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ECONOMIA

Glaciares: cuál es el trasfondo de la otra ley que quiere Milei para captar inversiones y dólares

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Javier Milei no discute glaciares, sino dólares, y los necesita ahora. La reforma de la Ley de Glaciares quedó postergada en el Senado para darle prioridad a la reforma laboral y no se tratará el miércoles próximo, pero aún permanece en el temario de las sesiones extraordinarias. El proyecto definirá cuáles serán las zonas y regiones en las que se permitirá o no desarrollar la minería, especialmente el cobre, sin afectar los glaciares y los ambientes periglaciales.

Según pudo saber iProfesional de fuentes oficiales, el proyecto no es un retroceso verde como se lo presenta desde el ambientalismo, sino una señal clara al mercado minero internacional de empresas de Canadá, Australia, Reino Unido, China, Países Bajos, Estados Unidos y Suiza que tienen inversiones en el país y buscan incrementarlas.

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Javier Milei quiere dólares de la minería, pero puede surgir un conflicto

«Lo que pide el sector minero es tener reglas claras, definiciones concretas y bien determinadas de donde se podrá invertir porque los proyectos son millonarios en dólares», señaló a iProfesional una fuente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM). En esas zonas definidas se habilitarían inversiones en minería e hidrocarburos.

«La modificación no pasa por habilitación donde hoy no se puede hacer minería, o esté prohibido, sino tiene que ser una clarificación de aspecto de la ley sobre todo en definiciones claras de ambiente periglacial», agregó la fuente.

«Al no haber definiciones claras esto lleva a incertidumbre para empresas que tienen que empezar inversiones. Es dificil que una empresa ponga miles de millones de dólares en una zona donde no sabe si mañana le van a ir con una prohibición», agregó. El proyecto le conferirá a las provincias la potestad de definir sus zonas productivas.

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La reforma ofrece mayor certeza de dónde se puede y donde no se puede invertir y cuál es la definición de «ambiente periglacial» y como es llevado al territorio. Todavía no tiene fecha de tratamiento, pero en la Casa Rosada aseguraron que es una prioridad para el Presidente.

«Es un tema de incertidumbre jurídica, lo que se plantea en la ley y no que se abran zonas que hoy por hoy estan prohibidas», señalaron fuentes mineras.

En rigor, la ley de actividad minera donde pide entre otras cosas informes de impacto ambiental y si no lo tiene aprobada ningún proyecto puede ponerse en marcha.

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En buen romance, la Argentina quiere dejar de ser geológicamente rica pero jurídicamente impredecible. En la Casa Rosada lo dicen sin eufemismos: sin inversión no hay crecimiento y sin reglas claras no hay inversión.

Los principales interesados hoy en la sanción de la ley son los sectores de la minería del cobre. Los proyectos más avanzados en este sector son MARA, Pachón, San Jorge, de Suiza; Vicuña, Taca Taca, Filo Del Sol, de Canadá, y Los Azules, de Canadá/Paises Bajos.

En proyectos de Litio son Hombre Muerto Oeste (Galán), Kachi, Rincón (Argosy), de Australia; Sal de Vida, Cauchari (RT), Rincón (RT), de Reino Unido: Cauchar, de EE.UU.; Sal de los Angeles, Pozuelos, de China; Pastos Grandes, de Suiza / China, y Arizaro, de Canadá / Argentina.

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En el rubro Oro, picaron en punta Hualilán, de Australia, y Calcatreu, de Canadá. Esos son los proyectos más avanzados. En CAEM consignaron que el proyecto de cobre Pascua Lama está frenado por un conflicto del lado chileno, no por legislación argentina.

El proyecto de ley no interesa tanto para los proyectos de litio, por las zonas donde están ubicados. En Santa Cruz, en tanto, hay una ley de zonificación previa y no hay conflicto con la ley de glaciares.

«El gran tema son los proyectos de cobre, que son además los que requieren inversiones de montos mayores y exportaciones», subrayaron los mineros a iProfesional.

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La «nueva» ley de Glaciares

El proyecto de ley no crea una ley nueva, modifica la Ley 26.639, sancionada en 2010, que convirtió a la Argentina en una anomalía regulatoria en la región. Mientras Chile perfora y vive del cobre y Perú negocia proyectos con chequera, policía y acuerdos frágiles con comunidades, la Argentina se blindó con una norma amplia, ambigua y judicializable, que transformó al «ambiente periglacial» en un concepto elástico, sin definición técnica precisa, capaz de frenar decisiones de inversión multimillonarias.

