ECONOMIA
Industria del juicio: este año terminará con un récord 130.000 demandas por riesgos de trabajo

En medio del debate por la reforma laboral, la industria prevé que 2025 finalizará con cerca de 130.000 nuevas demandas por accidentes de trabajo. En caso de contemplar también los litigios por despidos y empleo no registrado que se abrieron a lo largo del año, la cifra total de la industria del juicio trepa a 260.000.
El sistema de riesgos del trabajo en Argentina sigue enfrentando una presión sin precedentes por la cantidad de juicios laborales iniciados en los últimos meses, una situación que amenaza la sostenibilidad del sector privado y complica la generación de empleo formal. De acuerdo con la información difundida por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), el volumen de demandas por accidentes laborales alcanzó un récord histórico y terminará el año con unas 130.000 demandas. Este fenómeno, que se mantiene desde hace años pese a los intentos de reforma, se traduce en un incremento de los costos empresariales y en una creciente incertidumbre para quienes buscan invertir en actividades intensivas en mano de obra.
La presidenta de la UART, Mara Bettiol, advirtió que ningún sistema puede sostener este nivel de judicialización y, en medio del debate por la reforma laboral destacó que “ninguna reforma, cualquiera sea su alcance, podrá cumplir sus objetivos si el Sistema de Riesgos del Trabajo continúa sometido a esta dinámica judicial”.
Bajo la perspectiva de la UART, el debate actual se centra más en los litigios por despidos, trabajo en negro e incidencias similares que en lo que ocurre con los procesos legales abiertos por riesgo laboral. En tal sentido, definen al esquema vigente de accidentes como obsoleto.
El contraste internacional es significativo: Argentina presenta un nivel de judicialidad 21 veces superior al de Chile y 15 veces mayor que el de España. Si se aplicara la tasa de España, el país debería tener 8.200 juicios por año, con la de Chile, solo 5.600, según datos de UART.
A pesar de este contexto, el balance a 29 años de funcionamiento ininterrumpido del sistema muestra avances significativos: la mortalidad laboral se redujo un ochenta y uno por ciento, la siniestralidad bajó cincuenta y cinco por ciento y la gravedad de los accidentes cayó treinta y nueve por ciento.
El tema se tocó este viernes en Infobae en Vivo, donde la periodista Lucrecia Eterovich remarcó que “Argentina tiene una tasa de juicios laborales desproporcionadamente alta a pesar de registrar una tendencia decreciente en accidentes laborales, lo que evidencia que hay un funcionamiento judicial que incentiva la demanda”.
Eterovich analizó el clima de expectativas que genera la próxima discusión sobre la reforma laboral, así como la demanda del sector empresarial de reducir costos y bajar la incertidumbre jurídica. También planteó dudas sobre el alcance de las modificaciones que el Gobierno llevará al Congreso Nacional.
“El oficialismo intentará mantener hermetismo en lo que resta de semanas para evitar filtraciones y no anticipar el contenido de la reforma”, detalló Eterovich y agregó que el eje central estará en definir si el proyecto contempla regulaciones sobre la llamada ‘industria del juicio’ en la Argentina.

Datos de mediados de este año muestran que la distribución de estos litigios no es homogénea en el territorio nacional. La Provincia de Buenos Aires concentra el 40% del total de causas, superando los valores registrados en 2024. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires también muestra un aumento respecto al año anterior, mientras que Santa Fe experimentó un crecimiento interanual del veintiocho por ciento en junio, muy por encima del promedio general. En contraste, provincias como Salta y Río Negro, que implementaron Cuerpos Médicos Forenses dependientes del Poder Judicial, exhiben índices de litigiosidad considerablemente más bajos, lo que sugiere que la aplicación plena de la normativa vigente podría contribuir a reducir el volumen de causas judiciales y aportar mayor previsibilidad al sistema, según sostienen en el sector.
La legislación actual, en particular la Ley 27.348 de 2017, establece la creación de estos cuerpos médicos forenses para garantizar criterios periciales objetivos y uniformes. Sin embargo, salvo excepciones como Mendoza —donde se conformó un cuerpo médico con cinco peritos bajo la órbita judicial, aunque continúan operando otros peritos controlados por este cuerpo— y la reciente convocatoria en Santa Fe para integrar un nuevo equipo de peritos, la mayoría de las provincias no ha avanzado en este sentido. En estos distritos, los peritos actúan por listados y perciben honorarios calculados en función del porcentaje de incapacidad asignado, lo que, según la UART, genera un “circuito perverso de incentivos”.
Este esquema ha derivado en que las pericias determinen porcentajes de incapacidad superiores a los establecidos por la normativa oficial, con un promedio que excede en 12,5 puntos los valores del baremo vigente. Además, las tasas de interés judiciales elevadas convierten los juicios en una apuesta financiera de retorno asegurado, advierte el sector. En 2024, el stock de juicios en curso llegó a 290.000 casos, y se estima un flujo de 260.000 nuevos para 2025, lo que representa una carga significativa para el sistema, las aseguradoras y los empleadores.

