El impuesto a los Ingresos Brutos, el caballito de batalla de las administraciones provinciales, un impuesto “en cascada” que pesa sobre los costos de producción mucho más de lo que insinúan sus diferentes alícuotas, sigue siendo el tributo que más impacta a las empresas argentinas, según surge de la undécima “Encuesta Anual” de impuestos de la consultora KPMG, que relevó a más de 80 especialistas impositivos de empresas medianas y grandes de diversos sectores productivos y de servicios del país sobre temas como la presión fiscal, su impacto en los precios y en los planes de inversión.

La encuesta busca medir el impacto de los impuestos en la actividad económica y en los negocios desde la visión de las empresas. En esta edición, el foco está puesto sobre lo ocurrido en 2025 y la perspectiva sobre inversiones, financiamiento y actividad para 2026, sobre lo que respondieron empresas medianos y grandes, de diversos sectores productivos y de servicios en tres bloques temáticos: 1) presión fiscal, y su incidencia sobre precios y planes de inversión, 2) rol de organismos administrativos y judiciales, y 3) Perspectivas 2026.

“Una vez más Ingresos Brutos lidera la lista de los que encarecen de manera determinante los precios de productos y servicios. La brecha que saca este gravamen por sobre los demás es muy elocuente. Este año superó el 60% contra un 54% del año pasado. Es bastante improbable el éxito de una reforma fiscal profunda, que haga foco en la productividad y en el desarrollo, sin apuntar a una readecuación de este gravamen y a moderar fuertemente la superposición de regímenes de recaudación provinciales”, explica Fernando Quiroga Lafargue, socio de Impuestos Corporativos de KPMG en Argentina y responsable de la encuesta.

Los principales resultados fueron los siguientes:

• 60,81% dice que Ingresos Brutos sigue siendo el impuesto que más impacta en los productos y servicios que se venden.
• 35,14% afirma que el marco fiscal obligó a desinvertir y el 60,81 que fue neutro.
• La provincia de Buenos Aires sigue siendo la de mayor presión fiscal del país.
• 83,78% posee saldos favor de diversa magnitud del impuesto sobre los ingresos brutos por impuesto pagado en exceso producto de la proliferación de regímenes de retención.
• La Corte Suprema continúa obteniendo el más alto puntaje (6,24) en objetividad en materia fiscal.
• El Ministerio de Economía es percibido como el mejor interlocutor a la hora de interesarse por problemáticas impositivas que afectan la actividad económica.
• 57,97 % cree que la presión fiscal seguirá igual en 2026.
• 81,16 % sostuvo que mantendrá sus inversiones.
• 88,41% dijo que no advierten interés de las provincias en ofrecer incentivos impositivos para fomentar inversiones.
• El replanteo del Impuesto sobre los Ingresos Brutos es la iniciativa fiscal más votada para facilitar decisiones de inversión en Argentina. Le sigue la búsqueda de simplificación tributaria.
• 88,41% no ve predisposición de las provincias en avanzar en reformas de leyes de coparticipación y gravámenes provinciales.

El rechazo empresario y profesional a de Ingresos Brutos, el tributo que más “recaudación propia” aporta a los fiscos provinciales, sigue aumentando: hace un año encabezaba, con un 54% de respuestas, la lista de tributos rechazados, proporción que este año creció el 61 por ciento. Más revelador aún que el rechazo al tributo provincial es cinco veces mayor al que cosechó el IVA, un impuesto nacional que lo escoltó muy lejos, con 12,16 por ciento.

Peor aún, además de calificar a Ingresos Brutos como un impuesto distorsivo, que encarece “de manera determinante” los precios y servicios de las empresas, un 30% de los encuestados advirtió que el año pasado hubo aumentos de alícuotas. Por orden las jurisdicciones que más incurrieron en ese desaliento a la producción fueron, por orden, CABA, la Provincia de Buenos Aires y Santa Fe. “Aun siendo Ingresos Brutos el tributo mayormente identificado como nocivo para la actividad económica en los últimos años las autoridades fiscales siguen fijando nuevos aumentos”, destacó KPMG.

