En una entrevista en Infobae en vivo, el economista Guido Zack explicó que, pese al aumento del 4,4% en la actividad económica durante 2025, la creación de empleo formal no solo no acompañó, sino que cayó a niveles históricos, con fuerte destrucción de pymes y crecientes desafíos para los trabajadores.

En diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Zack puso el foco en la compleja relación entre los datos de crecimiento y la vida real de la población. “Si miramos en una imagen de más largo plazo, lo que generamos por habitante, estamos 9% abajo de 2011 todavía”, afirmó, relativizando el optimismo oficial por el rebote reciente del producto.

Matías Barbería abrió el debate sosteniendo que “el último trimestre del año pasado creció, la desocupación llegó al 7,5%. Estamos viendo un proceso en que la economía crece, pero no genera empleo”. Guido Zack puntualizó que el 4,4% de expansión registrado en 2025 “recoge buena parte de lo que se creció en 2024 por un fenómeno estadístico”, y advirtió que, al comparar los niveles actuales con los previos a la crisis, “todavía no llegamos a los niveles por habitante”. Según Zack, si se descuenta el crecimiento vegetativo de la población, “estamos un poquitito por arriba de 2011, 15 años atrás”.

Gonzalo Aziz preguntó por qué el crecimiento no se refleja en el bienestar general. Zack fue contundente: “No es lo mismo crecer en sectores que generan empleo que en sectores que no lo generan. En buena medida, el crecimiento se dio en hidrocarburos y minería, que no necesitan tanto trabajo”.

El analista remarcó la contracara: “Los sectores que vienen cayendo sí destruyen empleo, principalmente construcción e industria”. Para Zack, esto explica la paradoja de un país que “crece en los sectores que dan dólares, pero no en los que dan empleo”.

Consultado sobre la situación de las pymes, Zack reveló: “Desde que asumió Milei cayeron 22 mil empresas, de un universo de unas 500 mil, es el peor desempeño en los primeros 25 meses de un gobierno desde 2003 a la fecha”. Ni siquiera la gestión de Alberto Fernández, con la pandemia, había registrado tal destrucción, enfatizó el economista.

Gustavo Lazzari, empresario y panelista, describió el escenario: “Las empresas que generan trabajo están en un contexto muy hostil. Tienen un tipo de cambio bajo, impuestos altos y distorsivos, costos burocráticos altos y tasas de interés más altas que en el resto de América Latina”. Zack sumó que la apertura comercial “llega con un dólar bajo, que le quita competitividad” y que las promesas de compensación impositiva todavía no se concretan.

El debate se concentró en las dificultades para mantener la actividad productiva. Lazzari ilustró: “Cerrar una pyme es un drama no solo para el dueño, sino también para los empleados. Y no hay buenos mecanismos de cierre ni de transferencia”. Zack señaló la falta de regulación laboral eficiente y la reciente reforma: “La reforma laboral no incluye un buen mecanismo de crisis para momentos difíciles”.

Sobre la reforma laboral, Zack advirtió que “ninguna reforma crea trabajo per se, eso va a pasar si la economía vuelve a crecer”. Diego Iglesias intervino: “La apuesta del gobierno es la modernización laboral y que eso sea exitoso, porque ahí empezarías a crear empleo”. Zack respondió: “Si hablamos de modernización laboral, el trabajo más moderno y precario es el trabajador de plataforma. ¿Qué dice la reforma argentina sobre ellos? Absolutamente nada”.

El panel coincidió en que los trabajadores de aplicaciones no suelen pedir formalización, pero Zack remarcó: “No es tan fácil organizarse. Hoy hay que mirar más la informalidad. No se puede ir en contra de esa realidad, pero sí mejorar los derechos y beneficios”. Señaló los riesgos de esta modalidad: “Se lastima y se queda sin ingresos; no puede tomar vacaciones porque pierde viajes”.

En cuanto al financiamiento del sistema previsional, Zack alertó: “Hace 15 años que no generamos empleo registrado. Sacarle 2.500, 3.000 millones de dólares por año al sistema plantea la pregunta de cómo lo vas a financiar”. Opinó que la reforma judicializa menos, pero criticó la falta de ajuste real del IPC en las sentencias laborales, lo que puede derivar en litigiosidad.