El costo promedio del seguro de riesgos del trabajo se ubica en 2,77% de la nómina salarial, y aunque este porcentaje aumentó en el último año, no lo hizo al ritmo de la litigiosidad.
El impacto de esta situación sobre el sector privado es directo: la judicialización creciente eleva el valor de las primas de seguros, afecta la competitividad de las empresas y actúa como un freno para la generación de empleo formal. Según la UART, este fenómeno genera incertidumbre y limita la capacidad de planificar inversiones, especialmente en sectores que requieren gran cantidad de mano de obra.
Un dato que ilustra la magnitud del problema es que el 88% de los juicios ingresados corresponde a casos sin incapacidad reconocida, lo que evidencia una litigiosidad que no se corresponde con un daño efectivo en la salud del trabajador. Además, el sesenta por ciento de las demandas se presenta fuera del plazo legal establecido, lo que contribuye a la acumulación de causas y a la saturación de los tribunales.
El costo económico de la litigiosidad impacta de lleno en el sector productivo. Según la UART, tomando como referencia el Salario Mínimo de junio de 2025 ($313.400), la litigiosidad anual equivale a 6.891.653 salarios mínimos. Este factor se suma al denominado ‘costo argentino’, encareciendo la contratación y desalentando el empleo registrado.
ECONOMIA
Juicio por YPF: el gobierno de Estados Unidos volvió a intervenir a favor de Argentina

