que ese cambio de la política económica genera tensiones con dos áreas sensibles: la actividad económica y la inflación.

La dinámica de fortalecimiento de la posición extranjera del BCRA exige mantener tasas de interés más elevadas y restringir la cantidad de dinero en circulación. La entidad dirigida por Santiago Bausili no esteriliza los pesos utilizados para adquirir divisas, por lo que regula la liquidez del mercado. La estrategia consiste en aprovechar la “remonetización” de la economía -mayor demanda de pesos por parte de familias y empresas- para adquirir entre 10.000 y 17.000 millones de dólares a lo largo del año.

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Sin embargo, el Tesoro Nacional, a través de licitaciones de deuda en moneda local, absorbe una parte de esos pesos emitidos por el Central para evitar presiones inflacionarias y pagar vencimientos de deuda. Estas medidas derivan en tasas de interés más altas que encarecen el crédito y condicionan el consumo privado, lo que puede enfriar la actividad económica, según la perspectiva de diversos consultores.

La inyección de pesos con la compra de dólares y posterior absorción por parte del Tesoro con emisión de deuda derivan en tasas de interés más altas que encarecen el crédito y condicionan el consumo privado

Un informe de Ieral de Fundación Mediterránea destacó que a lo largo del año, “se estará testeando la capacidad del programa económico para compaginar satisfactoriamente el ‘trilema’ de incrementar las reservas del Banco Central, retomar el proceso de desinflación, que se interrumpió desde junio pasado, en simultáneo con la superación del estancamiento del nivel de actividad, que lleva tres trimestres consecutivos y amenaza con extenderse a este primer trimestre de 2026″.

El autor del análisis, Jorge Vasconcelos, apuntó que si bien el esquema actual, que ata el techo de la banda cambiaria a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), está diseñado para evitar apreciaciones adicionales del peso, la contrapartida es que ”no será sencillo rearmar el ‘círculo virtuoso’ de crédito y nivel de actividad, porque en cierto modo el Gobierno está volviendo a recurrir al ‘ancla cambiaria’, con una política monetaria de rienda corta, para contener la inflación».

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Respecto al objetivo de reactivar el proceso de desinflación, Ieral consideró que el panorama muestra señales contrapuestas:

  • La restricción monetaria podría ralentizar el aumento de los precios.
  • El ajuste del límite superior de la banda cambiaria según la inflación de dos meses antes podría provocar que el descenso del ritmo de aumento de los precios al consumidor se produzca desde un nivel más alto del esperado.

No será sencillo rearmar el ‘círculo virtuoso’ de crédito y nivel de actividad (Vasconcelos)

“Los precios mayoristas podrían seguir la pauta del techo de la banda, en vez del tipo de cambio observado, exigiendo una doble ‘desinflación’ por el lado de los servicios. El descenso de la tasa de inflación sería lento”, argumentó Vasconcelos.

Otra perspectiva aportó un reporte del Club de Finanzas del Instituto de Economía (Ineco) de UADE que evaluó que la acumulación de reservas y la estabilidad cambiaria de enero respondieron a un contexto internacional favorable, con un debilitamiento del dólar a nivel global y flujos positivos hacia los mercados emergentes.

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No obstante, el análisis subrayó que si bien la recalibración de las bandas cambiarias, que a partir de enero se actualizan en base a la inflación de dos meses antes, otorgó mayor margen de maniobra y permitió sumar divisas, “comenzó a desanclar expectativas de depreciación, reduciendo el rol del tipo de cambio como ancla del proceso desinflacionario”.

“El mercado operó bajo un trilema entre sostener el tipo de cambio, comprar reservas y mantener tasas de interés bajas. Durante enero, la variable de ajuste fue la tasa en pesos, con la caución promediando niveles cercanos al 37% nominal anual”, resaltó Ineco.

La recalibración de las bandas cambiarias permitió sumar divisas, y también desanclar expectativas de depreciación, reduciendo el rol del tipo de cambio como ancla del proceso desinflacionario (Ineco)

Y agregó: “La evolución de las tasas de interés en moneda local, la sostenibilidad del proceso de acumulación de reservas y la consolidación del proceso desinflacionario serán claves para evaluar si las señales de cambio observadas al inicio del año logran afirmarse en los próximos meses”.

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Desde Invecq plantearon que un tipo de cambio relativamente estable combinado con tasas reales positivas continúa favoreciendo estrategias de carry trade. “Hacia adelante, el esquema presenta un trilema entre tres objetivos difíciles de conciliar simultáneamente: bajar la inflación, acumular reservas internacionales y sostener la recuperación de la actividad económica”, apuntaron los analistas de la consultora.