—

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Tras haber postergado la venta de las acciones de Transener hasta mediados de abril; la administración de Javier Milei se apresta a definir antes del próximo viernes cuáles son las empresas que van a competir en dos privatizaciones claves que tienen como ejes a la Hidrovía y los corredores viales de la autopista Riccheri-Ezeiza-Cañuelas y las rutas nacionales 3, 5, 205 y 226.

Las dos licitaciones en curso tienen dos elementos en común: las presentaciones de las ofertas se concretaron el mismo día y a la misma hora –el 27 de febrero pasado a las 1300—y, en ambos casos, los peajes a cobrar serán determinantes para saber quiénes serán los ganadores.

Privatizaciones: el precio de peajes, clave para Javier Milei

En el caso de la hidrovía, de las tres empresas oferentes —Jan de Nul, DEME (Dredging, Environmental & Marine Engineering NV) y DTA Engenharia— las que seguirían en carrera son las dos primeras.

Jan de Nul es una de las principales dragadoras a nivel mundial y desembarcó en Argentina a mediados de los 90. Asociada con la local Emepa, ganó la primera licitación del dragado y mantenimiento de la hidrovía durante la presidencia de Carlos Menem. Tras el fin de la concesión, en 2021, continuó a cargo de las tareas como contratista de la exAdministración General de Puertos (AGP) y ahora busca revalidar su posición y quedarse otros 25 años con la operación de la vía navegable troncal (VNT).

Por su parte, DEME, que también tiene su casa central en Bélgica, es otra empresa con presencia internacional en varios puertos y vías navegables de Europa y Asia. Desde 2025 intenta desplazar a Jan de Nul para consolidar su expansión en Sudamérica. Había sido la única oferente en la licitación de febrero del año pasado, que terminó siendo dada de baja por la administración mileísta en medio de cuestionamientos y denuncias cruzadas.

En tanto, la brasileña DTA – Engenharia quedaría fuera de carrera por no haber presentado la garantía de mantenimiento de oferta de u$s 20 millones que exigían los pliegos de bases y condiciones. En lugar del valor establecido, la empresa incluyó una suma simbólica de u$s 1 que mantuvo sin rectificar en el período de corrección de ofertas que tuvo después de la entrega de los sobres.

El negocio en juego comprende una «concesión de obra pública con cobro de peaje, sin aval del Estado, a riesgo empresario y por un período de 25 años, prorrogable por hasta cinco años más de la vía navegable troncal (VNT) que se extiende desde el km 1.238 del Río Paraná (Confluencia) hasta la zona de aguas profundas del Río de la Plata exterior en el Canal Punta Indio».

Para la licitación se armó un sistema de ofertas compuesto de tres sobres. El primero contiene antecedentes legales, financieros y técnicos; el segundo, los planes de trabajo y obras; el tercero, la propuesta tarifaria de peajes.

Las empresas oferentes deben poseer un patrimonio neto superior a u$s 300 millones, una facturación anual de al menos u$s 450 millones, un promedio de obras de dragado por encima de u$s 300 millones en los últimos tres ejercicios y un compromiso firme de financiamiento que cubra por lo menos el 50% de las inversiones iniciales. Por el lado técnico, tienen que asegurar la disponibilidad de seis dragas de succión, un volumen de obra no menor a 15 millones de m³ en puertos y canales, y un nivel mensual mínimo de 500.000 m³ de dragado.

Licitación en autopistas: las empresas que pelean 

En el caso de las concesiones viales, de las 15 empresas que presentaron ofertas habría entre 3 y 4 que no serían calificadas para pasar la instancia decisiva de apertura del sobre 2 que contiene las tarifas de peajes a cobrar en el acceso Riccheri-Ezeiza-Cañuelas y en las RN 3, 5, 205 y 226.

Para el bloque vial de casi 1.900 kilómetros que comprende los subtramos «Sur-Atlántico-Acceso Sur», las empresas que se anotaron son las siguientes: la estatal bonaerense Aubasa, CN Sapag, JCR, CPC (la constructora de Cristóbal López), Vial Agro-Fontana Nicastro, IEBC-Centro Construcciones (Cecosa)-Basa Construcciones, Roggio-Chediak, Panedile-Supercemento, Edmacar, Ceosa-Creditech y SACDE (controlada por Marcelo Mindlin).