Prueba elocuente del “funcionamiento anómalo” de Ingresos Brutos es que solo un 16% de los contribuyentes consultados dijo tener saldos, mientras 84% de los consultados (2% más que el año pasado y 4% más que en 2023) sí tiene saldos a favor de impuestos provinciales de magnitudes diversas, lo que también significa un perjuicio financiero.

En cuanto al efecto de los impuestos sobre la inversión, una amplia mayoría de los encuestados (96%) dijo que el marco fiscal “los obligó a desinvertir o, en el mejor de los casos les permitió “mantener” las inversiones ya efectuadas”. Ergo, solo un 4% dijo haber desarrollado en 2025 algún plan de expansión de inversión, tres puntos porcentuales menos que hace un año.

Por jurisdicciones, ya no por el aumento de alícuotas de IIBB, sino por la presión impositiva total, el mayor desaliento tributario a la producción lo encabezó la provincia que encabezó el ranking de voracidad fiscal, considerada “la jurisdicción más gravosa” del país, con Misiones en segundo lugar y CABA completando el podio. Córdoba y Tucumán completan el Top 5.de angurria impositiva como confirman sucesivas encuestas. A su vez, Misiones y Tucumán son las provincias que, por su accionar fiscal, más restringen la oferta de bienes y servicios a sus residentes, como se reitera año a año.

La opinión de empresarios, CEOs y tributaristas sobre la “objetividad” de organismos fiscales, sean del Poder Ejecutivo o del Judicial, se expresa en calificaciones del 1 al 10, como en una vieja libreta escolar. La Corte Suprema es la mejor calificada, pero tampoco descolla: su “nota” es 6,24, no mucho mejor que el 6,15 de ARCA. AGIP, la agencia fiscal porteña, se sacó un 5,55 y ARBA, la bonaerense, un 3,93, un claro bochazo, aunque menos vergonzoso que el de 3,56 de 2024.

Las empresas perciben una mejor disposición en el Ministerio de Economía y las agencias fiscales de nivel nacional que en las provinciales, al punto que al calificar de 1 a 10 la expectativa de futuras reducciones impositivas, el ámbito nacional obtiene un 7 y la mejor calificación subnacional es la de CABA, con 5. De todos modos, esas expectativas no son para este año, pese a lo cual el 81,2% de los encuestas sostuvo que mantendrá los planes de inversión y un 8,7% incluso las aumentará. Para mejorar la inversión, la opción más votada fueron la reducción de Ingresos Brutos, esperanza sin eco en los planes provinciales. Del mismo modo, casi un 90% de los encuestados no advierte ni predisposición ni viabilidad en el ámbito provincial para avanzar en reformar leyes de coparticipación y de gravámenes provinciales, en paralelo con una discusión de reforma tributaria nacional.

La informalidad laboral en la Argentina volvió a niveles de 2008. Hoy, 4 de cada 10 trabajadores se encuentran fuera del sistema y no están cubiertos por la legislación laboral, impositiva ni por la seguridad social. El dato surge de un informe elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que estima que el empleo informal alcanza al 43% de la fuerza laboral.

Según consignó el estudio, la tasa de informalidad asalariada a fines de 2025 es prácticamente idéntica a la registrada en el segundo trimestre de 2008. En la serie histórica que contabiliza desde 2003, el problema no solo no logró reducirse de manera estructural, sino que se mantiene en niveles elevados. De hecho, el valor actual se ubica 1,5 puntos porcentuales por debajo del máximo registrado desde entonces, con la única excepción del salto transitorio que se produjo durante la pandemia.

Los datos también muestran que la informalidad no está concentrada únicamente en los trabajadores más jóvenes, sino que atraviesa al núcleo del mercado laboral. Las personas de entre 25 y 44 años representan el 48,5% del total, es decir, casi la mitad de los trabajadores informales del país. En ese mismo grupo, la tasa alcanza el 42,2%, lo que confirma que el problema no está en los márgenes del empleo, sino en su segmento más activo.

