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ECONOMIA

Inocencia fiscal: 10 claves para entender el proyecto de los “dólares en el colchón” que aprobó el Senado

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La ley de Inocencia Fiscal busca promover el uso de los «dólares del colchón». (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Senado de la Nación convirtió el ley el proyecto de Inocencia Fiscal que impulsó el gobierno de Javier Milei en el Congreso con el que busca redefinir el vínculo entre el Estado y los contribuyentes, así como la promoción del uso de los “dólares del colchón”.

La iniciativa del oficialismo plantea cambios en el régimen penal tributario, en los mecanismos de fiscalización y en la declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias, con la finalidad de facilitar los trámites y disminuir la carga administrativa.

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Si bien en la discusión pública se vincula la propuesta con la declaración de los llamados “dólares del colchón”, el proyecto no incorpora un régimen de blanqueo de capitales ni altera la estructura del impuesto. No obstante, tiene como objetivo que los argentinos utilicen sus ahorros -hasta $100 millones- sin riesgos de ser perseguidos por el fisco.

“La evasión simple se configura con un mínimo de $100 millones, pero, en rigor, no todo lo que supera ese importe es evasión, porque la evasión tiene dos conceptos: uno, que es la condición objetiva, que es superar el piso que impone la ley, y otra es la cuestión subjetiva, es decir, haber transgredido una obligación impositiva», explicó Martín Caranta, socio del Departamento de Impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich.

Para los casos de evasión agravada, el umbral mínimo se eleva a $1.000.000.000, en contraste con los $15.000.000 vigentes hasta el momento. Cuando participan personas físicas, jurídicas, estructuras legales o jurisdicciones que dificultan la identificación del responsable, el mínimo pasa de $2.000.000 a $200.000.000. Este mismo valor se aplica si se utilizan de forma fraudulenta exenciones o beneficios fiscales. En situaciones donde se emplean facturas o documentos apócrifos, la evasión agravada se configura a partir de los $100.000.000, mientras que el límite anterior era de $1.500.000.

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Estas son las diez claves para entender el alcance y las consecuencias de la iniciativa:

  1. Principio de Inocencia Fiscal: El proyecto parte de considerar que los contribuyentes son cumplidores, salvo que se demuestre lo contrario. La administración tributaria no podrá asumir automáticamente la existencia de maniobras evasivas en todos los casos y deberá centrar sus controles y denuncias penales en situaciones donde existan pruebas claras de incumplimientos o conductas dolosas. Esta medida busca reforzar la confianza en el sistema tributario, agilizar trámites y poner el acento en la adhesión voluntaria al pago.
  2. Cambios en el régimen penal tributario: La iniciativa ajusta los valores a partir de los cuales una infracción deja de ser administrativa y pasa a tener consecuencias penales, actualizando los umbrales por la inflación acumulada desde 2017. Se mantiene la posibilidad de evitar la denuncia penal si el contribuyente regulariza la deuda y los intereses antes de la presentación de la denuncia, aunque este mecanismo podrá utilizarse solo una vez por persona. No se avanzará en la vía penal si no se comprueba la intención de evadir, incluyendo casos con criterios interpretativos fundados o presentaciones espontáneas previas a una inspección.
  3. Extinción de la acción penal y prescripción de facultades: El texto dispone que la acción penal quedará extinguida cuando prescriban las facultades del fisco para determinar o exigir el tributo, de modo que si el Estado ya no puede reclamar la deuda por vía administrativa, tampoco podrá continuar con acciones penales. Además, se excluye la posibilidad de cerrar causas penales tributarias mediante acuerdos de conciliación o reparación integral, a diferencia de lo que ocurre en otros tipos de delitos.
  4. Penas y figuras penales específicas: Establece penas de prisión de entre dos y seis años para quienes simulen la cancelación total o parcial de impuestos o aportes al sistema de seguridad social a través de documentación falsa, declaraciones incorrectas o maniobras engañosas. Esta disposición se aplica cuando el monto involucrado supera el equivalente a 115 salarios mínimos, vitales y móviles por ejercicio anual en impuestos, o 23 salarios mínimos por mes en el caso de aportes y contribuciones.
  5. Ajuste anual de montos y publicación de importes vigentes: Todos los valores previstos tanto en el régimen penal tributario como en el simplificado se actualizarán una vez por año a partir del 1 de enero de 2027, en función de la variación de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA). La administración tributaria deberá publicar cada año los nuevos importes, con el fin de evitar distorsiones generadas por la inflación.
  6. Reformas en procedimientos y plazos de prescripción: El proyecto modifica el régimen de multas por incumplimientos formales y redefine los plazos de prescripción. Para quienes cumplen regularmente, el plazo general baja de cinco a tres años, siempre que no existan diferencias importantes. Para los no inscriptos, ese plazo se mantiene en diez años. Además, se elimina la suspensión automática de la prescripción con el inicio de una determinación de oficio, lo que obliga a la administración a actuar dentro de plazos más acotados. También se busca unificar los plazos entre impuestos nacionales, provinciales y municipales.
  7. Reducción de multas administrativas para personas humanas y pymes: La propuesta incorpora una reducción en las multas administrativas para personas físicas y pequeñas y medianas empresas, con descuentos de hasta el 90%, siempre que no se trate de contribuyentes de gran tamaño. Esta medida tiene como fin aliviar el peso de las sanciones sobre los sectores más pequeños y promover el cumplimiento voluntario.
  8. Régimen opcional de declaración jurada simplificada de Ganancias: Se establece un mecanismo opcional de declaración simplificada del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas que tengan ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones. En este esquema, la AFIP confeccionará la declaración con la información que posee, y quienes paguen en término quedarán eximidos de otras obligaciones formales, salvo en casos de errores graves o diferencias significativas.
  9. Impacto sobre los “dólares del colchón” y ausencia de blanqueo de capitales: Aunque se presenta como un incentivo para blanquear ahorros no declarados, el proyecto no incorpora un régimen específico de exteriorización de bienes ni introduce cambios en el Impuesto a las Ganancias. El efecto sobre los “dólares del colchón” sería indirecto: al eliminar la obligación de declarar la evolución patrimonial en el régimen simplificado y restringir el uso de presunciones automáticas, se reduce el riesgo de fiscalizaciones por incrementos patrimoniales sin justificación. La AFIP mantiene la facultad de fiscalizar e impugnar declaraciones en caso de encontrar diferencias relevantes.
  10. Modernización de la administración tributaria: El éxito de la reforma dependerá en gran medida de la modernización y la incorporación de tecnología por parte del organismo recaudador. Si no se avanza en la adopción de herramientas informáticas y de gestión más avanzadas, la evasión fiscal seguirá siendo un desafío estructural.

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Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 30 de diciembre

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El dólar sube a $1.480 en el Banco Nación

El dólar minorista avanza cinco pesos o 0,3%, a $1.480 para la venta en el Banco Nación, mientras que el blue se paga a 1.535 pesos. El dólar minorista interrumpe una serie de siete sesiones consecutivas en las cuales se mantuvo a $1.475 para la venta.

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público se mantiene negociado a $1.475 para la venta en el Banco Nación, prácticamente sin variantes desde el miércoles 17 de diciembre. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras el dólar minorista se paga a 1.477,22 pesos.

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Las reservas cayeron más de USD 1.700 millones

las reservas internacionales brutas del Banco Central disminuyeron USD 1.718 millones (-3,9%), a USD 41.892 millones.

Fuentes de la entidad preciaron a Infobae que la caída se debió a una disminución de la cotización de activos que impactó en más de USD 200 millones, justificado principalmente por en descenso de 4,4% en la cotización del oro, mientras que más de USD 1.200 millones se explicaron por movimientos técnicos de los bancos propios de fin de mes, que retiran dólares depositados en cuentas del BCRA -y por lo tanto, salen de la contabilidad de reservas-, en cumplimiento de la normativa de posición global neta en moneda extranjera de cartera propia de las entidades. Como es habitual, esos dólares reingresarán a cuenta del Central con el inicio del nuevo mes, a partir del viernes 2 de enero.