El corazón del conflicto no es la protección de los glaciares —nadie propone minería sobre hielo— sino la falta de delimitación clara del bien jurídico a proteger. La ley vigente protege glaciares y ambientes periglaciales, pero no los define con precisión. Y ahí está el problema. La amplitud del concepto de ambiente periglacial generó interpretaciones dispares, incertidumbre jurídica y parálisis inversora, sobre todo en los grandes proyectos de cobre, los que demandan más capital y prometen más exportaciones.

Según pudo saber iProfesional, el debate todavía no se lanzó en el Senado, donde el Poder Ejecutivio envió el proyecto para ser tratado en sesiones extraordinarias, pero en el oficialismo creen que la ley tendrá menos resistencia que la reforma laboral. La apoyaría todo el bloque de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y legisladores de todos los partidos de provincias mineras como San Juan, Catamarca, La Rioja, Salta, Jujuy y Santa Cruz. No es casual: son las jurisdicciones que viven o podrían vivir de la minería.

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Desde el peronismo, pusieron la cautela. El senador Jorge Capitanich lo sintetizó así: «No hubo análisis colectivo en el bloque. Pero ningún proyecto puede tratarse en extraordinarias. Hay que dar el debate con amplitud y participación». Traducción política: nadie quiere pagar solo el costo de una ley que toca una bandera sensible.

Qué busca cambiar Milei está claro. Reducir y precisar el alcance del ambiente periglacial, definir técnicamente qué geoformas cumplen función hídrica relevante, ordenar el inventario de glaciares —hoy considerado excesivo y restrictivo— y devolverles a las provincias un rol central como autoridad de aplicación, respetando el artículo 124 de la Constitución, que les reconoce el dominio originario de los recursos naturales.

En otras palabras, flexibilizar sin derogar. No prohibir per se, sino regular con criterios científicos. Desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) insisten: «La industria no busca eliminar la Ley de Glaciares ni poner en riesgo los glaciares». Lo que pide es previsibilidad. Nadie invierte miles de millones de dólares con reglas difusas.

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El Instituto Argentino de Derecho para la Minería (IADEM) fue más lejos y respaldó explícitamente el proyecto. En un duro comunicado sostuvo que la adecuación de la ley no debilita la protección ambiental, sino que la fortalece, al dotarla de mayor precisión jurídica y federalismo efectivo. Un derecho ambiental asentado en normas ambiguas, advierten, termina siendo ineficaz.

Chile y Perú, en la mira del Gobierno

Chile y Perú son los modelos que Milei mira sin disimulo. El primero permite minería cerca de glaciares con estudios de impacto caso por caso y es líder mundial en cobre. El costo ambiental y social es asumido como daño colateral del desarrollo. Perú crece rápido, aunque con paz social intermitente. Argentina eligió otro camino. Milei quiere corregirlo. O, dicho sin maquillaje: alinear al país al estándar chileno para volver a ser competitivo.

Los proyectos que esperan en la gatera explican la urgencia. Josemaría, en San Juan, por más de 4.000 millones de dólares. Agua Rica–MARA, en Catamarca, hoy atrapado en litigios e indefiniciones. En Salta y Jujuy, el litio observa con atención, aunque el conflicto allí es menor por ubicación geográfica. En Santa Cruz, donde ya existe una ley de zonificación previa, la minería metalífera vuelve a respirar.

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La verdadera grieta no es técnica. Es ideológica. De un lado, el ambientalismo, sectores judiciales y comunidades que defienden el agua como recurso estratégico. Del otro, un Gobierno que prioriza mercado, capital y velocidad. Milei apuesta a que el conflicto social es administrable y que la narrativa pro inversión puede correr a la Justicia del centro de la escena.

Tocar la Ley de Glaciares es abrir una guerra que ningún presidente quiso dar del todo. Milei sí. Porque necesita dólares, porque gobierna con lógica de mercado y porque, como repiten en el sector minero, la necesidad de divisas no tiene color político. El mercado ya tomó nota: en minería, energía y economía del conocimiento, el Presidente libertario decidió jugar fuerte y sin disimulo.

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El ministro Caputo se reunió con Arcor y Danone tras la adquisición de Mastellone

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El ministro Luis Caputo se reunió con representantes de Arcor y Danone en una mesa de negociación para abordar temas económicos cruciales del sector alimentario.

