La economía exhibe una creciente heterogeneidad: la inflación se mantiene alta y estable en el nivel consumidor, mientras que en el canal mayorista muestra una baja; la industria y el comercio interior siguen en descenso, en tanto el comercio exterior alcanza récords de exportaciones en varios sectores. Al mismo tiempo, cierran empresas industriales con larga trayectoria y se producen despidos, pero ingresan nuevos actores con inversiones extranjeras que impulsan la creación de empleos. El tipo de cambio nominal baja pese a las compras del Banco Central para acumular reservas.

En este contexto, Infobae entrevistó a María Castiglioni, directora de C&T Asesores Económicos, sobre la coyuntura y sus expectativas para el resto del ciclo presidencial.

— Argentina enfrenta en 2026 necesidades de financiamiento por USD 40.000 millones ¿Considera que esta cifra debería generar preocupación, dado que equivale al volumen mensual que gestiona la Secretaría de Finanzas entre nuevas financiaciones, pagos y refinanciaciones?

— En primer lugar, distinguiría entre los vencimientos en dólares y los vencimientos en moneda local. En relación con los primeros, si bien el Gobierno decidió no realizar colocaciones en los mercados internacionales por ahora, tuvo alta demanda en la colocación de un bono en dólares a más de un año en el mercado interno: colocó USD 150 millones, que salió sobre el par, y al precio de corte volvió a colocar otros USD 100 millones adicionales que ya tenía previstos. Con este mecanismo se espera alcanzar unos USD 2.000 millones, que resultan fundamentales para afrontar los vencimientos de julio.

Por otro lado, el Tesoro hizo cancelaciones netas en el período preelectoral, pero en los últimos meses colocó más de lo que vencía, en un contexto de alta demanda de títulos; esto sugiere que el equipo económico no enfrenta dificultades para cubrir las necesidades de financiamiento este año.

— El Banco Central mantiene reservas netas negativas. El índice de riesgo país bajó de más de 2.000 a 500 puntos básicos y la deuda pública consolidada se redujo en más de USD 30.000 millones ¿Cuál es su estimación concreta de las reservas y cómo evalúa el escenario actual?

— Para el cálculo de reservas netas hay diversos enfoques, pero en general buscan cuantificar los activos netos que el BCRA puede utilizar eventualmente para afrontar una fuerte dolarización, descontando de las reservas brutas varios ítems. La metodología del FMI en el acuerdo es la más restrictiva, y excluye el desembolso del organismo utilizado por el Tesoro para capitalizar al BCRA mediante la cancelación de Letras Intransferibles emitidas en años previos contra reservas. En esa medición, las reservas netas siguen negativas y por debajo de la meta acordada.

Respecto a la situación patrimonial del BCRA, observando tanto el activo como el pasivo, se advierte una mejora. Mirando a futuro, es favorable que el BCRA se enfoque en acumular reservas internacionales, asegurándose de que la liquidez generada no supere el incremento en la demanda de dinero.

El primer bimestre fue favorable porque la oferta de dólares en el mercado permitió compras superiores a USD 2.500 millones, en un contexto de tipo de cambio nominal estable e incluso apreciado, y con el Tesoro absorbiendo parte de la emisión a través de colocaciones.

Es necesario considerar la estacionalidad de la demanda de dinero, que se reduce en el primer bimestre. Probablemente, en los meses siguientes, parte de la emisión realizada para comprar reservas no sea esterilizada, lo que contribuiría a remonetizar la economía.

— ¿Existe actualmente una exigencia formal en el acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI para que el equipo económico aumente las reservas netas del Banco Central y elimine el cepo cambiario, o estas condiciones solo funcionan como metas indicativas?

— Como ocurre en todos los acuerdos con el FMI, la principal meta es la fiscal. Que el Gobierno mantenga y cumpla la meta de superávit primario y superávit financiero es el aspecto central. La flexibilización de restricciones cambiarias y el paso a un esquema de tipo de cambio flexible entre bandas, que ahora se ajustan por la inflación, son avances que el FMI ha señalado como positivos.

Además, el cambio en la política de intervención para acumular reservas llevado adelante desde comienzos de año, con un nivel de compras superior al estimado, colabora en la evaluación favorable. De este modo, el hecho de que las metas indicativas no se hayan cumplido no parece obstaculizar el visto bueno del FMI en la revisión en curso.

— La Ley de Presunción de Inocencia Fiscal, aprobada en 2024, generó expectativas sobre la posible dolarización y el desarrollo del mercado de capitales. ¿Qué efectos prevé tras la reciente instrumentación de la ley y su reglamentación?