A su vez por el tramo «Pampa» –que comprende 546 kilómetros de la RN 5 que va desde Luján hasta Santa Rosa—la lista de las compañías que se alistaron para competir abarca a: Vial Agro-Fontana Nicastro, IEBC-Centro Construcciones (Cecosa)-Basa Construcciones, Lemiro Pietroboni, Concret Nor-Coarco-Posse-Marcalba, CPC, SACDE, Pelque, Ceosa, Roggio-Chediack y Edmacar.

Una de las oferentes que sería descalificada es Aubasa, la concesionaria estatal bonaerense de la autopista Buenos Aires-La Plata y la autovía 2.

Si bien detrás de la decisión de dejar al margen de la licitación a Aubasa habría un marcado componente político de rechazo de la gestión mileísta a la intención del gobierno de Axel Kicillof de quedarse con el control de uno de los principales accesos metropolitanos; el argumento oficial para cerrarle el paso sería que no tiene antecedentes como constructora tradicional y que sus activos líquidos no se ajustarían a los requisitos financieros establecidos en los pliegos de la licitación.

A Aubasa se agregarían entre 2 y 3 constructoras privadas que no llegaron a presentar sus balances anuales de manera completa y que tampoco habrían cumplido con otras exigencias técnicas y patrimoniales que requerían las reglas licitatorias.

Las empresas que superen la etapa de evaluación técnica accederán a la segunda instancia del proceso, en la que se abrirán los sobres con las ofertas económicas.

Ahí se conocerán las tarifas de peaje que cada oferente propone cobrar para financiar las obras previstas y la operación de las autopistas y rutas en juego.

Las tarifas de peaje que coticen las empresas no podrán superar los valores máximos fijados por el Gobierno para tramo, los cuales se ubican entre 33% y 173% por encima de los valores actuales que cobra la empresa estatal Corredores Viales.

Si las ofertas económicas quedan por debajo del valor máximo, el contrato de concesión tendrá una duración de 20 años y se adjudicará a la empresa que proponga la tarifa más baja.

En cambio, si todas las propuestas coinciden en el valor máximo establecido, la adjudicación se definirá a favor de la empresa que solicite el menor plazo de concesión, con un límite de hasta 30 años.

Los bancos atraviesan un momento complejo en Argentina. Con la morosidad en máximos de 20 años, las entidades financieras recortan gastos y achican personal: de hecho, desde 2023 cerraron casi 300 sucursales en todo el país.

Los datos son contundentes. A fines del 2023, en el país había 4.414 sucursales bancarias; ese número se redujo a 4.336 en 2024 y cerró el 2025 en 4.131: es decir que, en dos años cerraron 283 bancos.

La morosidad es uno de los factores que impacta de lleno en el balance de los bancos. En enero, la proporción de argentinos que dejaron de pagar sus créditos bancarios o el resumen de sus tarjetas creció al 10,3%. Un año antes, esa cifra era de solo el 2,67%. En cuanto a los préstamos personales, la incobrabilidad llegó al 13,2%.

Otro factor que aceleró el cierre masivo de sucursales bancarias es la tecnología: algo que empezó a implementarse en la pandemia y se aceleró en los últimos años. De hecho, desde el sector financiero remarcan que la transformación en los hábitos de los clientes se volvió un factor decisivo. En la actualidad, alrededor del 90% de las operaciones se concretan a través de canales digitales, lo que achica de manera considerable la demanda de atención en sucursales físicas.

En ese contexto, las entidades redirigen sus inversiones hacia el desarrollo tecnológico y, en paralelo, expanden esquemas alternativos como las corresponsalías -espacios de atención presencial bajo acuerdos comerciales- para garantizar servicios básicos sin necesidad de sostener estructuras tradicionales.

Sin embargo, dentro de la industria admiten que la digitalización no explica por sí sola este proceso. La necesidad de recortar gastos gana cada vez más peso en la toma de decisiones. A esto se suma un escenario de mayores exigencias regulatorias, que obligan a inmovilizar parte de la liquidez y a absorber pérdidas financieras, como las que generó la caída en la cotización de bonos durante 2025.

Además, las fusiones entre entidades, como en los casos de Galicia/HSBC y Macro/Itaú también derivaron en el cierre de algunas sucursales.

