El incremento ya de marzo a junio, con un promedio del 3% mensual, cuando Economía pretende que no supere el 2%. El gobierno analizar su homologa la suba.

31/03/2026 – 09:58hs

El consejo directivo de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDyC) y la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) acordaron un aumento salarial del 12,5 por ciento de marzo a junio, rompiendo el techo paritario del 2 por ciento mensual que estableció este año el ministerio de Economía en el sector privado.

La mejora alcanza a tres convenios colectivos de trabajo, el 553/09, que nuclea al personal mensualizado, el 463/06, que abarca a la rama por reunión y el 1070/09, que agrupa a los inspectores. En definitiva, el incremento se aplicará a los trabajadores y trabajadoras de clubes afiliados a la entidad madre del fútbol argentino.

¿Negociaciones salariales con lectura política?

El secretario General de la organización gremial Carlos Bonjour viene encabezando las negociaciones de las distintas ramas de la actividad y estas eran de las últimas en cerrar, en el marco de las paritarias 2026-2027.

No escapa a las especulaciones políticas que la suba tenga relación con el enfrentamiento que sostienen el presidente Javier Milei y el titular de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, desde el inicio de la gestión libertaria.

Para este año, el Palacio de Hacienda que encabeza Luis Caputo, fijó un techo paritario que no supere el 2 por ciento mensual. Una fuente del ministerio explicó: «Los incrementos se están pactando por trimestres; entonces la intención es que el promedio de por debajo del 6% y que para compensar la inflación se fijen sumas no remunerativas».

Cómo se aplica la suba de ingresos mes a mes

En el caso del acuerdo entre UTEDyC y la AFA, el aumento es arriba del 3 por ciento mensual, lo que podría ser una traba para la homologación de parte del ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo. Sin embargo, al tratarse de la AFA, se descarta que la mejora se aplique más allá de la autorización del gobierno.

El 12,5 por ciento para el cuatrimestre marzo-junio se distribuye de la siguiente forma:

• 3,5% en marzo
• 3,5% en abril
• 3% en mayo
• 2% en junio

El incremento impactará sobre los salarios básicos del personal encuadrado en los convenios mencionados, actualizando las escalas vigentes y repercutiendo en los adicionales y conceptos vinculados a esos básicos, tal como se establece habitualmente en las actas salariales del sector.

Preocupación por la situación económica

La conducción del sindicato ya cerró otras paritarias, como las de «mutuales y clubes de campo», con una mejora del 7 por ciento para los trabajadores de mutuales y del 10,5 por ciento para personal de clubes de campo en el mismo período y la rama «gimnasios», con una suba del 9,2 por ciento. En todos los casos también fueron acuerdos por cuatrimestre.

En tanto, Bounjour destacó que las negociaciones «se vienen desarrollando con normalidad, con la intención de sostener el poder de compra de los salarios, con una inflación con alto impacto en los productos de primera necesidad y en el transporte, que sube mes a mes, afectando los ingresos de los trabajadores y trabajadoras».

Fuentes gremiales advirtieron que «nos reservamos el derecho de abrir las paritarias en caso de una disparada inflacionaria», al tiempo que expresaron su preocupación «en un contexto de cierre de empresas, despidos y recesión que el gobierno debe revertir urgentemente».

Si se analiza el peso relativo del gasto público primario nacional, una primera comparación entre el acumulado de 12 meses a febrero de 2026 y el acumulado de 12 meses a diciembre de 2023 determina una caída equivalente a 5,2 puntos porcentuales del PBI. En efecto, entre ambos periodos el peso relativo del gasto pasó de 19,50% del PBI a 14,32% del PBI. En términos porcentuales, la reducción fue del 26,5%, es decir, algo más de la cuarta parte. El hecho de que esta enorme caída se haya dado en tan solo dos años implica un gran ajuste de corto plazo sobre el flujo económico.