La adquisición estratégica de la mayoría accionaria de Mastellone Hermanos S.A. por parte de Grupo Arcor y Danone generó un pequeño temblor en el sector alimenticio de Argentina. El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una reunión con directivos de ambas compañías para discutir el alcance de la operación, que contempla la creación de un joint venture enfocado en potenciar la comercialización y ampliar el acceso a marcas lácteas en el país.

Durante el encuentro, Caputo recibió a ejecutivos de Grupo Arcor y Danone en el marco del anuncio oficial sobre el acuerdo estratégico para la compra mayoritaria de Mastellone Hermanos S.A., la empresa madre de la marca La Serenísima. Los representantes de las multinacionales manifestaron que la iniciativa apunta a mejorar la capacidad comercial, optimizar procesos internos y acelerar el crecimiento de la compañía en el segmento lácteo.

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La operación marca un cambio en la estructura de propiedad de uno de los principales actores de la industria láctea argentina. Arcor y Danone acordaron la unificación de sus negocios de productos lácteos en el país mediante la constitución de un joint venture, cuyo objetivo es fortalecer la posición competitiva y consolidar el portafolio de marcas en un contexto de consumo retraído.

La reunión entre Caputo y los directivos de ambas compañías funcionó como instancia para ratificar el compromiso de las empresas con la economía local. El ministro destacó la disposición de Arcor y Danone para invertir en el país y subrayó que el acuerdo “permitirá acercar marcas lácteas de calidad a más consumidores en Argentina”, en palabras recogidas por el propio funcionario a través de sus canales oficiales.

Un compromiso que se da en medio de signos debiles recuperación del consumo de lácteos de los argentinos. Según el último informe del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), en enero del 2026 las ventas de lácteos en supermercados fueron de $ 247.945 millones, -3,9% respecto al mes anterior, y +19,3% respecto a igual mes del año anterior. “Esta situación hace presumir que se produjo un mantenimiento del volumen de ventas de productos lácteos en supermercado”, destacaron en el informe.

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En enero, las ventas de lacteos en supermercados cayeron un 3% con respecto a diciembre de 2025.
En enero, las ventas de lacteos en supermercados cayeron un 3% con respecto a diciembre de 2025.

Pero si se analizan las ventas medidas en moneda constante (ajustado por inflación), la variación interanual muestra una caída del 9,9% que puede provenir, según OCLAVA, de que los precios de los lácteos se ajustaron por debajo de la inflación (13,1%) y/o que los productos comercializados respondieron a productos de menor valor unitario.

Es que las ventas de lácteos en general cayeron fuertemente en 2024 y en 2025 se dio una recuperación, aunque no en su totalidad. “La recuperación en volumen en los supermercados no es acompañada de una recuperación en valor debido a que la sobreoferta de productos lácteos ha generado un crecimiento de los precios por debajo de los niveles inflacionarios generales”, comentaron en el Observatorio.

El joint venture conformado por Arcor y Danone incluye la adquisición de la mayoría accionaria de Mastellone Hermanos S.A., lo que representa un movimiento inédito en la historia reciente del sector. Ambas empresas resaltaron ante Caputo que la operación facilitará la articulación de recursos industriales, logísticos y comerciales para responder con mayor eficacia a las demandas del mercado y a los desafíos económicos actuales.

Pero ahora Arcor y Danone avanzan hacia el control total de la empresa propietaria de La Serenísima, completando un proceso de expansión que comenzó hace más de diez años. De acuerdo con la información presentada ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), la transferencia de acciones correspondientes a las Clases A, B, C y D se realizó conforme a la opción de compra y venta acordada el 3 de diciembre de 2015.

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La operación todavía requiere la aprobación de los organismos regulatorios pertinentes en distintas jurisdicciones, así como la validación de los órganos societarios. Una vez superados estos requisitos, se constituirá un nuevo joint venture que reunirá bajo una misma estructura operativa los activos de Danone Argentina S.A., Mastellone Hermanos y la red de distribución de Logística La Serenísima.

Antoine de Saint-Affrique, CEO global de Danone, expresó que la operación permite profundizar la alianza de largo plazo con Arcor y fortalece el compromiso con el mercado argentino y la región. Según el ejecutivo, la integración de capacidades abrirá nuevas oportunidades para la innovación y la eficiencia operativa, además de ampliar el alcance de ambas compañías. El objetivo, según remarcó, es acercar productos lácteos saludables y de calidad a más consumidores en el país.