Banco Santander, en la mira de la Bancaria

El Banco Santander es una de las entidades que llevó a cabo el cierre de decenas de sucursales en el último tiempo y es por eso que está en la mira del sindicato. De hecho, días atrás el secretariado nacional de la Asociación Bancaria (AB) dispuso el estado de alerta y movilización ante «los recientes procesos de achiques, despidos y cierres de sucursales efectuados por distintas entidades bancarias». Desde el año pasado, la organización gremial viene advirtiendo sobre el plan de ajuste del Banco Santander, de liquidación de unas 40 sucursales.

La Bancaria fue más allá: «Resulta preocupante la inusitada presión y violencia con la cual han llevado adelante este tipo de maniobras, que incluyen situaciones de represión u operativos policiales, como fue el modus operandi implementado por el grupo Esquenazi, y el brutal uso de la fuerza por parte de la policía de la provincia de Tucumán, en caso del Banco Patagonia».

Asimismo, rechazó «el ajuste que pretenden imponer los bancos» y avisó: «Defenderemos hasta las últimas consecuencias cada puesto de trabajo y la dignidad de cada trabajador y trabajadora, tomando las acciones que sean necesarias en todos los bancos que correspondan».

En un documento firmado por el secretario General, Sergio Palazzo y de Prensa, Claudio Bustelo, subrayaron que están en contra del cierre de sucursales y los despidos. 

La posición del gremio se da a pocas semanas de una reunión con las patronales tanto del sector privado como público para negociar la metodología de las paritarias, que hasta el momento aplica aumentos salariales en línea con la inflación.

La Bancaria anunció una reunión para el 31 de marzo, donde «los cuerpos orgánicos del Sindicato determinarán los pasos a seguir y facultará a tomar las acciones gremiales correspondientes, en aquellas instituciones bancarias que continúen con esta política de persecución, aprietes, hostigamiento y cierres de sucursales, con las consecuentes pérdidas de puestos de trabajo».

Sucede que el Banco Santander encabeza el recorte de red física entre las principales entidades privadas del país. En poco más de dos años redujo más de una cuarta parte de sus sucursales y enfrenta cuestionamientos gremiales por el impacto laboral.

El proceso ya no puede leerse como un simple ajuste operativo. Santander Argentina atraviesa una transformación profunda de su estructura en el país, marcada por el cierre sostenido de sucursales y reducción de costos. En términos de red física, el banco es hoy el que más se ha achicado entre los grandes jugadores del sistema financiero local.

De acuerdo con los últimos datos públicos del sector, la entidad pasó de operar cerca de 395 sucursales en 2022 a aproximadamente 297 hacia fines de 2025. Es decir, eliminó casi 100 puntos de atención en poco más de dos años, lo que representa una contracción superior al 25%. La magnitud del recorte no tiene parangón entre los principales bancos privados.

Desde la entidad, en cambio, relativizan la magnitud del número difundido por el gremio. Fuentes del banco indicaron que los cierres se realizaron con la debida anticipación a empleados y clientes. Además, subrayan que la tendencia responde a la transformación del comportamiento de los usuarios.

Santander agrega que más del 90% de las transacciones ya se realizan a través de canales digitales. La asistencia presencial a sucursales, según datos internos difundidos por la entidad, cayó alrededor de 30% interanual. Además, más del 60% de los nuevos clientes se incorpora hoy de manera completamente online. El mensaje del banco es que la red física dejó de ser el eje del negocio. 

En términos de estrategia global, la filial argentina replica una tendencia que el grupo Santander viene aplicando en distintos mercados: menos estructura fija, menos empleados, más banca móvil y reducción de costos administrativos.

La reducción de sucursales no es exclusiva de Santander. El sistema financiero argentino en su conjunto viene achicando su red física en los últimos años. Sin embargo, la intensidad del recorte varía según la entidad.

Banco Macro también redujo oficinas, aunque en gran medida por la integración de Itaú, lo que generó superposición territorial. BBVA mostró una disminución más moderada de locales y, en algunos períodos, incluso registró una leve expansión de personal. Grupo Financiero Galicia, tras absorber la operación local de HSBC, incrementó su red respecto del año anterior, aunque todavía se encuentra reordenando su estructura.

En ese contexto, Santander aparece como el banco que lidera el recorte neto en términos absolutos entre los grandes privados.