A esto debe sumarse una baja del peso relativo del gasto anual en intereses de deuda. Más allá de la controversia existente con relación a la contabilización o no sobre la línea de una parte de los intereses, lo real hoy en día es que el gasto anual en intereses (sobre la línea) pasó de representar un 1,7% del PBI en el acumulado a diciembre de 2023 a hacerlo con un 1,2% del PBI en el acumulado de 12 meses a fines de febrero de 2026. Esto implica una caída de 0,5 puntos porcentuales del PBI entre ambos periodos.

Entonces, si a la baja de 5,2 puntos porcentuales del PBI del gasto público primario se suma la baja de 0,5 puntos porcentuales del PBI del gasto en intereses, se tiene que la baja del gasto total fue de 5,7% del PBI entre ambos periodos de 12 meses. La caída porcentual en este caso también es del 26,5%.

¿Qué pasó con cada uno de los gastos nacionales?

Lo primero que resulta importante destacar es que solamente dos gastos aumentaron su peso relativo entre ambos periodos, cayendo en consecuencia el de los catorce gastos restantes.

Al analizar los cambios de los gastos más relevantes, se considera apropiado clasificarlos en tres grupos.

El primero está integrado por las Transferencias no automáticas a provincias (23 provincias), Programas sociales, Inversión real directa, Subsidios a la energía y gasto salarial, que sumó una pérdida relativa de 4,07 puntos porcentuales del PBI. De esto surge que la mayor variación negativa de peso relativo la tuvieron las Transferencias no automáticas a provincias, con un 83%. De estar en 1,11 puntos porcentuales del PBI en los 12 meses de 2023, bajaron a 0,19 puntos porcentuales del PBI en los últimos 12 meses.

El segundo componente con mayor caída de peso relativo fue la Inversión real directa, con un 73% y el tercero los Programas sociales con un 56%.

En orden de importancia de caída, le siguieron los subsidios a la energía, las transferencias a universidades, los subsidios al transporte, el gasto salarial, las asignaciones familiares, el consumo de bienes y servicios, las pensiones no contributivas y el PAMI. Este último con baja del peso relativo del 3%.

El segundo grupo está integrado por los gastos cuyo peso relativo prácticamente no tuvieron variación proporcional entre ambos periodos, que son las jubilaciones y pensiones contributivas, que pasaron de 6,15% del PBI a 6,13% del PBI. Es importante destacar que este es el gasto más importante que tiene el gobierno nacional en la actualidad, con una participación relativa del 43%. Este comportamiento evidenciado es consecuencia de que luego del gran ajuste de 2024, la implementación de una suba nominal en función de la inflación de dos meses previos derivó en suba real, dada la baja de la tasa de inflación durante el año 2025.

Por último, el tercer grupo está constituido por los únicos dos gastos cuyo peso relativo aumentó en los últimos dos años. Las transferencias no automáticas a CABA aumentaron 0,04 puntos porcentuales del PBI (56% de incremento) y la Asignación Universal para Protección Social 0,33 puntos porcentuales del PBI (88% de incremento).

¿De cuánto fue el cambio acumulado del peso relativo de cada gasto durante los últimos 26 meses?

Es posible acumular las diferencias de peso relativo, ya sean negativas o positivas, entre el promedio mensual del año 2023 y los 26 últimos meses. Concretamente, se puede calcular cuánto ha bajado o subido de manera acumulada el peso relativo de cada uno de los principales gastos nacionales. Del análisis surge que la caída acumulada del gasto público primario nacional fue de 10,4 puntos porcentuales del PBI durante los últimos 26 meses.

Se aprecia que tres gastos terminaron los 26 meses con una diferencia acumulada de peso relativo positiva. En efecto, la asignación universal para protección social aumentó 0,5% del PBI y las transferencias no automáticas y el PAMI lo hicieron con 0,1% del PBI.

Los trece gastos restantes acumularon una baja de peso relativo. El gasto que más cayó es el relativo a las transferencias no automáticas a las 23 provincias, con 2 puntos porcentuales del PBI. Le siguieron los programas sociales con 1,9 puntos porcentuales, la inversión real directa con 1,8 puntos porcentuales y los subsidios a la energía con 1,5 puntos porcentuales del PBI.