— La aprobación de esta ley, junto con la flexibilización del cepo para individuos y otras medidas tendientes a favorecer los depósitos en dólares en el sistema, así como a fondear el mercado de capitales local para desarrollar instrumentos de financiamiento para el sector privado, son elementos positivos. Para que alcancen sus objetivos, es esencial la confianza en la estabilidad futura de las reglas de juego, condición que también resulta determinante para consolidar la inversión privada y extranjera. Ambas cuestiones, la certidumbre en las reglas y la confianza en el marco de inversión futuro, deben avanzar en conjunto.

— El tipo de cambio nominal cae, mientras que el multilateral en términos reales sigue por encima del nivel recibido por el gobierno anterior. El saldo comercial mejora por el aumento de exportaciones y menor dinamismo en importaciones. ¿Cuál es su análisis de esta tendencia?

— Luego de la corrección registrada entre mayo y septiembre del año pasado, cuando el alza del tipo de cambio nominal y una inflación levemente acelerada se tradujeron en un mayor tipo de cambio real, los meses siguientes reflejaron una reversión parcial. La apreciación responde a la estabilidad nominal del tipo de cambio frente al dólar y a una inflación que siguió creciendo.

A nivel global, la apreciación también se manifestó, limitando la baja del tipo de cambio multilateral, pero el incremento de la inflación constituye un desafío en este contexto.

Los niveles actuales de tipo de cambio real resultan ajustados para numerosos sectores, aunque a escala macroeconómica siguen siendo sostenibles. El superávit comercial es alto y las perspectivas para el año son favorables, sobre todo por el panorama de exportaciones del sector agroindustrial, la energía y la minería.

Tras un 2025 de elevada demanda de divisas para cobertura, se espera una tendencia opuesta. Este escenario plantea desafíos para varios sectores, dado que no se anticipan saltos del tipo de cambio, aunque en el segundo semestre podría disminuir la actual presión bajista sobre el tipo de cambio nominal.

— ¿Cuáles son hoy sus principales preocupaciones sobre la política monetaria y cambiaria? ¿Y qué aspectos le otorgan mayor tranquilidad?

— Uno de los desafíos actuales, tanto en la política monetaria como cambiaria, es la evolución de la demanda de dinero, que cayó fuertemente el año pasado y, aunque se prevé una recuperación, permanece altamente volátil. Esto puede trasladarse a volatilidad en las tasas de interés, con tendencia al alza, y afectar la disponibilidad de crédito y la demanda de la economía.

— En relación a la inflación: ¿Cree que ha encontrado un piso elevado por el agotamiento del plan de estabilización, los cambios en precios relativos y el arrastre en la demanda de dinero previo a las elecciones de octubre? ¿Cuáles son sus expectativas para lo que resta del año?

— La elevada dolarización, el aumento del tipo de cambio previo a las elecciones y, contrariamente, la caída en la demanda de dinero, han influido de forma persistente en la evolución de los precios. A esto se sumó la suba en el precio de la carne y los ajustes tarifarios, trasladándose a una tendencia alcista de la inflación, que llegó a rozar el 3% en los dos últimos meses, algo que probablemente se repita en febrero y marzo.

Esto implica un nuevo desafío para el Gobierno en su objetivo de reducir la inflación en el corto plazo. No obstante, la expectativa es que, con mayor estabilidad financiera y políticas fiscal y monetaria contractivas, la desinflación se retome a partir del segundo trimestre.

— En términos de actividad económica ¿Considera que la economía encontró un techo bajo que los nuevos motores -energía, minería, agroindustria, industria del conocimiento- aún no logran compensar frente a la caída de otros sectores, excluyendo salud, enseñanza y servicios personales?

— La respuesta es compleja, ya que el año pasado estuvo marcado por dos procesos simultáneos. Por un lado, las correcciones de precios relativos y la liberalización de restricciones cambiarias y comerciales; por otro, las reacciones frente a un proceso electoral relevante para las posibilidades del gobierno de validar el rumbo macroeconómico y fortalecer su posición legislativa.

El cambio de política macroeconómica generó un desafío sectorial significativo, y el proceso electoral, sumado al riesgo percibido por la sociedad, condicionó y limitó la recuperación de la actividad.

— La prórroga y ampliación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones ¿Representa un fracaso dela política original o la ratificación de su éxito?