Según su perspectiva, la encrucijada se origina en el hecho de que uno de los tres objetivos tiende a tensionar a los otros dos. Por ejemplo, explicaron: “Un anclaje más rígido del tipo de cambio puede servir para contener la inflación, pero puede dificultar la acumulación de reservas; o una tasa de interés más elevada puede servir para contener tensiones cambiarias y la inflación, pero puede afectar a la actividad económica”.

Para los economistas de PxQ, el abandono del ancla cambiaria para contener la suba de precios representa un “debilitamiento sobre el plan de desinflación: si el Gobierno prioriza la acumulación de reservas y no quiere que la inflación se acelere, tiene que apretar la tasa de interés y mantener el ritmo del ajuste fiscal para reforzar las anclas fiscal-monetaria”.

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La evolución de las tasas de interés, la sostenibilidad del proceso de acumulación de reservas y la consolidación del proceso desinflacionario serán claves para evaluar si las señales de cambio observadas al inicio del año logran afirmarse (Invecq)

“Si, en cambio, está dispuesto a soportar un nivel más alto de inflación en un año no-electoral, eso permitiría relajar en el margen la tasa y el ajuste fiscal. El trilema es claro: es imposible, al mismo tiempo, acumular reservas, bajar la inflación y crecer”, afirmaron en la consultora de Emmanuel Álvarez Agis.

En este esquema, advirtieron desde PxQ, solo es posible alcanzar dos de los tres objetivos. Acumular reservas y reducir la inflación requiere mantener una tasa de interés alta, lo que impacta negativamente en el crédito, un factor clave para la recuperación de la demanda agregada. Si se opta por crecer y bajar la inflación, es necesario utilizar reservas para sostener el valor de la moneda. La combinación de acumulación de reservas y crecimiento, en cambio, implica aceptar una inflación más elevada.



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Caputo se reunió con la UIA y destacó la importancia de la reforma laboral para

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El ministro de Economía Luis Caputo, dijo que mantuvo una reunión «excelente» con la cúpula de la UIA liderada por Martín Rappallini.

«Hablamos de la importancia de la reforma laboral, en particular del FAL -fondo de despidos-, de las medidas para reducir los costos de la industria del juicio, del régimen de nuevo empleo que reduce los aportes patronales a tan solo 2% por los próximos 4 años, y del RIMI para Pymes», detalló el funcionario.

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En la reunión, Rappallini estuvo acompañado por Rodrigo Pérez Graziano y Eduardo Nougués.

Caputo destacó «la importancia de reducir la carga impositiva»

Luis Caputo se reunió con la UIA, tras la media sanción a la reforma laboral

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Caputo destacó que «estos cambios, junto con la ley de Inocencia fiscal, serán fundamentales para navegar de la mejor manera posible la transición hacia este nuevo modelo de país, donde lo que buscamos es que prevalezca la creación de empleo, mejores salarios, y una mayor apertura al comercio con el mundo».

Reveló que también se habló de la «importancia de reducir la carga impositiva, principalmente en provincias y municipios, a fin de hacer que nuestras industrias puedan ser más competitivas».

Caputo aclaró que existe una «gran relación con la UIA, y continuaremos trabajando juntos para que la gente tenga finalmente acceso a mejores productos, a mejores precios«.

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El encuentro se produjo en el marco del fuerte retroceso de la actividad manufacturera y de tensiones dentro del sector empresarial.

La central fabril presentó propuestas para reactivar la actividad económica, con especial énfasis en estimular el crédito al consumo, aliviar la carga fiscal y generar incentivos para sectores golpeados por la apertura comercial, según trascendió.

Entre las medidas figuran mecanismos de financiamiento similares al programa Ahora 12 para incentivar la demanda interna y estímulos para la construcción y otras ramas con efecto multiplicador en la economía.

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Según datos del Centro de Estudios de la UIA, la producción industrial cayó 3,9% interanual en diciembre de 2025 y el uso de la capacidad instalada se mantiene en niveles comparables a los de la pandemia, con efectos directos sobre el empleo y las decisiones de inversión.

El sector textil, el calzado y la metalmecánica no automotriz son algunos de los rubros más golpeados.

Consumo y empleo: la duda de las pequeñas y medianas empresas

Si bien desde la UIA respaldaron la media sanción a la reforma laboral, del otro lado del mostrador empresario, las Pymes replican con una frase que se repite como mantra: sin consumo no hay reforma que valga.