¿De cuánto fue la disminución del gasto medida en pesos reales y dólares?

Otro análisis de interés es el relacionado con el tamaño real del gasto público. Se determina que el gasto primario se redujo $62 billones, comparando el año 2023 con lo acumulado durante los últimos 12 meses.

El de mayor caída real fue, lógicamente, el de transferencias no automáticas enviadas a las 23 provincias. De ser de $11,2 billones en moneda de febrero de 2026 en los 12 meses acumulados de 2023 pasaron a ser de $1,9 billones en los últimos 12 meses.

En el segundo se presentan el gasto del PAMI y de las jubilaciones y pensiones contributivas, que tuvieron caídas reales del 1,7% y del 3,5%, respectivamente.

Por último, en el tercero se presentan los gastos reales en asignación universal para protección social y en transferencias nacionales no automáticas a CABA. Los aumentos fueron del 74% y del 73% respectivamente.

En términos acumulados, la caída de los últimos 26 meses asciende a $122 billones de pesos, medidos en moneda de febrero de 2026. Los programas sociales y las transferencias a provincias se redujeron en casi en $21 billones cada uno.

Si se hacen los cálculos en dólares corrientes, se determina que el gasto primario se redujo USD 32.800 millones, comparando el año 2023 con lo acumulado durante los últimos 12 meses. Si se acumulan los 26 meses transcurridos entre diciembre de 2023 y febrero de 2026, la caída asciende a USD 67.000 millones.

Los gastos que más cayeron en el acumulado de 26 meses, es decir, transferencias no automáticas y programas sociales, lo hicieron en aproximadamente USD 13.000 millones cada uno.

En el otro extremo, los gastos que aumentaron fueron asignación universal para protección social, PAMI y transferencias no automáticas a CABA. Los aumentos acumulados fueron de USD 3.700 millones, USD 400 millones y USD 700 millones, respectivamente.

La discusión por la tasa vial, un clásico conflicto entre productores agropecuarios y municipios argentinos, acaba de dar un giro que puede tener consecuencias mucho más amplias que el caso puntual que la originó. Un fallo de la Justicia en Trenque Lauquen no solo cuestionó el cobro de este tributo en Daireaux, sino que fijó un criterio que, de consolidarse, podría habilitar una ola de reclamos similares en distintos puntos de la provincia.

La sentencia, dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 a cargo de Pablo Cristian Germain, resolvió un planteo presentado por cuatro productores rurales que cuestionaron la legalidad de la tasa por mantenimiento de caminos rurales. El eje del reclamo fue la falta de prestación efectiva del servicio que justifica ese cobro.

El fallo judicial avanzó sobre ese punto y dejó asentado un principio central en materia tributaria: las tasas requieren una contraprestación específica por parte del Estado. Si ese servicio no se presta, el cobro pierde su sustento jurídico. Con ese criterio, el juez analizó la situación concreta de los productores y, en algunos casos, directamente los eximió del pago.

El precedente que puede cambiar las reglas del juego en toda la Provincia

Más allá del impacto inmediato sobre los productores involucrados, el dato relevante es el alcance potencial del fallo. A diferencia de antecedentes donde la discusión quedaba en aspectos formales, en este caso la Justicia ingresó de lleno en la cuestión de fondo, ya que evaluó si el servicio existía y si los fondos recaudados estaban siendo correctamente utilizados.

Para eso se apoyó en pruebas técnicas: una pericia contable detectó desvíos en la utilización de los recursos provenientes de la tasa vial, mientras que un informe de ingeniería relevó el estado de los caminos rurales en las zonas involucradas. Ese doble respaldo permitió construir un fallo con mayor densidad que otros precedentes.

Desde la óptica de quienes impulsaron la demanda, ese es el punto que abre un escenario nuevo. El abogado de los productores sostuvo que este tipo de resoluciones pueden tener un efecto multiplicador, en la medida en que fijan criterios aplicables a situaciones similares en otros distritos.