Por su parte, Alfredo Pagani, presidente de Grupo Arcor, subrayó el carácter estratégico del proyecto para la compañía cordobesa. Explicó que el joint venture potenciará la capacidad comercial, las operaciones y los procesos, acelerando el desarrollo de productos diferenciales a través de una estrategia conjunta. También afirmó que la iniciativa reafirma el compromiso de Arcor con el país y complementa su propuesta de valor en el sector de consumo masivo.

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ECONOMIA

El dato que explica por qué la nafta nunca baja en Argentina y afecta a millones de conductores

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El precio de los combustibles volvió a instalarse en el centro del debate económico argentino, no solo por su impacto directo en el bolsillo sino también por su efecto multiplicador sobre toda la estructura de costos.

Detrás de cada litro de nafta hay un componente que suele quedar en segundo plano, pero que explica buena parte del valor final: la carga impositiva.

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Tomando como referencia un precio de $2.000 por litro, promedio para lo que hoy cuesta en el AMBA, casi la mitad de ese valor corresponde a impuestos.

En concreto, unos $932, es decir, el 46,6% del precio final.

Se trata de una proporción elevada que permite entender por qué los combustibles en Argentina mantienen niveles altos en términos relativos, algo que queda más en evidencia en contextos como el actual, donde manda la volatilidad en el valor del petróleo por culpa de la guerra en Medio Oriente.

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Cómo se reparte la carga

El grueso de la carga tributaria proviene del nivel nacional. Aproximadamente $830 por litro —un 41,5% del total de los $2.000 que vale la nafta súper— corresponden a impuestos como el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono, además del IVA. Estos tributos no solo tienen un objetivo recaudatorio sino también buscan financiar la construcción de infraestructura.

En menor medida aparecen los impuestos provinciales, que representan unos $60 por litro (3%), y las tasas municipales, que suman alrededor de $42 (2,1%). En algunos municipios esa tasa sobrepasa incluso el 3%.

Aunque su peso es significativamente menor frente a los tributos nacionales, también contribuyen a engrosar el precio final que paga el consumidor.

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Tensión en los surtidores

Este esquema impositivo plantea varias tensiones. Por un lado, el Estado encuentra en los combustibles una fuente de recaudación relativamente eficiente, dada la baja elasticidad de la demanda: la nafta es un insumo difícil de sustituir en el corto plazo.

Por otro lado, el alto componente impositivo impacta en la competitividad de la economía, ya que encarece el transporte y, por ende, los precios de bienes y servicios.

Además, existe un efecto distributivo que no siempre se discute. Los impuestos sobre los combustibles son, en esencia, regresivos: afectan proporcionalmente más a los sectores de menores ingresos, que destinan una mayor parte de su presupuesto a transporte o a bienes cuyos precios dependen de la logística.

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En este contexto, cada actualización de impuestos —muchas veces postergada y luego aplicada de manera acumulada— genera saltos en los precios que terminan trasladándose a la inflación. De hecho, en los últimos años, la dinámica de los combustibles ha estado fuertemente influida por decisiones fiscales, más allá de las variables tradicionales como el barril de petróleo o el tipo de cambio.

La discusión de fondo, entonces, no es solo cuánto cuesta la nafta, sino cómo se compone ese precio. Con casi la mitad del valor explicada por impuestos, cualquier estrategia orientada a aliviar el costo del combustible necesariamente deberá incluir una revisión del esquema tributario. El desafío es encontrar un equilibrio entre la necesidad de recaudar y la de no asfixiar a una economía que depende, en gran medida, de la movilidad.

En definitiva, cada vez que un automovilista carga combustible, no solo está pagando energía: también está financiando una parte significativa del funcionamiento del Estado.

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El significado de la imagen que publicó Milei para volver a poner en el centro de la escena sus críticas a la industria nacional

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Caricatura compartida por Javier Milei que satiriza la protección a la industria nacional, mostrando a figuras Kirchneristas defendiendo una fábrica de velas de la competencia del sol.

El presidente Javier Milei intensificó su disputa con la industria nacional argentina este jueves a través de la publicación de una imagen en sus redes sociales, inspirada en la sátira del escritor y economista liberal francés Frédéric Bastiat, centralizó el conflicto entre el modelo de libre comercio y el proteccionismo defendido por sectores industriales tradicionales.

La pieza difundida presenta una caricatura en la que el sol simboliza la competencia perfecta y el libre comercio, mientras que una fábrica de velas identificada como “Kirchnerismo” representa el modelo de Sustitución de Importaciones. En la escena aparecen Cristina Kirchner y un no muy bien logrado Alberto Fernández cerrando cortinas, en alusión directa a medidas como los aranceles, cuotas y restricciones, utilizadas para “bloquear la competencia” y proteger a sectores industriales considerados poco competitivos. De fondo, el Congreso de la Nación resalta el carácter legislativo y político de las decisiones que afectan el rumbo económico.