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Raúl Zylbersztein, de la Confederación Empresaria de la República Argentina (Cgera), fue prudente, pero cortante, ante la consulta de iProfesional: «Es mejor de lo que estaba, pero veremos qué ocurre en los juzgados. Nosotros no lo apoyamos porque tiene poco impacto positivo y no soluciona muchos de los problemas cotidianos. Ausentismo, ART». La frase condensa la desconfianza: la ley podrá ordenar papeles, pero no modifica el terreno real donde se litiga ni el costo sistémico de los riesgos del trabajo.Consultado por iProfesional, Juan Ciolli, de la Cámara Económica Sanmartinense, fue más lejos y politizó el debate: «La reforma laboral está hecha a la medida de las grandes empresas, las Pymes no están beneficiadas con esta ley».

Y agregó: «Está dentro de la lógica de todo lo que viene haciendo el Gobierno para avanzar en un proceso de desindustrialización de la Argentina, desfinanciar las universidades, la ciencia y la tecnología, esta reforma laboral, la privatización de Nucleoeléctrica…».

Ciolli puso números sobre la mesa: «El 95% de la producción de las Pymes la volcamos al mercado interno, necesitamos mercado interno y salarios para poder invertir; hoy la capacidad instalada es del 57%». Y remató: «Mienten diciendo que esta reforma genera más empleo». Para este sector, la ecuación es simple: con fábricas semivacías, nadie contrata por más que bajen cargas.

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Maximiliano Pisetta, vicepresidente del Movimiento Nacional Pymes, insistió en la misma línea: «No nos sirve que nos bajen el IVA para invertir si lo que no hay es inversión por falta de mercado. ¿Quién va a comprar una máquina más, si lo que tenemos es que poner en marcha las que tenemos?». Y completó: «Para contratar más empleados formales primero hay que tener rentabilidad y consumo; no nos sirve que haya menos cargas patronales si nadie compra nada».

Mauro González, de la Confederación Federal Pyme, fue quirúrgico: «Lo que busca es blanquear a los sectores informales; el proyecto no va a crear más empleo. Lo único que lo va a hacer es una reactivación de la economía, un proyecto productivo que debe tener el Gobierno». Y advirtió: «Lo de las cargas sociales que bajan al 8% para las Pymes es importante, pero no es algo que te va a impactar y te va a sostener. Este proyecto le dice al sector empresario: te bajo el consumo, pero te trato de mejorar la rentabilidad desde este lugar. No va a resolver ninguno de los problemas del sector productivo».

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Inversiones por USD 30.000 millones y hasta 50.000 nuevos empleos: los números detrás del megaproyecto de GNL en la Argentina

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El presidente ejecutivo y CEO de YPF, Horacio Marin, explicó los alcances del proyecto de GNL en la Argentina

A horas de haberse firmado el acuerdo entre YPF, la italiana ENI y la gigante árabe XRG para avanzar con el megaproyecto Argentina GNL, el presidente y CEO de la petrolera nacional, Horacio Marín, explicó el alcance de la inversión y el impacto que tendrá la iniciativa en la generación de empleo y el desarrollo de infraestructura energética. El plan contempla la movilización de veinte mil millones de dólares en infraestructura y otros diez mil millones en pozos petroleros, junto a la creación de hasta cincuenta mil puestos de trabajo en la etapa de máxima expansión.

“Es un acuerdo vinculante entre las tres partes para lograr el financiamiento a fin de año y empezar las obras, que son gigantes. Serían 20 mil millones de dólares en infraestructura y otros 10 mil millones de dólares en pozos”, dijo Marín en conversación con Eduardo Feinmann en Radio Mitre.

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La firma del acuerdo de desarrollo conjunto (Joint Development Agreement, JDA) consolidó el compromiso para llevar adelante el proyecto Argentina LNG, enfocado en la producción y exportación de gas natural licuado. La alianza impulsa la construcción de dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG) con una capacidad total de doce millones de toneladas anuales.

Marín detalló que el acuerdo ya es vinculante y que las empresas avanzan en la movilización de capital para alcanzar la decisión final de inversión (FID) y el cierre del financiamiento. El ejecutivo sostuvo que “toda la plata que hay que invertir durante este año para lograr el financiamiento final y empezar las obras que van a ser gigantes” y remarcó el interés de bancos internacionales en participar. De hecho, mencionó a JP Morgan como uno de los actores que ya inició gestiones.

La inversión estimada para la infraestructura asciende a USD 20.000 millones, mientras que los pozos petroleros requerirán otros USD 10.000 millones. En este marco, la estrategia financiera ocupa un lugar central en la agenda del consorcio. El acuerdo con los bancos internacionales y la estructura de financiamiento resultarán determinantes para impulsar el megaproyecto, con la expectativa de alcanzar la decisión final de inversión durante la segunda mitad de 2026, según comunicó la empresa. El monto del financiamiento podría ubicarse entre USD 15.000 y USD 17.000 millones, según precisó el CEO de YPF.