La idea de «efecto cascada» no es teórica, ya que el mismo estudio ya lleva adelante acciones en otros partidos bonaerenses como:

La tensión de fondo: tasas que no se traducen en caminos transitables

El caso de Daireaux refleja una tensión que se repite en buena parte del interior productivo. Por un lado, los municipios defienden la tasa vial como herramienta para financiar el mantenimiento de una red extensa y costosa. Por otro, los productores cuestionan tanto el estado de los caminos como el destino de los fondos recaudados.

Para el agro, que un camino esté en mal estado es imposibilidad para trabajar: la maquinaria pesada y los camiones que llevan la producción o traen insumos no pueden transitar. Tampoco los pobladores de las zonas rurales pueden desarrollar sus vidas sin una red de trazas viales rurales en condiciones.

En la causa judicial, ese conflicto quedó expuesto en términos técnicos. Los productores sostuvieron que la tasa se había transformado en un mecanismo de recaudación desvinculado del servicio, mientras que el municipio defendió su potestad tributaria y la complejidad de sostener la red vial en contextos climáticos y financieros adversos.

El fallo no desconoce esa complejidad, pero introduce como límite que la existencia del servicio «no puede ser una presunción abstracta, sino que debe poder demostrarse en forma concreta». Y en este caso, la evidencia aportada no resultó suficiente para sostener el cobro en todos los casos analizados.

Por qué este antecedente preocupa tanto a los intendentes bonaerenses

El punto que más preocupa en el ámbito municipal no es el resultado puntual, sino la posibilidad de que este criterio se replique. Si otros productores avanzan con reclamos similares y logran acreditar situaciones comparables, el impacto podría ser significativo tanto en términos fiscales como institucionales.

El antecedente se vuelve especialmente sensible en un contexto donde muchas comunas dependen en buena medida de este tipo de tasas para sostener servicios básicos. Un cuestionamiento generalizado podría obligar a revisar no solo el esquema de financiamiento, sino también los mecanismos de gestión y control de esos recursos.

Al mismo tiempo, el fallo se inscribe en una tendencia más amplia. En los últimos meses, distintas resoluciones judiciales comenzaron a poner bajo la lupa algunas tasas municipales, en particular cuando se perciben como desvinculadas de servicios concretos o como mecanismos de recaudación encubiertos.

Para Jorge Moroni, abogado de los productores que impulsaron la demanda, el fallo marca un punto de inflexión porque la Justicia dejó de lado las discusiones formales y avanzó sobre el núcleo del problema. Según explicó, el criterio fijado es contundente: los recursos de la tasa vial deben destinarse exclusivamente al mantenimiento de los caminos y, si ese servicio no se presta en condiciones, el cobro pierde sustento y puede ser declarado nulo.

El letrado también puso el foco en la prueba que sostuvo la sentencia. Señaló que las pericias realizadas durante el proceso confirmaron, por un lado, desvíos en el uso de los fondos y, por otro, un estado mayoritariamente deficiente de los caminos rurales evaluados. A su entender, esa combinación fue determinante para que el juez pudiera avanzar sobre casos concretos y, en algunos, incluso eximir directamente del pago de la tasa.

Más allá del resultado puntual, Moroni insistió en que el objetivo de fondo no es dejar de pagar sino modificar el esquema actual. Planteó que los productores están dispuestos a afrontar el costo del servicio, pero exigen transparencia y participación en la administración de los recursos. En ese sentido, consideró que el fallo puede actuar como disparador de cambios más amplios en los municipios, en la medida en que obligue a revisar cómo se gestiona y se justifica el cobro de este tipo de tasas.

Más allá del plano judicial, el caso deja planteado un desafío político y de gestión: la discusión ya no se limita a si corresponde o no pagar la tasa, sino a cómo se organizan y administran los recursos destinados a la infraestructura rural. En algunos distritos bonaerenses existen modelos de gestión compartida, con participación de productores en la definición de prioridades y en el seguimiento de las obras.

En ese escenario, el «efecto cascada» al que aluden los impulsores del reclamo deja de ser una hipótesis y se convierte en una posibilidad concreta. Y con ella, la discusión por la tasa vial podría pasar de ser un conflicto local a un tema de alcance provincial.