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El ciclo de pérdida de poder adquisitivo del Salario Mínimo, Vital y Móvil en la era de Javier Milei

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Se espera que el salario mínimo legal en la Argentina sea de 341.000 pesos en enero 2026. Las subas pactadas para el primer semestre

30/12/2025 – 10:01hs

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El poder adquisitivo del salario mínimo, vital y móvil (SMVM) se redujo levemente durante noviembre de 2025 (-0,5%). Ello se suma a las reducciones de los meses previos: octubre (-2,3%), septiembre (-2,0%), agosto (-0,5%) y julio (-0,5%), según relevó la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Se espera que el salario básico legal para el trabajo registrado en la Argentina sea de 341.000 pesos en enero 2026. 

El valor lo definió a principios de diciembre el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, con la Resolución 9/2025 publicada en el Boletín Oficial. Se determinaron subas escalonadas para el primer semestre de 2026. 

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Es Consejo el organismo que periódicamente revisa el SMVM en función de la situación económica y laboral del país. De este modo, el Salario Mínimo se convierte en un indicador central para medir productividad, ingresos y evolución de la economía argentina.

Evolución del salario mínimo en la gestión de Javier Milei

En diciembre de 2023 se inició un extenso proceso de merma del valor real del SMVM, cuando se contrajo 15% de la mano de la aceleración inflacionaria, seguido por una caída aún mayor, del 17%, en enero de 2024.

Esta tendencia se interrumpió momentáneamente en algunos meses posteriores cuando el incremento nominal acompañó o superó la inflación. Sin embargo, más allá de ciertas alzas en algunos meses puntuales, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 el salario mínimo real acumuló una caída de 36%. En lo que va del año la caída ha sido de 8%, indicó la UBA.

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Esta contracción, junto con la tendencia decreciente de los años anteriores, lleva a que el salario mínimo en términos reales de octubre de 2025 se ubique en un valor inferior al de 2001, antes del colapso de la convertibilidad.

Asimismo, implica una erosión del 64% respecto del valor máximo de la serie, en septiembre de 2011, y que represente solo un tercio del mismo.

Cuánto aumentará el salario mínimo en 2026

La mencionada resolución del Boletín Oficial indica las siguientes subas para el SMVM en los primeros 8 meses del año próximo:  

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  • Diciembre de 2025, $224.800;
  • Enero de 2026, $341.000;
  • Febrero, $346.800;
  • Marzo, $352.400;
  • Abril, $357.800;
  • Mayo, $363.000;
  • Junio, $367.800;
  • Julio, $372.400;
  • Agosto, $376.600.

Los valores horarios para los trabajadores jornalizados también acompañarán esta suba, llegando a $1.883 por hora en agosto de 2026.

A la vez, el nuevo valor del SMVM impacta de forma directa en diferentes planes y programas sociales:

  • Prestación por Desempleo: se ajusta automáticamente en función del nuevo piso salarial.
  • Becas Progresar: el ingreso familiar del beneficiario no puede superar tres veces el SMVM, por lo que este cambio redefine el universo de posibles beneficiarios.
  • Asignaciones y planes sociales: muchas prestaciones toman el salario mínimo como referencia para establecer montos y condiciones de acceso.
  • Paritarias: si bien el SMVM no determina los salarios de todos los sectores, actúa como base de referencia en las negociaciones salariales de gremios con trabajadores no registrados o que perciben sueldos bajos.

Por eso, el Consejo del Salario cumple un rol clave en esta instancia, ya que sus decisiones sobre el SMVM impactan en millones de trabajadores y beneficiarios. Cada ajuste busca reflejar el equilibrio entre la situación macroeconómica, la inflación y el nivel de empleo formal.