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“Cuando firmemos la Decisión Final de Inversión y consigamos el financiamiento, y estoy convencido que lo vamos a lograr, van a empezar las obras que son inmensas”, dijo el presidente y CEO de YPF.

Uno de los hitos técnicos más destacados del proyecto es la construcción de un gasoducto de cuarenta y ocho pulgadas de diámetro, el más grande de la historia argentina, que transportará gas desde Vaca Muerta hasta un nuevo puerto en Río Negro. Allí se instalará un polo exportador de energía, que se sumará a los centros logísticos de Bahía Blanca y al puerto de exportaciones frutícolas de la misma provincia.

La infraestructura prevista abarca, además del gasoducto, oleoductos, poliductos, plantas de separación para el tratamiento de LPG (gas licuado de petróleo) y unidades de fraccionamiento de etano. “Vamos a tener etano fraccionado para exportarlo, y espero que haya inversiones para hacer más petroquímica en Argentina”, indicó Marín.

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Los buques metaneros serán clave
Los buques metaneros serán clave en el transporte del gas natural licuado argentino (YPF)

El proyecto incluye la instalación de plantas flotantes de licuefacción frente a la costa de Río Negro, a cinco kilómetros de tierra firme. Allí operarán barcos de cuatrocientos metros de largo y ochenta metros de ancho, sin motor propio, que funcionarán como “superheladeras” para transformar el gas en líquido a −160 °C. Este método permite una mayor eficiencia y rapidez frente a las plantas en tierra. “Estos proyectos de tanta inversión, atrasarse un año o dos es letal. Se pierde muchísimo valor para los accionistas y para la Argentina”, subrayó el titular de YPF.

Las exportaciones comenzarán a partir de cuatro años después de la firma de la decisión final de inversión. La carga de gas licuado se realizará a través de buques metaneros, que distribuirán la producción principalmente a mercados de Europa y Asia.

El impacto en la generación de empleo es uno de los pilares del proyecto. Marín estimó que la primera fase creará alrededor de 40.000 puestos de trabajo, con posibilidad de ampliarse a 50.000 empleos, si el consorcio expande la capacidad instalada a dieciocho millones de toneladas anuales.

“Nosotros consideramos que todas las obras generaran 40 mil puestos de trabajos”, dijo Marín. “Estamos trabajando con otros posibles socios para expandir el proyecto a 6 millones de toneladas para hacerlo mucho más rápido. Si se logra, son 50.000 puestos de trabajo”, agregó.

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El cronograma de ejecución prevé la licitación de obras antes de fin de año, una vez completada la ingeniería básica (Front-End Engineering Design, FEED) y la estructuración técnica y comercial del proyecto. Cada aspecto del desarrollo, desde la producción y procesamiento hasta el transporte y exportación, se encuentra integrado en el plan de trabajo conjunto.

El gobernador Alberto Weretilneck y
El gobernador Alberto Weretilneck y Marín

El proyecto apunta a transformar el potencial energético de Vaca Muerta en divisas y empleo, diversificando la matriz exportadora argentina. Con esta iniciativa, la empresa estatal busca consolidarse como operadora shale de clase mundial y gran exportadora de hidrocarburos hacia 2031, combinando producción nacional con tecnología de licuefacción de última generación.

El potencial exportador se refleja en las proyecciones de USD 10.000 millones anuales por ventas externas de gas y líquidos durante veinte años, proyectó Marín.

Hoy también el proyecto fue presentado en Viedma, Río Negro, por el gobernador Alberto Weretilneck.

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“Cuando hablamos de Vaca Muerta, hablamos de muchos años de decisiones y de trabajo conjunto. Este proyecto, permitirá que la Patagonia y Argentina sean una potencia mundial energética”, dijo Weretilneck, quien subrayó como aspectos fundamentales para el desarrollo del proyecto la estabilidad política, la previsibilidad económica y seguridad jurídica.

El gobernador, quien firmó la elevación del proyecto a la Legislatura provincial, destacó el “gran consenso político, social y laboral” logrado en la provincia y remarcó que la misma se convierte en un actor central y fundamental del país: “Que nosotros podamos vender al mundo el gas y el petróleo neuquino, significa para nuestro país un nuevo orden económico. Río Negro es una de las provincias protagonistas de esta nueva Argentina que se está construyendo a partir de hoy”.

Weretilneck explicó el alcance del Acta Acuerdo firmada con YPF y Argentina LNG SAU, mediante la cual Río Negro fija condiciones claras para viabilizar una de las iniciativas energéticas más relevantes del país, orientada a impulsar la exportación de gas a gran escala y a generar un nuevo dinamismo productivo en el territorio provincial.

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