El Gobierno, bajo la coordinación del jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro Federico Sturzenegger, profundiza la motosierra y avanza en un plan para reducir la planta estatal, buscando achicar la estructura pública en un nuevo recorte para 2026 que podría afectar otro 10% del total de empleados. Los despidos desde el inicio de la gestión superan los 60.000 trabajadores.

“Estamos trabajando con la mira en más de ocho áreas y organismos. En cada organismo se calcula cuánto personal hay de más”, dijeron fuentes del Ejecutivo.

Con el objetivo declarado de aumentar la eficiencia y bajar el gasto público, la nueva reducción sería inminente y se mantendría durante los dos primeros trimestres de 2026, tras el vencimiento de varios contratos en diciembre que podrían no renovarse.

El recorte de personal en el Sector Público Nacional desde diciembre de 2023 generó un impacto de gran magnitud en el Estado, con la eliminación de 60.784 puestos de trabajo, lo que equivale a una reducción del 17,7 % en la dotación total. Este ajuste se traduce en la pérdida de más de 83 empleos por día.

El análisis de la distribución de los despidos indica que las empresas y sociedades del Estado absorbieron la mayor parte de las cesantías en términos absolutos, seguidas por los organismos descentralizados y los centralizados. No obstante, el ajuste proporcional más severo se registró en la administración centralizada.

Entre las empresas estatales, el Correo Argentino encabeza la lista con 5.155 despidos, constituyéndose en el caso más relevante en términos absolutos. Por su parte, la Operadora Ferroviaria S.E. registró 3.375 desvinculaciones, el Banco Nación contabilizó 2.069 y Aerolíneas Argentinas sumó 1.887.

En términos relativos, la ex Télam experimentó el recorte más drástico, con la desvinculación de cerca del 80 % de su personal. Le siguieron ENARSA Patagonia, Educar S.A. y Contenidos Públicos S.E., todas con reducciones especialmente significativas en su plantilla.

CEPA advirtió en un informe que “el ajuste también impacta en empresas de tecnología e infraestructura estratégica, donde los recortes no solo implican pérdida de puestos de trabajo, sino retrocesos estructurales en áreas clave para el desarrollo nacional”.

En el Polo Tecnológico Constituyentes, dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la reducción del 40% del personal representa, según el CEPA, un golpe directo a la capacidad pública de investigación, desarrollo científico y producción tecnológica con valor agregado nacional.

En el sector ferroviario, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (ADIFSE) sufrió un recorte del 35 % de su planta, lo que, de acuerdo con el CEPA, afecta la planificación, ejecución y control de obras de infraestructura fundamentales para el transporte de cargas y pasajeros.

El informe sostiene que “esta política de desinversión atenta contra la reconstrucción de una red ferroviaria integrada, que es fundamental para mejorar la competitividad de las economías regionales, reducir costos logísticos y promover un modelo de desarrollo sustentable”.

El sector financiero y asegurador también se vio fuertemente afectado. La Casa de la Moneda redujo su personal en 44 %, mientras que Nación Seguros perdió el 37,5 % de su dotación.

Según el CEPA, esta situación debilita la capacidad estatal para ofrecer coberturas accesibles a personas, pymes y organismos públicos, y pone en cuestión su rol contracíclico en situaciones de emergencia o catástrofe.

Además, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), considerado clave para el financiamiento del desarrollo productivo, experimentó una reducción del 31% de su planta, lo que restringe su capacidad de otorgar créditos en condiciones favorables a sectores estratégicos de la industria, la infraestructura y las exportaciones.

En el ámbito de la Administración Pública Nacional (APN), que abarca organismos desconcentrados y descentralizados, el caso más relevante en términos absolutos fue el de ARCA, con 3.220 puestos de trabajo eliminados. Le siguieron el CONICET, con 1.964 despidos, y el ANSES, que redujo su plantilla en 1.584 trabajadores.

En términos proporcionales, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales sufrió el recorte más severo, perdiendo el 64 % de su personal.

En segundo lugar se ubicó la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), con una reducción del 46,6 %, y en tercer lugar el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que experimentó una disminución del 43,5 % en su dotación.

Lucas Santa Cruz es socio en una pyme metalúrgica desde hace más de una década. Como es una empresa familiar, ya trabajaba ahí desde su juventud. Recuerda cada crisis como un hecho traumático. La de 2001; el final de Cristina Kirchner y la devaluación de 2018. Durante el último año, ya como cabeza de la compañía, también venía mal.

Vio cómo alguno de sus principales clientes —la mayoría ligados al sector de la construcción— fueron quedando en el camino. Un par de fábricas de cerámicas le dejaron cheques impagos.