Entre los jóvenes de 16 a 24 años, sin embargo, la situación es todavía más crítica. La informalidad llega al 67,4% en el tercer trimestre de 2025, lo que implica que casi 7 de cada 10 asalariados jóvenes trabajan sin aportes ni cobertura. El dato no solo refleja dificultades para acceder al empleo formal, sino también un problema estructural de inserción laboral que se arrastra desde hace años.

La distribución por género es apenas desigual: los hombres constituyen el 54,6% de los informales, frente al 45,4% de mujeres. En tanto, la mayoría de los trabajadores informales presenta un nivel educativo medio: 45,2% tiene estudios secundarios completos o universitarios incompletos y otro 45% secundarios incompletos. Solo el 9,7% ha finalizado la universidad.

Por tamaño de empresa, el 76% de los informales trabaja en empresas de hasta cinco personas, mientras que solo el 9,7% lo hace en organizaciones de más de cuarenta empleados, lo que resalta la relevancia de las microempresas en el entramado informal argentino.

La distribución geográfica exhibe que Gran Buenos Aires agrupa el 52,6% de los casos de informalidad, seguido por la región pampeana (20,8%) y el Noroeste argentino (11,5%). Esto evidencia que el problema se encuentra principalmente en el centro productivo nacional.

Desde la perspectiva sectorial, el comercio es el ámbito con mayor cantidad de empleos informales, con un 29,8% del total, mientras que construcción (14,2%), servicio doméstico (11,2%) e industria (11,6%) también concentran amplios segmentos. Estos rubros dependen fundamentalmente del trabajo presencial en estructuras de menor formalización.

La incidencia según categoría ocupacional muestra variaciones: entre asalariados la tasa es del 36,3%, los trabajadores por cuenta propia alcanzan un 63,4% y los patrones un 28,7%. A pesar de estos diferenciales, los asalariados representan el 60,4% del empleo informal en virtud de su peso en el empleo total (71,5%).

El informe del IIEP-UBA señala que la informalidad genera una penalidad salarial importante: en promedio, los asalariados informales percibieron 38% menos que los formales durante el tercer trimestre de 2025. Así, a igualdad de condiciones, un trabajador informal gana $62 mil cuando uno formal obtiene 100.000 pesos.

Esta brecha incide también en el acceso a derechos y en la dimensión de trabajadores pobres. En 2025, el 18,2% de los ocupados vivía en hogares bajo la línea de pobreza; la cifra se eleva a 31,6% entre informales y cae a 9,1% para los formales. La intensidad de la pobreza entre los informales es superior ya que un 8,6% residía en hogares donde los ingresos no alcanzaban la mitad de la canasta básica total, frente a un 1,3% de los formales.

Por sectores, el servicio doméstico presenta la tasa de informalidad más alta (79,8%) junto con la construcción (72,6%). El fenómeno es más agudo entre los segmentos de menor educación: el 27,4% de los hombres con secundaria incompleta trabaja en la construcción y el 32% de las mujeres de igual nivel educativo en tareas domésticas. La informalidad entre mujeres baja del 44,4% al 39% si se excluye el servicio doméstico; en los hombres desciende del 42,5% al 37,1% al excluir la construcción.

Cuando se combinan género y educación, las brechas se amplifican: cerca de 7 de cada 10 mujeres con bajo nivel educativo trabajan en la informalidad, superando más de cuatro veces la incidencia entre los hombres universitarios. Entre los varones, la distancia entre sectores de menor y mayor formación es de 49 puntos porcentuales y en el femenino, de casi 54 puntos.

A nivel internacional, en áreas urbanas de nueve países latinoamericanos, Argentina presenta una posición intermedia en materia de informalidad. Chile, Brasil y Costa Rica exhiben tasas entre el 24% y el 35%, los valores más altos se registran en Ecuador y Paraguay (cercanos al 60%) y Perú supera esa cifra por 4 puntos porcentuales.