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La acompañó, apenas, con la palabra “Bastiat” acompañada de su habitual VLLC.

La imagen publicada por el presidente no surge de la nada. Retoma y adapta el argumento expuesto por Frédéric Bastiat en 1845, en el capítulo VII de Sofismas Económicos, titulado “Petición de los fabricantes de velas”. En ese texto, el economista francés utilizó la ironía para cuestionar el proteccionismo de su época, proponiendo que el Estado debería ordenar el cierre de todas las ventanas para que los fabricantes de velas pudieran prosperar, protegiéndolos de la competencia de la luz solar. Bastiat escribió: “Estamos sufriendo la ruinosa competencia de un rival extranjero que inunda nuestro mercado a un precio fabulosamente reducido” y “Pedimos que dicten una ley que ordene el cierre de todas las ventanas… por las que la luz del sol tiene la costumbre de penetrar”. Para Milei, la referencia funciona como denuncia de lo que considera un “sofisma” que solo beneficia a un grupo pequeño a costa de los consumidores, quienes pagan por productos que podrían obtener a menor costo o gratuitamente.

Frédéric Bastiat (1801-1850)
Frédéric Bastiat (1801-1850)

El contexto en el que se difundió la caricatura evidencia una escalada en el conflicto entre el Gobierno y los representantes de la industria nacional. Durante los primeros días de marzo, el presidente utilizó la apertura de sesiones ordinarias del Congreso para afirmar que “no habrá piedad” para los sectores que no logran competir en el mercado. Diez días después, en el marco del evento “Argentina Week”, Milei dirigió críticas directas a figuras emblemáticas del empresariado local, como Paolo Rocca —a quien apodó “Don Chatarrín”— y Javier Madanes Quintanilla —“Don Gomita Alumínica”—, asociándolos a prácticas vinculadas al proteccionismo y la intermediación estatal.

La reacción de la Unión Industrial Argentina (UIA) no tardó. El 11 de marzo, la central fabril emitió un comunicado donde calificó los dichos del presidente como “agravios injustos e infundados”. La tensión se incrementó a mitad de mes cuando la fábrica de neumáticos Fate anunció despidos, lo que derivó en acusaciones cruzadas: desde el Gobierno señalaron que se trataba de un intento de “extorsión política” por parte de la empresa, mientras que los industriales sostuvieron que las medidas oficiales ponían en riesgo la continuidad de miles de puestos de trabajo.

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La decisión de situar el Congreso de la Nación en el fondo de la escena apunta a destacar el rol del Poder Legislativo en la imposición de barreras comerciales. Desde el punto de vista del oficialismo, la protección de la industria nacional responde a intereses corporativos que se valen del Estado para mantener privilegios, en detrimento del bienestar general. La sátira visual busca instalar la idea de que el verdadero perjudicado por el proteccionismo es el consumidor, obligado a aceptar productos más caros o de peor calidad.

El uso de la figura de Frédéric Bastiat no solo aporta un andamiaje teórico a la postura del Gobierno, sino que también funciona como herramienta de comunicación política. La elección de una referencia del siglo XIX permite a Milei conectar la discusión local con debates históricos sobre el libre comercio, el rol del Estado y los límites de la intervención pública en la economía. Al citar a Bastiat, el presidente busca legitimar su ofensiva contra lo que denomina “curros” o privilegios empresariales, presentando las medidas de apertura como una corrección a distorsiones históricas.

La confrontación con los principales actores de la industria nacional, entre ellos Rocca y Madanes Quintanilla, marca un quiebre respecto a la relación tradicional entre el empresariado y el poder político en la Argentina. El mensaje oficial busca reposicionar al Gobierno como garante del interés del consumidor, enfrentado a lo que describe como “empresarios prebendarios”.

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Las medidas adoptadas recientemente, como la baja de aranceles y la facilitación de las compras en el exterior, encuentran justificación en la narrativa visual y teórica propuesta por el presidente. Desde la perspectiva oficial, la apertura de importaciones representa una herramienta para disciplinar a los sectores que, según Milei, sobreviven gracias al proteccionismo. El Gobierno sostiene que la liberalización permitirá acceder a productos de mejor calidad y menor precio, beneficiando al conjunto de la sociedad.



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