— El RIGI se está consolidando como un instrumento relevante para acelerar decisiones de inversión. El ordenamiento de la macroeconomía y las correcciones de desequilibrios han resultado insuficientes en el corto plazo, especialmente dada la historia reciente de cambios en las reglas de juego. Este régimen otorgó mayor previsibilidad en materia tributaria, acceso a divisas y otras normativas, lo que permitió dinamizar las inversiones.

— ¿Qué expectativas tiene respecto a los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Mercosur, y el tratado bilateral con Estados Unidos?

— Estos acuerdos resultan positivos para Argentina, especialmente para aprovechar oportunidades en mercados clave con mejores condiciones. En combinación con un marco macroeconómico equilibrado y el RIGI, actúan como impulsores de la inversión, en particular en sectores competitivos. Se espera que el impacto total llegue de forma progresiva.

— El ajuste fiscal y las reformas estructurales han generado efectos dispares entre sectores y regiones ¿Cómo evalúa el impacto social de las políticas económicas actuales y cuáles considera que son los principales desafíos para mejorar la distribución del ingreso en 2026?

— Los datos muestran que, pese a los desafíos, la pobreza disminuyó de manera marcada desde los picos registrados a finales de 2023 y comienzos de 2024, aunque a finales del año pasado este proceso se estancó. Esta evolución se dio en un contexto de leve mejora en la distribución del ingreso, según los datos informados por el Indec.

El profundo cambio de reglas e juego representa un reto de índole geográfica, sectorial y social, considerando las severas restricciones presentes en el mercado laboral. El desafío principal será que el Gobierno logre consolidar la confianza para maximizar el dinamismo de los sectores más competitivos y, de ese modo, generar respuestas en aquellos menos favorecidos.

— En el actual contexto político y económico ¿Percibe una recuperación de la confianza para la inversión privada y extranjera en Argentina? ¿Qué señales o condiciones serían claves para afianzar ese proceso en los próximos trimestres?

— En los últimos 70 años, Argentina atravesó varios ciclos de intentos de estabilización, ordenamiento de precios relativos y apertura, que no lograron sostenerse en el tiempo. El desafío en la coyuntura presente consiste en lograr un horizonte más prolongado mientras se consolida la estabilización macroeconómica y se corrigen precios relativos.

Dos aspectos resultan fundamentales: la dinámica fiscal y la variable política. El haber alcanzado el equilibrio de las cuentas públicas desde el comienzo de la gestión constituye un ancla para la economía, en especial en períodos de incertidumbre atribuibles a shocks externos o riesgos internos.

El aspecto político es igualmente relevante. El resultado de las elecciones de medio término y la consolidación del oficialismo como primera minoría en ambas Cámaras del Congreso, junto con acuerdos logrados, facilitan avances en reformas estructurales, como la modernización laboral, y generan expectativas de continuidad.

En este entorno, la expectativa de un marco de reglas estables es condición necesaria para fortalecer y sostener la confianza inversora, tanto privada como extranjera, en los próximos trimestres.

— Dado el contexto internacional incierto y las eventuales tensiones en los mercados emergentes ¿Cómo evalúa la capacidad de la economía argentina para resistir shocks externos en los próximos meses?

— La experiencia indica que frente a shocks externos que deriven en salida de capitales financieros de países emergentes, suba de tasas internacionales y menor crecimiento global, las anclas fiscales y comerciales adquieren gran relevancia. La continuidad del equilibrio fiscal es central para mitigar escenarios adversos.

Además, el bajo déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos y la expectativa de un importante superávit comercial, impulsado por una buena cosecha y el crecimiento de las exportaciones de energía y minería, son factores que atenúan el impacto potencialmente negativo en la economía argentina.

Fotos: Adrián Escandar

El acuerdo confirmado por el Gobierno consiste en una suba del 3% desglosada en dos meses. También añade una suma extra según las horas trabajadas

01/03/2026 – 08:36hs

El esquema salarial para el personal de casas particulares experimentará una actualización clave durante las próximas semanas, tras la reciente resolución de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). En un contexto donde la actualización de ingresos es vital para el sector, las autoridades definieron un incremento que impactará de manera directa en los haberes de febrero y marzo para las empleadas domésticas. Esta medida busca recomponer, al menos parcialmente, el poder adquisitivo de miles de trabajadores y trabajadoras que desempeñan diversas tareas en hogares de todo el país.

El aumento, formalizado por la Secretaría de Trabajo bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, introduce además un componente adicional: sumas no remunerativas. Este beneficio extra se diseñó de forma escalonada, lo que significa que el monto a percibir dependerá estrictamente de la carga horaria semanal cumplida por el personal. De esta manera, el Gobierno y los representantes del sector buscan dar una respuesta inmediata a la necesidad de liquidez, estableciendo un cronograma de pagos que las familias empleadoras deberán contemplar para cumplir con la normativa vigente.