Banco Macro adquirió el 50% del paquete accionario de Banco Sáenz, mientras que la otra mitad quedará en manos de Fintech Digital LLC. “Esta transacción estratégica es complementaria al reciente ingreso a Personal Pay con el 50% del paquete accionario, la billetera de Personal, en sociedad con Telecom Argentina, la cual se concretó en enero de éste año”, señaló Macro en un comunicado. La operación deberá ser aprobada por el Banco Central de la República Argentina, por lo que en lo inmediato no traerá ningún cambio para los clientes de ninguna de las entidades que participaron.

La decisión de Banco Macro se inscribe en una estrategia orientada a fortalecer y ampliar su ecosistema digital. La entidad comunicó el acuerdo y destacó que la compra permite complementar el ingreso a Personal Pay, wallet digital desarrollada en alianza con Telecom Argentina.

Según el comunicado, “el banco adquirido permitirá que los clientes de Personal Pay accedan a servicios financieros, lo que ofrece la ventaja de contar con independencia comercial y operativa respecto de Banco Macro, junto con la agilidad que requiere un negocio fintech como Personal Pay”. La integración con la billetera de Personal pretende ofrecer un servicio más amplio a los usuarios, manteniendo la autonomía operativa necesaria para el desarrollo de soluciones digitales.

El texto oficial remarcó que la sociedad con Telecom Argentina en Personal Pay, la billetera de Personal, ahora complementada con esta adquisición, busca ampliar el ecosistema de servicios financieros mediante un nuevo modelo de negocio. El objetivo es llegar a más argentinos con una propuesta que combine la facilidad de uso de una billetera con una oferta de servicios financieros ampliada y el respaldo de un banco líder. La compañía aclaró que, hasta que el Banco Central de la República Argentina apruebe la operación, Banco Sáenz seguirá funcionando como una entidad independiente, sin cambios inmediatos para los clientes.

En el comunicado, Jorge Brito, presidente de Banco Macro, expresó: “Con esta operación, Banco Macro ratifica su compromiso con el país, su vocación de crecimiento y su posición de liderazgo en la innovación financiera, impulsando un modelo de negocio que fusiona la seguridad jurídica del sistema bancario con la flexibilidad y el dinamismo de los ecosistemas digitales”. El directivo puso el foco en el compromiso institucional y el liderazgo de la entidad en el proceso de transformación digital del sistema financiero argentino.

Por su parte, Juan Parma, CEO de Banco Macro, destacó: “Esta adquisición complementa muy bien a nuestra reciente asociación en Personal Pay junto a Telecom Argentina, y representa un gran paso en la construcción de un modelo de negocio sin precedentes, que combina toda la facilidad de uso de una billetera digital, con el acceso ampliado a más servicios financieros para más argentinos, con el respaldo de un banco líder”. La declaración subrayó la visión estratégica de la entidad en materia de innovación y la apuesta por modelos integrados de banca y tecnología.

Dentro de la misma comunicación, Martín Heine, CEO de Personal Pay, señaló: “Seguimos dando pasos en nuestro propósito, este nuevo hito acentúa la combinación de dos ecosistemas únicos en Argentina, el universo techco y la banca. Desde Personal Pay estamos cada vez más cerca de redefinir lo que significa ‘experiencia financiera’ con soluciones rápidas, seguras y personalizadas”. La alianza busca capitalizar el cruce entre servicios tecnológicos y bancarios, generando un entorno en el que la oferta digital gane protagonismo en el acceso a productos y servicios financieros.

Banco Macro cuenta con 8.490 colaboradores, 2.067 cajeros automáticos, 981 terminales de autoservicio y casi 500 puntos de atención en todo el país, lo que lo posiciona como “el banco privado con mayor red de sucursales en la Argentina”, señaló el comunicado.