Estados Unidos volvió a respaldar a la Argentina en pleno litigio por YPF. El Departamento de Justicia norteamericano presentó un memorándum ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para apoyar la moción de emergencia interpuesta por la República Argentina.
El objetivo es suspender el proceso de discovery post sentencia en el caso YPF. Se trata de la etapa de exhibición y producción de documentos que los fondos litigantes reclaman al Estado argentino.
La Procuración del Tesoro de la Nación, que encabeza Sebastián Amerio, confirmó la presentación. El exsecretario de Justicia asumió hace poco ese cargo clave en la defensa de los intereses del país.
En su moción de emergencia del 6 de marzo, Argentina había solicitado la suspensión de varios puntos. Entre ellos, la etapa de producción de documentos, el requerimiento de sanciones y la audiencia probatoria fijada entre el 21 y el 23 de abril de 2026.
Por qué EE.UU. defiende la posición argentina en el caso YPF
El Departamento de Justicia sostiene que el discovery actualmente en curso resulta excesivamente intrusivo y contrario a los principios de cortesía internacional y reciprocidad.
El argumento es contundente. Este tipo de requerimientos dirigidos contra Estados soberanos puede generar fricciones diplomáticas y abrir la posibilidad de que tribunales extranjeros impongan medidas similares contra los propios Estados Unidos.
El memorándum destaca un punto clave. Al evaluar el factor de interés público en una solicitud de suspensión, los tribunales deben considerar los posibles efectos sobre las relaciones exteriores.
En ese marco, solicita que se otorgue especial deferencia a la posición del Poder Ejecutivo en materia de política exterior. Una señal clara de peso político en el expediente judicial.
El documento oficial es claro en su petición. Solicita que el tribunal tenga debidamente en cuenta los principios de cortesía internacional, reciprocidad y las implicancias que la cuestión puede tener para las relaciones exteriores.
Qué dice el Departamento de Justicia sobre litigios contra estados extranjeros
El Departamento de Justicia, que encabeza Pam Bondi, una de las funcionarias clave del gobierno de Donald Trump, fue categórico. Los litigios en Tribunales de Estados Unidos contra estados extranjeros pueden tener importantes implicancias en materia de relaciones exteriores.
Esos procesos afectan el trato recíproco que recibe el gobierno estadounidense en los tribunales de otras naciones. Una preocupación central para Washington.
La práctica litigiosa está generalmente regida por la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA por sus siglas en inglés). Esa normativa establece que los bienes de estados extranjeros en EEUU son, en general, inmunes a la ejecución.
El memorándum cita un antecedente clave. La Corte Suprema sostuvo en Republic of Argentina v. NML Capital, un juicio por el default de 2002, que la FSIA no limita el alcance del descubrimiento posterior a la sentencia sobre los bienes de un estado extranjero.
Sin embargo, la Corte también reconoció que pueden existir otros fundamentos que limiten dicho descubrimiento. Esa puerta quedó abierta y ahora el gobierno de Trump la empuja.
Según el Departamento de Justicia norteamericano, Estados Unidos tiene un interés sustancial en asegurar límites claros. Los tribunales estadounidenses que supervisan el descubrimiento posterior a la sentencia sobre bienes de estados extranjeros presumiblemente inmunes deben adherirse cuidadosamente a los principios básicos de relevancia.
También deben ser sensibles a las importantes cuestiones de cortesía internacional, reciprocidad y relaciones exteriores que plantea un descubrimiento potencialmente gravoso.
Qué documentos reclaman los fondos litigantes a Argentina
El documento oficial detalla las exigencias que consideran excesivas. En este caso, los demandantes realizaron solicitudes de descubrimiento en el Tribunal de distrito buscando comunicaciones de altos funcionarios argentinos relacionadas con entidades estatales.
Son exigencias incompatibles con las consideraciones de cortesía y reciprocidad que surgen en litigios que involucran a soberanos extranjeros, según el análisis norteamericano.
Los demandantes no quedaron conformes con los esfuerzos de Argentina para cumplir. Por eso presentaron una moción en el tribunal de distrito solicitando la imposición de sanciones monetarias y de otro tipo contra Argentina.
El punto más sensible aparece en otro reclamo. Los demandantes también solicitaron información sobre la ubicación de las reservas de oro soberanas en poder del banco central de Argentina.
Argentina sostiene que esos activos son inmunes a la ejecución por ser propiedad de un banco central extranjero. También afirma que carece de información sobre la ubicación de las reservas de oro en poder de una entidad jurídica separada.
La argumentación oficial norteamericana es terminante. Exigencias de descubrimiento intrusivas en áreas sensibles, particularmente en lo que respecta a la propiedad soberana y a las comunicaciones de funcionarios extranjeros, junto con la amenaza de sanciones y desacato por incumplimiento, pueden causar una fricción significativa.
Esa fricción no solo afecta a gobiernos extranjeros. También abre la puerta a órdenes recíprocas contra EEUU en tribunales extranjeros, un riesgo que Washington no está dispuesto a correr.
Qué estrategia sigue Argentina en el frente judicial internacional
Hace una semana, en su primera acción como Procurador del Tesoro en el caso YPF, Sebastián Amerio había presentado ante la Cámara de Apelaciones neoyorquina la paralización de la etapa de exhibición y producción de documentos.
También pidió frenar el requerimiento de aplicación de sanciones y la audiencia probatoria fijada para los días 21 al 23 de abril de 2026. Amerio recordó que el 26 de febrero, el Departamento de Justicia de EEUU ya había presentado un escrito en respaldo de la posición argentina.
La Procuración del Tesoro agradeció el nuevo respaldo del Departamento de Justicia de EEUU. En un comunicado, señaló que seguirá ejerciendo la representación del Estado Nacional con rigor técnico y responsabilidad institucional, en defensa de los intereses de la República Argentina.
En paralelo, Argentina alcanzó un principio de acuerdo con los fondos litigantes Attestor Master Value y Bainbridge Fund. Son los últimos acreedores que mantenían demandas activas contra el país por el default de 2001.
Así lo informaron ambas partes a la jueza Loretta Preska en el Distrito Sur de Nueva York. El entendimiento involucra a los demandantes con sentencia firme a favor, quienes mantenían reclamos judiciales por sumas millonarias y buscaban embargos sobre activos nacionales.
Esto, en principio, le permitiría a Argentina encapsular el litigio por YPF y concentrar allí sus esfuerzos jurídicos, políticos y diplomáticos. Una estrategia de frentes acotados en la batalla judicial internacional que el país mantiene en Nueva York.
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ECONOMIA
En el primer bimestre del año hubo récord histórico de pesca de calamar, la especie que más atrae a la flota china

En el primer bimestre del año la captura de calamar illlex, una de las especies más valiosas y atractivas del Mar Argentino superó las 120.000 toneladas, casi duplicando los registros de igual período de 2025, informó la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación.
Los niveles de captura de la especie, por volumen la más abundante de la pesca marítima del país, pasaron de 62.221 a 123.679 toneladas. “El crecimiento se observó en todos los puertos, alcanzando en estos dos meses, casi la totalidad de lo desembarcado en todo el 2025”, dice el comunicado oficial.
Además, el informe resalta que el aumento de los niveles de captura se observa “en todas las flotas, tanto la de dedicación exclusiva en esta especie (los llamados “poteros”), como la de arrastre”.
La flota potera, que en 2025 ya había tenido muy buenos rendimientos, alcanzó en los dos primeros dos meses el 60% de lo capturado en todo el año pasado, en tanto que la flota arrastrera ha superado el 75% de su marca anual.