Empleada doméstica: escalas salariales y nuevos valores por hora

La actualización confirmada del 3% se divide en dos tramos acumulativos: un 1,5% aplicado sobre los sueldos de febrero y un 1,5% adicional que se percibirá en marzo de 2026. Al desglosar estos porcentajes en las categorías más frecuentes, los valores por hora para el personal de tareas generales —la categoría que abarca la mayor cantidad de empleados del sector— se fijaron en $3.298,88 para quienes trabajan con retiro y $3.546,66 para el personal sin retiro. Estas cifras sirven de base para el cálculo de los haberes mensuales de quienes cumplen jornadas completas.

En el caso de las categorías especializadas, los montos muestran una diferencia proporcional. Por ejemplo, quienes realizan tareas de supervisión verán sus haberes por hora elevarse a $3.953,99 (con retiro), mientras que el personal dedicado a la asistencia y cuidado de personas pasará a percibir un mínimo de $3.546,66 por hora. Es fundamental que los empleadores revisen en qué categoría se encuentra encuadrado su personal, ya que cada rubro tiene un piso salarial específico que debe ser respetado para evitar sanciones administrativas o reclamos laborales.

El bono extra para empleadas domésticas: montos según la carga horaria

Una de las novedades más relevantes de este último acuerdo es la inclusión de sumas fijas no remunerativas. A diferencia de los aumentos porcentuales, estos bonos no se computan para el cálculo de aportes jubilatorios, vacaciones ni aguinaldo, pero representan una inyección de dinero necesaria para el bolsillo del trabajador. La escala de cobro se segmentó en tres niveles: aquellos que trabajen menos de 12 horas semanales recibirán $8.000; para quienes cumplan entre 12 y 16 horas, el monto será de $11.500; y quienes superen las 16 horas semanales de trabajo percibirán $20.000 adicionales.

Esta gratificación extraordinaria se abonará tanto en febrero como en marzo, funcionando como un puente económico hasta la próxima revisión paritaria, prevista para el mes de abril. Es importante recordar que estos montos deben figurar en el recibo de sueldo bajo el concepto de suma no remunerativa. Con este panorama, el sector de empleadas domésticas cierra el primer trimestre del año con un esquema de pagos reforzado, mientras se aguarda por nuevas definiciones sobre la inflación y el impacto en los costos de vida que determinarán las negociaciones futuras.

Argentina adoptó un sistema económico corporativo de industrialización por sustitución de importaciones, proteccionismo radicalizado y mercado internista que anuló todo incentivo competitivo y no permitió el crecimiento económico, las exportaciones y la productividad a largo plazo.

Otros países de asentamiento reciente, como Australia o Canadá, generaron coaliciones exportadoras, con representación sindical democrática y competitiva, que permitieron crear empleo en todos los sectores, impulsando el desarrollo socioeconómico.

Argentina, con PBI per cápita, geografía, inmigración y estructura productiva similares a Australia y Canadá a comienzos del siglo XX, hoy su ingreso per cápita equivale solo al 30% de aquellos países cuyo destino compartía en el siglo pasado.

Dados los intentos fracasados de reforma del pasado, resulta clara la fortaleza del bloqueo corporativo para sostener el status quo.

Desde el 4 de junio de 1943, cuando se impuso el modelo corporativo de representación sindical monopolizada sin elecciones libres, único actualmente vigente en el mundo, hubo solo tres intentos de reforma laboral, todos realizados después del retorno a la democracia en 1983, posteriormente revertidos:

• A tres meses de asumir el presidente Raúl Alfonsín, el Senado peronista rechazó la ley “Mucci” de democratización sindical.
• Posteriormente, la reforma laboral de 1991 (Ley 24.013) durante la presidencia de Carlos Menem consistió en la posibilidad de obtener empleo mediante contratos a plazo, pasantías y la reducción de contribuciones, sin reformar la estructura sindical. El propio Menem luego derogaría, mediante decreto en 1998, los contratos laborales promovidos por la presión sindical.
• Por último, la reforma laboral durante la presidencia de Fernando de la Rúa, que priorizaba los convenios por empresa, fracasó por el bloqueo corporativo sindical sumado a denuncias de corrupción.

Resultado: una creciente informalidad en el mercado de trabajo. Según datos del Centro de Estudios de la Productividad – Base Arklems-LAND, hoy los puestos de trabajo privados registrados representan solo un 35% del total. La base contributiva de la seguridad social para los jubilados es muy reducida y quebranta el sistema previsional.