El 2025 pintaba mal. Sin embargo, en las últimas semanas ha notado un repunte en la actividad. Llegaron más pedidos. También es cierto que adaptó su trabajo a una producción más básica, más vinculada a la herrería en general.

«Pero hay más trabajo», dice.

Como sucede con la empresa de Lucas, hay más casos de compañías que volvieron a creer después de las elecciones del 26 de octubre.

¿Mejora en el consumo?: el impacto del dólar y las bajas tasas

El dólar estable y la baja de las tasas de interés fueron los dos factores claves para la mejora.

«Los bancos no nos daban ninguna respuesta; quedamos ahogados», dice a iProfesional Javier M., el socio de una pyme fabricante de juguetes. Javier prefiere mantener en nel anonimato su identidad, pero cuenta que a mitad de año no pudo obtener financiamiento para una parte de la producción que se va a vender para Navidad y Reyes.

Coincide con su colega metalúrgico: «Está mejor la cosa. Nada que desborde la ilusión, pero al menos ahora se puede trabajar y proyectar». Se refiere a la baja de las tasas de interés.

Santa Cruz, el pyme metalúrgico, agrega que los bancos con los que opera a diario ya le ofrecieron crédito para capital de trabajo.

El juguetero, en cambio, cambia de humor al hablar del futuro. «Si el Gobierno sigue abriendo las importaciones, va a ser muy complicado. Tiene que dar tiempo para amoldarnos a la nueva realidad», reclama.

Venta de alimentos: los que sí y los que no

Al revés de lo que sucedió en las crisis anteriores, donde primero despuntaban las empresas de consumo masivo, y recién después los otros sectores, ahora se da al revés.

Al menos hasta el momento.

Un par de compañías líderes de la alimentación admitieron, ante la consulta de iProfesional, que noviembre finalizó con ventas muy golpeadas.

También sucede con las bebidas. Una de las fábricas de cervezas que manda en el mercado, de por sí concentrado, admitió que noviembre cerró con ventas más bajas que la de noviembre del año pasado, que de por sí ya había sido «muy flojo».

Las empresas descartan que sea una cuestión de precios. «Los alimentos de almacén no tienen mayores movimientos. Hubo aumentos en carnes y productos estaciones, pero nada extraordinario en productos como fideos, azúcar, arroz o harina. Es cierto que algo se ajustó en aceites, pero nada más», dijo la fuente a iProfesional.

Para demostrar que el escenario es difícil en lo general, el director de otra alimenticia recordó que en los últimos dos meses cayeron las ventas en las grandes cadenas de supermercados, también en los autoservicios y en los mayoristas.

Expectativas: dólar y algo más

Desde la gigante de la alimentación consultada por iProfesional fueron categóricos: la recuperación en 2026 «será muy lenta» porque nadie percibe que los ingresos de las familias muestre una mejora repentina.

Algo de esto se viene evidenciando, según admiten los propios registros oficiales.

El último dato del EMAE, sin ir más lejos, dio cuenta de una dinámica heterogénea. Tanto es así que, si se excluye el sector financiero, la actividad de septiembre hubiese mostrado una caída de la actividad (y no una mejora).

«Al evaluar el comportamiento del EMAE sin el sector financiero, y según nuestras estimaciones, la actividad habría caído un 0,2% mensual (sin estacionalidad) en septiembre», sostuvo el economista Ricardo Delgado, titular de la consultora Analytica.

«El sector de intermediación financiera es de los sectores que más crece, pero su demanda de mano de obra es baja», completó Delgado.

La clave para las próximas semanas tendrá, nuevamente, al dólar en el centro de la escena.

Los referentes de la City continúan con el reclamo para que el Gobierno compre reservas para el Banco Central y despeje cualquier duda sobre el repago de la deuda en dólares.

A medida que avancen las semanas y esa variable no se despeje, es probable que vuelvan los fantasmas al mercado. Así lo entienden también en las grandes compañías.

El camino hacia la recuperación todavía no luce despejado, a pesar de los buenos vientos de las últimas cuatro semanas.

La legisladora Lucía Klug presentó un proyecto para crear la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA), con el fin de gravar las emisiones de la ganadería y canalizar fondos para mejorar la gestión de residuos urbanos. La propuesta generó rechazo inmediato en el sector por el costo que conllevaría y la falta de sustento técnico.

La iniciativa de la diputada de Unión por la Patria (UxP) y vinculada a Juan Grabois, dice que la tasa se fundamenta en el principio de Responsabilidad Extendida del Productor y prevé la constitución de un fondo fiduciario, con el que se buscaría compensar el metano generado por la ganadería mediante la reducción de emisiones lograda a través de una gestión adecuada de los residuos sólidos urbanos, en línea con lo dispuesto en la Ley N° 13.592 sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).