Según el informe de la Secretaría, el fenómeno responde al incremento de la abundancia de los recursos. La pesca de calamar se efectúa durante su “temporada” que va de enero a agosto, pero en los últimos años se ha concentrado mayormente en el verano. Este año ha encontrado concentraciones récord con respecto a la serie histórica. Otras especies también mostraron una suba en el primer bimestre de este año, como diferentes áreas de captura de merluza hubbsi, que tuvieron aumentos interanuales de captura interanuales de 21 a 96 por ciento. También de raya y abadejo mostraron una buena performance.
Estos datos se complementan con los del Indec, que registró en enero un aumento interanual del 53,7% en pesca marítima y un 32,5% en acuicultura. La situación impactó sobre el índice de producción industrial pesquero (IPP) que ya en enero había mostrado un aumento del 49,9% interanual, propulsado por el incremento del 53,7% del mismo indicador referido a la pesca marítima y en particular por la captura de moluscos, familia a la que pertenece el calamar illex argentinus o pota argentina, un molusco cefalópodo considerado uno de los invertebrados marinos más importantes para la pesca comercial en el Atlántico Sur.

A su vez, el calamar es la especie que más atrae el interés de la flota pesquera china “de aguas distantes” que pesca al borde y ocasionalmente al interior del “Mar Argentino”, como se denomina el área de hasta 200 millas marinas desde la costa continental que es “Zona Económica Exclusiva” para los buques de bandera nacional.
Como informó recientemente Infobae, los movimientos medidos en los últimos doce meses evidencian el abrumador dominio de la flota china pescando en las narices del Mar Argentino. Sobre 776 buques de pesca de aguas distantes cuyos movimientos observó el sistema Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina (PNA), 418 son de bandera china, aunque también es posible que también todos o la mayoría de los 28 con bandera de Vanuatu sean en realidad propiedad de empresas chinas.
Con sus luces encendidas, los “poteros” chinos pescan de noche (el calamar es una especie fotosensible) y su número y concentración semeja las luces de una ciudad al borde del Mar Argentino.
Para combatir el azote de la flota potera china un arma de utilidad sería el Acuerdo de Medidas del Estado Rector de Puerto, impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
Esta semana, las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda del Senado emitieron dictamen favorable para que la Argentina adhiera a ese acuerdo internacional. Allí se consideró que esa pesca constituye una amenaza directa sobre la sustentabilidad de los recursos pesqueros y sobre la competitividad de la flota argentina, en especial frente a la presión que ejerce la actividad extractiva sobre el calamar en el límite de la Zona Económica Exclusiva (esto es, “la Milla 201”).
El acuerdo impulsado por la FAO busca fijar estándares mínimos y mecanismos de cooperación entre Estados para reforzar controles, exigir información anticipada a los buques y facilitar el intercambio de datos entre autoridades portuarias, buscando entre otras cosas evitar la proliferación de “puertos de conveniencia” y cerrar espacios operativos a las flotas asociadas con la pesca ilegal. La flota china “de aguas distantes” tiene el apoyo de buques de recarga de combustible y de descarga de captura y utiliza como “conveniencia” el puerto de Montevideo.

El acuerdo establece un sistema de controles portuarios que permite a los Estados, inspeccionar buques extranjeros antes de permitir su ingreso o descarga. Entre las medidas previstas se encuentra la obligación de que las embarcaciones presenten información detallada sobre el barco, su carga, la bitácora de navegación, las operaciones de pesca realizadas, la cantidad de capturas y las autorizaciones correspondientes.
Además, prevé mecanismos de intercambio de información e inteligencia entre los países parte, lo que busca cerrar los circuitos logísticos que utilizan las flotas que operan al margen de las regulaciones. En un contexto marcado por la creciente presión de flotas extranjeras en el Atlántico Sur, la adhesión al instrumento es considerada por distintos sectores como una herramienta adicional para fortalecer los mecanismos de control y cooperación internacional en la lucha contra la pesca ilegal, principalmente de centenares de buques chinos, impulsada y subsidiada por el propio estado chino.
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ECONOMIA
Bitcoin le sacó amplia ventaja al oro y a Wall Street durante las peores crisis desde 2020