Las cargas sociales terminan incrementando los costos laborales del empleador sin contrapartida en el salario de bolsillo, en tanto son percibidas como impuestos por los trabajadores al no verse reflejadas en mejoras contributivas en el salario diferido (jubilaciones y pensiones), aumentando el incentivo a trabajar en negro o subdeclarar ingresos laborales ante la seguridad social.

Hoy las contribuciones sociales fondean solo un 30% del gasto previsional según la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas (ASAP), llegando a concentrar el 45,4% del total del Gasto Público Primario.

No hay reforma previsional ni jubilaciones dignas sin una reforma laboral que amplíe la base de recaudación de las contribuciones a la seguridad social.

La ley de modernización laboral, presentada por el Poder Ejecutivo y recientemente aprobada por el Senado, apunta, entre otros aspectos, a reducir los costos de las indemnizaciones por despido, adaptar la normativa estancada en la década de 1970 a las nuevas modalidades de trabajo que impone la innovación tecnológica y, en el proyecto original, a priorizar los convenios por empresa por encima de los convenios sectoriales y/o colectivos.

1. Junto con la eliminación de la ultraactividad, busca incentivar la generación de empleo formal y evitar que una indemnización por despido quiebre a las pymes.
2. Mediante un banco horas, pretende adaptar el trabajo a las nuevas modalidades productivas que genera el cambio tecnológico, manteniendo los derechos laborales.
3. Busca adecuar y priorizar los convenios colectivos a la realidad de las pyme, por encima de las condiciones de trabajo impuestas por los convenios colectivos sectoriales, mediante acuerdos entre sindicatos y cámaras empresariales.

Argentina hoy vive con una anomia legislativa laboral. Décadas donde el corporativismo bloqueó con éxito toda reforma, las leyes laborales finalmente quedaron obsoletas. Sin un marco normativo laboral actualizado a los nuevos tiempos y tecnologías, no existen incentivos económicos para cumplir el marco legal vigente, generando una anomia social según Carlos Nino (1992). O bien hay anomia institucional, como propone Peter Waldman (1994), como resultado de la incapacidad del propio Estado para operar como un sistema coherente de reglas.

La anomia social se manifiesta en prácticas extendidas de informalidad y evasión de la ley. La anomia institucional resulta en marcos regulatorios inestables, reformas insuficientes, judicialización, superposición y contradicción de normas (ultraactividad legislativa), discrecionalidad, ausencia de rendición de cuentas, aplicación débil, además de un uso selectivo y político del derecho.

Los crecientes casos de litigiosidad en el mercado laboral ilustran la anomia institucional. La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo informó un récord de 132.000 causas iniciadas en 2025, pese a la caída sostenida en la cantidad de accidentes laborales. Se estima que los expedientes por juicios laborales llegan a 640.000 en la actualidad, equivalente al 7% de todos los asalariados registrados.

Otra consecuencia de la anomia legislativa laboral es que la prevalencia de los convenios por empresa y por región, por encima de los convenios cupulares sectoriales nacionales, ya se había previsto en la Ley 24.467 (Estatuto Pyme) de Segmentación de Convenios Colectivos de 1995, aprobada por el Congreso, pero nunca promulgada. En los hechos, la segmentación de pyme perdió relevancia operativa con la reversión del paradigma flexibilizador mediante la Ley 25.877 del año 2004, debido al reforzamiento de la negociación centralizada.

La anomia es más profunda. Si seguimos con la misma justicia laboral facciosa, con un plano inclinado antiempresario, la reforma laboral será letra muerta. Una iniciativa positiva es el traspaso previsto de la justicia laboral federal a la Ciudad de Buenos Aires, donde los nuevos juicios sean tratados por jueces nuevos desligados de la estructura corporativa sesgada y todavía vigente.

La reforma laboral pretende aumentar la elasticidad del empleo en los sectores productivos, hoy muy baja en términos de generación de empleo formal.

No solo se requiere que su contenido sea técnicamente adecuado y que su aprobación legislativa supere el bloqueo corporativo, sino también su implementación y aplicación rigurosas, por una justicia laboral independiente del capital y del trabajo, en un contexto de estabilidad macroeconómica y crecimiento económico sostenido.

Una reforma laboral es exitosa si genera empleo formal y permite que el salario empalme con la productividad, otorga sostenibilidad social a la modernización y al crecimiento del país.

El autor es profesor en UBA, Ucema, Udesa y Director Centro Estudios de la Productividad-Base Arklems+LAND