El proyecto sostiene que la medida responde a la “imperiosa necesidad de enfrentar los desafíos del cambio climático y sus efectos, particularmente en lo que respecta a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)”.

De acuerdo con el Inventario de GEI de la Argentina, la provincia de Buenos Aires figura entre las principales emisoras del país, generando cerca de un cuarto del total nacional de gases de efecto invernadero.

Dentro de las emisiones provinciales, el 27% corresponde a metano (CH4), siendo la ganadería responsable del 19% de las emisiones de metano y la gestión de residuos sólidos urbanos del 6%.

El texto señaló que la producción ganadera emite metano principalmente por fermentación entérica y manejo de estiércol, mientras que los rellenos sanitarios y basurales a cielo abierto constituyen otros focos relevantes de este gas. El proyecto precisa que “son sujetos obligados de la presente ley las entidades legalmente responsables de las empresas del sector ganadero asentadas en la provincia de Buenos Aires”.

La reacción de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) fue inmediata. La entidad expresó su rechazo a la iniciativa, argumentando que “el metano se mide; la improvisación legislativa también… y emite mucho más. ¿Por qué no pensar una tasa para los legisladores improvisados?”, señaló en un posteo en la red X.

Además, en un comunicado, la entidad manifestó: “Ante la intención de crear una Tasa Ambiental sobre el Metano (TAMBA) en la Provincia de Buenos Aires, desde CARBAP manifestamos nuestro absoluto rechazo a un proyecto que lejos de aportar soluciones, vuelve a cargar sobre los productores un costo sin sentido ni sustento técnico”.

“La ganadería bonaerense ya sostiene una de las presiones impositivas más altas del país. Sumar una tasa al ‘metano de las vacas’ no reduce emisiones, reduce producción, competitividad y empleo. Desde CARBAP defendemos políticas públicas serias, basadas en datos, diálogo y conocimiento. No aceptaremos más cargas que castiguen al sector que produce alimentos, genera trabajo y sostiene las economías de nuestras comunidades rurales”, manifestaron.

Desde CARBAP dijeron a Infobae que nunca habían sido consultados por Klug mientras se redactaba el proyecto. El presidente de la entidad, Ignacio Kovarsky, señaló que el proyecto de Klug “no es una ley ambiental, es un impuesto encubierto al trabajo rural. La TAMBA no mejora el ambiente ni reduce emisiones. Solo agrega otro costo a un sector que ya sostiene una carga impositiva record”. El proyecto, agregó Kovarsky en otro posteo, “no corrige nada: penaliza al que produce y premia al que regula sn saber.

La entidad también había advertido previamente sobre la falta de eficiencia en el gasto público provincial y municipal, señalando que “la discusión pública se concentra en endeudamiento y reparto de posiciones, pero la Provincia sigue sin revisar ni eficientizar gastos provinciales y municipales”.

“No existe un plan serio de ordenamiento ni de racionalización del Estado; y una vez más se opta por incrementar la presión fiscal sobre ciudadanos, familias y productores, en lugar de recortar privilegios, eliminar estructuras superpuestas o modernizar la gestión pública”, añadió.

Vale mencionar que las emisiones de metano en Argentina provienen principalmente de la agricultura, en especial de la ganadería bovina, el sector energético y la gestión de residuos. En 2022, la fermentación entérica del ganado representó el 54% de las emisiones de metano, seguida por la industria de gas y petróleo con el 17% y los residuos sólidos con el 12%. El sector agrícola y ganadero es la principal fuente, debido a la fermentación de rumiantes y la gestión del estiércol, según datos del portal Our World in Data

El sector energético contribuye a través de fugas y venteo en la producción y distribución de gas y petróleo, con un aumento significativo de emisiones en los últimos años por la extracción en Vaca Muerta.

La descomposición de residuos en basurales a cielo abierto también genera metano, y se han registrado fugas masivas en grandes vertederos como el Relleno Sanitario Norte 3 en Buenos Aires.

A nivel internacional y como antecedente, Dinamarca se prepara para convertirse en el primer país en gravar las emisiones de metano provenientes de los eructos y flatulencias del ganado, que constituyen el segundo gas de efecto invernadero más abundante en la atmósfera.

A partir de 2030, las emisiones de metano generadas por el ganado vacuno y porcino danés serán gravadas con 300 coronas (USD 44) por tonelada equivalente de CO2, cifra que aumentará a 750 coronas (USD 102) en 2035, según un acuerdo alcanzado en 2024 entre el gobierno, parte de la oposición y representantes de los sectores ganadero, industrial y sindical.