Bitcoin superó al oro y al S&P 500 en las ventanas de 60 días posteriores a siete eventos geopolíticos clave desde 2020. Esto pone en evidencia un cambio de patrón que desafía décadas de comportamiento tradicional en los mercados.
Durante años, el oro ocupó el lugar del refugio clásico cuando estallaba la incertidumbre global. La renta variable, por su parte, solía reaccionar con mayor sensibilidad al riesgo. Ahora, los datos sugieren que Bitcoin empieza a competir con fuerza frente a esos instrumentos tradicionales.
En un estudio de River Financial se incorpora siete episodios que marcaron la agenda internacional. Entre ellos figuran la escalada entre Estados Unidos e Irán en enero de 2020, el brote de COVID-19 en marzo de ese mismo año, la invasión rusa de Ucrania en 2022, la crisis bancaria regional en Estados Unidos en 2023, el desarme del carry trade del yen en 2024, el llamado «Liberation Day» en 2025 y el conflicto con Irán en 2026.
En todos los casos analizados, Bitcoin registró el mayor retorno a 60 días frente al oro y al S&P 500, una señal que refuerza la idea de que el activo digital compite con mayor fuerza en momentos de máxima volatilidad.
Cómo reaccionó Bitcoin frente al oro en las crisis más duras
Tras la escalada entre Washington y Teherán en enero de 2020, Bitcoin subió un 20%. En el mismo periodo, el oro avanzó apenas un 6% y el índice bursátil estadounidense cayó un 7%.
Durante el inicio de la pandemia, Bitcoin también lideró con un alza del 21%. El oro subió un 3% y el S&P 500 apenas un 2%.
La misma dinámica se repitió tras la invasión de Ucrania. Bitcoin avanzó un 15% mientras el oro retrocedió un 9%. El S&P 500 también mostró debilidad en ese periodo.
La crisis bancaria regional en Estados Unidos en 2023 profundizó la tendencia. El activo digital registró una subida del 32%, muy por encima del 11% del oro y del 4% del S&P 500.
El episodio del desarme del carry trade del yen en 2024 también dejó a Bitcoin en la cima. El oro y Wall Street quedaron rezagados en esa ventana de análisis.
Qué pasó con Bitcoin en el conflicto más reciente con Irán
El caso más reciente incluido en el análisis corresponde al conflicto con Irán iniciado a finales de febrero de 2026. Este episodio permite observar si la tendencia identificada en eventos anteriores se mantiene en el contexto geopolítico actual.
De acuerdo con los datos compartidos, hasta el 13 de marzo Bitcoin acumula un avance del 14% desde el inicio del episodio. En contraste, el S&P 500 retrocede un 3% y el oro cae un 4%.
Estas cifras forman parte de la ventana de análisis de 60 días utilizada por el estudio. En este caso, el periodo todavía no se ha completado.
El resultado llama la atención porque contradice la reacción tradicional que muchos inversores suelen esperar del oro en periodos de tensión internacional. La divergencia sugiere que parte del mercado podría comenzar a percibir a Bitcoin no solo como un activo especulativo, sino también como una alternativa capaz de atraer flujos cuando aumenta la incertidumbre global.
Por qué Bitcoin empieza a ganar espacio como refugio de valor
Aunque el análisis no sugiere que Bitcoin haya reemplazado al oro como refugio clásico ni elimina su historial de volatilidad, sí ofrece una señal relevante. Al observar ventanas de 60 días posteriores a eventos de alto impacto, su rendimiento ha superado de forma consistente al del oro y al S&P 500.
Estos dos activos son referencias tradicionales del mercado. El patrón empieza a reforzar una narrativa que gana terreno entre inversores e instituciones.
Bitcoin podría estar consolidando un rol propio dentro de carteras expuestas a riesgo sistémico y geopolítico. En un entorno marcado por shocks recurrentes, su comportamiento reciente sugiere que el activo ya no se analiza únicamente como una apuesta especulativa.
Cada vez aparece con mayor frecuencia en la conversación sobre posibles refugios de valor, un cambio de percepción que desafía décadas de dominio absoluto del oro en momentos de pánico.
El análisis de River pone sobre la mesa una pregunta incómoda para los defensores de los activos tradicionales. ¿Qué tan sostenible es el patrón observado? ¿O se trata de una fase transitoria del mercado de criptomonedas?
Por ahora, los datos muestran consistencia. Siete episodios, siete veces en el podio. Bitcoin lidera el rendimiento en crisis globales desde 2020, y la tendencia no da señales de revertirse en el corto plazo.
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