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La tarifa de AYSA aumentará un 4% mensual entre enero y abril de 2026: cuál será la factura promedio

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El aumento en la tarifa del agua impactará en el índice de inflación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tarifas de AySA aumentarán un 4% por mes entre enero y abril de 2026, con lo que la empresa espera “mantener el equilibrio económico-financiero y garantizar la continuidad del servicio”. La empresa presta servicios para 3,8 millones de usuarios, lo que representa un área de 15 millones de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

Con ese mecanismo, AySA espera revertir el retraso tarifario del 21,05% que implicó el tope de aumento del 1% mensual fijado por el Gobierno para el año que termina. Para evitar un único incremento por ese porcentaje que golpee en exceso en los bolsillos se dispuso el tope de 4% mensual hasta abril.

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Al mismo tiempo, ese porcentaje tendrá un impacto en el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) que el Indec comenzará a utilizar a partir de 2026, ya que la ponderación de los servicios públicos será mayor que en el índice actual.

Al mismo tiempo, en la empresa explicaron que habrá dos grupos de usuarios que tendrán una tarifa más baja. El 48% de sus usuarios residenciales pagará con un 15% de descuento por vivir en zonas bajas. Al mismo tiempo, se mantendrá el programa de Tarifa Social que hoy beneficia a 250.000 personas y que tiene duración de un año como máximo, luego del cual debe ser renovado. Para los usuarios con Tarifa Social, el aumento no será inmediato sino que se aplicará recién al momento de la renovación.

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De esta forma, en los zonales altos, quien pagó en diciembre una factura de $29.317 sin impuestos pagará $34.296 en abril del año próximo.

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Las decisiones sobre la tarifa del agua fueron establecidas por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) por medio de una resolución publicada en el Boletín Oficial. La actualización “contempla la restitución del mecanismo de actualización propuesto en Audiencia Pública de marzo de 2024 y aprobado en la Resolución 9/2024 de la Secretaría de Obras Públicas, pero aplicándolo de manera progresiva y controlada», señalaron en AySA.

Una vez dejado atrás el tope que rigió en 2025, el mecanismo a aplicar para ajustar la tarifa “consiste en la aplicación de una fórmula polinómica que tiene en cuenta el índice de salarios (IS), el índice de precios internos al por mayor (IPIM) y el índice de precios al consumidor (IPC)”, explicaron desde AySA.

Para mitigar el impacto en los sectores más vulnerables, la empresa remarcó que “el programa de Tarifa Social continuará vigente para neutralizar el impacto del ajuste en los sectores vulnerables, y se mantendrá el descuento del 15% para los zonales bajos, que alcanzan al 48% de los usuarios residenciales, tanto quienes tienen uno como dos servicios”, según estableció la misma AySA.

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En 2025, la tarifa había estado sujeta a una limitación extraordinaria con un tope de aumento del 1% mensual, lo que provocó un rezago en relación al esquema aprobado en la última revisión. Esta coyuntura, asociada a la desaceleración de la inflación, había allegado al Gobierno Nacional a “postergar la actualización para profundizar el proceso de eficientización de la empresa, mediante la reducción de gastos operativos y la optimización de recursos”, añadió AySA, aclarando que la empresa “sostuvo este esquema limitado de actualización, absorbiendo el impacto mediante importantes esfuerzos de eficiencia”.

El nuevo sistema carece de retroactividad, por lo que se irá corrigiendo de manera paulatina el atraso tarifario. Al respecto, AySA aclaró: “Paralelamente la empresa absorberá parte del desfasaje restante para el 2026 mediante un mayor control de gastos y mejoras operativas minimizando el impacto en las facturas”.

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Una vez alcanzada la eficiencia operativa, los recursos adicionales serán destinados de modo prioritario a la inversión: “Los ingresos derivados de la adecuación tarifaria estarán destinados a consolidar las inversiones previstas en el Plan de Transición, que incluye obras de mejora y mantenimiento del servicio y ordenamiento financiero para asegurar una operación sostenible en el tiempo”, detalló la compañía.

El atraso no actualizado a diciembre de 2025 asciende a un 21,05%, cifra que será reconocida mediante el coeficiente K, sin incorporarse de inmediato a la facturación. Este rezago generó una caída de ingresos superior a $95.000 millones hasta noviembre y la postergación de gastos e inversiones.

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